Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein, Samiah El Samadoni, stieß in den letzten Tagen auf Verunsicherungen bei Bürger*innen, ob Hilfen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) auch in Zeiten der Corona-Bekämpfung beantragt und gewährt werden können. „Diese Hilfen können grundsätzlich weiterhin gewährt werden“, so El Samadoni am heutigen Tag.
Insbesondere stationäre Einrichtungen und ambulante sowie teilstationäre Angebote der Jugendhilfe gehören als notwendige Voraussetzung für die Gewährleistung des Kindeswohls nach dem Kinder- und Jugendhilferecht zu den kritischen Infrastrukturen im Sinne der derzeit gültigen Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (§ 10 Abs. 1 Nr. 12 SARS-Cov-2-BekämpfVO in der Fassung vom 8. April 2020). Diese kritischen Infrastrukturen werden auch während der Corona-Bekämpfung aufrechterhalten. Dennoch gilt nach Angaben des Landesjugendamtes im Einzelfall unter Beachtung des konkreten Hilfebedarfes und einer Gefahrenanalyse unter Berücksichtigung des Kinderschutzes zu entscheiden, ob und wie eine Hilfe gewährt werden soll. „Ich appelliere hier an die Jugendämter, auch unter den momentan erschwerten Bedingungen über Anträge und Hilfen weiterhin zügig zu entscheiden und insbesondere auch für die Menschen erreichbar und ansprechbar zu bleiben, damit im Hinblick auf das Kindeswohl präventiv gehandelt werden kann“, führte die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten weiter aus.
Das Landesjugendamt hat bereits in mehreren Schreiben aktuelle Informationen und Empfehlungen an Jugendämter sowie Leistungserbringer von Jugendhilfeangeboten (gem. §§ 19, 27 ff., 35a und 42 SGB VIII) herausgegeben. Aufgrund des Umfangs der aufkommenden Fragen und dem hohen Informationsinteresse aller Beteiligten hält das Landesjugendamt schließlich seit gestern eine eigene „FAQ-Jugendhilfe“-Seite vor, die möglichst alle relevanten Informationen für den Bereich der Erziehungshilfe gebündelt enthalten und stets aktualisiert werden soll. Die darauf enthaltenen Informationen können auch für betroffene Bürger*innen hilfreich sein. Die Seite ist ebenfalls für alle Bürger*innen unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Jugendhilfe_FAQ_Corona/Jugendhilfe_faq_corona.html;jsessionid=36DA565A444CBCB21C81FAFAD59C90DF.delivery1-master

online abrufbar.
Beispielsweise wird hier die Frage „Können ambulante Hilfen wie SPFH (Sozialpädagogische Erziehungshilfe) oder Erziehungsbeistandschaft weiterhin durchgeführt werden?“ beantwortet. Persönliche soziale Kontakte sollten möglichst weitgehend reduziert werden. Im Arbeitsfeld der erzieherischen Hilfen sei die Unterstützung der Eltern und deren Kinder jedoch oftmals weiterhin erforderlich, um Krisen und insbesondere Kindeswohlgefährdungen abzuwenden. Dies gelte umso mehr, da Angebote öffentlicher Einrichtungen wie Schulen und Kindertageseinrichtungen für eine größere Anzahl an Eltern nicht zur Verfügung stünden. Das Landesjugendamt bittet daher die Jugendämter sowie die Leistungserbringer stets mit Blick auf die Ziele der Hilfeplanung, die Erforderlichkeit der Hilfe sowie auf eventuelle Gefahrenaspekte einzelfallgerecht über die Ausgestaltung der Hilfe zu entscheiden. Neben der persönlichen Kontaktaufnahme sei schließlich auch zu prüfen, inwieweit anderweitige – beispielsweise telefonische – Unterstützung sinnvoll und erforderlich sei. Folglich können ambulante Hilfen grundsätzlich weiterhin durchgeführt werden.
Auch häufig aufgetretene Fragen zu Inobhutnahmen beantwortet das Landesjugendamt auf dieser Seite. Die Durchführung von Inobhutnahmen bleibe grundsätzlich möglich, sofern dies konzeptionell in der jeweiligen Einrichtung vorgesehen und genehmigt sei.
Die Bürgerbeauftragte begrüßt, dass das Landesjugendamt die Trägerlandschaft bereits breit informiert hat und dies auch weiterhin tun möchte. „Von dieser Art der Information werden schließlich auch alle Bürger*innen – vor allem Kinder und Jugendliche – profitieren“, so El Samadoni. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen dürfe gerade in diesen Zeiten nicht abgeschwächt werden.
Bei weiteren Fragen oder auftretenden Schwierigkeiten berät und unterstützt das Team der Bürgerbeauftragten. Eine Kontaktaufnahme ist z. B. täglich von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0431-988 1240 oder per E-Mail unter buergerbeauftragte@landtag.ltsh.de möglich.

