A l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et dans le cadre de sa mission de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits publie ce jour un livret à destination des formateurs et des formatrices sur le harcèlement sexuel au travail.

Le harcèlement sexuel constitue une forme de discrimination fondée sur le sexe, reconnue par la loi et le Défenseur des droits s'est saisi de cette question depuis de nombreuses années.

Le lieu de travail est un espace de vie qui n’échappe pas aux inégalités de genre et aux violences sexistes et sexuelles. Ainsi, l’enquête sur le harcèlement sexuel au travail publiée par le Défenseur des droits dès mars 2014 révélait que 20% des femmes actives disent avoir été confrontées à une situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle. Autrement dit, une femme sur cinq, soit plusieurs millions de femmes en France. Pourtant, l’enquête montrait que de nombreuses victimes demeurent seules face au harcèlement sexuel : près de trois victimes sur dix (29%) ne se sont confiées à personne et rares sont les victimes qui engagent des démarches judiciaires pour faire valoir leurs droits. En outre, plus de la moitié des actifs interrogés, hommes et femmes confondus, s'estiment plutôt mal informés sur le harcèlement sexuel au travail (57%).

Depuis, le cadre légal a été modifié pour renforcer les obligations des employeurs en matière de prévention et de sanction du harcèlement sexuel au travail. Afin de répondre à ces obligations, la formation des employeurs et d’autres acteurs clés de l’entreprise sur les violences faites aux femmes est nécessaire.

Dans la continuité des actions de sensibilisation menées depuis plusieurs années, notamment la campagne d’information #UneFemmeSurCinq, et convaincu que la lutte contre le harcèlement sexuel ne doit pas peser uniquement sur les épaules des personnes qui le subissent mais qu’elle est de la responsabilité de chacun et chacune, le Défenseur des droits a souhaité contribuer à l’indispensable mobilisation des acteurs.

Pour ce faire, l’institution a élaboré et diffuse aujourd’hui un livret afin de guider et d’outiller les employeurs qui cherchent à mettre en œuvre leurs obligations légales et toutes les personnes (employeurs, salariés, DRH, professionnels de la formation, associations, consultants…) qui souhaitent participer à ce combat en réalisant une session d’information, de sensibilisation ou de formation sur le sujet. Ce livret constitue également un point d’appui utile pour rédiger un cahier des charges de formation, pour solliciter un intervenant extérieur mais aussi pour évaluer la qualité et la pertinence des offres reçues.

Ce livret est construit autour de 3 grands thèmes et 3 fiches correspondantes qui apportent les connaissances théoriques, juridiques et pratiques nécessaires sur le harcèlement sexuel, ainsi que d’une fiche pédagogique proposant des pistes d’animation et des supports simples et adaptables :

• « Comprendre et reconnaître » : mieux cerner le harcèlement sexuel en permettant d’en comprendre les mécanismes mais également le cadre juridique ;
• « Alerter » : se mobiliser pour faire cesser une situation de harcèlement (cadre juridique et sanctions encourues, ressources potentielles, voies à suivre) ;
  • « Prévenir et réagir » : mettre en œuvre l’obligation de sécurité envers les salariés (sanction des situations de harcèlement rapportées et mise en place d'actions pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel).

La situación de presión en que se han encontrado muchas familias puede llevar a responder a las demandas de los hijos con diferentes formas de agresividad o abuso

Tanto durante el confinamiento más estricto como en la actualidad, sin atención presencial total en la mayoría de los servicios, la víctima se puede encontrar sin ningún tipo de apoyo

Cabe valorar la conveniencia de adaptar los protocolos de manera específica a las necesidades y casuísticas que han podido surgir a raíz de la crisis de la COVID
 

Con el inicio del estado de alarma como consecuencia de la pandemia de la COVID, diversas entidades y algunos profesionales expertos alertaban de la mayor probabilidad de que se desencadenaran situaciones de violencia en los hogares donde existe ya de entrada una cierta vulnerabilidad debido a las medidas de confinamiento.

