Es necesario revisar las bases para acordar un mecanismo que garantice el principio de igualdad que debe presidir la gestión de las ayudas e incorporar un criterio de resolución diferente del exclusivo del orden cronológico de presentación

Tal como ha anunciado el Gobierno, se debe realizar una nueva convocatoria en que se adopten las medidas oportunas para garantizar que todos los solicitantes pueden formular sus solicitudes sin incidencias técnicas

Es preciso incrementar la partida presupuestaria destinada a la nueva convocatoria y garantizar el derecho de las personas a ser informadas de los efectos fiscales de la percepción de la ayuda

Debe asegurarse la máxima transparencia en la gestión del procedimiento hasta su resolución

Recomienda que, mediante un convenio con el Estado, se articule un plan de choque de apoyo económico y social para la pandemia que incluya la moratoria de impuestos y de cotizaciones sociales para los sectores más afectados
 

El 3 de noviembre el Gobierno de la Generalitat aprobó el Decreto ley 39/2020, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, entre las que establecía una ayuda de 2.000 euros para los autónomos.

Se trataba de un pago único de 2.000 euros financiado con una partida presupuestaria de 20 millones euros y que, por tanto, preveía beneficiar 10.000 trabajadores por cuenta propia. La ayuda tenía por objetivo favorecer el mantenimiento de la actividad económica y paliar los efectos económicos originados por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Cada persona podía presentar un único formulario normalizado de solicitud y para una sola actividad económica, a partir de las 9:00 horas del primer día hábil siguiente a la publicación de la Resolución de la convocatoria en el DOGC, es decir, desde el día 9 de noviembre de 2020. Sin embargo, y pese a que el plazo debería permanecer abierto hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria destinada a la ayuda, el mismo día 9 las personas interesadas comenzaron a denunciar las dificultades en el acceso y el colapso del sistema establecido para la tramitación, hechos que dieron lugar a la apertura de una actuación de oficio por parte del Síndic.

La avalancha de solicitudes recibidas llevó al colapso del sistema y a que se hubiera de posponer la gestión a un día más. El día 10, sin embargo, el colapso se produjo de nuevo y las ayudas se agotaron en poco tiempo.

El colapso del sistema informático,así como el sistema elegido para adjudicar las ayudas, han ocasionado un gran malestar entre el colectivo de autónomos, que lo consideran injusto y degradante.

Las bases de la convocatoria de las ayudas señalan que el procedimiento de concesión es el de la concurrencia no competitiva, en el que existe convocatoria pública pero no se han establecido criterios de prelación y valoración diferentes del orden cronológico de presentación de las solicitudes.

En Cataluña, el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, establece que el procedimiento de concesión se debe someter a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, y que, preferentemente, el procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva. Sin embargo, consciente también de que este mecanismo puede no ser el más adecuado en determinados casos, el legislador ha previsto unos supuestos en los que es posible acudir a la concesión directa en que los solicitantes que cumplan los requisitos fijados en la convocatoria reciban la subvención hasta el agotamiento de los fondos asignados. En estos casos, no existe competición entre los solicitantes porque las solicitudes no se comparan entre sí. Todos los solicitantes que cumplan los requisitos serán beneficiarios y recibirán la subvención hasta el agotamiento de los fondos asignados.

No obstante, lo cierto es que la implementación de este procedimiento se ha visto en cuestión, ya que el mismo día en que se podían presentar las solicitudes se puso de manifiesto la imposibilidad de los aspirantes de acceder a la presentación del formulario porque la avalancha de presentaciones simultáneas colapsaron el sistema y, como bien ha reconocido la propia Administración, se produjeron múltiples incidencias.

Para respetar los pr IPIS de igualdad y no discriminación, es necesario que todos los solicitantes tengan garantizado el derecho a la presentación de las solicitudes por el medio establecido en la convocatoria en las mismas condiciones.

En este caso, parece que la Administración no ha podido garantizar, de acuerdo con la información de que se dispone, un acceso de los solicitantes a la presentación de sus instancias en condiciones de igualdad, fruto de las incidencias que se pudieron constatar durante los dos únicos días en los que se pudo efectuar este trámite, antes de que se agotara la dotación presupuestaria.

Como consecuencia de toda la problemática mencionada, el Gobierno ha manifestado la voluntad de diseñar y poner en marcha nuevas ayudas de apoyo económico, a través de un nuevo mecanismo legal más ágil con respecto al cual, sin perjuicio de las medidas que se adopten de oficio en la nueva convocatoria, el Síndic recomienda:

- Incorporar en las bases de la nueva convocatoria otros criterios de resolución de las solicitudes formuladas, diferentes del exclusivo del orden cronológico de su presentación, en el marco de una política global y coherente para hacer frente los efectos sociales de la COVID-19.

- Adoptar mecanismos que garanticen el principio de igualdad en el acceso a las ayudas, disponiendo los medios que aseguren la participación de los solicitantes por los canales que determinen las bases de la convocatoria, sin incidencias técnicas imputables a la Administración.

