En el Día Mundial de la infancia, el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para el Defensor es “nuestra obligación legal y moral” respetar y proteger los derechos de los menores de la manera más eficaz posible a los menores. En este sentido, el Defensor valora positivamente la presentación del Anteproyecto de ley de protección integral frente a toda forma la violencia contra la infancia y pide “consenso” y la mayor rapidez posible en la tramitación parlamentaria de esta nueva norma. La Institución siempre ha prestado especial atención a los niños y niñas y trabaja en distintos ámbitos para protegerles.

Niñas y niños con discapacidad

El Defensor del Pueblo trabaja intensamente para defender los derechos de los niños y niñas con discapacidad. En este contexto se enmarcan diversas actuaciones, como reclamar a la administración que garantice que los menores con discapacidad en situación de desamparo sigan recibiendo atención tras alcanzar la mayoría de edad, o pedir explicaciones cuando se producen demoras en la valoración y adjudicación de los recursos de atención temprana que les resultan indispensables.

El cumplimiento efectivo del derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad también preocupa al Defensor del Pueblo que, por ejemplo, ha pedido que se garantice que alumnos con autismo puedan asistir al aula especializada que necesitan, en el centro donde ya estén escolarizados.

Además, la Institución acaba de abrir una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en esta materia,  tras conocer que algunas de ellas podrían tener prevista la creación de nuevos centros de educación especial. El Defensor del Pueblo quiere conocer si estas previsiones siguen la línea de actuación impuesta por la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Convención, ratificada por España y vigente con rango formal de ley, aboga por abolir el sistema separado de educación de estudiantes con discapacidad, la transferencia progresiva de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general y el acceso del alumnado con discapacidad, en condiciones de igualdad con el resto de estudiantes, al sistema general y en escuelas primarias y secundarias de su entorno.

A través de esta actuación de oficio, el Defensor también ha pedido información a las administraciones autonómicas sobre las iniciativas previstas para cumplir con las recomendaciones del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que,  en su último informe, ha afirmado que ni las políticas, ni la legislación ni las prácticas educativas están asegurando el derecho a la educación inclusiva en nuestro país.

Protección social y Asistencia sanitaria

Al Defensor del Pueblo le preocupa especialmente la pobreza infantil y sigue con atención el tratamiento que las administraciones dan a las familias más vulnerables. Así, realiza un seguimiento constante de todas las prestaciones asistenciales, vivienda, rentas mínimas y ayudas sociales municipales de emergencia.

Por otra parte, la Institución considera necesario que dentro del sistema de protección de menores se incentiven los acogimientos familiares. El acogimiento familiar desempeña una importante función social al ofrecer una alternativa familiar adecuada a los menores que por diversas circunstancias no pueden ser atendidos por sus familias. La Ley obliga a las administraciones públicas, a adoptar medidas de protección familiar y estable y, cuando no sea conveniente para el interés del niño la permanencia en su familia de origen, priorizar el acogimiento familiar frente al institucional. Para hacerlo posible, las administraciones públicas han de adoptar, en los ámbitos que les son propios, políticas integrales encaminadas a apoyar a las familias de acogida  Con este fin, el Defensor del Pueblo ha recomendado que las personas que perciben pensiones no contributivas, puedan integrar en la unidad familiar a los menores en régimen de acogimiento familiar permanente, dado que los acogedores soportan una mayor carga económica con estos menores.

El Defensor también ha organizado recientemente unas jornadas sobre la  asistencia  sanitaria y social en el daño cerebral adquirido infantil (DCAI) en las que han participado las principales entidades de pacientes y afectados, además de expertos del ámbito sanitario y social. El objetivo de estas jornadas es conocer de primera mano los criterios acerca de los retos presentes y las prioridades que se considera preciso abordar en los servicios públicos de atención sanitaria y social a estos niños, niñas y adolescentes para que tengan una atención de calidad.

Violencia machista

Fernández Marugán ha asegurado en numerosas ocasiones que “un maltratador nunca puede ser un buen padre” y en este sentido considera que es necesario cambiar la legislación en dos cuestiones. Así, ha pedido que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se tiene que suspender también el régimen de visitas de los hijos e hijas.

Además, en su opinión, también es necesario que la valoración del riesgo que realiza la policía, cuando una mujer denuncia maltrato, lleve aparejada una valoración específica de la situación de riesgo de sus hijas e hijos.

