El Síndic de Greuges ha instado a las administraciones involucradas en la lucha contra la venta ambulante irregular en la vía pública a que actúen de forma inmediata. Lo ha hecho en el marco de una nueva reunión interadministrativa que ha tenido lugar este jueves 12 de julio en la sede de la institución y a la cual han sido convocados el consejero de Interior, la consejera de Empresa y Conocimiento, el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, la delegada del Gobierno, la alcaldesa de Barcelona, y también otros alcaldes de municipios catalanes afectados por este fenómeno.

Esta es la cuarta reunión interadministrativa impulsada por el Síndic desde julio de 2016. A pesar de las actuaciones llevadas a cabo por todas las administraciones implicadas en estos dos años, el fenómeno persiste. Por esto, el Síndic ha trasladado a todos los asistentes la necesidad de actuar decididamente para garantizar que el top manta no alcance la misma magnitud que años anteriores en la temporada turística estival.

Las recomendaciones básicas que el Síndic hizo el febrero de 2016 en el Informe sobre el comercio irregular a la vía pública (http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=4019&prevNode=346&month=1d) continúan plenamente vigentes. El síndic también ha reclamado a los asistentes a la reunión que adopten cinco medidas factibles para abordar el problema en toda su complejidad.

1. Mesa interadministrativa permanente

Se tendría que convertir esta reunión en una mesa interadministrativa de carácter permanente que se reúna cada tres meses para analizar los resultados de los objetivos fijados y evaluarlos en función de las nuevas situaciones. La mesa debe permitir ofrecer una visión integral y una actuación coordinada de las diferentes administraciones implicadas.

2. Plan de actuación social

Elaborar un plan de actuación social destinado a la integración de las personas que se dedican al top manta. Este plan debería incluir formación, ayudas vinculadas a esta formación y medidas para facilitar la inserción laboral. En este aspecto, se deberían hcer las gestiones pertinentes frente la Delegación del Gobierno del Estado en Cataluña y del departamento ministerial correspondiente para arbitrar las medidas que faciliten la viabilidad de este plan.

El plan tendría que ser coordinado por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

3. Sanciones en materia de comercio y consumo y campañas informativas

Se debe promover una campaña de divulgación acerca de las repercusiones del fenómeno del top manta e implicar las agencias de viajes, los operadores turísticos, los hoteles, etc.

El Código de consumo de Cataluña (artículo 126-15) determina que

“la Administración de la Generalitat debe llevar a cabo y fomentar campañas informativas y actividades de difusión con el objetivo que las personas consumidoras conozcan sus derechos. Estas campañas y actividades se tienen que realizar a través de los medios más adecuados en cada caso”.

La Dirección General de Comercio tiene que ejercer sus competencias sancionadoras en materia de comercio. Por su parte, la Agencia Catalana del Consumo debe ejercer sus competencias sancionadoras en materia de consumo.

Se deben garantizar los medios personales y materiales adecuados para el ejercicio de estas competencias. También se debe garantizar que la aplicación de sanciones a los consumidores infractores irá precedida de campañas informativas especialmente dirigidas a los clientes potenciales.

4. Actuación coordinada de las administraciones y asistencia a los municipios

Las administraciones implicadas tienen que actuar de acuerdo con los principios de cooperación, coordinación e interoperabilidad, y deben asistir a los municipios en el ejercicio de sus competencias.

5. Actuaciones en materia policial y de seguridad ciudadana

Es preciso diseñar, bajo la coordinación del Departamento de Interior, un plan para reducir el fenómeno del top manta este verano. Igualmente, es necesario diseñar las operaciones que permitan acabar con los canales de distribución de productos que se venden en el top manta.

El Justicia de Aragón ha recibido una comunicación del Ayuntamiento de Mezalocha por el que indica que el pleno de este Ayuntamiento aprobó por unanimidad el pasado día 22 de junio aceptar la sugerencia emitida por esta Institución para que se procediera al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

En el mismo, el consistorio se compromete a elaborar “un catalogo con los vestigios de la guerra civil y la dictadura existentes en el municipio de Mezalocha”, así como instar al propietario del edificio donde se encuentra una placa donde se encuentra la inscripción “En Memoria de los Caídos por Dios y por España. 1936”.

El expediente se abrió el pasado 9 de abril, cuando el Justicia recibió una queja por un “supuesto incumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre memoria histórica”. La institución se puso en contacto con el Consistorio tres días después, el 12 de abril solicitando información.

El 28 de mayo llegó la contestación desde Mezalocha, apuntando que no se había “presentado moción alguna de parte de algún grupo político municipal referente al cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica, por lo que no se ha adoptado acuerdo alguno” así como que no se había producido “comunicación alguna de persona física, asociación o colectivo de Mezalocha, invocando la Ley de Memoria Histórica o instando su retirada”.