El 2 de abril el Síndic inició una actuación de oficio para valorar las medidas tomadas en relación con la detección e intervención de las violencias sufridas por niños y adolescentes durante el confinamiento, y se dirigió a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, a la Secretaría de Salud Pública, a la Dirección General de Policía y al Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona.

El incremento de los niveles de estrés entre los progenitores es a menudo el mayor predictor de violencia física y negligencia hacia niños y adolescentes. Los padres y madres o cuidadores en situaciones de mucha presión tienen más probabilidad de responder a las conductas y demandas de los hijos con diferentes formas de agresividad o abuso. Una situación excepcional de confinamiento, con una convivencia permanente y forzosa, la movilidad reducida o nula, más las consecuencias que se pueden haber sufrido en el ámbito laboral y económico a resultas de la crisis, pueden favorecer las situaciones de conflicto y violencia. A esto, cabe sumar también la dificultad para la víctima de no poder encontrar apoyo de familiares, profesionales u otros recursos y servicios tan importantes como los centros educativos, los servicios sociales y los centros de salud, que no han podido seguir su atención presencial durante el periodo de confinamiento.

Actualmente, la mayor parte de servicios y recursos de atención a niños y adolescentes están abiertos, algunos, sin embargo, con un funcionamiento totalmente normalizado, y siguen prestando parte de los servicios de forma no presencial. En esta línea, algunas escuelas se van confinando debido a la detección de casos positivos, se da más absentismo a causa a la pandemia, los servicios de atención primaria de salud continúan en situación anormal de funcionamiento por la gran carga de trabajo relacionada con la contención de la COVID, con menos atención presencial y menos seguimiento no urgente. Y lo mismo sucede con los servicios sociales de atención primaria, que están desbordados por la gestión de las situaciones de pobreza sobrevenida derivadas de la crisis social debido a la situación de emergencia sanitaria y que, para proteger al personal, hacen menos desplazamientos a domicilio y seguimiento presencial de los casos. Todo ello ha ocasionado que durante el periodo de confinamiento algunas situaciones de violencia intrafamiliar, las más frecuentes, hayan quedado desatendidas y, por lo tanto, los niños que las han sufrido, desprotegidos. Y así lo avalan algunas de los datos estudiados por el Síndic. El Registro unificado de maltrato infantil-salud (RUMI_Salut), que es el instrumento que facilita la información estadística del maltrato infantil a través de la notificación de los profesionales de los centros hospitalarios públicos, indica un claro descenso en el mes de pleno confinamiento, donde sólo se notifican 9 casos respecto de la media habitual, alrededor de 30 casos mensuales. También hay un claro descenso en la evolución mensual de expedientes abiertos en el sistema de protección a partir del mes de marzo y hasta mayo de 2020.

En cuanto a la intervención de la UDEPMI, que es la Unidad de detección y prevención del maltrato infantil de la DGAIA y que da respuesta a comunicaciones, denuncias sociales y solicitudes de información de casos de maltrato infantil sobre todo derivados del teléfono Infancia responde 116111, también es el mes de abril cuando significativamente se abrieron menos expedientes nuevos, 52, respecto de los 227, 276 y 246 de los me ses de diciembre, enero y febrero. También en la misma línea los datos de llamadas recibidas en el teléfono Infancia Responde, que, mientras que el mes de enero de 2020 recibió 1.401 , en abril, en pleno confinamiento, solo recibió 950, un 32% menos.

Por lo anterior, el Síndic pide que, de manera urgente, se tomen medidas para priorizar la prevención, detección e intervención inmediata de las situaciones de violencia que se pueden estar produciendo en niños durante la crisis de la COVID-19.