Igualdad

Para el Defensor del Pueblo, la igualdad debe estar presente en las aulas. En su opinión, la educación es fundamental para lograr una sociedad incluyente, sin discriminaciones y para luchar contra la violencia machista.

Por eso, aboga por reforzar la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos ya que es una herramienta muy poderosa en la lucha contra el machismo y las conductas violentas. Los niños y las niñas tienen que aprender desde pequeños que las relaciones deben basarse siempre en el respeto y la libertad.

Menores extranjeros no acompañados

Los niños y niñas migrantes no acompañados reúnen una doble condición de extrema vulnerabilidad: menores y extranjeros, de ahí la especial sensibilidad de la Institución que insiste en recordar que “son menores antes que extranjeros”. Fernández Marugán reitera que a los menores, independientemente de su documentación o situación legal, les amparan todos los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

El Defensor ha apuntado que existen graves carencias estructurales en la acogida y protección de estos menores por la escasez de plazas, personal suficiente y recursos apropiados.

La Institución recuerda que la asistencia temporal de primera acogida debe atender las necesidades básicas, psicosociales y específicas de todos los menores con alojamiento adecuado y con atención individualizada y adaptada a su perfil, ofrecida por profesionales competentes, que tengan la formación y cualificación necesaria, y adecuadas condiciones laborales. Asimismo, destaca que estos niños y niñas deberían pasar el menor tiempo posible en primera acogida.

También ha denunciado la inexistencia generalizada de recursos para hacer efectivo su derecho a ser escuchado en cualquier procedimiento que les afecte y ha criticado la ausencia de mecanismos para la evaluación del interés superior del menor en la toma de cualquier decisión que le concierna.

El Defensor ha abogado por reformar la normativa vigente, establecer un sistema que permita conocer con la mayor exactitud posible el número de menores no acompañados que se encuentran en España en cada momento y en qué ciudades. Por último considera imprescindible garantizar un procedimiento sencillo y eficaz que permita escuchar al menor para tomar en consideración sus peticiones en las cuestiones que les afecten.

Fernández Marugán considera que los pasos iniciados por el Gobierno van por el buen camino. En su opinión, “darnos cuenta de que la situación de estos menores nos incumbe a todos es fundamental. Que las comunidades y el Gobierno se sienten en la misma mesa para hablar de este tema es el camino correcto”.

„Es ist höchste Zeit zu handeln!“ – Volksanwältin Gertrude Brinek, Maria Rösslhumer – Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser und Universitätsprofessorin Andrea Berzlanovich – MedUni Wien, appellieren an Politik und Gesellschaft die Gewalt gegen Frauen und Kinder endlich ernst zu nehmen. „Das Thema hat in den letzten Monaten an Brisanz gewonnen. Zahlreiche aktuelle Studien belegen einerseits die schwerwiegenden Folgen für das Leben der von Gewalt Betroffenen, zeigen aber andererseits auch auf, wie wenig Wissen es in der Bevölkerung zu Gewalt an Frauen und Kindern gibt“, sagt Volksanwältin Brinek.

Österreich hat 2013 die Istanbul-Konvention zur Verhinderung von Gewalt ratifiziert und sich verpflichtet alles zu tun, um Gewalt an Frauen zu verhindern und jede betroffene Frau und jedes Mädchen vor Gewalt zu schützen. Die Regierung hat somit einen neuen Handlungsauftrag. „Verbesserter Gewalt- und Opferschutz bedeutet viel: Verursacher von Gewalt zur Verantwortung zu ziehen, Gesetz im Sinne des Opferschutzes anzuwenden, Frauenrechte und eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern umzusetzen und großangelegte Gewaltpräventionsmaßnahmen, sowie Sensibilisierungs- und Bewusstseins-kampagnen auf allen Ebenen zu starten. Gewaltfreiheit und respektvoller Umgang kann nur funktionieren, wenn Erwachsene positive Vorbilder für Kinder und Jugendliche sind“, argumentiert Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins AÖF.

Zahlen der Morde an Frauen steigen

Die Situation ist dramatisch: Im Jahr 2017 gab es in Österreich 77 weibliche Opfer von Mord oder Mordversuch! Angestiegen ist auch die Zahl der Anzeigen wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs – 1.275 Fälle (2017). Nach wie vor ist tagtäglich eine von fünf Frauen körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Laut Kriminalstatistik hatten im Jahr 2017 fast zwei Drittel aller 42.079 Tötungs-, Körperverletzungs-, sexueller Übergriffs- und Raubanzeigen (62,8 %) mit Beziehungstaten zu tun.

