Ante la llegada creciente de adolescentes migrantes no acompañados y la falta de recursos disponibles, el Síndic insiste en la necesidad de habilitar nuevos espacios que funcionen como centros de emergencia, con la imprescindible colaboración de todas las administraciones implicadas, tanto los distintos departamentos de la Generalitat de Catalunya como los ayuntamientos y la Administración del Estado.  Estas administraciones disponen de espacios que, de manera excepcional i temporal, pueden ceder a la DGAIA  a fin de dar respuesta a esta situación.

El Síndic reitera que, además, este fenómeno está generando un impacto negativo sobre el conjunto del sistema de protección.  En 2016 el Síndic ya alertó sobre la sobreocupación de los centros de primera acogida y de acogimiento existentes. La falta de plazas suficientes en dichos centros, a pesar del aumento de recursos, ha comportado que se destinen plazas de CRAE o CREI, no pensadas para esta función, a la primera acogida de adolescentes migrantes no acompañados.

Esta situación no solo supone un alteración del normal funcionamiento de estos centros y un perjuicio a la atención que se presta a los adolescentes no acompañados por parte de servicios que desarrollan funciones para las que no están destinados, sino que también afecta la calidad de la acción protectora que se dispensa al resto de menores residentes, tutelados por la Administración.

El Síndic recuerda también que muchos de estos jóvenes están pendientes de que el Ministerio Fiscal determine su edad, lo que podría indicar que algunos de ellos son mayores de edad. Esta circunstancia entra en contradicción con la necesidad de preservar del acogimiento de personas adultas los centros residenciales destinados a menores. La atención inmediata se debe prestar en otros recursos especializados de emergencia.

Con relación a la comunicación enviada por la DGAIA a los centros, el Síndic cuestiona la conveniencia de atender durante horas a los adolescentes recién llegados no acompañados en comisarías de los Mossos d'Esquadra. Alerta també sobre la inadecuación que supone para el sistema trasladar a estos jóvenes a centros de protección que ya tienen cubiertas sus plazas o que, en muchos casos, presentan situaciones de sobreocupación, sin una adecuada derivación.

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, se reunirá mañana con las diversas administraciones y agentes sociales que trabajan de forma amplia en materia de mayores para la puesta en común de las líneas de actuación en las que se viene trabajando por todos ellos en la soledad no elegida.

El Justicia quiere abrir vías de actuaciones futuras coordinadas, en pos de lograr una mejor y eficaz atención ante situaciones como las que están detrás de los fallecimientos en soledad en particular y el bienestar de nuestros mayores en general.


La mesa de trabajo se celebrará mañana día 21 de septiembre a las 10:00 horas en la biblioteca de la Institución.

Las entidades que han confirmado su asistencia son:


DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES

JOAQUÍN SANTOS
Gerente IASS

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

PABLO MARTINEZ
Director General de Derechos y Garantías de los Usuarios

MARISA ALIAGA
Asesora Técnica


MARIA LUISA BROTO BERNUES
Consejera de Derechos Sociales
Ayuntamiento de Zaragoza


JESÚS LÁZARO
Director Gral Servicios Sociales
Ayuntamiento de Teruel


IRENE GALLEGO
Responsable de Área Bienestar Social
Ayuntamiento de Calatayud


MARIA ROSA MAGALLON BOTAYA
Concejala de Acción Social
Ayuntamiento de Utebo


MARIA JOSÉ GRANDE MANJÓN
Concejala de Servicios Sociales
Ayuntamiento de Barbastro


SUSANA BLANES FORNS
Concejal De Régimen Interior y Atención a las Familias
Ayuntamiento de Fraga


CONSEJO ARAGONÉS DE PERSONAS MAYORES
(COAPEMA)
Francisco Javier Iriarte – Presidente
Teodoro Corchero – Vicepresidente


COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE ARAGÓN
Cristina Sola
Vicepresidenta


COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN
Miguel Ruiz Lizondo
Presidente


ASOCIACION SENIORS EN LA RED
Rosa Plantagenet-Whyte Pérez


ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES EN SERVICIOS SOCIALES
Gustavo García


