Nella seduta del 22 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni volte a riformare l’ordinamento penitenziario, in attuazione della legge sulla riforma della giustizia penale (legge 23 giugno 2017, n. 103).

Dal comunicato stampa diramato dallo stesso Consiglio dei Ministri si apprende che "il provvedimento è volto principalmente a rendere più attuale l’ordinamento penitenziario previsto dalla riforma del 1975, per adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza di Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corti europee, e mira in particolare a:

• ridurre il ricorso al carcere in favore di soluzioni che, senza indebolire la sicurezza della collettività, riportino al centro del sistema la finalità rieducativa della pena indicata dall’art. 27 della Costituzione;
• razionalizzare le attività degli uffici preposti alla gestione del settore penitenziario, restituendo efficienza al sistema, riducendo i tempi procedimentali e risparmiando sui costi;
• diminuire il sovraffollamento, sia assegnando formalmente la priorità del sistema penitenziario italiano alle misure alternative al carcere, sia potenziando il trattamento del detenuto e il suo reinserimento sociale in modo da arginare il fenomeno della recidiva;
• valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria, ampliando lo spettro delle sue competenze.

Il testo è suddiviso in 6 parti, corrispondenti ad altrettanti capi, dedicate alla riforma dell’assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti, all’eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria".

Lo schema di decreto legislativo è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), o), r), s), t), u) e v), della legge 23 giugno 2017, n. 103.

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Risorse.

• Governo italiano. Comunicato stampa del 22 dicembre 2017
• Legge 23 giugno 2017, n. 103. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

Durante el año 2017 ha visitado 44 centros, 7 de ellos penitenciarios

Los niños y adolescentes de un centro de justicia juvenil visitado denuncian un uso excesivo de la fuerza en las contenciones

Es preciso garantizar la asignación de un profesional referente a los niños tutelados

Falta un acuerdo entre los Mossos y las policías locales para que la visita médica recupere su sentido como derecho de la persona detenida

El MCPT ha pedido colaborar en la formación del personal de las fuerzas y los cuerpos de seguridad en lo concerniente al Protocolo de Estambul.

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT), encabezado por el síndic, Rafael Ribó, y el adjunto general, Jaume Saura, ha presentado en el Parlamento, este jueves 28 de diciembre, su Informe anual correspondiente al año 2017. El documento es el séptimo que entrega a la Cámara desde que la institución recibió el mandato de ejercer las funciones de prevención y detección de la tortura en Cataluña de acuerdo con el protocolo de la ONU.

Durante el año 2017 se han llevado a cabo un total de 47 visitas a 44 centros, entre ellas, 9 visitas a 7 centros penitenciarios. En relación a estos, durante las visitas realizadas este año se ha constatado un clamor generalizado acerca de los elevados precios de los economatos. En la misma línea, otra queja recurrente continúa siendo los menús que se ofrecen y las condiciones térmicas en que se sirven.

Respecto a los departamentos de régimen cerrado, se constata la ausencia de intervención en régimen de primer grado y que en algunos centros, como en el de mujeres del CP Ponent, no se cumplen las condiciones estructurales para permanecer tanto tiempo en ellos. Del relato de los internos entrevistados también se confirman los efectos negativos que conlleva este régimen de vida. Por este motivo, será necesario efectuar un seguimiento de la nueva regulación de la aplicación de régimen cerrado impulsada por la Dirección General de Servicios Penitenciarios.

El Informe también plantea algunas recomendaciones derivadas del cierre de 'La Model', decisión que se valora positivamente -a pesar de que falta un centro penitenciario de hombres en Barcelona, así como la de garantizar los derechos adquiridos de los internos que han sido trasladados a otros centros. Asimismo, propone mejorar la accesibilidad de las familias a estos en los nuevos centros. Por último, recuerda que Barcelona debe asumir lo más pronto posible su cuota de responsabilidad en materia de equipamientos penitenciarios.

En cuanto a los centros de niños y adolescentes, se han visitado dos CRAE, un CREI, dos centros de justicia juvenil y las dependencias de la Ciudad de la Justicia. Entre las principales carencias detectadas destacan el estado deplorable de algunas instalaciones, el tratamiento inadecuado de los trastornos mentales y un uso excesivo de la fuerza en las contenciones de uno de los centros de justicia juvenil visitados.

En cuanto a la Ciudad de la Justicia, se reclaman soluciones inmediatas para garantizar la separación de los adolescentes que están en situación de detención y los que deben ser objeto de actuación protectora, y también reclama que no se utilice espacio para estancias más largas que las señaladas.

El Informe dedica un apartado a la situación de los niños tutelados e incluye algunas recomendaciones, como la de mejorar las condiciones laborales y formativas de los educadores a fin de que puedan ejercer su tarea de acompañamiento con más garantías y con suficientes recursos materiales y emocionales. También es importante proteger a los trabajadores que denuncian abusos o malas prácticas.

El Síndic considera que es necesario garantizar la asignación de un profesional referente a los niños tutelados por la DGAIA, puesto que esta garantía va unida a asegurar un espacio de escucha continua al niño o adolescente tutelado, y obedece a la necesidad de conocer el estado real e individual de cada niño o adolescente, cosa que debe permitir tomar decisiones administrativas adecuadas en cada situación y orientadas a cubrir las necesidades propias de cada niño o adolescente.

