Nearly 30 years after the Velvet Revolution the Czech ombudsman still receives complaints regarding the return of the property confiscated by the Communist regime. In the past five years, deputy ombudsman Stanislav Krecek dealt with almost 150 of them, on average two a month.

Restitution, that is, the return of confiscated property only partly falls under the ombudsman's authority. The ombudsman can deal with the cases only if they concern land offices’ proceedings.

"The people who turn to us either disagree with the rejection of their restitution claim or they believe they can have some claim inherited from their ancestors," Krecek said and added: “The restitution claim must have been raised in time, which is no longer possible at present.”

In 2010, the ombudsman asked for the statistical figures on the unfinished restitution claims and realized that although the restitution process culminated between 1994 and 1996 (decision were made on 1.7 million hectares of land), a total of 553 cases were unfinished in 2010.

This year, the deputy ombudsman carried out an inquiry on his own initiation concerning possible delays in proceedings of the State Land Office. He found out that there were still almost 300 unfinished cases.

On July 1, the restitution process is to end. This means the eligible persons cannot receive alternative land for the agricultural land confiscated under the Communist regime. They are only to receive financial compensation. This relates to about 56,000 entities.

However, the Constitutional Court is yet to deal with this on the proposal by a group of senators to cancel a part of the law on the State Land Office.

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha comparecido este lunes 25 de junio ante la Comisión del Síndic en el Parlamento de Cataluña para explicar los temas más importantes incluidos en el Informe anual 2017. En su intervención también ha identificado diversos temas clave heredados del año pasado y que han devenido algunos de los principales retos actuales que deben encarar las administraciones y el Parlamento. El síndic ha destacado el pacto contra la segregación escolar como un reto inminente. Además, ha alertado del número emergente de quejas sobre la renta garantizada de ciudadanía y las relacionadas con las agresiones al territorio y las especulaciones inmobiliarias.

Los acontecimientos políticos y judiciales del último trimestre de 2017 han puesto de manifiesto los retrocesos democráticos y en la separación de poderes en el Estado español, que la institución ya había venido denunciando meses atrás. En el marco de un informe monográfico, se alertaba, como ha dicho el síndic en la comparecencia, de reiteradas vulneraciones de derechos humanos en el Estado español y de un uso excesivo de la vía penal.

La aplicación del artículo 155, la intervención financiera de la Generalitat y las trabas judiciales a numerosas leyes de carácter social han provocado un impacto negativo de cara al cumplimiento de derechos de carácter social y de sostenibilidad territorial y en las libertades en materia de igualdad.

Las cargas policiales del 1-O, el encarcelamiento preventivo de los líderes sociales y políticos del independentismo y los interrogantes en torno a los ataques terroristas del mes de agosto son temas que se tendrán que investigar a fondo y que, en opinión del síndic, no pueden quedar impunes ni sin resolver.

También resulta perturbadora la presencia reiterada en el debate político y en el lenguaje mediático de términos y expresiones como adoctrinamiento, ataques a la libertad de expresión y disidencia política. Conceptos que también se utilizan en los escritos de queja recibidos por el Síndic y que describen un contexto democrático muy debilitado.

En total, durante 2017 el Síndic ha recibido más de 10.000 quejas, ha abierto 281 actuaciones de oficio y ha incidido directamente en más de 60.000 personas. El porcentaje de resoluciones aceptadas de manera total o parcial supera el 98% de las emitidas. De hecho, tan sólo un 1,6% han sido rechazadas por la Administración, mientras que en otro 22,2% han sido aceptadas tan sólo parcialmente.

Asimismo, cabe hacer mención de la tarea de la oficina itinerante del Síndic, que ha realizado 144 desplazamientos y ha visitado 115 municipios diferentes. Se han firmado siete nuevos convenios de supervisión singular con los ayuntamientos de Sitges, Caldes de Montbui, Olèrdola, Santa Perpètua de Mogoda, Manresa, Castellbisbal y Òdena, hasta llegar a los 33 convenios vigentes. Este año se han tramitado más de 7.000 quejas y actuaciones de oficio relativas al mundo local, un 45% del total de la institución.

Temas destacados

El pacto contra la segregación escolar
El Síndic presentó en el año 2016 dos informes sobre la segregación escolar. A partir de estos, junto con el Departamento de Educación, ha promovido la elaboración de un pacto contra la segregación en Cataluña. El pacto se fundamenta en los principios de corresponsabilidad de todos los centros, independientemente de su titularidad, y el del derecho a la educación en igualdad de oportunidades.

