El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Ministerio del Interior que formule una propuesta al Consejo de Ministros para que realice una declaración general de protección temporal para los ciudadanos venezolanos mientras se encuentren en España.

La Institución ha constatado el elevado número de solicitudes de protección internacional de esta nacionalidad pendientes de resolver y la casi nula tasa de reconocimiento de la condición de refugiado. Según los últimos datos recibidos, el pasado mes de junio estaban admitidas a trámite y pendientes de resolver 17.969 solicitudes de protección internacional de ciudadanos venezolanos y se habían concedido los primeros seis meses de 2018, tres estatutos de asilo y ninguna protección subsidiaria.

En opinión del Defensor, esta realidad exige una respuesta rápida para acabar con la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran muchos ciudadanos venezolanos. Por este motivo, considera que esta solución parece “la más razonable” dada la limitada capacidad de actuación de la Oficina de Asilo y Refugio y el estado de precariedad en el que ya viven muchos venezolanos en España.

Este régimen de protección temporal está previsto para casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en ese país. Tiene una duración de un año prorrogable hasta un máximo de tres.

Con una declaración de protección temporal los ciudadanos venezolanos podrían disfrutar de derechos como libertad de circulación y de residencia, permiso de residencia, autorización de trabajo o acceso a servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos suficientes.

Fernández Marugán recuerda que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ya instó el pasado mes de marzo a los Estados receptores de ciudadanos venezolanos a que “les permitan el acceso a su territorio” y “continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección”. Además, dada la dimensión del problema, Naciones Unidas ha anunciado el nombramiento de un representante especial conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos.

On 2nd October participants of the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) working group on Convention on the rights of persons with disabilities (CRPD) met in Riga hosted by Ombudsman's Office of Latvia. The meeting gathered together participants from many European countries, Armenia and Georgia, as well as representatives from the OHCHR, EU Fundamental Rights Agency (FRA) and European Disability Forum (EDF).

Working group meeting was followed by training for equality bodies and National Human Rights Institutions on engagement of the article 33(2) Independent Monitoring Mechanisms with the UNCRPD Committee and Disabled Persons’ Organisations organized by ENNHRI and European network of equality bodies (EQUINET) on 3-4 October.

The Committee on Petitions each year receives a considerable number of petitions referring to difficulties encountered by people with disabilities in the EU in various fields, such as access to employment, education systems or public transport facilities.

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, organizó la primera conferencia sobre la figura del Diputado de Común ante un grupo de vecinos. Rafael Yanes explicó el papel que desempeña la Institución a favor de los intereses generales de la ciudadanía.