Durante los últimos años, la institución del Valedor do Pobo trasladó al Defensor de él Pueblo numerosas quejas de ciudadanos ante las trabas para poderse relacionar con la Agencia Tributaria en gallego.
Santiago de Compostela, 26 de junio de 2018. La valedora do pobo, Milagros Otero Parga, dirigió hoy un escrito de apoyo a la investigación abierta por la oficina del Defensor del Pueblo ante la inobservancia, por parte de la Agencia Tributaria ( AET), de las reglas de cooficialidad lingüística.
Desde la institución del Valedor do Pobo se remitieron durante los últimos años numerosos escritos de queja procedentes de Galicia ante las dificultáis de la ciudadanía de relacionarse con esta Agencia en gallego.
El Defensor del Pueblo tiene las competencias para la supervisión de los actos y decisiones de los órganos de la Administración General del Estado. Es por tanto el Defensor del Pueblo el encargado de atender la salvaguarda de los derechos lingüísticos de los gallegos y de tramitar las quejas en este ámbito de la administración que le llegan bien directamente o a través de la oficina del Valedor do Pobo.
Tal y como traslada la valedora a su homólogo estatal son constantes “las dificultades con las que se encuentran los ciudadanos para utilizar la lengua propia en territorios con lengua cooficial ante órganos de la Administración General del Estado” que se derivan de las actuaciones iniciadas en Galicia, en numerosas ocasiones y en diferentes ámbitos de actividad.
La apertura de la investigación de oficio por parte del Defensor del Pueblo ante la Agencia Tributaria responde a la persistencia de los problemas que la ciudadanía de las comunidades con lenguas cooficiales se encuentra para que se respeten sus derechos lingüísticos.
Tal y como recuerda el Defensor del Pueblo “un obligado tributario tiene desde hace muchos años derecho a utilizar la lengua cooficial ante la Administración General del Estado con sede en las comunidades autónomas donde esa lengua existe”.
El oficio del Defensor recoge además que “el uso de las lenguas cooficiales alcanza a la dignidad de las personas: la elección por un contribuyente de una lengua cooficial tiene relación directa con los derechos fundamentales y con el libre desarrollo de la personalidad. Y resulta que la dignidad, los derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad son nada menos que fundamento del orden político y de la paz social”.
Según argumenta la oficina dirigida en funciones por Francisco Fernández Marugán, “la cooficialidad lingüística no es una opción administrativa, que la Agencia Tributaria está apoderada para establecer o modular su aplicación en el tiempo, sino un derecho ciudadano”. “El uso normal de las lenguas cooficiales no puede seguir siendo tratado por la Agencia Tributaria como un asunto de mera gestión administrativa, de una cuestión de traducción ni de tecnología” añade el Defensor en relación a las respuestas recibidas del órgano tributario en sucesivas quejas abiertas.
La institución del Valedor do Pobo comparte las razones de la actuación de oficio promovida por el Defensor del Pueblo, adhiriéndose “a todos los argumentos normativos y a las valoraciones de justicia material” contenidos en la iniciativa.
Desde Galicia se defiende también la orientación dada a la actuación de oficio en la busca de planes o programas que permitan implantar, con efecto inmediato y plazo corto, el uso normal de las lenguas cooficiales en la Agencia Tributaria antes de que finalice el ejercicio 2018.
Milagros Otero se pone a disposición del Defensor del Pueblo para la colaboración que pueda precisar en el marco de esta actuación de oficio.