Ce mercredi 21 mars 2018, à l’invitation du Président de l’AOMF, Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un groupe de travail s’est réuni à Bruxelles, dans les locaux des Médiateurs fédéraux.

Cette réunion s’inscrit dans la poursuite de la réflexion initiée en mai 2017, à Rabat (Maroc), lors du séminaire « Vers un guide de déontologie pour les médiateurs et leurs collaborateurs ». Celui-ci  s’était tenu en marge du conseil d’administration de l’association, rassemblant médiateurs et collaborateurs issus de 22 pays différents.

L’objectif poursuivi par l’AOMF et ses membres de se doter d’un tel outil se veut être une réponse aux questions actuelles de notre société. En effet, nos citoyens réclament plus de transparence sur le fonctionnement des institutions publiques. Réfléchir, ensemble, aux questions de déontologie à partir d’une évaluation et d’une prise en compte des attentes de la société envers les médiateurs semble donc être un point d’attention particulier  pour la communauté des Médiateurs et Ombudsmans.

Le groupe de travail, composé des Médiateurs fédéraux, de la Wallonie/Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), de l’Ombudsman de Montréal, du Médiateur du Maroc, de la Haut-Commissaire à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation (Monaco) et de représentants du Médiateur du Mali, ont ainsi fait la synthèse des débats et avis formulés à Rabat sur la déontologie qui a été abordée de manière positive afin que soient réaffirmées, à la fois, des valeurs fondatrices communes à la fonction de médiateur, des principes préventifs, des qualités personnelles et des réponses aux attentes du public.

A l’issue de cette rencontre, tous se sont accordés sur un texte qui sera présenté et validé par le prochain conseil d’administration de l’AOMF en mai prochain avant d’être proposé à l’assemblée générale de novembre 2018, à Bruxelles, qui marquera les 20 ans de l’association.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, entregará el próximo martes, 3 de abril, a la Presidenta de las Cortes, Violeta Barba, el Informe de Actividad de la Institución correspondiente al año 2017.
El acto de entrega tendrá lugar en el despacho de la Presidencia del Palacio de La Aljafería a las a las 13,00 horas. Los medios de comunicación gráficos podrán tomar imágenes de la entrega. A continuación, El Justicia de Aragón comparecerá en la sala de prensa del Parlamento aragonés para explicar el contenido del informe.
Durante el año de 2017, el Justicia de Aragón tramitó 2.938 quejas, la cifra más elevada de la historia de la Institución, que sumó un crecimiento del uno por ciento, al del 27 por ciento del año 2016.Se dictaron 367 Sugerencias, Recomendaciones y Recordatorios de Deberes Legales.

Ante la investigación iniciada en Italia contra las personas que integran la organización humanitaria Proactiva Open Arms, con sede en Cataluña, el Síndic considera que la interpretación de los hechos que se está realizando es absolutamente perversa y contraria al principio fundamental de la Unión Europa de respeto de los derechos humanos.

Por este motivo, el Síndic ha solicitado la intervención del Estado español por medio de una carta enviada al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.  En su escrito, el síndic le insta a adoptar las medidas oportunas para defender los derechos en riesgo de las personas miembros de Open Arms implicadas en este caso por haber favorecido, supuestamente, la inmigración clandestina al negarse a entregar a Libia a 218 personas rescatadas en aguas internacionales. El Síndic se ha dirigido, además, al Defensor del Pueblo, para pedirle que, dadas sus competencias, actúe de oficio y supervise la actuación de la Administración del Estado.

En cuanto al Ministerio de Exteriores, también le ha reclamado que, en el marco de la Unión Europea, intervenga para que se aclaren y se delimiten los comportamientos punibles como tráfico de personas de manera diferenciada a las actuaciones que tienen el objetivo de defender a los derechos humanos.

Sobre esta cuestión, a raíz de una intervención del Ararteko, los ombudsmans asistentes a la jornada de ámbito europeo sobre derechos humanos y retos, organizada por el Síndic en Barcelona en el año 2017, acordaron exigir a los estados de la Unión Europea que la asistencia humanitaria a personas migrantes y refugiadas fuera excluida de la persecución penal prevista para el tráfico de personas. En esta situación también se ha encontrado la activista Helena Maleno, del colectivo “Caminando Fronteras”, que lleva a cabo su actividad en Marruecos.

La asociación Proactiva Open Arms se creó en el mes de septiembre de 2015 con el objetivo de suplir la inacción de los gobiernos miembros de la Unión Europea frente a la necesidad de abordar los movimientos migratorios desde el respeto de los derechos humanos. Su misión es llevar a cabo las tareas de salvamento de las personas que intentan cruzar el Mediterráneo para huir de las situaciones de conflicto armado en Oriente Medio y en el Norte de África. En este sentido, en opinión del Síndic resulta inexplicable que la actuación de la ONG se vincule a las mafias que trafican con seres humanos.

En su escrito el Síndic también argumenta que las leyes del Mar obligan  a cualquier embarcación a rescatar a las personas que naufragan en aguas internacionales. Además, el derecho internacional prohíbe el refoulement (devolución) de personas a países en que pueden ser perseguidas por motivos de discriminación.

En una declaración del año 2015, el Síndic ya evidenciaba que para evitar tragedias como la de Lampedusa, todos los gobiernos implicados y la Unión Europea deberían destinar más recursos y aplicar las medidas adecuadas. Asimismo recomendaba que se impartiera pedagogía y se sensibilizase a la ciudadanía y a la opinión pública del drama que existe tras los fenómenos de la inmigración. Además, pedía directamente a las instituciones de defensa de derechos su implicación para aportar soluciones y prevenir tragedias futuras, y para poner fin a las causas de la tragedia humanitaria.