La sede del Justicia de Aragón acogerá mañana, jueves 12 de abril, a las 19,00 horas, la presentación del libro “El derecho foral de Jaca en los siglos XI, XII y XIII” escrito por Rosa María Bandrés y Sánchez-Cruzat, Académica de Número de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación.

Especialista en historia del Derecho de Aragón, en especial el Fuero de Jaca, en este libro la autora se detiene en una época clave en la que se constituyen las instituciones básicas de la sociedad y lo hace atendiendo al Fuero de Jaca y a su carácter igualitario marcado por un clima de libertad. Rosa María Bandrés, explica que la libertad era entendida como libertad de circulación, de mercaderías, así como pacífica convivencia de religiones y de lenguas.

En palabras del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, extraídas del prólogo de la obra, en Aragón, donde siempre hemos tenido mucho territorio y poca población, ofertábamos derechos, libertades y garantías, lo que hoy llamamos seguridad jurídica.

“El derecho foral de Jaca en los siglos XI, XII y XIII” constituye el número 58 de la colección “El Justicia de Aragón” dedicada a la divulgación del Derecho aragonés.
 

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Defensa para conocer la eficacia del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de género en las Fuerzas Armadas.

La Institución ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones su inquietud ante los casos de acoso sexual y laboral en los distintos ámbitos de la Administración Pública. Fernández Marugán reclama “tolerancia cero” con el acoso.

Al Defensor del Pueblo le preocupa el aumento de casos y las carencias que se ponen de manifiesto en el informe del Observatorio de Vida Militar conocido a finales de enero de este año.

El Defensor coincide con el informe del Observatorio de Vida Militar en el que se solicita mayor protección a las víctimas de acoso en la tramitación de los expedientes sancionadores. En la actualidad, las víctimas solo pueden declarar como testigos, sin poder intervenir en el procedimiento ni recurrir a los tribunales si el asunto es archivado o no están conformes con sus conclusiones.

El Defensor del Pueblo (e.f.) Francisco Fernández Marugán, ha pedido información al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre el posible riesgo sísmico que entraña la construcción del embalse de Mularroya, en la provincia de Zaragoza.

La actuación se produce tras recibir una queja de una ciudadana, preocupada por las consecuencias que podría tener la ejecución y llenado del embalse en los pueblos cercanos.

Su temor se basa en un estudio de la Universidad de Zaragoza, según el cual la presa se ubica en un punto crítico de la cordillera Ibérica donde confluyen una falla susceptible de provocar terremotos de hasta 6,8 grados de magnitud y multitud de fallas satélites.

Dicho estudio apunta también que existe la posibilidad de que se produzca un vaciado catastrófico de la presa, que tendría consecuencias importantes para algunas poblaciones situadas en el valle del río Jalón.

El proyecto de construcción de la presa se autorizó en febrero de 2007, las obras se iniciaron un año más tarde y fueron suspendidas en 2013, después de que la Audiencia Nacional anulase la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto al considerar que no incluía suficientes medidas correctoras de los impactos advertidos en los espacios de la Red Natura 2000 afectados por la construcción del embalse.

Sin embargo, el Consejo de Ministros acordó reanudar las obras en 2015, tras declarar razones imperiosas de interés público de tipo social y económico y tras aprobarse una nueva DIA, favorable, por resolución del Secretario de Estado de Medio Ambiente.

En opinión del Defensor del Pueblo, la DIA no hace referencia al riesgo sísmico derivado del llenado de la presa. Por ello, ha pedido al Ministerio un resumen del  análisis del impacto sísmico del llenado del embalse de Mularroya contenido en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y de las medidas preventivas y correctoras previstas, en su caso.

La Institución también quiere conocer si se han completado los trabajos de construcción de la presa y, en caso contrario, el grado de ejecución de los trabajos y fecha estimada para su finalización.

The Catalan Ombudsman has informed the new European human rights commissioner, Dunja Mijatović, and the relevant human rights rapporteurs of the United Nations of the latest arrests of people accused of rebellion and terrorism. It is an operation coordinated by the Spanish National Court for the road cuts and the lifting of tolls in highways carried out two weeks ago. The Catalan Ombudsman reminds that freedoms of expression, assembly and demonstration constitute fundamental rights protected by the highest national and international legal norms and, although these freedoms are not absolute, their limits must be based on the law, pursue legitimate aims and be proportional.

The actions legally pursued in this case by the Spanish National Court shall be considered prima facie as an expression of public liberties legally protected. If, in the course of exercising these freedoms, the constitutional and statutory limits of the rights in question have been exceeded and acts of public disorder have been committed, the actions must be pursued proportionally. The classification of these facts (cutting roads and lifting tolls in highways) as rebellion or terrorism is manifestly disproportionate, contrary to the principle of legality and apparently aimed at the dual objective, on the one hand, of criminalizing the protest and causing a dissuasive effect in the face of future mobilizations; and, on the other, of allowing the Spanish National Court to assume the instruction of facts that, according to the principle of judge determined by law, correspond to the courts of instruction of the territories where they were committed.

El Síndic ha puesto en conocimiento de la nueva comisaria europea de derechos humanos, Dunja Mijatović y de los relatores competentes en materia de derechos humanos de Naciones Unidas las últimas detenciones de personas acusadas de rebelión y terrorismo. Se trata de una operación coordinada por la Audiencia Nacional por los cortes de carretera y el levantamiento de barreras de los peajes llevados a cabo hace dos semanas. El Síndic recuerda que las libertades de expresión y de manifestación constituyen derechos fundamentales protegidos por las más altas normas jurídicas nacionales e internacionales y que, aunque estas libertades no son absolutas, sus límites deben estar basados en la ley, buscar fines legítimos y ser proporcionales.

Las actuaciones perseguidas en este caso por la Audiencia Nacional se deben considerar prima facie como expresión de libertades públicas legalmente protegidas. Si, en el transcurso del ejercicio de estas libertades, se han traspasado los límites constitucionales y estatutarios de los derechos en cuestión y se han cometido actos de desorden público, se deben perseguir penalmente estos hechos con proporción y mesura. La calificación de hechos de esta naturaleza como rebelión o terrorismo resulta manifiestamente desproporcionada, contraria al principio de legalidad y dirigida aparentemente al doble objetivo, por un lado, de criminalizar la protesta y provocar un efecto disuasorio de cara a futuras movilizaciones; y, por el otro, de permitir a la Audiencia Nacional asumir la instrucción de unos hechos que, en virtud del principio de juez predeterminado por la ley, correspondería a los juzgados de instrucción de los territorios donde se hubieren cometido.