Para garantizar el éxito del pacto contra la segregación escolar (aún en proceso de elaboración), tanto en cuanto a su suscripción como aplicación efectiva, el informe recomienda que se adopte una posición activa sobre las medidas normativas y organizativas que se deben adoptar, así como las previsiones presupuestarias.

Vivienda social
Como se evidencia en el reciente informe El derecho a la vivienda: cuestiones urgentes, la falta de un parque de viviendas sociales suficiente tiene como consecuencia directa que las principales vías de acceso a una vivienda social (Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial y mesas de emergencias) no dan respuesta a las necesidades actuales.

Además, la necesidad de atender con carácter prioritario las situaciones de emergencia residencial ha dado lugar a que determinados colectivos no obtengan la atención que también merecen por parte de los poderes públicos a la hora de garantizar su derecho a la vivienda (el derecho a la emancipación de los jóvenes, el derecho al realojamiento de los afectados urbanísticos, etc.).

En esta línea, se ha abordado la necesidad de prever unas políticas de vivienda más estructurales y a largo plazo que permitan dar respuesta a las necesidades de vivienda futuras. Para alcanzarlo, resulta imprescindible la aprobación del Plan territorial sectorial de vivienda.

Atentados de Barcelona y Cambrils (pág. 251)
Los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado mes de agosto han reabierto el debate en torno a las medidas de prevención existentes y el análisis de las causas de estos hechos, de una violencia incomprensible. En este sentido, el Síndic presentó un informe al Parlamento en el mes de noviembre de 2017 en que se hacía eco de las políticas públicas en materia de prevención del terrorismo, el odio y la discriminación.

En el informe se exige el acceso de pleno derecho de la Policía de la Generalitat a los organismos estatales e internacionales de coordinación policial y el completo esclarecimiento de los vínculos entre el líder de la célula terrorista con los servicios secretos del Estado.

El bono social (pág. 191) y la renta garantizada de ciudadanía
El Síndic ha actuado de oficio para realizar el seguimiento del despliegue y la aplicación de la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, que entró en vigor en septiembre de 2017 y que conlleva cambios significativos en el régimen de protección y cobertura de necesidades básicas. En el año 2018 el Síndic de Greuges está recibiendo un gran volumen de quejas relacionadas con la renta garantizada, especialmente desde abril, con una media de 50 al mes.

Esta ley crea y regula una nueva prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica, y con carácter de derecho subjetivo, que tiene como fin asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y a las familias que se encuentran en situación de pobreza.

El Real decreto 897/2017, de 6 de octubre, regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Con respecto a la gestión de solicitud del bono, el Síndic se ha mostrado reticente por la posible sobrecarga de trabajo de los centros de servicios sociales que puede conllevar, dado al aumento de trámites que tendrán que afrontar los profesionales así como ante el incremento de las personas que acceden a la red de servicios sociales. La insuficiente dotación de recursos puede agravar la situación.

Saturación de los servicios de urgencias (pág. 91)
La situación de saturación que presentan algunos servicios de urgencias de los hospitales del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SIAP), aunque sea de manera puntual en determinadas épocas del año, es un asunto que preocupa tantos a los usuarios como al Síndic de Greuges. Este año se han continuado recibiendo quejas de personas que han tenido que acudir a un servicio de urgencias hospitalarias, o de sus familiares, principalmente por las horas que tienen que permanecer y por las condiciones en que deben hacerlo, a menudo en literas en los pasillos del servicio.

Por un lado, en relación al propio servicio de urgencias hospitalarias, el Síndic ha destacado la importancia de realizar una planificación adecuada del servicio que garantice una dotación suficiente de personal para atender la afluencia de pacientes en cada uno de los turnos que se establezcan; de potenciar la coordinación con el resto de los servicios del centro, puesto que se entiende que no se trata de un servicio aislado del resto del hospital; de estudiar la habilitación de más camas en los servicios del hospital que sean deficitarios, y de establecer circuitos de derivación ágil entre los centros hospitalarios y otros dispositivos para que la persona pueda ser atendida donde se le pueda dar con celeridad una respuesta más adecuada a la situación que presenta.

