La adjunta del Diputado del Común, Milagros Fuentes, y la asesora del área de Menores, María Afonso, se reunieron con el presidente y la coordinadora de Unicef Comité Canarias, Amos García y Rosario Pérez respectivamente, para celebrar la primera mesa de trabajo con la que establecer las líneas de trabajo sobre la situación de la infancia en Canarias.

Entre otros temas, se abordó ...

El Diputado del Común, Rafael Yanes, felicita al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por el preacuerdo al que ha llegado con el Banco Santander para evitar los desahucios previstos en Añaza. De esta forma, el Ejecutivo canario comprará los dos edificios con 358 viviendas en alquiler que están gestionadas por LURI 6, vinculada a la entidad financiera, para que sean puestas en ...

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha expresado su satisfacción ante la reforma de la Ley electoral que el Congreso de Diputados acaba de aprobar y que permitirá que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer su derecho de voto. Hasta ahora no podían votar a raíz de una sentencia judicial sobre incapacitación que les limitaba este derecho.

La participación política de este colectivo ha sido una reivindicación prioritaria del Síndic desde que en el año 2015 la Federación Catalana de la Discapacidad Intelectual (DINCAT) le planteó la cuestión.

El Síndic emitió una resolución en que recomendaba una revisión y una reforma de la legislación para que todas las personas con discapacidad tuvieran el derecho a votar y a participar en la vida pública. También recomendaba que la limitación de los derechos en los procesos de incapacitación fuera aplicada de manera restrictiva, es decir, en proporción a las necesidades de protección de la persona.

En el marco de la actuación de oficio abierta, el Síndic exponía que había 4.000 personas discapacitadas que no podían ejercer su derecho de voto en Cataluña y sugirió a las autoridades catalanas y estatales, por medio del Defensor del Pueblo, que adoptaran medidas para cumplir la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el Estado español en el año 2007 y, por tanto, de obligado cumplimiento. En concreto, estas medidas implicaban que se modificara la normativa electoral a fin de garantizar el voto a las personas con discapacidad.