FUNDACIÓN LA CARIDAD
Daniel Gimeno Gandul
Director Gerente


INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE ARAGÓN
Eduardo Murcia Sáiz
Director


TELEFONO DE LA ESPERANZA
Alberto Hernández Díaz
Presidente



ASOCIACIÓN ARAGONESA DE GERIATRIA
Ana López Martínez



ONCE
Cristina Robles
Jefa de los Servicios Sociales


CARITAS ARAGÓN
Carlos Sauras


COLEGIO DE FARMACÉUTICOS
Andrés Garde Erikson
Vicepresidente


CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE ARAGÓN
Manuel Arnal
Luisa Gracia


FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS
Martín Nicolás Bataller
Secretario General


COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA DE ARAGÓN
Mª Rosario Sanz Bara
Vocal Junta Rectora, Área de Envejecimiento y Dependencia


AMPARO COCO
Consejo Social de Aragón


FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO

Ruth Vallejo da Costa
Decana

Carmen Gallego Ranedo
Departamento de Psicología y Socilogía
 

Il Garante interviene sulla situazione venutasi a determinare per oltre 20 alunni con gravi disabilità. In futuro potrebbe essere messa in discussione la convenzione con il locale istituto comprensivo. Effettuato un primo incontro con una rappresentanza dei genitori ed inviata una lettera al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale ed ai Ministri di pubblica istruzione e famiglia e disabilità

Il caso del “Bignamini” di Falconara al centro dell’attenzione anche per il Garante regionale dei diritti, Andrea Nobili. La scuola per oltre 20 alunni con gravi disabilità rischia di non poter essere attivata in futuro a causa del possibile venir meno della convenzione con il locale istituto comprensivo. Il Garante ha incontrato una rappresentanza dei genitori per avere il quadro complessivo della situazione, sulla quale si registrano già numerose prese di posizione. Dal confronto è emerso che per quest’anno l’Ufficio scolastico regionale ha messo a disposizione soltanto 6 insegnanti, che nei prossimi mesi dovrebbero diventare 11, sulle 17 presenti nel passato, rendendo così problematico lo svolgimento delle lezioni.

Alla luce di queste informazioni, Nobili ha già inviato una lettera al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale ed ai Ministri di pubblica istruzione e famiglia e disabilità.

“Dobbiamo intervenire proprio in questa direzione – stigmatizza Nobili - chiamando in causa i competenti Ministeri, affinchè siano garantiti a tutti i ragazzi i diritti imprescindibili, come quello all’istruzione, sanciti dalle Convenzioni internazionali e, ancor prima, dal nostro dettato costituzionale. Nonostante le pur presenti difficoltà economiche non è pensabile che le esperienze scolastiche, di cui i ragazzi necessitano, vengano rimesse in discussione, con ripercussioni notevoli anche per le famiglie”. Il Garante richiama, infine, la necessità di “un’azione diretta nei confronti del Governo che tragga la sua forza da una rappresentanza ampia ed in grado di sostenere con forza il rispetto degli stessi diritti ”.

Number of convicted non-smokers complained to the Ombudsman that a non-smoking area was no longer delimited in their prison. Even though they had been moved to a non-smoking accommodation area, the common areas were still constantly full of cigarette smoke and the same was happening in the staircase area where the convicts stand in queue for meals. The inquiry in the prison concerned confirmed the convicts’ allegation. The whole unit contained only a small smoking room (1.1 x 2.2 metres) for four convicts of a smaller stature; the unit housed 13 non-smokers and 52 smokers who themselves confirmed that they also smoked in non-smoking common areas despite the prohibition because the smoking room did not meet their needs.

After the inquiry, the Ombudswoman concluded that the prison made an error when it allowed non-smokers to be regularly exposed to the negative effects of passive smoking. Several solutions were proposed to the prison director to solve the undesirable situation. The Ombudswoman also noted that the prison had undoubtedly failed to punish convicts for violating the smoking ban; however, the prison did not change its practice in this regard.

After issuing the inquiry report, the prison established – based on the Ombudswoman’s recommendation – a non-smoking unit for 25 convicts, to which all convicts who had requested non-smoking accommodations were moved.