100.000 aragoneses firmaron por la supresión del impuesto de sucesiones y 300 presentaron queja sobre la organización de la jornada escolar
La Institución atendió 3.010 personas
Las actuaciones de oficio ascendieron a 169
Durante el año de 2017, el Justicia de Aragón tramitó 2.938 quejas frente a las 2.906 que se instruyeron el pasado año, la cifra más elevada de la historia de la Institución que sumó un crecimiento del uno por ciento, al del 27 por ciento del año 2016.
Se dictaron 367 Sugerencias, Recomendaciones y Recordatorios de Deberes Legales, mientras que en 2016 fueron 397. Por provincias, en Zaragoza se recibieron 2.217 quejas, en Teruel 149 y en Huesca, 215. El resto de quejas, hasta el total de las recibidas, corresponden a quejas de procedencia indeterminada y a expedientes de oficio, que ascendieron a 169, un 32% más que en 2016.
Son datos muy similares a los del año anterior, que reflejan que la actividad de la Institución y la confianza que los ciudadanos depositan en ella se ha mantenido y en algunas áreas como en Hacienda, se ha incrementado, a tenor de las 100.000 firmas presentadas contra los impuestos de sucesiones y de plusvalía municipal, que se tradujeron en un incremento de quejas en dicha área del 400%, pasando de 187 en 2016, a 942 en 2017.
El área de Hacienda, que en número de quejas encabeza la estadística de 2017, ocupa el segundo puesto en cuanto a las resoluciones dirigidas a la Administración, 68 frente a las 57 del año anterior, de las cuales, a día de hoy, aún está pendiente de respuesta el 35%. En cuanto a las quejas, la mayor parte de las 942 recibidas, reclamaban la supresión del Impuesto de Sucesiones en Aragón y la modificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía.
En relación con el primero, El Justicia sugirió al Gobierno de Aragón que se planteara reducir su carga fiscal, aumentando las bonificaciones y exenciones fiscales para que fuera menos gravoso, sin perjuicio de que también instara Gobierno Central la modificación de la norma del Impuesto con el fin de garantizar idéntico tratamiento en todo el Estado. Respecto al segundo, en la línea expuesta por el Tribunal Constitucional en Sentencia de febrero de 2017, El Justicia sugirió a los principales ayuntamientos de la Comunidad que permitiesen al contribuyente acreditar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos sometidos al gravamen, con el fin de no tener que pagar la plusvalía.
También, el área de Educación experimentó un ascenso en el número de quejas debido a las más de 300 relacionadas con el proceso de elección de jornada escolar y a la treintena recibidas con posterioridad al anuncio del Gobierno aragonés de suprimir aulas en colegios concertados.
Este área atesoró el mayor número de Sugerencias y Recomendaciones, 71, de las cuales, han sido aceptadas el 44%. El elevado número de resoluciones tiene relación directa con el volumen de quejas presentadas, 557, el 19% del total de las recibidas. En número, destacan las referidas a la organización de la jornada escolar. En este punto, El Justicia sigue manteniendo que se atienda prioritariamente a los intereses y necesidades de los alumnos; que la decisión sobre la jornada, se realice con el consenso de todos los componentes de la comunidad educativa, evitando enfrentamientos entre los distintos sectores y teniendo presente que han de quedar garantizadas la equidad y la igualdad de oportunidades; que se asegure la continuidad del servicio de comedor escolar en los Centros que lo venían prestando, y que el Centro, oferte actividades gratuitas fuera del horario lectivo, durante un período de tiempo de igual duración que el período intersesiones de la jornada partida, aun cuando las citadas actividades sean voluntarias para los alumnos. Además, El Justicia ha sostenido que, si bien las normas que rigen el proceso de escolarización en nuestra Comunidad no lo recogen, la Administración educativa debería tomar en consideración el tipo de jornada escolar elegido por las familias a la hora de adjudicar una plaza a los alumnos.
Por otro lado, el anuncio del la supresión de aulas en la escuela concertada promovió una Sugerencia del Justicia de Aragón dirigida a la Administración educativa, que no fue aceptada, para que mantuviese las aulas hasta el final del proceso de escolarización con el fin de atender la demanda de los centros afectados.