Las personas y la sociedad entera están respondiendo con altas dosis de responsabilidad y solidaridad a la pandemia del coronavirus. Las instituciones deben estar a la altura de ese esfuerzo individual y colectivo, en especial las encargadas de la defensa de los derechos de la ciudadanía. La Valedoría do pobo sigue aplicando todos sus esfuerzos y poniendo todos sus medios humanos y materiales al servicio de la ciudadanía, y más en una situación de amenaza de la salud pública y de confinamiento domiciliario como la que estamos viviendo, pues bajo estos condicionantes los derechos ciudadanos se encuentran limitados en su ejercicio. Desde el primer día hábil siguiente a la declaración del estado de alarma, la Valedoría do Pobo ha sustituido la actividad presencial de su personal por el teletrabajo. Sin solución de continuidad, se ha mantenido la actividad institucional, recibiendo y tramitando las quejas ordinarias, iniciando investigaciones de oficio y manteniendo contacto fluido con las organizaciones y entidades sociales.

INVESTIGACIONES DE OFICIO 

Iniciamos investigaciones de oficio en varios ámbitos relacionados con la pandemia. Destacamos: una primera actuación para comprobar la accesibilidad y atención de los Centros de Información a la Mujer durante el estado de alarma; las dificultades para solicitar ayudas por violencia de género dada la carencia de certificados digitales y la imposibilidad de acudir a los servicios de manera presencial; para mantener las prestaciones de inclusión social y acelerar las pendientes de resolución durante el estado de alarma; actuaciones en materia de vivienda ante la crisis sanitaria derivada de la Covid-19; la situación del sector marisquero gallego por la crisis de la Covid-19; el estado de tramitación de las ayudas a las entidades de defensa de los derechos de las personas con discapacidad; las medidas adoptadas para la recogida de residuos de pacientes en aislamiento domiciliario por la Covid-19; y la prórroga del tiempo de permanencia en una vivienda expropiada para la construcción de un parque público, acordando la entrega de las llaves cuando finalice del estado de alarma.

TRAMITACIÓN INMEDIATA

La Institución ha recibido varias quejas en relación con la pandemia, que, conjugando urgencia y menor impacto procedimental, ha tramitado con la precisa inmediatez y ausencia de formalismo.

En algunos casos, la situación afecta a colectivos o personas en situación de especial vulnerabilidad. Así sucede en el caso de la falta de un servicio diario y las 24 horas de intérprete de lengua de signos para la atención sanitaria de las personas sordas, así como las carencias de accesibilidad para esas personas en la información necesaria para luchar contra el coronavirus; en el mismo sentido, la dificultad para acceder a medios de subsistencia de las familias dedicadas a la actividad de venta ambulante; el corte del suministro eléctrico durante la vigencia de estado de alarma; o la falta de suministros alimenticios o de primera necesidad a las personas que los recibían de entidades sociales.

Algunas de las más importantes cuestiones señaladas relativas a investigaciones de oficio y quejas ya han tenido una respuesta positiva por parte de las administraciones competentes.

