EL JUSTICIA DE ARAGÓN SUGIERE AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

QUE SUS SOCIEDADES PÚBLICAS REFLEJEN LA PLURALIDAD DEL PLENO


El pasado 21 de febrero, esta Institución recibió una queja del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, solicitando la interpretación de la Ley 10/2017 de régimen especial de Zaragoza como Capital de Aragón, conocida como Ley de Capitalidad, en lo que se refiere a la composición de los órganos de gobierno de sus sociedades publicas.

Abierto expediente sobre el asunto y solicitada la información necesaria tanto al Ayuntamiento de Zaragoza, como al Consejo Consultivo de Aragón, así como analizadas diferentes sentencias de tribunales que afectan a la materia: El Justicia entiende que no está entre sus competencias la interpretación de normas legales, pero que las facultades que le da la Ley del Justicia respecto a proponer fórmulas de conciliación o acuerdo para solventar problemas determinados, aconsejan que emita la siguiente sugerencia:

Que la composición de los órganos de administración de las sociedades públicas del Ayuntamiento de Zaragoza reflejen la pluralidad y diversidad política de los distintos grupos municipales representados en el pleno de la Corporación, reflejo fiel de la diversidad ideológica de la ciudadanía zaragozana a la que dichas sociedades deben servir.

Para entender el fundamento jurídico de esta sugerencia se han tenido en cuenta todos los informes que podéis consultar en el cuerpo de la misma, pero habría que destacar los acuerdos de la Junta de Portavoces de dicho Ayuntamiento de los días 24, 26 y 30 de Junio y 1 de Julio de 2015.

Santiago de Compostela, 16 de mayo de 2018. La institución del Valedor do Pobo promoverá una queja de oficio para investigar de nuevo los perjuicios que ocasionan a los usuarios de la AP-9 los reiterados atascos que padecen en el tramo que une Pontevedra y Vigo. En 2017 la institución del Valedor do Pobo ya había actuado ante las repercusiones de los atascos que los usuarios de la autopista venían sufriendo en este tramo. La empresa concesionaria no aceptó en aquel entonces la propuesta de abrir las barreras cuando las circunstancias impidieran ofrecer un servicio de calidad.

La valedoría volverá a actuar ya que el problema de atascos en ese tramo de autopista se reprodujo de nuevo ocasionando la correspondiente pérdida de tiempo a los usuarios sin que la concesionaria les exima del pago de los peajes ante los perjuicios ocasionados. Igual que ocurrió en 2017, los responsables de la autopista no abrieron las barreras como una consecuencia lógica de reacción ante la imposibilidad de mantener un servicio adecuado en una carretera de pago.

La institución se dirigirá de nuevo a Audasa que, en la investigación previa, no aceptó la liberación de los peajes ante las cuelas que se repetían año tras año.

Desde la valedoría se considera que el servicio en una autopista de pago tiene que ser óptimo de forma permanente, y en caso contrario pierde sentido utilizarla como alternativa más rápida y segura que la vía convencional. Si bien existe el criterio de que la ciudadanía, con carácter general, debe sufrir las consecuencias de las obras de mejora en todas las infraestructuras públicas, no es aplicable con el mismo alcance a las autopistas de peaje. El desarrollo de obras perjudiciales para el servicio debería ir acompañado de medidas compensatorias a los usuarios que ven aumentar los tiempos de sus desplazamientos que, por consecuencia lógica, deberían incluir la exención del pago de los peajes mientras las molestias perduren.

Al tratarse de una autopista de peaje de competencia estatal, la institución del Valedor do Pobo no puede supervisar, en el marco de sus atribuciones, el funcionamiento concesional, lo que no le impide emitir un criterio fundado ni hacer valoración crítica ante el Parlamento de Galicia.