En su resolución, el Justicia insistió en que dicha placa es un “símbolo indudablemente incluido en los supuestos del apartado 1 del artículo 15 de la Ley” y que el consistorio debía actuar de oficio en el cumplimiento de la Ley.

Desde la Institución agradecemos al Ayuntamiento de Mezalocha su colaboración con la Institución
 

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha visitado el centro de atención integral a mujeres migrantes madres y embarazadas llegadas en pateras a las costas andaluzas que gestiona la Fundación EMET Arcoiris dentro del proyecto ‘Ödos’.

Al Defensor del Pueblo le preocupa especialmente la situación de estas mujeres que llegan en situación irregular a las costas con sus hijos e hijas o en avanzado estado de gestación. Muchas de ellas no son reconocidas en un primer momento como víctimas de trata y por eso no entran en los recursos existentes. Para Fernández Marugán, por ese motivo son tan importantes centros como el que gestiona EMET Arcoiris en Montilla.

Este centro cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Montilla, La Rambla y Montalbán con cuyos alcaldes también se ha reunido hoy el Defensor. Fernández Marugán ha valorado positivamente la colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de Migraciones, la Fiscalía de Córdoba, la Consejería de Bienestar de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Montilla para hacer realidad este tipo de proyectos pioneros que atienden de forma integral a estas mujeres y a sus hijos e hijas.

La Institución siempre ha apoyado este tipo de proyectos y ha formulado recomendaciones y sugerencias a las administraciones implicadas para que estas mujeres y sus hijos e hijas cuenten con mecanismos de protección adecuados.

En 2012 el Defensor del Pueblo publicó el Informe “La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles” en el que se recogían un centenar de investigaciones, entrevistas con 59 víctimas y se detallaban varios casos reales sobre los que había tenido conocimiento la Institución.

Además, en 2017 el Defensor celebró unas jornadas junto al Defensor del Pueblo Andaluz para promover mejoras en la identificación y protección de menores extranjeros llegados a las costas acompañados de adultos.

El Defensor del Pueblo considera necesario elaborar un protocolo nacional para la detección y protección de víctimas de trata menores de edad en el que intervengan todas las entidades de protección de menores autonómicas. Además, ha reclamado en numerosas ocasiones que los menores que acceden de manera irregular a España junto a adultos indocumentados sean considerados siempre en situación de riesgo. Así, valora positivamente que desde 2013, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras registre los datos de los menores que acceden de manera irregular a España y los relacione con los adultos que los acompañan pero advierte de que estos datos deberían compartirse con los cuerpos policiales de otros países para evitar la desaparición de estos niños y niñas.

Para Fernández Marugán también es imprescindible  revisar el procedimiento utilizado para la detección de potenciales víctimas de trata entre los inmigrantes que intentan acceder irregularmente a España. Así, recuerda que ante una posible víctima de trata se deben establecer dos fases diferenciadas. La primera para el restablecimiento de las presuntas víctimas que necesitan sentirse seguras y recuperarse física y psicológicamente y la segunda para la reflexión, para que decidan si desean cooperar con las autoridades.

The Local Government and Social Care Ombudsman made 730 recommendations to improve services for the wider public, almost a fifth more than the year before, it has announced in its Annual Report and Accounts 2017-18.

Where the Ombudsman upholds a complaint, it can recommend councils and care providers make changes to avoid the problems highlighted in a case affecting further people.

The 730 recommendations to improve services in 2017-18 were an increase from 621 made in the previous year. Overall, the Ombudsman made 3,949 recommendations last year, which includes actions to put things right for the individuals that complained. Service improvement recommendations often include reviewing policies and practices, and training staff.

Local Government and Social Care Ombudsman, Michael King, said:

“Our recommendations for service improvement are helping local authorities unlock the power of our investigations, to improve the lives of many people who haven’t directly complained to us.

“I welcome where councils and care providers have worked constructively with us to remedy injustices and take on board the learning from our cases.

“Last year we put considerable effort into changing our processes to give more sophisticated information about the impact of our recommendations. In future, I hope this will help councils increasingly to capitalise on the added value complaints can bring.”

In 2017-18, the Local Government and Social Care Ombudsman dealt with a total of 31,664 complaints and enquiries from the public. Of the 18,882 cases it decided, 5,031 were dealt with at the assessment stage, and 4,331 through a detailed investigation. The Ombudsman upheld 57% of detailed investigations, which is up from 53% the previous year.

The Ombudsman met all of its time targets for completing investigations. It completed 79% of investigations within 13 weeks; 91% of investigations within 26 weeks; and 99% of investigations within 52 weeks.

In the year the Ombudsman also produced a new three-year corporate strategy, setting out how it will continue to develop as an innovative ombudsman scheme. The report was laid in Parliament on 11 July 2018.

Article date: 12 July 2018