Concretamente, pide:

1. Un seguimiento proactivo de los servicios y profesionales para prevenir y detectar la violencia, especialmente en caso de no asistencia presencial del niño a la escuela y otros recursos de seguimiento presencial del niño.
2. Más recursos de crianza positiva y acompañamiento a la parentalidad en el transcurso de todo el proceso de crianza y hasta a la edad adulta, especialmente durante la adolescencia. Es necesaria más formación especializada en este ámbito también dirigida a los profesionales.
3. Reactivar los servicios de atención primaria pediátrica priorizando las visitas presenciales de seguimiento y el normal funcionamiento del protocolo del niño sano, en la medida que sea posible, como herramientas de prevención y detección de situaciones de violencia en niños.
4. Potenciar las estrategias relativas a la detección y la atención de los malos tratos y los abusos sexuales infantiles y reforzar los servicios sociales básicos, municipales y comarcales a estos efectos

En cuanto a los servicios sociales y a los servicios de atención especializada a la infancia en riesgo, es necesario que los profesionales puedan hacer un seguimiento de los casos con la máxima presencialidad posible, preservando las medidas de protección, y si es posible, que incluya visitas a domicilio, para asegurar la protección de los niños y adolescentes afectados.

1. Realizar más estudios y macroencuestas sobre victimización para conocer la incidencia real y detectar situaciones que quedan ocultas, así como ampliar su alcance.
2. Potenciar la educación afectivo-sexual de los niños y adolescentes.
3. Reforzar, difundir y potenciar todos los medios de denuncia, especialmente accesibles y cercanos a los niños y adolescentes.
4. Aumentar y extender campañas de sensibilización también en redes sociales.
5. Mejorar el conocimiento de los protocolos existentes para luchar contra el maltrato infantil y valorar su actualización en base a las medidas tomadas para la contención de la pandemia.

El Síndic también pide que se valore que se puedan adaptar los protocolos de manera específica a las necesidades y casuísticas que han podido surgir a raíz de la crisis de la COVID y la situación de confinamiento para que puedan dar respuesta a nuevas situaciones que se puedan producir de manera reflexionada.

También ve necesario continuar con el trabajo de la Mesa Nacional de la Infancia de Cataluña y con la implantación del protocolo marco de actuaciones contra el maltrato infantil en cuanto a la coordinación entre departamentos, a fin de lograr una intervención eficaz que aborde la prevención, la detección y la atención de cualquier forma de violencia contra los niños.

Launch of the book ‘Serving People and Parliament – The Ombudsman Institution in Malta, 1995 – 2020’ edited by Prof Edward Warrington on the occasion of the 25th Anniversary of the establishment of the Office of the Ombudsman 

President of Malta George Vella said that although he is convinced that individual Members of Parliament take well into account the content of the Ombudsman’s annual report, it would be better if the House of Representatives debates the Ombudsman’s reflections and recommendations more regularly as, after all, is required by Article 29(1) of the Ombudsman Act and as also suggested by the Council of Europe’s Venice Commission in its latest report.

The President was speaking at an event held at San Anton Palace to launch the book Serving People and Parliament: The Ombudsman Institution in Malta, 1995-2020, edited by Prof Edward Warrington to mark the 25th anniversary of the establishment of the Office of the Ombudsman. While pointing out that the development experience of the Ombudsman’s Office offers important lessons and precedents that could be helpful in shaping other constitutional changes, he identified three principles that stand out in particular: the principle of graduality; the principle of carefully thought-out checks and balances; and the principle of consensus on the mission and composition of each institution, in Parliament and beyond. He said that the Ombudsman’s model succeeded and that the great trust it enjoyed among the people and Members of Parliament inspired other such institutional reforms, including the National Audit Office in 1997 and the Commissioner for Standards in Public Life in 2018.

The President observed that the 25th anniversary of the Office of the Ombudsman coincides with a time of constitutional renewal, unprecedented in the history of our country: “For the first time, after years of discussing the need for reform of our Constitution by the previous Presidents, I have held a wide-ranging public consultation on what constitutional reforms citizens want to see in our Constitution. This exercise is now closed and will serve as a basis for the discussions we are expected to have in the Constitutional Convention, which will start working when the pandemic allows us.” In the context of the consultations on the Constitution, he referred to the Report issued last October by the Council of Europe’s Venice Commission, which attaches great importance to the Office of the Ombudsman. More generally, he encouraged all those involved and interested to debate this report calmly and serenely in order to decide, as a nation, what more should be adopted from it, always within the parameters of political, legal, and constitutional circumstances.

