FOREWORD
Respect for the rule of law, which is intrinsically linked to human rights and democracy, is declining worldwide. The independence of the judiciary, transparent and accountable governance, media freedom and the separation of powers are being eroded, a situation compounded by some executive measures taken in response to the COVID-19 pandemic.
Against this background, the European Commission has set out to prepare its first annual assessment of the rule of law in EU member States. Expectations are high. Will the new EU initiative be able to prevent regression and restore the rule of law where it has been weakened? Will the new initiative spur a more joined-up approach between the European Parliament, the European Council and the European Commission? And will it lead to a better integration of the existing political and legal tools, proposals, and ideas about the rule of law that are being floated at EU level?
In this paper, the UN Human Rights Regional Office for Europe, guided by the universal mandate of the UN High Commissioner of Human Rights, recommends regarding the rule of law through the prism of human rights and its core principles of accountability, inclusion, participation and transparency. There are avenues for strengthening existing EU rule of law tools and for optimizing the new initiative in terms of substance, methodology, process and outcome. In a constructive spirit, this paper suggests drawing on the rich expertise, experience and lessons learned by the international human rights machinery over the past 75 years.
In February 2020, the UN Secretary-General, in his Call to Action, appealed to all stakeholders to make better use of the international human rights instruments to meet the challenges, opportunities and needs of the 21st century. The annual rule of law report to be prepared by the European Commission should align with the Universal Declaration of Human Rights and other sources of international human rights law. It should strive to be comprehensive in scope by using validated indicators and by seeking to complement existing international, regional and national mechanisms.
Participation and transparency are also critical for the credibility of the initiative. For decades, assessments by the Treaty Bodies, the Special Procedures of the UN Human Rights Council and the Universal Periodic Review have balanced States’ perspectives with findings from regional organizations, national human rights institutions and civil society. This paper explores the inclusive methodology of the Universal Periodic Review as a possible model for the rule of law initiative and advocates for a greater role for the EU Fundamental Rights Agency and independent national human rights institutions. Meaningful participation also requires creating a system to protect those who contribute information from reprisals. Staff from national human rights institutions, equality bodies, journalists, activists and others must be able to speak out in safety. Protecting human rights defenders is a cornerstone of EU policy abroad; let us also make it one within its own borders.
Birgit Van Hout Regional Representative for Europe Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Full text

El Síndic ha presentado el informe Los centros educativos con elevada complejidad ante la crisis derivada de la COVID-19, en que se analiza el efecto que puede tener la situación actual de confinamiento y las condiciones específicas en que se inicie el curso 2020/2021 en el desarrollo educativo de este alumnado.

Muchos alumnos socialmente desfavorecidos no han podido seguir la actividad lectiva programada de forma adecuada durante el curso 2019/2020, a pesar de las actuaciones llevadas a cabo por administraciones, centros y profesorado, no sólo por problemas de conectividad, sino también por déficits de acompañamiento familiar y por problemas de desapego escolar acentuado en la actual situación de confinamiento.

La actividad lectiva a distancia no garantiza el buen desarrollo del currículum para el conjunto del alumnado, de manera que el Síndic considera que la no-presencialidad o la semipresencialidad no se pueden mantener de cara al curso 2020/2021 en la medida de lo que sea posible.

1. El retorno a la escuela durante este curso 2019/2020 no se puede hacer a cualquier precio

El retorno a la escuela del conjunto del alumnado durante este curso 2019/2020, debe estar supeditado a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, no tiene impacto en términos estrictamente académicos, puesto que el efecto confinamiento en los aprendizajes y en las trayectorias educativas del alumnado, especialmente del alumnado socialmente desfavorecido, no se puede compensar en las pocas semanas que faltan para finalizar el curso, sino que se tendrá que hacer de cara al curso 2020/2021.

El retorno a la escuela este curso 2019/2020 debe estar muy orientado a responder a necesidades específicas, sean de conciliación de la vida laboral y familiar de las familias, sean de atención de situaciones de vulnerabilidad social y de déficits de acompañamiento familiar, así como a situaciones específicas como por ejemplo la preparación de la selectividad u otras pruebas. Por este motivo, se propone continuar con el seguimiento de la actividad lectiva a distancia hasta final de curso 2019/2020 y, en todo caso, abrir los centros escolares para organizar servicios de atención socioeducativa del alumnado, con una función lúdica y de refuerzo escolar y acompañamiento en el seguimiento de la actividad lectiva a distancia.

En este retorno igualmente es preciso también que se haga un plan específico en el caso de los centros con elevada complejidad, donde buena parte del alumnado es socialmente desfavorecido y requiere este apoyo. Si es necesario aplicar medidas de distanciamiento social, será imprescindible buscar espacios alternativos, como por ejemplo escuelas próximas con menos concentración de alumnado socialmente desfavorecido o equipamientos municipales.

