El Síndic de Greuges de Cataluña ha emitido una resolución dirigida al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, sobre el análisis y el seguimiento de la gestión pública de la crisis de la Covid-19 en Cataluña y en el estado español bajo la perspectiva de género, y en particular, en el ámbito de la igualdad y violencia de género. A lo largo de estos días se han publicado en todo el mundo varios artículos acerca de la exigencia de analizar la actual emergencia sanitaria desde la perspectiva de género para identificar el potencial impacto diferenciado entre las mujeres y los hombres, como el de Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, quien se muestra pesimista acerca de los efectos que puede tener esta crisis sobre la igualdad, y reivindica más mujeres en los puestos de mando, más perspectiva de género en las políticas y más datos segregados por sexo. En el 70% de los casos las mujeres son en la primera línea de la pandemia, como , por ejemplo, en los ámbitos de limpieza, sanidad, tiendas de alimentación, donde el riesgo de contagio es más alto.

A pesar de esta desigualdad latente, pone de manifiesto que hasta ahora ninguna autoridad política o sanitaria ha analizado desde una perspectiva de género los efectos y los escenarios del coronavirus. En el actual contexto, y partiendo de la premisa de que las mujeres constituyen un grupo heterogéneo y pueden ser objeto de discriminación múltiple, el Síndic concluye que es preciso insistir en la integración de la dimensión de género en el ámbito del análisis de la crisis sanitaria, integrando la interseccionalidad -la combinación del género con otras identidades o características personales y la forma en que estas intersecciones originan situaciones de discriminación singulares- como principio transversal.

En otros ámbitos, como en el de la inteligencia artificial, la cual se ha convertido en un marco de importancia estratégica y un motor clave del progreso económico, se pone de manifiesto la necesidad de que las mujeres formen parte de su desarrollo, para evitar que se reproduzcan o se amplifiquen los sesgos de género. También es necesario eliminar la brecha salarial e incluir la perspectiva de género en la formulación de políticas laborales incorporando a mujeres en primera línea. Es necesario reforzar y ampliar la financiación para proyectos en beneficio de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas que llevan a cabo acciones concretas en el ámbito de la igualdad de género. Y es necesario establecer medidas específicas de compensación para colectivos vulnerables, como por ejemplo las camareras de piso, mujeres mayores que viven solas o en precariedad económica, entre otros.

La problemática de la violencia de género también se ha agravado durante el estado de alarma. El confinamiento tiene un impacto muy claro en todas las mujeres que están en situación de violencia, ya que deben convivir casi las 24 horas del día con su agresor y este puede actuar con total impunidad. En este contexto, los gobiernos español y catalán han reforzado dispositivos y han elaborado normativas para paliar la violencia de género y ayudar a las víctimas; una situación que se ha convertido en un factor de riesgo tanto para la víctima como para los niños con quien conviven dentro del núcleo familiar.

Por otra parte, uno de los colectivos especialmente vulnerables por los riesgos de desprotección y discriminación son las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y las mujeres que ejercen la prostitución en contextos de vulnerabilidad, que durante estos días han sido expulsadas de clubes o pisos, o continúan ejerciendo sin medidas de protección, alojamiento digno o alimentos.En este ámbito, cabe destacar el trabajo que han realizado las organizaciones no gubernamentales, que han ofrecido servicios y recursos, alojamiento en centros de acogida, atención en pisos tutelados y atención ambulatoria a estas mujeres.

En relación con la violencia de género, el Síndic concluye que el confinamiento se ha convertido en un factor de riesgo añadido para la víctima y sus hijos, ya que las cifras han demostrado que la violencia de género durante el estado de alarma se ha incrementado. Esta problemática no es un asunto privado, sino que interpela a toda la sociedad, por lo que las iniciativas han contado con el apoyo y la complicidad de las redes sociales y comunitarias. Es oportuno destacar el papel de los profesionales que trabajan en los dispositivos de atención a las mujeres, las entidades u organizaciones no gubernamentales y el papel de la policía, especialmente los grupos de atención a las víctimas.

Aún así, la institución considera que es necesario reforzar los equipos de profesionales que actualmente trabajan en los diversos servicios de atención especializada de toda Cataluña (SIE) y dotar a los nuevos con equipos multidisciplinares para llevar a cabo una intervención y atención integral a las mujeres víctimas y a los niños. La atención y protección de las víctimas de violencia de género y la adopción de las medidas necesarias para superar la crisis deben incluir a todas las mujeres víctimas, con especial atención a aquellas que con la pandemia han quedado aún más invisibilizadas y excluidas de las medidas excepcionales establecidas en el estado de alarma. Además, debe garantizarse el derecho de las víctimas a recibir las indemnizaciones y las ayudas correspondientes.