Noting that official reports say that there are very few cases of disagreement between the Office of the Ombudsman and the entities subject to its jurisdiction, the President reiterated the call he recently made when visiting this Office: that the Ombudsman’s recommendations, when possible, should be accepted and implemented. Over the past 25 years, the Ombudsman has investigated the complaints of tens of thousands of people and has been called a ‘shield for citizens’, ‘the conscience of the public administration’, and ‘guardian of the rule of law’. He drew attention to the fact that in

n our country today there are tens of thousands of people who are not Maltese citizens. Although they also enjoy the fundamental rights and freedoms guaranteed by the Constitution, a considerable number of them suffer from social and cultural marginalisation and, sometimes, from economic exploitation. In this context, he stressed that the Ombudsman should also be their shield.

The President acknowledged all those who have served as Ombudsman or Commissioner in his Office and commended them for the dignified way they had served or are serving the mission entrusted to them by Parliament. He also thanked all those who work or have worked in the Office of the Ombudsman, as well as the editor and all those involved in the publication Serving People and Parliament: The Ombudsman Institution in Malta, 1995-2020, a publication that he recommended to all those who care about the proper governance of our country.

The event was also addressed by the Ombudsman, Mr Anthony C. Mifsud, and by the book’s editor, Prof. Edward Warrington.

Read the speech by the Ombudsman, Mr Anthony C. Mifsud here (MT)

Read the speech made by Prof Edward Warrington, editor of the book here (MT)

Hampshire County Council has been criticised by the Local Government and Social Care Ombudsman after it failed to meet an elderly man’s needs when his finances ran short.

The man, who has dementia, had initially paid for the care he received in his home. But, in Spring 2019, when a relative alerted the council that the man’s capital had fallen below the £23,250 threshold, it did not complete a Care Act compliant assessment.

Because of this, the council failed to address the man’s needs for help to maintain his home, leaving the man to pay for the support he needed.

The relative gave the council evidence that his needs had increased in September 2019, and care workers’ records showed they were having to stay longer to meet his needs. This should have triggered a review of his needs by social workers, but none was carried out until June 2020. At that point, the council increased the man’s budget.

The Ombudsman’s investigation found the council failed to carry out a Care Act compliant assessment and delayed implementing the man’s personal budget. It also failed to review the man’s needs in 2019, and either failed to produce or to retain a care and support plan for him and therefore did not identify and meet his eligible need for help to maintain his home.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

(...)

Programme: https://eu2020-bmjv-european-way-on-ai.de/storage/documents/Programme.pdf

Artificial Intelligence (AI) is already present in many areas of our daily lives. Public authorities may use it when handling social welfare applications or to support the work of the police. Private companies use it for developing tools to support health services or when placing adverts online. AI has rapidly moved up the political agenda, including in efforts to stop the spread of Covid-19.

Policymakers recognise the need to promote technological, economic and social innovation. But they also acknowledge that the use of AI must respect fundamental rights and freedoms, including privacy, data protection and non-discrimination.

Discussions about the fundamental rights implications of AI often lack concrete examples and experiences from the ground. The forthcoming report ‘Getting the Future right – Artificial Intelligence and Fundamental Rights in the EU’ from the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) provides an analysis of fundamental rights implications based on examples of actual use of AI and related technologies by businesses and public administration in the EU. On 14 December 2020, FRA will launch the report at this joint event with the German Presidency of the Council of the European Union.

Leading experts and opinion leaders will discuss what the report shows about the impact on fundamental rights of the use of AI, and the resulting requirements for a future EU framework regulating AI. This online event will provide an opportunity to engage in important discussions on how legally binding fundamental rights standards can shape the development of AI laws and policies, particularly in light of the European Commission’s forthcoming legal proposals, due in the first quarter of 2021.

This online event is your chance to discuss these and other aspects with experts and leading stakeholders in three different panel discussions:
 

• How can we enforce legally-binding fundamental rights?
• How do we set standards and promote best practices?
• How can we develop solid, workable law and policy?


• Polling questions, Q&A and short videos will ensure a fully interactive event. The conference will be webcast live at the on a dedicated website. If you are interested in the event or have any further questions, please contact us via e-mail at zb3-eu2020@bmjv.bund.de with the subject line “European Way on AI”.