Le Médiateur a participé à la présentation des voeux de nouvel an de ses collègues Médiateurs fédéraux.

24-01-2019

Barnet council has been told to carry out more monitoring of excessive noise at a community centre in the borough following a second investigation by the Local Government and Social Care Ombudsman.

A neighbour of the community centre complained the London Borough of Barnet had not taken the action it promised following the Ombudsman’s investigation of his previous complaint of noise nuisance at the site.

The man claims the noise from the community centre was both a statutory nuisance and a breach of the centre’s lease agreement with the council.

The second Ombudsman investigation found that the council did not make any planned visits since its decision on the earlier complaint, despite telling the Ombudsman it would do so. The Ombudsman recognises the council offered planned visits in September 2016 but this was not suitable for the man, and the council did not make any further attempts to undertake planned visits when noisy events were taking place.   

These planned visits were required because the council had identified that the reactive approach was not working as the noise would finish before an officer could attend the site.

The council also failed to keep a record of legal advice it obtained about the lease of the site and the operator’s obligations. The Ombudsman also found the council at fault in how it responded to the man’s complaint.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman said:

“This report highlights Barnet council’s failure to do the things it agreed in our earlier investigation.

“People can only have confidence in their local authorities if they deliver on promises and carry out the action they have agreed, so I’m disappointed it has taken further intervention by my office for the matter to be properly pursued by the council.”

The Local Government and Social Care Ombudsman’s role is to remedy injustice and share learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council has agreed to pay the man £500 in recognition of the distress and a further £100 in recognition of his time and trouble in bringing the complaint to the Ombudsman again.

The council will also seek fresh legal advice on the procedure to monitor any breaches of the lease at the site, and the standard of evidence required to be satisfied if conditions have been breached and formal action is justified.

It will also make unannounced planned visits to the community centre when events are taking place, and write to the man after each visit. It will then give him a decision on whether there is evidence of a breach of the lease or a statutory noise nuisance, and any further action it intends to take.

Article date: 24 January 2019

l Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio con el Ayuntamiento de A Coruña solicitando información sobre la situación de una mujer de 91 años que el pasado fin de semana fue localizada sola en su casa tras haber pasado varios días sin comer ni beber.

La Institución también ha pedido conocer los programas, medidas y acciones que tiene el citado ayuntamiento para atender a estas personas con el objetivo de detectar las dificultades existentes para ofrecer a las personas mayores la atención que su situación pueda requerir.

El Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto, en numerosas ocasiones, su preocupación ante el progresivo incremento de personas mayores que viven solas en nuestro país y la necesidad de incrementar recursos y medios para conseguir una atención humanizada a este colectivo.

En este sentido, considera necesario que los poderes públicos aborden de manera urgente el problema de la soledad no deseada que afecta a miles de personas mayores en España.

Para Fernández Marugán es necesario realizar una radiografía precisa del alcance de este problema y abrir un debate político y social en torno a esta situación para impulsar políticas de prevención y concienciar a la sociedad.

Derechos de las personas mayores

En los últimos años se ha producido un repunte de quejas al Defensor del Pueblo relacionadas con los mayores y el envejecimiento. Muchas se refieren a la aplicación de la Ley de Dependencia, la calidad de la atención residencial que reciben, el copago farmacéutico o la suficiencia de las pensiones.

Además, la Institución realiza otras muchas actuaciones relacionadas con cuestiones muy relevantes para los derechos fundamentales de las personas mayores, como son el ingreso involuntario de personas con deterioro cognitivo o psíquico, las restricciones a la libertad de movimientos, el uso de sujeciones y cuestiones relativas a la intimidad de los residentes en centros de personas mayores.

El Síndic de Greuges de Cataluña considera inadmisible la falta de previsión y antelación de las actuaciones por parte de las administraciones competentes en el conflicto del sector del taxi, para encontrar soluciones y evitar las graves alteraciones que está provocando la huelga en la ciudad de Barcelona. A pesar de que la complejidad del fenómeno es conocida desde hace tiempo, el Síndic critica que no se haya actuado con la celeridad, la cautela y el esfuerzo necesario para evitar las afectaciones a la movilidad ciudadana.

