Date of article: 24/01/2020
Daily News of: 28/01/2020
Country: 
Spain
- Catalonia
Author: Regional Ombudsman of Catalonia
Article language: es
24/01/2020
El Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado este viernes, 24 de enero, en el Parlamento de Cataluña la resolución sobre el Real decreto ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, la cual examina, por un lado, el contenido del Real decreto Ley; y, por el otro, las posibles afectaciones a los derechos fundamentales que se derivan de este contenido normativo, tanto por motivos formales o procedimentales como materiales o sustantivos.
El 5 de noviembre de 2019 entró en vigor el Real decreto ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. El 28 de noviembre la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados lo convalidó.
Se trata de un paquete de medidas que permite al Gobierno tomar el control de cualquier red de telecomunicaciones sin intervención judicial ni audiencia previa en los supuestos de amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad nacional, la seguridad pública o la salud pública, y cuando se prevean graves problemas económicos u operativos a otros operadores (que pueden ser agentes privados) o a usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas. Así, la posibilidad de intervención de la comunicación electrónica y de las infraestructuras podría permitir al Gobierno del Estado impedir el acceso a una determinada web o a una plataforma digital o, por ejemplo, limitar el flujo de información o las comunicaciones electrónicas, hecho que puede suponer una forma de censura mediante la limitación del acceso a Internet y a los servicios de telefonía, sin ningún tipo de control de la autoridad judicial.
El Síndic considera que la facultad de intervención se establece en un sentido tan amplio e indeterminado que puede afectar a las libertades de expresión, comunicación e información de la Constitución, al Convenio europeo y a la Carta de derechos fundamentales de la UE. Igualmente, presenta un potencial amenazador del derecho a la intimidad personal y familiar, el secreto de las comunicaciones y la protección de los datos personales.
También se pueden ver afectadas las libertades de expresión y de información en cuanto a la facultad del Gobierno para ordenar el cese cautelarísimo de una actividad supuestamente infractora en materia de telecomunicaciones antes de iniciar el procedimiento sancionador y sin audiencia previa. Esta previsión afecta de manera específica a algunas de las garantías concretas que establece la Constitución, como por ejemplo la prohibición de secuestro administrativo de publicaciones y otros medios de información, que requiere en todo caso una resolución judicial.
En opinión del Síndic, se considera especialmente grave la facultad genérica e indeterminada de intervención del Gobierno sobre las redes y los servicios de comunicación electrónica, y sus recursos asociados, puesto que tiene un efecto potencial de afectar ex ante a los contenidos que se pretenden difundir, cosa que resulta contraria a la prohibición de censura previa que establece el artículo 20.2 CE, en la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional.
Así mismo, en la medida en que la intervención gubernamental de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas puede conllevar también un acceso a determinado contenido que circulan o se transmiten por la red, la nueva regulación supone un riesgo cierto de lesionar la garantía constitucional sobre el secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 CE, que tan sólo se puede levantar con autorización judicial.
En una sociedad democrática, la protección de la seguridad pública, la seguridad nacional o el orden público no se puede hacer a través del control de los medios de comunicación, sean los medios de comunicación clásicos (radio, televisión, etc.) o las nuevas redes y servicios de la Sociedad de la Información y la comunicación, por donde circulan las ideas, las opiniones y la información. Por tanto, el Síndic considera contradictorio buscar estas finalidades haciendo abstracción de los derechos y las libertades fundamentales, y sobre todo de los que resultan estructuralmente necesarios, precisamente, para configurar esta sociedad como democrática.
En cuanto a la forma, genera dudas la utilización de la figura del decreto ley, dado que no se justifica la urgencia de la medida, y por el hecho de que existen afectaciones a derechos fundamentales, hubiera sido necesario haber optado por el procedimiento de aprobar una ley orgánica. También destaca la posible vulneración de competencias de la Generalitat, si bien sobre este último punto la resolución del Síndic se remite al reciente dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias.
La resolución se ha basado en el informe sobre la constitucionalidad de las medidas del Real decreto ley 14/2019 encargado al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Enoch Albertí.
Esta resolución ha sido enviada para que sean conocedores y a los efectos oportunos, al presidente del Parlamento de Cataluña y a los representantes de los grupos parlamentarios, así como a la Generalitat de Cataluña y al Defensor del Pueblo.
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