Santa Cruz de La Palma, 6 de marzo de 2018.- Técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo se desplazaron recientemente a la isla de Tenerife para realizar una serie de visitas, sin previo aviso, a diferentes instalaciones que atañen a su ámbito de competencia acompañados por personal del Diputado del Común. En concreto, acudieron entre el 28 de febrero ...

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The Local Government and Social Care Ombudsman has commented on the Government's response to the Competition and Markets Authority's (CMA) recent report on care homes.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman said:

“We are pleased the Government’s response acknowledges the work both we and Healthwatch England are doing through the Quality Matters initiative to improve complaints handling within the sector.

“Comments, compliments and complaints can be an invaluable tool for those care providers who understand the positive impact feedback can have on improving the services they provide.

“This is why we continue to advocate the benefit of statutory signposting to us, and would now urge the Government to commit to this step at the earliest possible legislative opportunity.

“The CMA’s report also highlights the need for providers to give residents and their families clarity about their prices and terms and conditions at the outset when signing contracts. Our recent guidance on Funded Nursing Care payments, and contracts which involve those payments, echoes this message.”

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido hoy en la Comisión de Políticas Sociales y Familia en la Asamblea de Madrid para explicar las quejas que recibe la Institución sobre el funcionamiento y la situación de las residencias para mayores en la Comunidad de Madrid.

El Defensor ha pedido revisar los estándares y las ratios de personal en estos centros, que en su opinión “no son útiles en este momento” ya que fueron establecidas en 2008 y aunque Madrid los supere siguen sin ser suficientes para lograr una atención de calidad debido a la dependencia creciente de los usuarios. Además, ha reclamado mayor financiación y más medios para mejorar la atención a las personas mayores.

Fernández Marugán ha destacado que en los últimos años se ha producido un aumento de quejas sobre las residencias en la Comunidad de Madrid. Así, ha explicado que usuarios, familiares y trabajadores denuncian insuficiencia de plazas, pérdida de calidad en la atención y escasez de personal y medios.

En 2017, la Institución ha iniciado varias actuaciones motivadas por reclamaciones firmadas por numerosas usuarios, familiares y/o trabajadores de distintas residencias públicas y privadas de la Comunidad de Madrid y también ha realizado actuaciones de oficio.

Tras iniciar estas actuaciones el Defensor ha pedido al Gobierno regional que estudie y mejore las ratios de personal de atención directa por usuario, teniendo en cuenta las categorías, los turnos y los grados de dependencia de los usuarios, y que adopte medidas a corto y medio plazo para lograr una atención centrada en la personas y en sus derechos.

El Defensor del Pueblo ha señalado que la Comunidad de Madrid “cuenta con un número elevado de personas en situación de dependencia y que tienen reconocido el servicio de atención residencial pero no pueden acceder al mismo por falta de plazas”.

De acuerdo con los informes remitidos por la Consejería de Política Social y Familia, la lista de espera para el acceso a una residencia en julio de 2017 era 6.839 con dicha prestación reconocida como la más adecuada para atender su situación, aunque 4.718 tienen reconocido otro servicio o prestación de manera transitoria hasta que acceden a la plaza residencial pública o concertada. Por ello, Fernández Marugán ha reclamado una mejora de la financiación de este servicio y ha asegurado que hará un seguimiento de las previsiones de reducción de las listas de espera en 2018.

El Defensor ha finalizado su comparecencia recordando que la Institución mantiene abierta una actuación de oficio con todas las Comunidades y ciudades autónomas para examinar las características y dotación de las residencias de mayores y detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.