El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido hoy en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo Congreso y Senado para informar sobre la postura de la Institución ante la llegada de pateras al arco mediterráneo, la situación de los presos españoles en el extranjero y los anuncios de prostitución en medios de comunicación.
Francisco Fernández Marugán ha reclamado un protocolo de intervención para mejorar la primera acogida y asistencia de las personas que llegan a las costas españolas en situación irregular. En su opinión, la respuesta que está dando España es insuficiente a pesar de los más de 30 años transcurridos desde la primera llegada de una patera. “España debe estar preparada para poder realizar en condiciones dignas y con garantías el rescate, acogida y cuando resulte posible, devolución de estas personas”, ha apuntado.
En 2017, la Institución ha comprobado las condiciones en las que se producía la asistencia y primera acogida de personas que entraron irregularmente por Algeciras, Málaga, Motril, Almería, Cartagena y Murcia y ha concluido que estas dependencias son inadecuadas.
Para el Defensor es inadmisible que en 2017 se pueda presenciar, entre otras cosas, a madres con bebés en calabozos, a menores no acompañados encerrados en celdas, a hombres durmiendo en el suelo o lugares dónde no existe la calefacción a 20 metros del mar.
Por este motivo, Fernández Marugán ha propuesto en la Comisión algunas ideas para diseñar un nuevo sistema de primera acogida. Así, considera clave que se establezca un protocolo de intervención que contemple infraestructuras idóneas, medios humanos especializados y criterios de colaboración y coordinación entre administraciones, organizaciones internacionales y sociedad civil.
Además, considera imprescindible contar con un catálogo de infraestructuras próximas que puedan activarse de forma inmediata independientemente del punto por el que se produzca la entrada de personas en situación irregular, en vez de instalaciones fijas en cada lugar.
Al tratarse de una realidad cambiante, apuesta por contar con unos equipos multidisciplinares móviles con capacidad de despliegue, en lugar de grupos permanentes sobre el terreno para realizar la identificación de personas en situación de especial vulnerabilidad (menores no acompañados, víctimas de trata o solicitantes de asilo y protección internacional). Para realizar con garantías un triaje social y jurídico, en estos equipos deberían colaborar fuerzas y cuerpos de seguridad, personal dependiente de la Secretaría General de Inmigración, de la Oficina de Asilo y Refugio y de las administraciones autonómicas y locales, en colaboración con organizaciones internacionales, entidades sociales y colegios de abogados.
CP Málaga II (Archidona) en funciones de CIE de carácter temporal
Durante su comparecencia, Fernández Marugán también se ha referido a la actuación de la Institución tras el internamiento de un grupo de más de medio millar de hombres de origen argelino en el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) en funciones de CIE de carácter temporal que llegaron de manera irregular a las costas de Murcia.
El Defensor hizo un seguimiento exhaustivo desde que se tuvo conocimiento de su utilización. Estas instalaciones fueron visitadas en dos ocasiones por personal de la Institución en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Además, técnicos de la Institución fueron testigos de la devolución de un grupo de estas personas por vía marítima a Orán (Argelia).
Tras la primera visita en la que detectaron numerosas carencias, el Defensor formuló diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía para que las personas allí internadas gozaran de los mismos derechos y garantías que en un CIE.
Fernández Marugán también se ha referido a la muerte del interno Mohamed Bouderbala en las instalaciones de Archidona. Así, ha cuestionado la forma en la se realizó el aislamiento de este ciudadano argelino y ha asegurado que un CIE no puede ser un lugar dónde los internos autogestionen la ocupación y distribución de las celdas, sin que los efectivos policiales accedan a las galerías por las noches, algo que ocurría en Archidona.
En este sentido, ha anunciado que ha pedido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras los resultados de la investigación administrativa relativa al fallecimiento del interno, independientemente de la penal iniciada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Archidona.
Presos españoles en el extranjero
Los presos españoles en el extranjero son un colectivo al que la Institución históricamente ha prestado una atención especial. Fernández Marugán ha explicado que el Defensor trabaja para que reciban la atención consular adecuada y sean repatriados a España para cumplir condenas cercanas a su entorno familiar y en centros penitenciarios con mejores condiciones.
En 2015 la Institución presentó el estudio La situación de los presos españoles en el extranjero con numerosas recomendaciones para mejorar la situación de estas personas. El Defensor ha destacado la recomendación formulada al Ministerio del Interior para aprovechar los vuelos de repatriación de personas extranjeras que realiza España para recoger a presos españoles a los que se les ha concedido cumplir el resto de su condena en España.
Fernández Marugán ha apuntado que, además, en estos vuelos también se ha traído de vuelta a españoles en situaciones de extrema pobreza.
Anuncios de prostitución
El Defensor se ha referido al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para recordar que en él se señala específicamente la publicidad del negocio de la prostitución en los medios de comunicación escrita y se aboga por su prohibición. Para la Institución la prohibición de estos anuncios es una medida necesaria que contribuirá a la lucha contra la explotación de la mujer.
Fernández Marugán también es partidario de perseguir la publicidad de prostitución en redes sociales y los panfletos anónimos que se distribuyen en las calles de muchas ciudades. En su opinión, hay que intensificar la vigilancia de contenidos sexistas, denigrantes o discriminatorios.
El Defensor ha mostrado su compromiso en la lucha contra todas las formas de violencia hacia la mujer y ha asegurado que la Institución hará un seguimiento del Pacto de Estado.
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