En lo que atañe a las policías locales, el MCPT es partidario de clausurar de forma inmediata todas las áreas de custodia que vulneren los derechos de las personas detenidas. En cuanto al resto, las autoridades municipales deberían valorar si es eficiente mantener estos espacios y, en la medida en que existan comisarías de los Mossos de Esquadra en la misma localidad o en poblaciones vecinas, abstenerse de abrir nuevas áreas de custodia de policía local.

También recomienda un acuerdo general entre los Mossos y las policías locales para que la visita médica recupere su sentido como derecho de la persona detenida. Sentido que se ha perdido a raíz de la interacción entre policías locales y Policía de la Generalitat y que ha conllevado que el derecho de la persona detenida se haya transformado en un deber y elemento de garantía de los Mossos.

De acuerdo con el Protocolo de Estambul, los reconocimientos médicos se deben efectuar en privado, siguiendo las directrices internacionales en la materia y como con cualquier otro paciente; es decir, sin personal de custodia presente en el área médica ni en las zonas de alcance visual y auditivo. El MCPT ha recomendado reiteradamente la aplicación del Protocolo y manifiesta que no es aceptable el posicionamiento de la Dirección General de la Policía, que argumenta que la presencia policial no conlleva ningún tipo de intervención ni intromisión. Del mismo modo, ha solicitado colaborar en la formación al personal de las fuerzas y los cuerpos de seguridad en lo concerniente al Protocolo de Estambul.

Asimismo, un año más se quiere hacer énfasis en una de las carencias importantes del circuito de custodia policial recogidas en los últimos informes anuales del Mecanismo y que afecta a la interpretación inadecuada de la Directiva europea sobre el derecho a la información de la persona detenida.

VISITAS REALIZADAS POR EL MCPT AÑO 2017

• Comisarías de la Policía de la Generalitat-Mossos de Escuadra: 8
• Comisarías de policía local/municipal o guardia urbana: 21
• Ciudad de la Justicia: 1 (2 visitas)
• Centros penitenciarios: 7 (9 visitas)
• Hospitales penitenciarios: 1
• Centros sociosanitarios: 1
• Centros educativos de justicia juvenil: 2
• Centros residenciales de acción educativa: 2
• Centros residenciales de educación intensiva: 1

The Office of the Ombudsman, represented by its Communications and Research Officer, Mr Jurgen Cassar took part in a study visit organised by the Defender of People of Spain aimed at analysing the situation of minor migrants in Spain.

As part of the visit, the AOM-AOMF Working group had meetings with the Defender of People of Spain Francisco Fernandez Marugan and its officials, Fondation Raices, and the Head of the Minors of the Defender of People of Andalusia. The working group also visited a centre for minors seeking asylum in Madrid managed by Fondation Merced Migraciones. The visit discussed the age assessment method, the processes of minors seeking asylum and the human trafficking.

Representatives from Ombudsman offices from France, Albania, Turkey and Macedonia formed part of the AOM-AOMF working group.

Argumenta que su presencia no es inocua ni para las instalaciones ni para las personas que trabajan allí o las visitan


El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha hecho pública una Sugerencia en la que pide al Ayuntamiento de Zaragoza que reubique la colonia de gatos que actualmente se encuentra en el Teatro Museo Romano de Zaragoza a un espacio distinto del actual y acorde con sus necesidades específicas.

“El Teatro se deteriora por el deambular, vida y actividades rutinarias de estos gatos. Los animales comen, duermen, defecan, juegan... entre los restos arqueológicos y las instalaciones de apoyo que en ellos existen; campan libres y, como animales que son, no entienden de intereses de conservación o preservación de espacios de relevancia para los humanos” Así lo expresa el Justicia de Aragón en un escrito dirigido al Ayuntamiento zaragozano, en respuesta a una queja recibida el pasado mes de marzo.

La Sugerencia del Justicia viene avalada por sendos informes del propio Servicio Municipal de Cultura del Ayuntamiento y del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que alertan de las consecuencias negativas de la presencia de los gatos y que apuntan al traslado de la colonia felina como la única solución viable a esta situación.

De acuerdo con dichos Informes, El Justicia constata en su Sugerencia que la presencia de estos animales en el Teatro, en modo alguno es inocua ni para las propias instalaciones ni para las personas que trabajan allí o las visitan. Por otro lado, recuerda que los gatos han de ser atendidos, vacunados y vigilados y que su presencia en el Teatro ha hecho necesaria la realización periódica de labores de acondicionamiento y mantenimiento que suponen un desembolso económico que anteriormente no era necesario y desincentivan futuros trabajos de restauración.

En definitiva, El Justicia de Aragón sostiene que la presencia de la colonia felina en el Teatro Romano de Zaragoza es incompatible con el resto de usos -señala que se han suspendido visitas por la presencia de los gatos- así como con la protección de un inmueble de gran valor histórico y cultural como es el caso del Teatro Romano de Zaragoza.