- Fijar en las bases de la convocatoria la información necesaria sobre los efectos fiscales que pueda tener la concesión de la ayuda para las personas que resulten beneficiarias.

- Asegurar la máxima transparencia en la gestión del procedimiento hasta su resolución.

- Incrementar la partida presupuestaria destinada a la nueva convocatoria, dado el grave impacto económico que ha provocado la COVID-19 en el sector.

- Acordar la adopción de un convenio con el Gobierno del Estado para que se articule un plan de choque de apoyo económico y social que incorpore recursos económicos y mejoras fiscales, vía moratoria de impuestos y cotizaciones sociales, para los sectores más afectados por la pandemia.

n 7 November, 2020, in accordance with the National Action Plan on Combating Human Trafficking in the Republic of Azerbaijan for 2020-2024, an online meeting was held in order to strengthen measures to prevent child marriage within the joint cooperation with the Ministry of Education, the Republic Center for Child and Youth Development, the State Committee for Family, Women and Children Affairs, State Committee for Work with Religious Organizations, Office of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan.

During the meeting, issues of raising awareness on the prevention of child marriage, protection of the rights of young girls and their education, maternal and infant mortality, domestic violence, prevention of human rights violations, especially children's rights were discussed by specialists and experts.

It was noted that every year, at the threshold of the UN Convention on the Rights of the Child  (CRC) anniversary, the Ombudsman at national level initiates “Child Rights Month-Long” campaign from 20 October to 20 November to ensure that the children receives more attention and the child rights protection is further strengthened.  

During the meeting, Azer Isali, a staff member of the Ombudsman Office has provided information about the Ombudsman’s activities carried out for protection and promotion of children’s rights, which is an integral part of human rights, also actions taken during the pandemic period.

It was also noted that one of the main activities of the HRCA in the relevant field is also awareness-raising activities.

It was noted that the 916 Call Center is operating in the Office in order to identify and investigate violations of children’s rights and others on time.

Representatives of the organizations had interactive discussions on the topic.

The Commissioner published today her submission to the Committee of Ministers in the context of the supervision of the execution of the judgment of the European Court of Human Rights of 2007 in the case of D.H. and Others v. the Czech Republic.

This case relates to the violation of Article 14 of the European Convention on Human Rights (prohibition of discrimination) in conjunction with Article 2 of Protocol No. 1 (right to education) on account of the fact that children were assigned to special education as a result of their Roma origin.

Commissioner Mijatović notes that the measures taken to improve the inclusion of Roma children in mainstream education have not provided the breakthrough necessary to solve the deep-rooted inequalities that underlie discrimination against Roma children in education. She emphasises the need for broader measures that look more widely at a whole range of issues including the impact of institutionalised anti-Gypsyism, poverty, social exclusion and territorial segregation; the protection of Roma children from hostility and violence; resistance to inclusion from professionals and the public at large; and the inclusion in the school curriculum of human rights, non-discrimination and awareness of Roma history and culture and the relevant teacher training.

The Commissioner also recommends several steps to ensure the sustainability of the inclusion of Roma children in mainstream, quality education, building on positive measures already in place. In this context, she also points to guidance provided in the Position Paper ‘Fighting school segregation in Europe through inclusive education’ (also available in Czech).

• Read the Commissioner's submission to the Committee of Ministers

La semaine internationale de sensibilisation à la fraude est une initiative de l’ACFE, la plus grande association mondiale rassemblant plus de 85 000 professionnels de la lutte contre la fraude et dont le Centre Intégrité du Médiateur fédéral est membre. L’ACFE souhaite diminuer l'impact de la fraude dans les entreprises et les services publics par la prévention et la sensibilisation.


Campagne de prévention

Le Centre Intégrité, qui enquête sur les signalements de fraude dans les administrations fédérales et protège les fonctionnaires lanceurs d’alerte, participe notamment à une campagne de prévention d’ENABEL, l’agence belge de coopération au développement, adressée aux 1 500 membres de son équipe.

Quel que soit le service public fédéral, tout fonctionnaire témoin d’une fraude peut le signaler, en toute confidentialité, au Centre Intégrité. 

> Découvrez comment le Centre Intégrité enquête sur les signalements de fraude

> Faites connaissance avec Kim Anh Nguyen, enquêtrice au Centre Intégrité


Développer la politique d’intégrité

Sur base des enquêtes qu’il mène depuis plus de 6 ans, le Centre Intégrité constate trop souvent que les fonctionnaires ne sont pas assez informés des risques de fraude auxquels ils sont exposés.

Or, pour lutter efficacement contre la fraude, il faut accorder davantage d’attention à la prévention. Dans son Memorandum 2020, le Médiateur fédéral demande de développer la politique d’intégrité des administrations fédérales. Il l'a remis à la ministre de la Fonction publique lors de son entrée en fonction.

> Plus d’infos (en anglais) sur la semaine de sensibilisation sur www.fraudweek.com