La protección de la infancia y los adolescentes migrantes no acompañados (pág. 113)
El informe pone de manifiesto las carencias estructurales del sistema de protección y también situaciones como por ejemplo la llegada de adolescentes extranjeros solos, que, si bien no son coyunturales, han experimentado una fuerte crecida en los últimos meses. Esta situación se debe abordar en el contexto de la regulación de los flujos migratorios de acuerdo con los convenios internacionales de derechos humanos.

Como carencias estructurales, cabe señalar que los esfuerzos de la Administración para promover el acogimiento familiar, si bien suponen una mejora en cuanto al apoyo a las familias acogedoras, aún no han dado los resultados que requeriría la necesidad de este recurso, puesto que no se ha incrementado de forma significativa el número de familias acogedoras.

Tan sólo un 46,8% de los niños tutelados están en acogimiento familiar, proporción muy similar al existente desde hace más de diez años. El informe constata, además, que sería necesario continuar avanzando en la promoción de una red de centros más pequeños, como ha empezado a hacer la DGAIA, si bien haría falta que estas dimensiones fueran aplicables a cualquier tipo de centro de protección. Así mismo, se debe avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los educadores.

El factor más determinante para entender el incremento de la presión sobre el sistema de protección tiene que ver con el incremento de la llegada de adolescentes migrantes no acompañados. En el mes de octubre de 2017 ya se habían alcanzado 1.116 nuevos casos, un 63,2% más que en todo el año 2016. Las dificultades del sistema de protección para atender esta realidad ha provocado que se mantuviera a numerosos niños, sin estar detenidos, más de cuatro días en las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat.

El colectivo de los educadores ha planteado en el Síndic de Greuges déficits que afectan directamente a la efectividad y a la garantía de los derechos de los niños. Entre las recomendaciones en este sentido destaca revisar el número y el perfil de profesionales que son necesarios en cada uno de los centros de acuerdo con las necesidades detectadas y expresadas por los mismos profesionales y las evaluaciones de riesgos psicosociales.

Más control del uso de la imagen de los niños (pág. 116)
En la comparecencia, el síndic también ha destacado la falta de concienciación generalizada en cuanto a los derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen de los niños. Así, ha señalado que no se tiene lo suficiente presente que la difusión de la identidad o de la imagen del niño no sólo lesiona sus derechos, sino que, además, puede perturbar su correcto desarrollo físico, mental, moral y social.

Una de las recomendaciones de la institución es garantizar con rigor que el derecho a la información y a la libertad de expresión no pase los límites que impone el ordenamiento jurídico de preservar los mencionados derechos, especialmente si los niños han sido víctimas de un delito o de maltrato.

Defensa del territorio (pág. 167)
Por medio de las quejas el Síndic de Greuges constata la presión que se va despertando sobre el territorio a raíz de los primeros indicios de recuperación económica en Cataluña. La crisis inmobiliaria puso sobre la mesa la peligrosidad del modelo de urbanismo depredador del suelo que se había seguido hasta el año 2009.

El pasado 5 de junio el Síndic presentó al Parlamento el informe con título El aumento de los conflictos en materia ambiental y urbanística en Cataluña, que pretende analizar cuales han sido las actuaciones de las administraciones en un contexto de aumento de conflictividad territorial, a través de los instrumentos de planificación urbanística y territorial, que inevitablemente afectan al medio ambiente. El informe hace un diagnóstico y analiza también posibles vías de solución a este tipo de conflictos.

La aprobación de la ley del territorio como marco integral en materia de ordenación del territorio y la necesidad que la implantación de infraestructuras en el territorio esté justificada por necesidades acreditadas son parte de las recomendaciones que realiza el Síndic en el informe presentado.

El caso de la afectación de 3.700 metros de camino forestal justo en el medio del Parque Natural del Montseny por la ejecución de la II fase de arreglo y pavimentación del camino de conexión de la carretera BV-5301 con la BV-5114 o la construcción de un puerto, sus accesos, un hotel de cinco estrellas y cuatro viviendas en Tossa de Mar son ejemplos claros de intentos de intervención en el territorio que lo pueden degradar. En ambos supuestos el Síndic de Greuges ha puesto de manifiesto en sus resoluciones la necesidad que los poderes públicos velen por la protección del medio ambiente mediante la adopción de políticas públicas basadas en el desarrollo sostenible y con la mínima intervención.

Es tarea de las administraciones garantizar la preservación y la sostenibilidad del territorio en tanto que afecta a los derechos de las personas.