Para dimensionar el alcance de esta medida, debe tenerse presente que hay 91.224 alumnos de educación infantil de segundo ciclo, primaria y secundaria obligatoria en situación de privación material severa, 141.337, con beca de comedor escolar o 182.862, escolarizados en centros con elevada complejidad.

2. Cuatro retos pendientes de cara al inicio del curso 2020/2021 para el Departamento de Educación

El Síndic pide al Departamento de Educación que planifique el nuevo curso 2020/2021 con voluntad de atender cuatro retos pendientes (presencialidad, efecto confinamiento, impacto de la crisis económica, plan específico para centros con elevada complejidad). 

Reto 1. Garantizar la modalidad presencial para todo el mundo

El Departamento de Educación ha anunciado que los centros funcionarán con grupos de 13 alumnos de primaria y 15 en secundaria, y si no se dispone de espacios suficientes, se deberá hacer en modalidad híbrida. 

Frente a las limitaciones del trabajo no presencial, es necesario hacer todo lo posible para iniciar el curso en modalidad presencial para todo el alumnado, con las dotaciones necesarias, con la reorganización de los tiempos y los espacios escolares y con el uso de espacios disponibles de la red de equipamientos del entorno de las escuelas. La actividad lectiva a distancia no garantiza el buen desarrollo del currículum para el conjunto del alumnado.

El Síndic también recuerda que la actividad lectiva por turnos en días alternos no es una situación óptima. Para ampliar la capacidad de atención en grupos más reducidos, el Síndic recuerda la posibilidad de modificar el horario escolar.

El Síndic pide al Departamento de Educación que garantice las mismas condiciones de escolarización al conjunto del alumnado. No puede ser que haya alumnado que siga diferentes modalidades de escolarización (presencial o híbrida) en función de aspectos como por ejemplo la disponibilidad de espacios del mismo centro. El tipo de modalidad de escolarización no puede estar supeditada ni a la autonomía de los centros ni tampoco a sus características materiales, porque este hecho supondría un riesgo de desigualdad entre centros en el proceso de aprendizaje del alumnado.

En este contexto, es necesario incrementar las dotaciones de personal docente de los centros con elevada complejidad y garantizar la dotación de plantillas más multidisciplinarias, con asignaciones de profesionales del ámbito social (técnicos de integración social, educadores sociales, trabajadores sociales, etc.) y del ámbito de la salud (psicólogos, logopedas, etc.) y de figuras profesionales como los promotores escolares o el personal técnico de integración social.

A pesar de la priorización de la presencialidad, existe la posibilidad de que el curso 2020/2021 se inicie con situación de (semi)confinamiento del alumnado o también que durante el curso haga falta volver a situaciones de confinamiento, por lo que sea imprescindible tener garantizada la distribución a todo el alumnado con privación digital de dispositivos electrónicos y conectividad.

En este retorno, es necesario también prever un protocolo de salud para los centros escolares de prevención de la COVID-19 para garantizar el derecho a la salud de los niños y de sus familias.

Reto 2. Prevenir y compensar el efecto confinamiento en los aprendizajes y en las trayectorias educativas del alumnado

El efecto confinamiento en las trayectorias educativas se traduce en dificultades derivadas de la falta de finalización de los programas curriculares previstos para el curso 2019/2020, riesgos en la transición a la educación secundaria obligatoria, o el riesgo de abandono educativo prematuro, entre otros, que será preciso abordar con medidas, como por ejemplo: 

• Simplificación del currículum y despliegue de medidas organizativas flexibles para reforzar los aprendizajes en competencias básicas. Hace falta redefinir los contenidos competenciales a desarrollar para cada nivel educativo durante el curso 2020/2021, incorporando las competencias básicas inicialmente previstas para la segunda parte del curso 2019/2020.

• Acompañamiento a la transición de la educación primaria a la educación secundaria obligatoria y programas de orientación en la transición de las enseñanzas obligatorias a las posobligatorias.

• Adaptación de la evaluación para poner límites a la repetición. 

• Programas de refuerzo escolar y de acompañamiento familiar a través de los planes educativos de entorno y de los servicios de intervención socioeducativa (centros abiertos): la prevención del absentismo y la desconexión. 

Reto 3. Prevenir el impacto educativo de la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 

En el contexto actual, el Síndic también destaca la desigualdad educativa derivada de los efectos de la crisis económica sobre las condiciones materiales de vida del alumnado socialmente desfavorecido. La experiencia demuestra que el rendimiento académico del alumnado que presenta una situación de vulnerabilidad social decrece, especialmente si no se garantiza desde la escuela una atención socioeducativa adecuada para preservar el bienestar. En este contexto el Síndic pide:

• Que se desplieguen las convocatorias de ayudas a la escolaridad, previstas en la LEC y no convocadas actualmente.