En relación con esta problemática, el confinamiento provoca un impacto claro en las mujeres en situación de violencias machistas y también en los niños que conviven en un núcleo familiar donde existe este riesgo. Varias informaciones que han aparecido en los periódicos durante el estado de alarma revelan datos que permiten constatar un aumento de casos de violencia en los hogares con afectación a los niños y adolescentes a raíz del confinamiento. Asimismo, los expertos alertan de una probabilidad mayor de que casos de violencia machista desemboquen también en situaciones de violencia filioparental.

Por tanto, el Síndic de Greuges también ha abierto una actuación de oficio para conocer las actuaciones concretas en materia de prevención, detección y atención a las violencias durante la situación de confinamiento en que la víctima es un niño o adolescente. Es preciso evaluar el impacto de la crisis en las situaciones de riesgo de violencia y la capacidad del sistema para detectarlas y atenderlas de manera rápida y eficaz durante el período de confinamiento. Es imprescindible reforzar el trabajo en red y la coordinación entre diferentes profesionales para poder dar una respuesta integrada en situaciones de maltrato infantil, y prevenir, detectar, tratar y hacer efectivo el derecho a la recuperación emocional y psicológica, en caso de haber sufrido dicha violencia.

The Lisbon City Council informed the Ombudsman that it will place H43 information signs on Ceuta Avenue, in each direction of traffic, which will make it possible to inform that this is a route with "instantaneous speed" detectors.

The Ombudsman welcomes this decision, which follows a complaint procedure regarding the signposting of that road, where fixed radars are placed by the municipality.

Since 2011, the placement of these information panels is foreseen in the Traffic Signs Regulations. Also according to the city council, the installation of new radars in the city of Lisbon, still in 2020, will be accompanied by the generalization of those indication signs.

In der Volksanwaltschaft und der ORF-Redaktion "Bürgeranwalt" sind zahlreiche Beschwerden über die behördlich angeordneten Isolierungen eingelangt. Ein typisches Zitat aus den Schreiben: "Ich kann die Logik in den gesetzten Maßnahmen nicht erkennen". Volksanwalt Bernhard Achitz und Clemens Martin Auer, der Sonderbeauftragte für Gesundheit im Gesundheitsministerium, diskutieren in der Bürgeranwalt-Sendung vom 9. Mai anhand von konkreten Fällen die Angemessenheit der behördlichen Verfügungen.

Dominik Noderer hat sich an die Volksanwaltschaft gewandt. Ihm war nach Kontakt mit einer Coronavirus-infizierten Person eine „Verkehrsbeschränkung“ auferlegt worden – obwohl er selbst nicht infiziert war. Das heißt: Kontaktverbot, Arbeitsverbot. Kurz darauf bekam er Krankheitssymptome – aber ihm wurde von der Behörde eine neuerliche Testung verweigert. Trotzdem erhält er am letzten Tag seiner „Verkehrsbeschränkung“ einen neuen Bescheid: Jetzt muss er komplett in Quarantäne. Er wird erst positiv, dann wieder negativ getestet, die Quarantäne bleibt aufrecht, auch als Noderer wieder gesund ist. „Da muss irgendwo was passiert sein“, ist sich Noderer sicher. Insgesamt war er viereinhalb Wochen eingeschränkt, davon zweieinhalb Wochen in Quarantäne.

Waren die Quarantäne-Maßnahmen überzogen oder gerechtfertigt?

Für Ministeriumsvertreter Auer ist „völlig nachvollziehbar“, dass bei Noderer genau hingeschaut wurde, weil er in einem Gesundheits- bzw. Pflegeberuf arbeitet. „Es handelt sich bei Quarantäne um eine freiheitsentziehende oder zumindest freiheitsbeschränkende Maßnahme, da muss man besonders vorsichtig sein“, sagte Volksanwalt Achitz: „Die Behörde hätte spätestens nach dem dritten Test, nach dem Noderer gesund war, die Quarantäne aufheben müssen.“

Behörde hebt Quarantänebescheid nicht auf, obwohl Patient gesund ist

Moritz Mark war tatsächlich an Covid-19 erkrankt und per Bescheid unter Quarantäne gestellt – nicht für zwei Wochen, sondern bis auf Widerruf. Als er wieder gesund war, wollte er, dass die Quarantäne wieder aufgehoben wird. Aber die Behörde war einfach nicht erreichbar: „Ich habe viele Stunden in Warteschleifen verbracht, aber es war mir nicht möglich, durchzudringen. Und der Magistrat hat sich auch nicht bei mir gemeldet und den Bescheid aufgehoben.“ Die Folge: drei Wochen in Absonderung, die nur beendet werden konnte, weil Marks Chefin zufällig über private Kontakte zu einer Amtsärztin verfügte. Bernhard Achitz: „Ein Fehler der Behörde, der sich nicht wiederholen sollte.“

Ist Einreise aus dem Ausland Grund genug für Quarantäne?