Igualdad entre hombres y mujeres (pág. 117)
En materia de igualdad entre mujeres y hombres, este año cabe destacar la actuación de oficio iniciada para investigar si se respeta el principio de paridad en los cargos electos y órganos directivos de las instituciones catalanas. De la información obtenida, se desprende que la paridad hombre-mujer en los cargos electos, obligatoria en las listas electorales, desaparece progresivamente en los lugares de responsabilidad política de más relevancia. Así, por ejemplo, el Parlamento de Cataluña escogido en el año 2015 tenía un nivel aceptable de paridad, pero esto no se tradujo en un consejo ejecutivo paritario. Por el contrario, en el momento de su destitución, el consejo ejecutivo estaba integrado por nueve hombres y cuatro mujeres. Cabe decir que la elección de la nueva Mesa del Parlamento fruto de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, con seis hombres y una mujer, supone una regresión en términos de paridad de hombres y mujeres en órganos representativos.

Así mismo, a pesar del aumento constante de mujeres en el ámbito municipal (concejalas y alcaldesas), los ayuntamientos, con carácter general, continúan lejos de ser paritarios, situación que se agrava en los gobiernos locales de segundo nivel (diputaciones y consejos comarcales). En este sentido, es especialmente grave la situación de falta de diputadas provinciales en las diputaciones de Tarragona y Girona.

Tampoco es ejemplar la situación de las instituciones estatutarias, particularmente en cuanto a los órganos colegiados escogidos políticamente, particularmente el Consejo de Garantías Estatutarias, donde la presencia de mujeres entre los cargos electos es absolutamente testimonial, como lo ha sido históricamente en la Sindicatura de Cuentas. La situación mejora, no obstante, en cuanto a los altos cargos de estas instituciones.

Matthias Crone: Inklusive Bildung muss konsequent umgesetzt werden!

Die Beauftragten von Bund und Ländern für die Belange von Menschen mit Behinderungen fordern nach ihrer 55. Konferenz in Hannover mit Nachdruck den Bund, die Bundesländer sowie die Kommunen auf, inklusive Bildung konsequent umzusetzen.

 Die Beauftragten fordern in einer Hannöverschen Erklärung unter anderem:

• Die Ausstattung aller Bildungseinrichtungen mit den für eine gelungene Inklusion erforderlichen personellen und sachlichen Ressourcen.

• Grundsätzlich interdisziplinäres Personal an allen Bildungseinrichtungen.
• Mehr zeitliche Ressourcen an den Schulen für Kooperationen im interdisziplinären Team.
• Integrationshelfer zu qualifizieren und organisatorisch an den Schulen einzubeziehen, um bedarfsgerechte inklusive Unterstützung am Ort des gemeinsamen Lernens zu verankern.

Dazu sagte der Bürgerbeauftragte Matthias Crone

„Wir dürfen keinen Menschen vergessen. Inklusion in der Schule wird nur dann erfolgreich sein, wenn es gute Bedingungen dafür gibt. Das setzt auch eine offene und zugewandte Haltung und Grundeinstellung voraus. Wenn inklusive Bildung gelingt, können am Ende alle profitieren. Das sollte auch in Mecklenburg-Vorpommern die Motivation sein, engagiert diesen Weg weiter zu gehen“. 

Die Erklärung im Wortlaut finden Sie hier!

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio con el Ministerio de Sanidad, con todas las comunidades autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para conocer si la oferta de atención psicológica clínica existente en la sanidad pública se adecúa a las verdaderas necesidades de la población.

Las quejas recibidas en la Institución reflejan una insuficiente presencia de psicólogos en los centros especializados de salud mental. Esta carencia de profesionales provoca que sea habitual que los tiempos entre consulta y consulta puedan alargarse hasta los tres meses, para tratamientos que requerirían una periodicidad mucho mayor.

Son habituales las quejas de personas cuyo tratamiento se ha limitado a la medicación prescrita por su médico de atención primaria y que solo han sido derivados a un centro especializado cuando ya se ha agravado su cuadro clínico.

Según los datos disponibles, la ratio de psicólogos por habitante continúa siendo en nuestro país muy inferior a la de la mayoría de países desarrollados, si atendemos a la demanda percibida y a los estudios de diverso tipo llevados a cabo en esta materia.

Así, el informe de la Ponencia de estudio del Senado sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (2010), recoge la ratio de 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes y estima las necesidades de provisión, para aproximarnos al menos a la media europea (18/100.000), en unos 7.200 profesionales. En los últimos años, las convocatorias anuales de formación sanitaria especializada han sido de alrededor de 120-130 plazas para psicólogos internos residentes.