Los taxistas de Barcelona mantienen una parada del servicio desde el pasado el viernes 18 de enero y un bloqueo de la parte central de la Gran Via de las Corts Catalanes de Barcelona. Además, han realizado otros cortes de tráfico, por ejemplo, en la ronda Litoral. La movilidad de las personas para acudir a sus puestos de trabajo o para realizar su trabajo en la ciudad de Barcelona – y por ende en el área metropolitana− se ha visto gravemente alterada debido a las actuaciones y manifestaciones de los taxistas. La situación está afectando de manera más grave e irresponsable a todas las personas vulnerables, como por ejemplo el colectivo de personas con discapacidades, que necesitan el servicio de taxi, en algunos casos taxis adaptados, para trasladarse a los centros sanitarios. 

Por este motivo, el Síndic ha abierto una actuación de oficio, que dará continuidad a la que ya inició el pasado mes de julio, para supervisar la gestión de la huelga de taxistas, con el objetivo de pedir a las administraciones implicadas que le informen sobre las medidas previstas para garantizar el derecho a la movilidad de las personas en la ciudad de Barcelona y en el resto de municipios del área metropolitana, y sobre qué medidas piensan adoptar de forma inmediata.

Rafael Ribó insta a respetar el ejercicio del derecho a la huelga en el marco de la legalidad vigente y al mismo tiempo a garantizar el derecho a la movilidad de toda la población. Así, encuentra inaceptable que la administración competente, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, permita que se repitan situaciones que dificultan la movilidad y colapsan la ciudad a pocos días de celebrarse acontecimientos de relevancia internacional.

El Síndic investigará si las manifestaciones se han hecho de acuerdo con la preceptiva comunicación previa al Departamento de Interior y cual ha sido la valoración que se ha hecho de la alteración del orden público y la movilidad. En caso de que no se haya realizado la comunicación mencionada, igualmente es preciso conocer qué valoración ha hecho la Administración de la situación en cuanto a la alteración del orden público.

En opinión del Síndic, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y el Área Metropolitana de Barcelona deberían haber actuado con antelación y de forma proactiva. Especialmente porque la problemática del sector del taxi y la regulación de las VTC no es nueva, como lo evidencian las diversas regulaciones promulgadas hasta ahora, las decisiones emitidas por los tribunales de justicia o la anterior parada de verano de 2018. Las reuniones, contactos y mesas de encuentro entre los actores pertinentes y las administraciones no pueden ser intermitentes o esporádicas.

Por último, el Síndic constata que corresponde en la Autoridad Catalana de la Competencia la misión de velar por el correcto funcionamiento competitivo de los mercados en todos los sectores productivos de la economía en Cataluña y que, en este aspecto, “ha alertado de que los usuarios se verán gravemente perjudicados si se limita la competencia entre taxis y VTC, e insta a las administraciones a que, en vez de imponer restricciones a las VTC, modifiquen la regulación del taxi para que puedan competir en igualdad de condiciones”.

antiago de Compostela, 23 de enero de 2019. Fernand de Varennes, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre cuestiones de minorías visita esta tarde las dependencias del Valedor do Pobo, donde mantendrá una reunión de trabajo con la valedora y miembros de su equipo.

Milagros Otero, valedora do pobo, atiende así la petición de visita del relator que mostró interés por el trabajo desplegado por la defensoría gallega, en el marco de la visita que realiza a nuestro país, invitado por el Gobierno español.

La agenda de la reunión versará sobre la situación de las minorías en Galicia. La institución del Valedor do Pobo preparó documentación relativa a los últimos trabajos y quejas desarrolladas en esta materia, esperando que resulte de interés al relator.

Varennes tiene el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar y superar los obstáculos en la realización de los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Con esta visita pretende identificar las mejores prácticas en esta materia, incidir en analizar los problemas de las minorías desde una perspectiva de género y promover la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.