Aurelia Pertl sollte in Quarantäne, weil sie mit dem Flugzeug aus Frankreich eingereist war: „Ich sehe das als ungerechtfertigte Maßnahme an, weil der Verdachtsfall nicht bestand.“ Sonderbeauftragter Auer sagt aber, dass ganz Frankreich als Risikogebiet gegolten hatte: „Wer einreist, muss diese Selbstquarantäne unterschreiben. Die Verordnung ist eindeutig. Im Mittelpunkt steht der Schutz anderer Menschen, nicht das Individualinteresse.“ Mittlerweile kann man sich aber auch mit einem negativen Test die Quarantäne ersparen. „Ich kann die Kritik von Frau Pertl nachvollziehen“, sagte Volksanwalt Achitz. Er bemängelt, dass es keine Information über Alternativen zur Quarantäne oder über Berufungsmöglichkeiten gab.

"Risikogruppe" wurde extrem verunsichert

Seit Wochen wenden sich auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ein besonderes 

Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf haben, an Volksanwaltschaft und "Bürgeranwalt"-Redaktion. Sie fordern besonderen Schutz. Typische Fragen: Wer bestimmt das? Welche Maßnahmen können wir erwarten? Warum dauert es so lange, bis es verbindliche Regeln gibt?

„Es hat eindeutig zu lang gedauert. Im März ist in Aussicht gestellt worden, dass man die Risikogruppen besonders schützt. Anfang April kam ein Gesetz, dann haben die Betroffenen auf die Verordnung gewartet, die regelt, ob sie zur Risikogruppe gehören. Aber die Verordnung ist gar nicht gekommen“, sagte Volksanwalt Achitz. Mittlerweile gibt es ein neues Gesetz, und erst Mitte Mai werden die Betroffenen schwarz auf weiß haben, dass sie zur Risikogruppe gehören. Achitz: „Die Menschen wurden extrem verunsichert.“ Völlig offen sei die Situation der Familienangehörigen von Risikogruppen – „dieses Problem muss an die Politik herangetragen werden.“

Link https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200058en.pdf

Languages: bg es cs da de et el en fr hr ga it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Court of Justice of the European Union

PRESS RELEASE No 58/20 Luxembourg, 8 May 2020
 
Press release following the judgment of the German Constitutional Court of 5 May 2020
 
The Directorate for Communication of the Court of Justice received many enquiries concerning the judgment delivered by the German Constitutional Court on 5 May 2020 regarding the European Central Bank’s PSPP programme. 

The departments of the institution never comment on a judgment of a national court.
In general, it is recalled that the Court of Justice has consistently held that a judgment in which the Court gives a preliminary ruling is binding on the national court for the purposes of the decision to be given in the main proceedings.1 In order to ensure that EU law is applied uniformly, the Court of Justice alone – which was created for that purpose by the Member States – has jurisdiction to rule that an act of an EU institution is contrary to EU law. Divergences between courts of the Member States as to the validity of such acts would indeed be liable to place in jeopardy the unity of the EU legal order and to detract from legal certainty.2 Like other authorities of the Member States, national courts are required to ensure that EU law takes full effect.3 That is the only way of ensuring the equality of Member States in the Union they created.

The institution will refrain from communicating further on the matter.

Gerichtshof der Europäischen Union

PRESSEMITTEILUNG Nr. 58/20

Luxemburg, den 8.Mai 2020
 
Pressemitteilung im Nachgang zum Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020
 
Die Direktion Kommunikation des Gerichtshofs der Europäischen Union hat zahlreiche Fragen hinsichtlich des Urteils des deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 betreffend das PSPP-Programm der Europäischen Zentralbank erhalten.
Die Dienststellen des Gerichtshofs kommentieren Urteile nationaler Gerichte nicht. 
Ganz generell kann auf die ständige EuGH-Rechtsprechung hingewiesen werden, wonach ein im Vorabentscheidungsverfahren ergangenes EuGH-Urteil für das vorlegende nationale Gericht bindend ist.1 Um die einheitliche Anwendung des Unionsrechts zu wahren, ist nur der zu diesem Zweck von den Mitgliedstaaten geschaffene EuGH befugt, festzustellen, dass eine Handlung eines Unionsorgans gegen Unionsrecht verstößt. Meinungsverschiedenheiten der mitgliedstaatlichen Gerichte über die Gültigkeit einer solchen Handlung wären nämlich geeignet, die Einheit der Unionsrechtsordnung aufs Spiel zu setzen und die Rechtssicherheit zu beeinträchtigen.2 Wie andere Träger öffentlicher Gewalt in den Mitgliedstaaten sind auch die nationalen Gerichte verpflichtet, die volle Wirksamkeit des Unionsrechts zu garantieren.3 Nur so bleibt die Gleichheit der Mitgliedstaaten in der von ihnen geschaffenen Union gewahrt.
Der Gerichtshof wird sich in dieser Angelegenheit nicht weiter äußern.