La falta de profesionales psicólogos en el sistema público de salud se suma a la también carencia de profesionales psiquiatras, cuya ratio en España es también notoriamente inferior a la media UE.

Por ello, el Defensor ha pedido a las distintas Administraciones públicas que envíen cifras actualizadas sobre la atención psicológica que se ofrece en centros públicos y concertados, tanto de atención primaria como especializados. En concreto, quiere conocer las ratios actuales de profesionales y un diagnóstico sobre las necesidades de incremento de dotación de psicólogos clínicos para atender las necesidades que demandan los ciudadanos.

Por último, la Institución quiere conocer también si las diferentes administraciones autonómicas tienen previsto incrementar la oferta de asistencia psicológica en general y, concretamente, en el nivel de atención primaria.

Mayor esfuerzo e inversión

La atención a la salud mental fue uno de los asuntos tratados por el Defensor del Pueblo en su Informe Anual correspondiente a 2017.

A pesar del gran esfuerzo que realizan los profesionales y las entidades sociales de apoyo a los pacientes de salud mental, las quejas de los ciudadanos en esta materia revelan una insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales que se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente.

La detección precoz y la intervención temprana es especialmente relevante en la salud mental. Por ello, en opinión de la Institución es necesario dedicar más esfuerzo e inversión a estos aspectos, ya que el consenso científico avala que mejoran mucho las expectativas de rehabilitación, el pronóstico y el bienestar de los pacientes y suponen un ahorro para el Sistema a largo plazo.

Die Stärkung der Selbstbestimmung und Autonomie ist erklärtes Ziel des mit 1. Juli 2018 in Kraft tretenden Erwachsenenschutzgesetzes. Die umfassende Reform des bislang geltenden Sachwalterrechts erweitert die Möglichkeiten zur autonomen Vorsorge und zur selbstbestimmten Entscheidung. Während Sachwalterschaften ausschließlich vom Gericht eingerichtet wurden, haben Betroffene zukünftig bezüglich bestimmter Vertretungsformen auch die Option der außergerichtlichen Errichtung und Registrierung.

Die Volksanwaltschaft ist seit dem 1. Juli 2012 das Menschenrechtshaus der Republik und als solches für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte in Österreich zuständig. In ihrer Tätigkeit ist sie dabei immer wieder mit recht schmerzlichen Fragen rund um die Sachwalterschaft und die Einschränkung der persönlichen Rechte konfrontiert. Volksanwältin Gertrude Brinek engagiert sich seit beinahe 10 Jahren für bessere gesetzliche Rahmenbedingungen für Besachwaltete und hat im Laufe der Zeit zahllose Beschwerden zu dieser Thematik aufgenommen.

Steigende Beschwerdezahlen und ein sensibilisiertes Menschenrechtsbewusstsein haben schließlich zu einem politischen Umdenken geführt. „Die UN-Behindertenrechtekonvention (UN-BRK) verlangt die Stärkung von unterstützter Entscheidungsfindung. Selbstbestimmung und Autonomie sollen gefördert werden“, erklärt Landesvolksanwalt Florian Bachmayr-Heyda, Vorsitzender des Vorarlberger Monitoringausschusses (VMA). Der Weg zu einer Reform war vorgezeichnet. Von Anfang an stand der Gesetzgebungsprozess im Zeichen von Inklusion und Partizipation. Mitglieder der Anwaltschaft, Behinderteneinrichtungen, Vertreterinnen und Vertreter der Senioren und der Heime, Sachwaltervereine sowie die Volksanwaltschaft waren intensiv eingebunden. In dieser vorbildlich partizipativen Vorbereitungsphase wurde das neue Gesetz erarbeitet und schließlich im April 2017 in beiden Kammern des Parlaments einstimmig beschlossen. Es tritt am 1. Juli 2018 in Kraft. Nun sind auch die die Bundesländer gefordert Alternativen und neue Hilfsangebote zu schaffen.