También, referidas al proceso de escolarización, se detectaron quejas por la falta de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) en los barrios del Sur de Zaragoza y en relación con ello, pero no exclusivamente, se dictaron Sugerencias con el fin de flexibilizar la ratio de alumnos por aula, allí donde pequeñas variaciones permitirían que todos los escolares tuvieran plaza en el colegio elegido en primera opción.
La falta de plazas para atender la demanda en las Escuelas infantiles (de 0 a 3 años) y la necesidad de que éstas amplíen su horario, fue otro motivo de queja ciudadana que encontró apoyo en la Institución. Para El Justicia, Fernando García Vicente, las guarderías públicas son un factor importante para avanzar en la igualdad efectiva de la mujer y en la conciliación familiar.
En 2017, por cuarto año consecutivo, descendieron las quejas en el área de Asistencia Social, que pasaron de 238 de 211. Siguió notándose un descenso de las reclamaciones referidas al Ingreso Aragonés de Inserción (33, frente a 49) y a la aplicación de la Ley de la Dependencia (24 frente a 31) En opinión del Justicia de Aragón, la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales tramitó con agilidad los expedientes, lo que repercutió de forma positiva en el ciudadano y por consiguiente en la actividad de la Institución, que en 2017, dictó 24 resoluciones, cifra similar a la del año anterior pero alejada de las más de cien resoluciones dictadas por año entre 2013 y 2105.
El Empleo Público en la Comunidad Autónoma motivó el año pasado 35 sugerencias, de las que han sido aceptadas la mitad y se han quedado sin respuesta el 20%. En éste área se tramitaron 120 expedientes, la mitad sobre diferentes situaciones relacionadas con el acceso a la función pública. Particular relevancia han tenido los expedientes tramitados en relación con el acceso de personas con discapacidad al empleo público, en concreto, en lo que atiene a la adaptación de los procesos a las circunstancias específicas del aspirante, al objeto de hacer efectivo el derecho de acceso al empleo público de dicho colectivo en condiciones de igualdad. Asimismo, la Institución se ha mostrado firme en la Recomendación de reducir el número de personal interino al servicio de la Administración, con la consiguiente convocatoria de los procesos de selección de personal necesarios, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Los expedientes relacionados con Medio Ambiente se incrementaron un 42%, pasando de 99 a 141. Este incremento descansa en la apertura de 50 expedientes de oficio, con el fin de profundizar en las medidas adoptadas por los Ayuntamientos de la Comunidad para combatir el ruido procedente de actividades molestas que impide el derecho al descanso de los vecinos. Con este propósito, la Institución se interesó por los sonómetros que se emplean y cómo se gestiona su uso por parte de las personas autorizadas, entendiendo que el ciudadano denunciante no debería verse afectado por particularidades en la organización de las mediciones. En relación con las molestias por ruido, también se tramitaron quejas referidas a la actividad de terrazas y veladores, en las que además, se analizó la aplicación de la normativa sobre ocupación máxima de acera y espacio libre.
En 2017, también aumentaron los expedientes referidos a Cultura y Patrimonio debido a las 19 quejas que mostraban disconformidad con la retirada de la estatua del Sagrado Corazón del castillo de Monzón. A la vista de la documentación recabada, se constató que la conveniencia de desmontaje y retirada de la estatua había sido decisión de la Dirección General del Patrimonio de la Administración del Estado, por lo que los expedientes de queja se remitieron al Defensor del Pueblo.
El área de Sanidad presentó en 2017 una actividad muy similar a la del año anterior, tanto en número de quejas (143 frente 135) como de Sugerencias (13 frente a 15) Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas especializadas, continuaron siendo motivo principal de preocupación ciudadana. A este respecto, El Justicia de Aragón ha reiterado la importancia de que el ciudadano sepa, al menos, cuándo le van a atender con el fin de reducir su incertidumbre.
El Informe del Justicia hace hincapié en las quejas referidas a las lista de espera en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, en particular.