OTROS ASUNTOS

Otros asuntos abordados en las quejas son: la exclusión de las ayudas por la COVID-19 a los autónomos en régimen de estimación por módulos; la falta de medidas en relación con la persistencia de la obligación de pago de alquileres en los pisos de estudiantes que se han desocupado durante el estado de alarma, a diferencia de las medidas adoptadas en la red universitaria de residencias; la alegación de la falta de garantía de derechos digitales en amplias zonas del rural gallego, con insuficiencia de cobertura de internet o ancho de banda, lo que ocasiona problemas para continuar la formación académica on line o la realización de tareas escolares; o la restricciones de movilidad en relación con los acompañantes de los enfermos oncológicos que reciben tratamiento de quimioterapia.

En la lucha contra la pandemia hay que proteger la salud de las personas, cuidar a los que nos cuidan, dar atención a los colectivos vulnerables y desfavorecidos, y sentar las bases para un restablecimiento sólido de la actividad.

Las inquietudes relativas a la ausencia de equipos de protección y de pruebas PCR fueron comunicadas a la Valedoría desde el momento inicial de la declaración del estado de alarma. Tramitamos las quejas e iniciamos investigaciones de oficio para abordar la cuestión planteada en relación con el personal sanitario, sociosanitario y de ayuda en el hogar. En caso de denuncia de ausencia de EPIS en empresas privadas informamos sobre la posibilidad de poner los hechos en conocimiento de la inspección de trabajo. Contactamos también con el Defensor del Pueblo, a la vista de que la normativa emanada del Estado establecía condiciones relativas al manejo del material.

Las personas mayores sufren un mayor riesgo por el COVID-19 que las convierte en personas especialmente vulnerables. Recibimos también quejas sobre la situación de algunas residencias de personas mayores. Tramitamos las quejas e iniciamos investigación de oficio para conocer con detalle las actuaciones que se están llevando a cabo. 

En todas aquellas actuaciones y servicios que quedaron sometidos a las autoridades competentes señaladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, trasladamos el asunto al Defensor del Pueblo, en aplicación de los principios básicos de coordinación y cooperación previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 3/1981, respetando siempre lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Iniciamos investigación que trasladamos al Defensor sobre la necesidad de modificar el Real Decreto 463/2020 para incluir una regulación sobre la suspensión del régimen de visitas durante el estado de alarma. Trasladamos al Defensor la queja sobre la discriminación por las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno para la protección de las personas con un ERTE y los que son objeto de despido definitivo en contratos temporales. En otros casos hemos trasladado al Defensor la situación de empleados de empresas públicas o sociedades estatales con particulares circunstancias a causa de la pandemia, o las propuestas de sanción por incumplimiento del deber de confinamiento cuando concurrían circunstancias excepcionales, pero no previstas entre las actividades permitidas tras la limitación de la libertad de circulación.

COMUNICADOS PÚBLICOS

La Institución ha emitido comunicados públicos con la finalidad de solventar problemas que han surgido o pudieran surgir con relación a la pandemia. Hicimos un comunicado llamando a la solidaridad y a la responsabilidad para evitar determinadas conductas discriminatorias hacia determinados colectivos, particularmente hacia el Pueblo Gitano. También difundimos una comunicación sobre los derechos de las personas con discapacidad en la emergencia sanitaria, en la que entre otras cosas resaltamos la importancia mantener un contacto permanente con las entidades de defensa de esos derechos, lo que por nuestra parte estamos haciendo de forma directa y frecuente. Hoy mismo, 8 de abril, se celebra el día del Pueblo Gitano, por lo que emitimos un comunicado de apoyo con esa ocasión, llamando la atención sobre la necesidad de remover los perjuicios y de promover la inclusión contando con las mujeres, los hombres, las niñas y los niños gitanos (el detalle de esas comunicaciones se encuentra en nuestra web).

FALAMOS DE FEMINISMO

El foro “FALAMOS DE FEMINISMO” se mantuvo activo y subimos dos publicaciones sobre “mujer y coronavirus”. Difundimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la situación de las mujeres embarazadas y las pautas a seguir con los recién nacidos con Covid-19”.