Am 25. Mai hat in Bregenz eine öffentliche Sitzung des VMA zum Thema „Gesundheitsversorgung von Menschen mit Behinderungen“ stattgefunden. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde von den Betroffenen darauf hingewiesen, dass sie manchmal Hilfe brauchen, um selbst eine gute Entscheidung bezüglich ihrer medizinischen Heilbehandlung treffen zu können. „Das neue Gesetz sieht vor, dass Patienten mit Hilfe von Leichter Sprache selbst aufgeklärt werden und wenn notwendig hilft ein „Unterstützerkreis“ eine gute Entscheidung zu finden. Der VMA wird sich dafür einsetzten, dass solche Hilfen tatsächlich ausgebaut werden“, so Landesvolksanwalt Bachmayr-Heyda.

Vorsorgevollmacht als wichtiges Element der Selbstbestimmung

„Der vierstufige Bau des Erwachsenenschutz-Gesetzes soll den Erhalt der Selbstbestimmung möglichst lange sicherstellen. Der Verlust der Selbstbestimmung durch eine gerichtliche Erwachsenenvertretung soll erst als vierte Stufe, und nur wenn es unbedingt notwendig ist, eintreten. Zu Beginn des Stufensystems wird die Vorsorgevollmacht stehen, die hoffentlich möglichst viele Menschen abschließen und in der sie selbst regeln, wer die Vertretung für den Fall der Fälle übernehmen soll“, so Brinek weiter. In diesem Zusammenhang fordert die Volksanwältin einen leistbaren und möglichst nieder-schwelligen Zugang zur Vorsorgevollmacht. Brinek: „Dass jede und jeder weiß, wie sie am besten für eine mögliche Situation der Hilfsbedürftigkeit vorsorgen kann, liegt mir dabei besonders am Herzen. Um in Würde am Ende des Lebens ankommen zu können, sind Aufklärung und Information absolut notwendig.“

Die Sachwaltervereine bzw. Erwachsenenschutzvereine spielen bei der Verwirklichung der Ziele der Reform eine zentrale Rolle. In Vorarlberg kommt diese Aufgabe der ifs Sachwalterschaft zu, die mit 1. Juli 2018 in ifs Erwachsenenvertretung umbenannt wird. „Die Vereine werden zu einer Drehscheibe der Rechtsfürsorge ausgebaut und ihre Aufgaben durch das Erwachsenenschutzgesetz erheblich erweitert“, erklärt Günter Nägele, Leiter der ifs Erwachsenenvertretung. „Zudem ist zukünftig ein Clearing durch Erwachsenenschutzvereine sowohl im Verfahren über die erstmalige Bestellung eines ge-richtlichen Erwachsenenvertreters als auch im Erneuerungsverfahren verpflichtend.“

Neue Aufgaben für die ifs Erwachsenenvertretung

Des Weiteren kommt der ifs Erwachsenenvertretung zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben auch die Funktion als „Registrierstelle“ zu: Betroffene und ihnen nahestehende Personen können sich dann – neben Notaren oder Rechtsanwälten – auch an die ifs Erwachsenenvertretung wenden, um eine offi-zielle Registrierung einer Vorsorgevollmacht, einer gewählten Erwachsenenvertretung oder einer ge-setzlichen Erwachsenenvertretung durchführen zu lassen.

Finanzierung und Qualität der Erwachsenenschutzvereine sicherstellen

„Jetzt müssen die Erwachsenenschutzvereine gestärkt und deren Finanzierung abgesichert werden, damit sie auf hohem Niveau arbeiten können. Ihnen muss die Politik den Rücken stärken, denn sie werden einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des neuen Gesetzes leisten“, erklärt die Volksan-wältin. Um eine qualitätsvolle Wahrnehmung der Aufgaben eines gerichtlichen Erwachsenenvertreters sicherzustellen, wird es von den Kammern überwachte Listen besonders geeigneter Notare oder Rechtsanwälte geben.

Mit dem derzeit zur Beratung vorliegenden Anpassungsgesetz zum Erwachsenenschutz werden noch weitere wichtige Präzisierungen vorgenommen. So soll beispielsweise die bis dato unklare Pflicht zur Rechnungslegung geregelt werden. Nächste Angehörige und Erwachsenenschutzvereine sollen in Zukunft explizit von einer laufenden Rechnungslegung befreit sein. Nur bei Vorliegen besonderer Gründe können sie vom Gericht dazu verpflichtet werden. Dadurch würde der Staat auf eine überschießende Kontrolle und ein Eingreifen in funktionierende Familiensysteme verzichten. Die Erwach-senenschutzvereine werden ohnehin vom zuständigen Ministerium (BMVRDJ) kontrolliert.