Los problemas para contratar especialistas en los hospitales periféricos de Comunidad Autónoma también han sido analizados por la Institución, que ha insistido en la necesidad de establecer incentivos para estas plazas de difícil cobertura.
Por otro lado, y en respuesta a una Sugerencia del Justicia de Aragón en la que se pedía la mejora de la atención bucodental para las personas con discapacidad, mayores de 16, la Administración sanitaria se comprometió a la creación de una Unidad de Atención Bucodental para discapacitados. Las carencias para este grupo de personas habían sido puestas de manifiesto en reiteradas ocasiones por los colectivos afectados y por el propio Justicia, en relación con las personas sordo-ciegas y con trastornos del espectro autista. El requerimiento específico de la anestesia o sedación conlleva un encarecimiento considerable en las intervenciones y El Justicia de Aragón entiende que las personas con discapacidad no pueden verse privadas de un tratamiento sanitario por carecer la familia de recursos económicos suficientes que le permitan afrontarlo.
En Urbanismo, los expedientes descendieron en 2017, pasando de 110 a 62, debido en parte a la reducción de la actividad de oficio orientada en 2016 a supervisar el cumplimiento de las normas de supresión de barreras arquitectónicas y que en 2017 ha estado dirigida fundamentalmente en dos frentes ya señalados: conocer la actuación de los ayuntamientos respecto a la sentencia del TC sobre la plusvalía municipal anteriormente, y recabar información sobre el procedimiento empleado para la medición de ruidos procedentes de actividades molestas.
Las quejas del área de Servicios Públicos descendieron ligeramente y las Vivienda, se mantuvieron en cifras similares; de estas últimas, se desprende la carencia de Vivienda de Protección Oficial en régimen de alquiler, una necesidad que la Institución ya ha trasladado a las administraciones competentes.
En términos generales, el porcentaje de Resoluciones del Justicia aceptadas por las distintas Administraciones en 2017 fue del 50%, una cifra que puede verse incrementada próximamente porque están pendientes de respuesta 37 resoluciones. Las Sugerencias rechazadas fueron 80, el 13% del total, y no obtuvieron respuesta 37, el 11% del total.
Comparando estas cifras con las del año 2016, se aprecia un ligero incremento en las Sugerencias y Recomendaciones sin respuesta (del 8 al 11 por ciento), lo que unido a la falta de contestación en al fase de tramitación de los expedientes, invita a recordar a las Administraciones públicas aragonesas que su colaboración con el Justicia, más allá de un deber legal, es un ejercicio de transparencia, de madurez democrática, de buen gobierno y, sobre todo, de respeto a las personas que hacen uso de los recursos públicos en la defensa de los derechos y libertades reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
En todo caso, si a las Sugerencias aceptadas, sumamos los asuntos solucionados por la mediación del Justicia, los expedientes resueltos tras facilitar al ciudadano la información precisa y las quejas en las que no se detectó irregularidad y así se le hizo saber al ciudadano, el pasado año la Institución contribuyó a resolver 2.432 asuntos.
El número de quejas recibidas por correo electrónico continua al alza, tanto así, que en los últimos diez años, esta cifra se ha incrementado un 240%, pasando de los 551 correos electrónicos recibidos en 2007, a los 1.872 del pasado año, Aún así, se han recibido 744 comparecencias personales en las oficinas de Zaragoza, Huesca y Teruel a las se suman las entrevistas personales del Justicia con motivo de las visitas a las Comarcas.
También de oficio y en forma de Informe Especial, la Institución impulsó el pasado año la elaboración del Informe titulado “La despoblación en Aragón 2000-2016: tendencias, datos y reflexiones para el diseño de políticas” Por otro lado, el Informe anual que hoy se ha entregado, incluye el Informe sobre la situación de los menores en Aragón que valora la actuación de las entidades públicas en el ejercicio de sus competencias de protección de menores.
En cumplimiento de las funciones estatutarias del Justicia de Aragón, relacionadas con la defensa del Ordenamiento Jurídico Aragonés, la Institución organizó en 2017 los Vigésimo séptimos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés y editó cuatro libros sobre la materia, además de las numerosas conferencias pronunciadas por el titular en diferentes foros.
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