• Que se dé continuidad de las becas de comedor escolar, en caso de no-presencialidad o semipresencialidad.

• Contratos programa con los centros públicos y concertados con elevada complejidad, a fin de incrementar la financiación para los gastos de funcionamiento y para la cobertura de los costes de escolarización de los alumnos de familias con dificultades económicas.

Reto 4. Elaborar un plan específico para centros con elevada complejidad

El efecto confinamiento y la situación de crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 tiene un impacto especialmente significativo en los centros con elevada complejidad y acentúa sus necesidades de incrementar la dotación de plantillas y que estas sean más multidisciplinarias, así como las necesidades de aumentar los gastos de funcionamiento de los centros, para consolidar sus proyectos educativos y garantizar la igualdad de oportunidades con respecto al alumnado escolarizado en los centros que no tienen elevada complejidad. 

El Síndic pide al Departamento de Educación que el plan de desconfinamiento contenga medidas de discriminación positiva específicas para los centros con elevada complejidad. 

Con este propósito, es necesario incrementar la dotación de personal de apoyo, como por ejemplo técnicos de integración social y promotores escolares, a los centros con elevada complejidad.

En Cataluña, el 20,9% de centros en primaria y el 16,4% de centros de secundaria son de elevada complejidad. Estos centros, mayoritariamente públicos (93,1%), escolarizan a 128.997 alumnos de primaria y a 53.865 alumnos de secundaria. 

• Resumen ejecutivo del informe

Immer wieder einmal wird der Bürgerbeauftragte mit Anliegen befasst, bei denen es um die Abwasserentsorgung von Grundstücken geht, die schon zu DDR-Zeiten an die öffentliche Kanalisation angeschlossen worden sind. Erhalten die Grundstückseigentümer dann einen Bescheid über die Erhebung eines Herstellungsbeitrages für die öffentliche Entwässerungseinrichtung, ist das Unverständnis komplett: „Mein Grundstück ist doch bereits vor der Wende an die öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlossen worden. Auch bezahle ich bereits seit Jahren Gebühren für die konkrete Inanspruchnahme der Entwässerungseinrichtung in Form von Abwassergebühren. (…)“, machen die Bescheidempfänger dann geltend und hinterfragen auch kritisch, ob denn hier nicht bereits Verjährung eingetreten sei, sodass Beiträge nicht mehr erhoben werden dürften.

Diese Fragen entstehen, weil die Bürger regelmäßig keinen Bezug zwischen den geltend gemachten Abwasserbeiträgen, der hierfür gebotenen Leistung und ihrer Anschlusssituation herstellen können. Denn ein Beitrag wird – dies ist den Bürgern in der Regel bekannt - für die gebotene Möglichkeit der Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung erhoben. Doch in den Fällen, in denen die Grundstücke bereits vor 1990 angeschlossen worden sind, besteht diese Möglichkeit bereits seit über 30 Jahren.

Was also steckt hinter dieser „späteren“ Beitragserhebung?

Ausgangspunkt ist die Klärung der Frage, wann eine öffentliche Einrichtung - vorliegend die der Abwasserentsorgung - als erstmalig hergestellt gilt. Unter einer beitragsfähigen Herstellung im Sinne von § 7 Absatz 1 Satz 1 ThürKAG kann hier nur die erstmalige Schaffung einer kommunalen öffentlichen Einrichtung verstanden werden.

Die Kommentarliteratur zum Kommunalabgabenrecht formuliert dazu „(…) Erforderlich ist daher für das Vorhandensein einer bereits erstmals hergestellten öffentlichen Einrichtung in diesem Sinne zunächst die rechtliche Existenz eines kommunalen Einrichtungsträgers, aber auch die (konkludente) Widmung der Einrichtung zur öffentlichen Inanspruchnahme, die Verfügbarkeit des Einrichtungsträgers über bereits vorhandene technische Leitungssysteme und die Ausübung des Planungsermessens durch Erstellung und Umsetzung eines verbindlichen Planungskonzepts. (…)“

Und weiter - unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes in einem Urteil v. 21.06.2006 und einem Beschluss v. 16.09.2003 -: „(…) Vor der Übertragung des ehemals der Erfüllung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungssaufgabe dienenden volkseigenen Vermögens auf die neu geschaffenen kommunalen Aufgabenträger handelte es sich bei nach 1945 errichteten und 1990 noch vorhandenen Wasserversorgungs- oder Abwasserbeseitigungssystemen nicht um bereits hergestellte kommunale öffentliche Einrichtungen, sondern um Teilbereiche staatlicher Versorgungsleistungen in der DDR, die keine Beitragspflichten auslösten. (…)“

Diese kommunalen Einrichtungen sind regelmäßig auch nicht räumlich identisch mit der öffentlichen Einrichtung eines späteren kommunalen Einrichtungsträgers.

