El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, trasladó el pasado mes de junio al Gobierno de la Comunidad de Madrid la necesidad de mejorar la primera acogida de los menores del Centro de Hortaleza.
Desde hace más de dos años la Institución mantiene abiertas diversas actuaciones sobre este centro. Así, técnicos de la Institución lo visitaron en mayo de 2016 y en la actualidad han realizado una nueva visita.
El Defensor ha constatado tras sus actuaciones que la sobreocupación del centro es frecuente y constante, sin que se tengan previstos mecanismos adecuados y rápidos de respuesta en condiciones dignas. Para el Defensor, la saturación de los recursos materiales y la falta de personal pueden estar en la base de algunos conflictos que se producen y explican las demoras en la necesaria valoración individual previa.
En este sentido, ya en junio la Institución pidió a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid información sobre las medidas previstas para evitar la sobreocupación del centro; la proporción de menores de nacionalidad española y extranjera; el número de menores que permanece más de un mes en el centro, indicando esos datos respecto de los menores extranjeros; las limitaciones a las salidas y entradas en caso de conflictos; el acceso a la educación en esta fase; el número de menores que acuden al Centro de Atención a las Adicciones de la zona mientras dura la primera acogida, y la ratio de menores por educador.
Además señaló a la citada Consejería que “la fase de ingreso y valoración en este centro no consigue sus objetivos y no protege bien los derechos de los menores ni resulta adecuada”, ya que su duración es “excesiva” y la escasez de recursos no permite dar una atención individualizada y específica.
En opinión de la Institución, la primera acogida debe atender las necesidades básicas, psicosociales y específicas de todos los menores con alojamiento adecuado y con atención individualizada y adaptada a su perfil, y debe ser ofrecida por profesionales competentes, que tengan la formación y cualificación necesarias.
Por este motivo, el Defensor considera preciso “replantearse cómo se está realizando la primera acogida de los menores y singularmente la de los menores extranjeros no acompañados, con el fin de darles la atención que necesitan, incluida la sociosanitaria, la educativa y de ocio, hasta que sean derivados a recursos más estables”. Así, ha instado al Gobierno regional a crear nuevas plazas, medidas y programas para esa primera fase y para la organización del centro.
Asimismo, destaca que estos niños y niñas deberían pasar el menor tiempo posible en primera acogida y que la evaluación de las necesidades específicas de protección de cada uno durante este tiempo se debe realizar de manera personalizada, lo que incluye su derecho a ser escuchado en un tiempo razonable que no debe demorarse durante varios meses. Ello obliga, a juicio del Defensor, a contar con medios humanos y materiales suficientes que permitan realizar esta evaluación.
En su opinión, el centro de primera acogida debe tener preparados programas de atención y respuesta para el tiempo que dure la evaluación y deben adaptarse a las características y a los perfiles de los niños y niñas atendidos con más frecuencia. Dichos programas deben incluir actividades educativas y de ocio que mantengan ocupados a los menores y contribuyan a evitar conflictos, abandonos del centro y lograr que inicien, en caso necesario, su rehabilitación por consumo de disolvente u otras drogas.
El Defensor del Pueblo recuerda que la Ley de Protección del Menor obliga a la administración autonómica a regular el régimen de funcionamiento de los centros de acogimiento residencial (incluidos los de primera acogida) prestando especial atención a la seguridad, sanidad, accesibilidad para personas con discapacidad, número, ratio y cualificación profesional del personal, proyecto educativo, participación de los menores en su funcionamiento interno y demás condiciones que aseguren sus derechos.
Date of article: 25/09/2018
Daily News of: 25/09/2018
Country: 
United Kingdom
- England
Author:
Article language: en
South Gloucestershire Council has been asked to apologise to an elderly couple after deciding they deliberately deprived themselves of capital in order to reduce the husband’s care costs.
The Local Government and Social Care Ombudsman has found the council did not take into consideration all the relevant facts when it decided the couple had deliberately deprived themselves of their assets.
An Ombudsman’s investigation found the council did not fully explore the reasons why the couple had transferred money to their daughter and son-in-law, before reaching its decision, and did not provide the couple with the reasons for its decision
The investigation also found the council did not carry out a financial assessment in line with the Care Act, Ombudsman Michael King, said:
“The guidance says people should be treated with dignity and are free to spend their income as they see fit – including, in this case, making a similar gift to one daughter as they have done previously for their other adult children.
“The council’s actions have caused this family additional stress and worry, at a time when the wife was already faced with the emotional trauma of placing her husband into a nursing home.
“South Gloucestershire Council now needs to consider our report and consider what action it will take.”
The husband, who has a number of health conditions including Parkinson’s Disease and dementia, had been living with his wife in their family home. Over the years the family had spent significant sums to adapt the home and garden to ensure he could remain there for as long as possible.
In the 1980s and 1990s the couple gave three of their children help to purchase their houses. Their fourth had been living in tied accommodation to her husband’s job, and so had not needed help to buy until he retired.
The husband’s condition deteriorated at the same time as the couple’s daughter needed help to buy a house.
He was placed in a nursing home and a financial assessment of the couple took into account the money they had recently given to their daughter and son-in-law. This meant they had to pay the full cost of his care, which they said they could not afford.
The Local Government and Social Care Ombudsman’s role is to remedy injustice and share learning from investigations to help improve public, and adult social care, services.
In this case the council should apologise to the family and pay the wife £250 to recognise the distress the situation has caused her. It should also review its decision that the couple deprived themselves of capital to avoid care charges, after first giving the wife the chance to provide further evidence to support her case.
It should give the wife a properly reasoned decision showing the evidence it has considered in accordance with statutory guidance.
The Ombudsman has the power to make recommendations to improve a council’s processes for the wider public. In this case the council should review its current procedures and guidance for staff on how to deal with cases where deprivation of capital may have occurred. It should also ensure financial assessments are carried out at the correct time.
Article date: 25 September 2018
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