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13-03-2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha asegurado que el derecho de las minorías al uso de la lengua propia, al ejercicio de su religión o al desarrollo de su cultura, “está garantizado por el pleno reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales al uso de la lengua cooficial, a la educación, a la participación política y al derecho a la cultura”.

Así lo ha expresado Fernández Marugán en la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada en Ginebra, donde se han analizado las conclusiones del Informe que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías realizó tras su visita a España el año pasado.

Según ha explicado el Defensor, el desarrollo democrático en los últimos 40 años “ha permitido avances legislativos, institucionales y de desarrollo de políticas públicas en la protección de los derechos fundamentales que están conectados con el respeto de las minorías”.

En este contexto, ha destacado que “se han garantizado estatutariamente el uso de las lenguas cooficiales en los territorios de las comunidades autónomas donde disponen de ella; se ha garantizado la educación en la lengua cooficial en las legislaciones autonómicas; se cuenta con planes nacionales para la mejor garantía de los derechos de las minorías étnicas y se ha reconocido la lengua de signos en español y distintas medidas para garantizar su uso en áreas como la comunicación en los medios públicos o la administración de justicia”.

Comunidad gitana

Ha destacado el trabajo realizado para mejorar la vida de la comunidad gitana, sobre todo en materia de integración social, garantía de escolarización y sobre la imagen del Pueblo gitano en la sociedad española.

En relación con la escolarización de los niños y niñas gitanos, el Defensor ha apuntado que “el principal problema al que nos enfrentamos es la falta de datos oficiales que permitan conocer de forma objetiva la situación real del alumnado gitano que denuncia la sociedad civil, porque se entiende que los datos sobre el origen étnico están limitados por la normativa vigente sobre protección de la intimidad”.

Para Fernández Marugán, “la protección de los datos personales no debe impedir recopilar datos desagregados, como se hace con el género, para tener conocimiento de la discriminación en España”.

Sobre el racismo, la xenofobia y el discurso del odio, el Defensor ha manifestado que constituyen “uno de los principales atentados contra sus derechos humanos en España” y ha reconocido que este problema afecta principalmente a minorías como la comunidad gitana, las personas de ascendencia africana, los migrantes y la minoría religiosa musulmana.

Escolarización de menores en Melilla

Fernández Marugán también se ha referido a la actuación del Defensor para proteger a los menores de origen marroquí, que son residentes de hecho en las ciudad autónoma de Melilla y que se encuentran en situación administrativa irregular, a los que se les niega el empadronamiento. Este hecho, sin embargo, no ha sido analizada en el informe del Relator.

El Defensor ha reiterado una vez más que los niños y niñas en España donde deben estar es en la escuela.

Reunión con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH

Fernández Marugán ha aprovechado su visita a Ginebra para mantener una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Durante el encuentro, se ha analizado la situación de los países y de las Defensorías del Pueblo que integran la Federación Iberoamericana del Ombudsman, (FIO). El Defensor ha trasladado su profunda preocupación por el actual ambiente de violencia que atraviesa la región iberoamericana en general y por los ataques a la independencia y al trabajo de las defensorías e instituciones nacionales de derechos humanos de estos países en particular.

Según un Informe elaborado por la FIO, pese a la desaparición de las dictaduras y el surgimiento de las democracias, la violencia en Iberoamérica no ha disminuido, aunque sí ha sufrido una transformación estructural.

El documento refleja que de la violencia “puramente gubernamental” de los años setenta y ochenta del siglo pasado, se ha pasado a una “violencia social” que refleja los crecientes problemas económicos y sociales de la región, que tiene elevados índices de marginalización de grandes capas de la sociedad.

Dicho informe constata además, que muchos Defensores del Pueblo iberoamericanos  encargados de defender los derechos fundamentales están siendo impedidos o limitados en sus actuaciones en determinadas ocasiones por los gobiernos, que son precisamente quienes tienen que asegurar el respeto por dichos derechos.