Insbesondere hat für den Landesgesetzgeber keine Veranlassung bestanden, so genannte „Altanschlussnehmer“ unter dem Aspekt der Einmaligkeit der Beitragserhebung von der Beitragsfinanzierung auszunehmen. Denn die Eigentümer der damals unentgeltlich bevorteilten Grundstücke, so das OVG Weimar in den o.g. Entscheidungen weiter, könnten nicht geltend machen, dass sie für denselben Tatbestand bereits zu einem Beitrag herangezogen worden sind oder ihnen für den Anschlussvorteil ein für alle Mal Beitragsfreiheit verbürgt worden sei.

Die rechtswissenschaftliche Kommentarliteratur stellt hierzu fest:

„Da im Falle der erstmaligen Herstellung einer kommunalen Entwässerungseinrichtung allen Beitragspflichtigen im Gebiet des kommunalen Einrichtungsträgers der gleiche beitragsrechtlich relevante Vorteil durch die Inanspruchnahmemöglichkeit geboten wird, ist eine Differenzierung der Beitragssätze nach Anschlussnehmern, deren Grundstücke bereits vor Inkrafttreten des ThürKAG an die Wasserver- bzw. Abwasserentsorgung angeschlossen waren (sog. „Altanschlussnehmer“) und solche die erst danach an die öffentliche Einrichtung angeschlossen wurden (sog. Neuanschlussnehmer; (…) ) rechtlich nicht zulässig (…). Ebenfalls unzulässig ist die Heranziehung nur der sog. Neuanschlussnehmer zu Herstellungsbeiträgen. (…)“

Nach alledem ist letztlich entscheidend, welchen Termin der Abwasserentsorgungsträger als Termin für eine Fertigstellung seiner Abwasserentsorgungseinrichtung benennt. Anhaltspunkte hierfür bietet das jeweilige, vom Abwasserbeseitigungspflichtigen aufzustellende Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). In diesem ABK sind der gegenwärtige und der geplante Stand der Abwasserableitung und –behandlung schriftlich in einem Erläuterungsbericht, flankiert von Übersichtstabellen und Lageplänen, darzustellen.

Erst wenn die öffentliche Entwässerungseinrichtung erstmalig hergestellt worden ist, ist letztlich – rechtsgültiges Satzungsrecht vorausgesetzt – auch die sachliche Beitragspflicht entstanden. Diese wiederum ist Voraussetzung dafür, dass auch die vierjährige Festsetzungsverjährung (diese ergibt sich ebenfalls aus dem ThürKAG) zu laufen beginnt. Bis zum Ablauf dieser Festsetzungsverjährung ist der Abwasserentsorgungsträger dann gehalten, Beitragsbescheide zu erlassen. Soweit er die Bescheide auch tatsächlich innerhalb dieser 4 Jahre erlässt, sind diese Forderungen nicht verjährt und aus den vorstehenden Gründen in den meisten Fällen auch nicht zu beanstanden.

Soweit Sie Fragen zu dieser Thematik oder auch ein konkretes Anliegen hierzu haben sollten, können Sie sich gerne an den Bürgerbeauftragten wenden.

Zaragoza 18/5/2020 Dicho expediente abierto el pasado día 8 de mayo busca establecer un vínculo constante entre el Departamento de Educación y la ciudadanía individual, o a través de AMPAS u organizaciones de docentes que se están dirigiendo a la Institución.   El periodo de escolarización pasa por ser uno de los más activos en la gestión del Área de Educación de El Justicia de Aragón. Sin embargo, las medidas adoptadas con motivo de la pandemia de COVID19, han originado múltiples y derivadas cuestiones que muchos ciudadanos han expresado a la Institución. Tales como los recursos on line para impartir las materias, las formas de evaluación, la recogida de material escolar o el propio y recurrente anualmente proceso de escolarización. Igualmente, el final de curso, la evaluación del mismo con medidas extraordinarias, las pruebas de acceso a la universidad y la incertidumbre de cómo se organizará el próximo curso escolar está llevando a muchas familias a consultar a la Institución sobre el asunto. Por este motivo, el pasado día 8 de mayo se abrió de oficio, con independencia de los expedientes individuales que afectan a esta materia que siguen su tramitación ordinaria, un expediente de oficio que vaya recopilando la actuación de la administración aragonesa en este sentido y establecer una comparativa con otras comunidades autónomas en sus actuaciones Dicho expediente permanecerá abierto y en constante ampliación tanto de la administración como de los agentes de la comunidad educativa, queriendo en su momento poder servir para realizar en su caso aquellas sugerencias a la administración educativa tendentes a lograr una adecuada vuelta a la “normalidad” en el curso 2020-2021.  ...