Dramatisch wirkt sich Gewalt insbesondere auf Kinder und Jugendliche aus, wie eine weltweit durchgeführte Studie der McGill University (Kanada) belegt , in die auch Daten aus Österreich miteinbezogen wurden. Geprügelte Kinder sind selbst gewaltbereiter als andere Gleichaltrige. Ein Großteil der Kinder ist bei den gewalttätigen Übergriffen gegen die Mutter anwesend und ist daher direkt oder indirekt involviert.

Laut Univ.-Prof.in Andrea Berzlanovich hören diese Kinder, wie sich ihre Eltern streiten, sie spüren die bedrohliche Atmosphäre vor den Gewalttaten und die eigene Ohnmacht bei der Eskalation. Sie sehen, wie ihre Mutter misshandelt, vergewaltigt oder im schlimmsten Fall getötet wird. Ihre Reaktion auf das Erlebte fällt unterschiedlich aus. „Viele Kinder glauben an der unglücklichen Familiensituation (mit-)schuldig zu sein. Manche ziehen sich zurück. Andere wiederum greifen aktiv ins Geschehen ein, indem sie versuchen, ihre Mutter durch körperlichen Einsatz zu beschützen und werden dabei gelegentlich auch verletzt. Nur wenige holen externe Hilfe“, so Berzlanovich.

Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, übernehmen oft die Verhaltensweisen ihrer Eltern. So sind Buben mit einschlägigen Erfahrungen später gewaltbereiter, während Mädchen im Jugend- bzw. Erwachsenenalter ein höheres Risiko haben gewalttätige Partner zu tolerieren. Sowohl direktes als auch indirektes Miterleben von Gewalt setzt Kinder großem Stress aus und schadet ihrer physischen, psychischen und sozialen Entwicklung. Die traumatisierenden Erlebnisse können u.a. posttraumatische Belastungsstörungen, gesundheitliche Probleme, Lern- und Leistungsstörungen nach sich ziehen.

Schwerpunkt auf Prävention legen

„Obwohl in den vergangenen Monaten die Berichterstattung über Gewalt an Frauen zugenommen hat, ist die Kenntnis über Frauenrechte bei jungen Menschen mangelhaft“, so Brinek. Wie eine vor kurzem präsentierte Studie von SOS Mitmensch zeigt, haben Jugendliche oft nur geringe Ahnung über Mädchen- und Frauenrechte, über verbotene Handlungen und über Beratungs- und Schutzeinrichtungen. „Dabei ist gerade dieses Wissen ein wichtiger Schutzfaktor für junge Menschen. Ihre Rechte zu kennen und zu wissen, wo die Grenzen für tolerierbares Verhalten liegen, stärkt Mädchen und Frauen“, betont die Volksanwältin.

Kommt es zu einer Gewaltsituation, müssen allen Beteiligten die entsprechenden Verhaltensregeln geläufig sein. Meist sind die Betroffenen selbst sowie auch die intervenierende Polizei verunsichert, wie aus der Studie „EinSatz“ von Sandra Messner und Andrea Hoyer-Neuhold vom Zentrum für Sozialforschung und Wissenschaftsdidaktik hervorgeht. Außerdem lassen deren Ergebnisse erkennen, dass Kinder und Jugendliche im Rahmen häuslicher Gewalt unerwartet häufig den Polizeinotruf tätigen. Maria Rösslhumer: „Im Kriminalistischen Leitfaden (KLF) der Bundepolizei gibt es derzeit aber keine Handlungsanleitung bzgl. Notrufen von Kindern.“

Damit die Problematik der „häuslichen Gewalt“ Studierenden verschiedener Fachrichtungen bestmöglich bewusst gemacht wird, führt das Zentrum für Gerichtsmedizin der Medizinischen Universität Wien, der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser und die Volksanwaltschaft alljährlich die Ringvorlesung „Eine von fünf“ durch. Dabei weisen die Vortragenden aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen auf das erschreckende Ausmaß von Gewalt hin, um präventiv der Tabuisierung und Verharmlosung des Themas entgegenzuwirken. „Gleichzeitig werden den Hörerinnen und Hörern wirksame Interventionsmöglichkeiten präsentiert. Die Ringvorlesung bietet somit eine erste Anleitung, wie mit und in Gewaltsituationen zu handeln ist“, erklärt Andrea Berzlanovich.