REFORZAMOS NUESTRO COMPROMISO          

La Valedoría es consciente de la extrema situación que generó la pandemia y que motivó la declaración del estado de alarma y de ahí el propósito para que nuestra labor en defensa de los derechos de los ciudadanos, en esta situación de emergencia sanitaria y social, se materializara sin restar energía ni esfuerzos a las autoridades y a las personas que, en primera línea, se ocupan de la gestión de las consecuencias de la pandemia.

Reforzamos nuestro compromiso informando a través de este comunicado y de comunicados sucesivos sobre las actuaciones que se llevan a cabo relacionadas con la pandemia y el estado de alarma.

Government measures to combat COVID-19 have profound implications for everybody’s fundamental rights, including the right to life and to health, as mapped by a new Fundamental Rights Agency (FRA) report. Government responses to stop the virus particularly affect the rights of already vulnerable or at-risk people, such as the elderly, children, people with disabilities, Roma or refugees. Respecting human rights and protecting public health is in everyone’s best interest – they have to go hand-in-hand.

“We clearly need strong public health responses to protect life during the pandemic. But we can protect our health and respect human rights. It is not a zero sum game,” says FRA Director Michael O’Flaherty. “The more we respect human rights, the better will be our public health strategies. These strategies must also ensure that any limitations to people’s fundamental rights should only last as long as necessary and that they protect already vulnerable people who may face even greater risks from COVID-19.”

The FRA report 'Coronavirus pandemic in the EU: Fundamental Rights Implications' looks at the measures EU Member States use to address the pandemic to highlight rights-respectful approaches that other Member States can learn from.

It focuses on four issues underlining the need to carefully and regularly assess the impact on people’s fundamental rights as governments react to the ever-developing pandemic:

1. Daily life: Government responses have had a wide-ranging impact on fundamental rights, such as the rights to freedom of movement and of assembly, as well as rights relating to work, health and education.

• Social and physical distancing measures – While countries ordered at different times and with varying intensity such measures, they should not lead to social isolation.

2. Vulnerable groups: some people are more vulnerable than others, for example the elderly and children, people with pre-existing medical conditions, Roma, refugees, homeless people, prisoners, people in institutions.

• Greater protection – EU countries should protect but not isolate people in institutional settings, such as nursing homes, prisons or refugee centres. They should develop targeted measures to address the specific needs of other vulnerable groups such as shelters for victims of domestic violence and accessible healthcare information to 
• those who regular messaging may not reach.
• Racism: The COVID-19 pandemic triggered an increase in racist and xenophobic attacks particularly against people of perceived Asian background.
• Reporting – EU countries should closely monitor racist and xenophobic incidents and effectively report, investigate and prosecute such crimes.
• Disinformation and data protection: Almost all EU countries face disinformation on the pandemic. Many collect data to help curb the spread of the virus.
• Ensure data protection - EU countries should stay vigilant and ensure they implement all data protection safeguards when protecting health.

• This is the first in a series of three monthly reports on the impact of the Coronavirus disease (COVID-19) across the 27 EU Member States. It looks at the impact of government measures in place in February and March on people’s fundamental rights.

  For more, please contact: media@fra.europa.eu (link sends e-mail) / Tel.: +43 1 580 30 642

The Ombudsman dealt with the case in which the employer failed to issue any documents to the complainant following termination of her employment. She was thus unable to prove her average monthly net earnings and the labour office granted her unemployment benefits in the minimum amount. Later, she managed to obtain copies of her payslips from the employer’s accounts. She therefore asked the labour office to increase the benefits and pay the outstanding amounts retroactively. The office refused to deal with any documents other than a form filled in by the employer and denied her the requested benefits. It stated that it would not perform any calculations itself and would merely check the amount of earnings confirmed by the employer.

According the Ombudsman’s view if the employer fails to confirm an employee’s average monthly net earnings using the relevant form and the labour office is unable to perform an inspection under the Employment Act, the office has to determine the amount of unemployment benefits even on the basis of other available documents that the applicant submits or proposes.

Remedy was ensured by the Ministry of Labour and Social Affairs, which confirmed the Defender’s conclusion that a labour office has the duty to use also other underlying materials when setting the amount of the benefits.