Las recomendaciones del Síndic para poner freno a la ola de proyectos inmobiliarios que suponen un fuerte impacto ambiental sobre el litoral gerundense ya se están haciendo efectivas. Así, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña ha publicado recientemente el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona por el que se suspende la tramitación de instrumentos de planeamiento y de gestión y la concesión de licencias en los municipios de la costa.

El Síndic, a raíz de diversas quejas, actuaciones de oficio, y también en su Informe sobre el aumento de los conflictos en materia ambiental y urbanística en Cataluña, ha recordado a la Administración la necesidad de preservar el medio ambiente de daños de difícil o imposible reparación. Más en concreto, a raíz de la queja presentada por la entidad SOS Costa Brava, ha iniciado una investigación con respecto a los ayuntamientos afectados para valorar la necesidad de revisar los proyectos municipales en lo que se refiere a los terrenos pendientes de urbanizar.

El acuerdo afecta a los suelos urbanos y urbanizables incluidos total o parcialmente en la franja de 500 metros desde el dominio público marítimo terrestre y con pendientes superiores al 20%. Este acuerdo de suspensión se toma en el marco del avance de un nuevo plan director urbanístico que revisará los suelos no sostenibles de la Costa Brava.

El Síndic valora muy positivamente tanto la decisión de revisar los terrenos que aún están pendientes de desarrollar situados a la costa gerundense, como de suspender, mientras tanto, las tramitaciones urbanísticas que les puedan afectar. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Síndic, esta actuación del Departamento de Territorio y Sostenibilidad deberá garantizar la utilización racional del suelo, el desarrollo urbanístico sostenible y la funcionalidad de los ecosistemas.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha instado al Ayuntamiento de València que implante en sus ordenanzas una perspectiva familiar en la fijación de precios públicos y que regule tarifas más ventajosas a los miembros de familias numerosas, tal y como recoge la legislación autonómica y nacional.

La intervención del defensor del pueblo valenciano en este asunto se produjo tras recibir la queja de una vecina de València que denunciaba la falta de ayudas a las familias numerosas o con hijos con discapacidad en la realización de actividades deportivas en centros municipales.

En concreto, la afectada es madre de tres hijos (de 6, 5 y 3 años), usuarios de un centro deportivo municipal de gestión indirecta. Por cada uno de sus dos hijos mayores abonó 75,9€ en concepto de inscripción al curso de natación para escolares de octubre a mayo, con la intensidad de una hora a la semana. Por su hijo de 3 años, que además tiene reconocida una discapacidad del 67%, abonó 85.85€, la “cuota preescolar” por la misma modalidad, periodo e intensidad.

La interesada se quejaba, por un lado, de que no les habían aplicado ningún descuento por ser miembros de familia numerosa, y por otro lado, porque al más pequeño de sus hijos, pese a tener reconocida la discapacidad y practicar la natación por prescripción facultativa, no le aplicaron la tarifa reducida –fijada en 70,65€- para personas con discapacidad.

De la información facilitada por el Ayuntamiento de València, se deduce que en su Ordenanza de Precios Públicos de aplicación en las instalaciones deportivas municipales no existe ningún beneficio para las familias numerosas en el acceso a dichas instalaciones, razón por la cual los hijos de la promotora de la queja abonaron la misma tarifa que cualquier otro menor. No obstante, el Síndic no logra entender por qué al hijo de 3 años con discapacidad se le aplicó también la tarifa general prevista para su edad y no la prevista para personas con discapacidad en idéntico curso.

El Defensor del Pueblo Andaluz, acompañado por las responsables de Áreas de Vivienda, Menores y Servicios Sociales, se ha reunido este lunes, 21 de enero, con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes, para explicarle nuestras actuaciones en defensa de los derechos de los colectivos más desfavorecidos.

En el encuentro, el Defensor le ha informado de nuestras actuaciones con los colectivos de etnia gitana, inmigrantes, familias vulnerables, mujeres y menores víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y quejas concretas sobre las dificultades de las personas sordomudas, la religión en los centros educativos andaluces, etcétera.

El Relator se encuentra en España de visita oficial hasta el próximo 25 de enero para conocer la situación de las minorías en nuestro país.

El Relator Especial de Naciones Unidas tiene el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar y superar los obstáculos a la realización de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, identificar las mejores prácticas, aplicar una perspectiva de género y promover la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.