Der Schwerpunkt der Vorlesungsreihe wechselt jährlich und liegt heuer auf Kindern und Jugendlichen als (Mit)Betroffenen von häuslicher Gewalt. Bei der Auftaktveranstaltung in der Volksanwaltschaft am 26. November 2018 erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hochkarätige Fachvorträge von Renate Winter, Mitglied im UN-Kinderrechteausschuss und Expertin für Kinder- und Frauenrechte, sowie den beiden Studienautorinnen Sandra Messner und Andrea Hoyer-Neuhold, Sozialforscherinnen und Expertinnen für Gewaltprävention.

Gewaltstatement – eine Aktion gegen häusliche Gewalt

Um ein Zeichen gegen häusliche Gewalt zu setzen, informieren die Organisatorinnen der Ringvorlesung nicht nur in der Lehrveranstaltung über Gewalt und Gewaltschutzmaßnahmen sowie Hilfsangebote für junge Betroffene, sondern wollen die breite Öffentlichkeit zum Nachdenken und Handeln anregen. Auf einer "Gewaltkarte" können Interessierte ihre Vorstellungen zu Gewalt definieren. Die in einem Satz festgehaltenen Assoziationen und Überlegungen können auf einem Foto von sich, einer kleinen oder größeren Gruppe festgehalten und den Veranstalterinnen zur Verfügung gestellt werden. Aus den Fotos entsteht eine Collage bzw. eventuell ein Kurzfilm.

Forderungen der MedUni Wien, des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser und der Volksanwaltschaft

Darüber hinaus fordern die Veranstalterinnen, dass dem Thema Gewalt gegen Frauen und (Mit-)Betroffene Kinder und Jugendliche endlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird:

1)    Prävention verstärken – im gesamten Bildungssystem, in verschiedenen Vereinen, in Bezirken und Gemeinden

Die Studienergebnisse und die Erfahrungen von Expertinnen und Experten sollten ernst genommen und breit diskutiert werden. Wissen schützt und kann helfen zu vermeiden, dass Situationen eskalieren. Im Ernstfall sollte jede und jeder wissen, wie man sich verhalten soll und wo man Hilfe holen kann.

Gewaltfreiheit und Konfliktfähigkeit kann man lernen: in der Schule, in der Universität, im Verein, im Bezirk bzw. in der Gemeinde. Die Veranstalterinnen laden ein, sich einzumischen und sich an der Diskussion zu beteiligen. Brinek, Berzlanovich und Rösslhumer regen die Einführung einer Art Gütesiegel an: Die „gewaltfreie Schule“, die „gewaltfreie Uni“ die „gewaltfreie Gemeinde“, etc. wären ein wichtiger Schritt in Richtung umfassender Bewusstseinsbildung und Aufklärung.

2)    Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche schaffen

Um Gewaltkreisläufe möglichst frühzeitig zu unterbrechen ist es unabdingbar, dass betroffenen Kindern und Jugendlichen kompetente Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Kinder als Opfer und Zeugen häuslicher Gewalt brauchen eigenständige Beratungs- und Unterstützungsangebote.

3)    Opferschutzorientierte Täterarbeit verstärken

Es braucht einen bundesweiten Ausbau an Anti-Gewaltraings, auch mit muttersprachlichen TrainerInnen, und eine gute Zusammenarbeit zwischen Opferschutzeinrichtungen sowie Männerberatungsstellen, die opferschutzorientierte Täterarbeit anbieten.

4)    Mehr einschlägige Fortbildungen und Schulungen anbieten

Gesundheitlichen Gewaltfolgen und dem medizinischen Versorgungsbedarf von betroffenen Patientinnen wird bislang kaum Beachtung geschenkt. Auswirkungen von Gewalt finden in Anamnese, Diagnostik und Therapie noch immer zu wenig Niederschlag. Ziel von Gesundheitsfachkräften muss sein, gewaltbedingte Verletzungen und Beschwerden bei Patientinnen und Patienten als solche zu erkennen, sensibel anzusprechen, gerichtsverwertbar zu dokumentieren und letztlich die Betroffenen an weiterbetreuende Hilfs- und Beratungseinrichtungen zu vermitteln.