El síndic reclama a las administraciones garantizar la preservación y la sostenibilidad del territorio de forma proactiva
05/06/2018
Informe El aumento de los conflictos en materia ambiental y urbanística en Cataluña
Pide que se apruebe de manera urgente una ley de territorio que constituya un marco integral en materia de ordenación del territorio
Es necesario respetar el principio de cautela para preservar el medio ambiente
Es preciso tomar en consideración el coste beneficio que puede suponer la ejecución de un determinado proyecto para el territorio y para las personas que lo habitan
El Síndic de Greuges de Cataluña ha entregado hoy en el Parlamento un nuevo informe monográfico sobre el medio ambiente. El informe, titulado El aumento de los conflictos en materia ambiental y urbanística en Cataluña pretende analizar cuales han sido las actuaciones de las administraciones en un contexto de aumento de conflictividad territorial, a través de los instrumentos de planificación urbanística y territorial, que inevitablemente afectan al medio ambiente. El informe realiza un diagnóstico y estudia también posibles vías de solución a este tipo de conflictos.
La crisis económica padecida entre los años 2008 y 2014 supuso que algunos grandes proyectos con impacto ambiental se detuvieran pero no ha significado un cambio de paradigma ni de mentalidad, puesto que las administraciones han continuado aprobando, con más o menos intensidad, proyectos con incidencia ambiental y urbanística. No se sabe hacia donde reconducirá la situación la incipiente salida de la crisis, pero existen indicios suficientes para pensar que la tendencia urbanizadora continuará yendo al alza.
El crecimiento de la construcción, a pesar de que es aún tímido si lo comparamos con los años anteriores a la crisis, tiene consecuencias territoriales y ambientales evidentes. Y la falta de respuesta por parte de la Administración pública, ya sea en el ámbito municipal o nacional, ha conllevado conflictividad ambiental y territorial.
Los conflictos en materia territorial y ambiental se pueden clasificar en cuatro áreas, y el Síndic ha recibido quejas relativas a todas ellas:
Conflictos generados por instrumentos de planificación urbanística y territorial
La legislación sobre planificación territorial y urbanística de Cataluña establece que esta debe respetar principios como el de la sostenibilidad, la racionalidad, el encaje de usos en el territorio y la participación en todas las etapas. Ante la falta de resolución del modelo territorial y urbanístico, han surgido plataformas ciudadanas vinculadas a movimientos vecinales, ecologistas o políticos, que han puesto sobre la mesa la necesidad de que la ordenación supramunicipal se realice de acuerdo con las demandas ciudadanas, al mismo tiempo que se exige participación real y eficaz en los procesos de debate acerca de la ordenación territorial, como ha sucedido con los planes directores urbanísticos (PDU), como los del Aeródromo del Bages o la Cerdanya, el del Bcn World o el de Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat.
Conflictos generados por los déficits en la planificación y la gestión del entorno natural
Cataluña dispone de un territorio con una variedad de ecosistemas muy ricos. Sin embargo, la planificación y la gestión del entorno natural no ha estado a la altura de los valores ambientales que debían ser protegidos, a menudo por la falta de recursos presupuestarios.
Esta circunstancia ha acarreado la proliferación de conflictos ambientales que tienen su origen en déficits administrativos en la planificación y la gestión del entorno natural.
Conflictos generados por la falta de control efectivo de la contaminación
El Síndic ha analizado también casos de falta de control administrativo o legislativo sobre determinadas actividades. La contaminación de las aguas por purines, tema que ya fue ampliamente tratado en el informe La contaminación provocada por purines en Cataluña, que se presentó en el año 2016, es un claro ejemplo de conflicto generado y agravado en parte por la desregulación administrativa del sector, así como por la falta de aplicación de medidas urgentes y de choque para hacer frente a la amenaza ambiental.
Conflictos generados por la planificación energética
En este caso la fragmentación de las competencias de la planificación energética entre el Estado y autonomía, la divergencia de intereses políticos a diferentes niveles, el poco consenso territorial y las consecuencias ambientales de la generación eléctrica ha acabado conllevando bastantes conflictos ambientales no resueltos. El anuncio de nuevos parques eólicos en la Terra Alta y Baix Camp y la Línea de Muy Alta Tensión son casos claros de proyectos que han generado conflicto y protestas de los ciudadanos afectados.
En opinión del Síndic, la mayoría de estos conflictos territoriales y ambientales se resolverían si se afrontaran desde el concepto de equidad, en un sentido amplio. Por otra parte, con la equidad procedimental, es decir, con una mejora de la transparencia, el acceso a la información, la intervención en la toma de decisiones y el consenso territorial muchos de los focos de conflictividad se resolverían. Y por la otra, incorporando el concepto equidad geográfica, que permitiría resolver los desequilibrios territoriales existentes hoy día en Cataluña.
Otra herramienta que cabe promover para evitar y resolver los conflictos territoriales y ambientales es la mediación. En este sentido el Síndic propone la creación de un gabinete de mediación ambiental en Cataluña, que sea responsable de realizar un seguimiento de los conflictos ambientales que suceden en el territorio catalán y vele para resolverlos.
No obstante, el Síndic enumera una serie de recomendaciones que se deberían tomar en consideración, a fin de resolver y evitar conflictos en materia ambiental y territorial:
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Es preciso tener presente siempre que el territorio es un bien común que debe ser objeto de protección para generaciones futuras
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En los proyectos urbanísticos y medioambientales las administraciones tienen el deber de garantizar la preservación y la sostenibilidad del territorio. Cabe reivindicar la valoración de la alternativa cero (no-intervención) en los proyectos urbanísticos y ambientales.
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La actuación de los poderes públicos en materia de paisaje debe favorecer la evolución armónica del paisaje de acuerdo con los conceptos de utilización racional del territorio, de desarrollo urbanístico sostenible y de funcionalidad de los ecosistemas.
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Las administraciones públicas deben tener en cuenta las opiniones y consideraciones de la ciudadanía, especialmente las de las personas afectadas. Por tanto, la administración ha de ser más activa a la hora de asegurar la información y de responder con claridad y concreción a las dudas o las objeciones que presenten.
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Es necesario aprobar urgentemente una nueva ley de territorio que no solo constituya un marco integral en materia de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje sino que también incorpore el concepto de equidad.
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Es precisa una política conjunta de preservación del medio ambiente a la hora de efectuar el planeamiento municipal.
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Se debe tener en consideración el coste beneficio que puede suponer la ejecución de un determinado proyecto para el territorio y para las personas que lo habitan. Es necesario asimismo observar el principio de cautela para preservar el medio ambiente de daños de reparación difícil o imposible.
