En relación con la salud mental de los jóvenes ha recomendado promover programas de prevención y promoción de la salud mental así como mejorar la accesibilidad de los servicios actualmente existentes

El documento que recoge los principios de Venecia quiere ser un referente internacional en cuanto a las directrices que los estados deben seguir para proteger las instituciones de ombudsman
 

Hoy, 9 de noviembre, el síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado por la adjunta para la defensa de los derechos de los niños, Maria Jesús Larios, ha comparecido ante la Comisión del Síndic para debatir el informe El derecho a la salud mental infantil y juvenil: garantías en el acceso y la atención a los centros residenciales, que fue entregado al Parlamento en noviembre del año pasado.

Este informe se elaboró ​​partir del análisis de las quejas recibidas, los intercambios con profesionales, y también de las visitas a centros llevadas a cabo por el equipo del Síndic y por el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT) a los centros residenciales actualmente existentes.

En su intervención, los miembros del Síndic han hecho hincapié en la discriminación por razones económicas en la garantía del derecho a la salud mental. En este sentido, las cifras indican que hay mayores probabilidades de tener un trastorno mental en familias de clase social desfavorecida. Este hecho se explica por la mayor probabilidad de sufrir, tanto directamente como a través de sus progenitores o cuidadores principales, estresores ambientales derivados de falta de garantía estable en la cobertura de las necesidades básicas de la familia (vivienda, alimentación, entre otros).

También han destacado la insuficiencia de recursos para atender los problemas de salud mental, trastornos de conducta y adicciones de los adolescentes, que a menudo están saturados. La red pública de salud y la red de servicios sociales, por otra parte, no cubren ni servicios residenciales de comunidad terapéutica para niños y adolescentes menores de dieciocho años drogodependientes ni servicios residenciales para niños y adolescentes menores de dieciocho años con discapacidad intelectual o física, a menudo asociados a trastornos de conducta, ni tampoco servicios residenciales de tipo educativo terapéutico para niños y adolescentes con problemática derivada de salud mental, que también pueden concurrir con trastorno de conducta.

Durante la intervención de hoy también se ha hecho hincapié en la falta de garantías en el ingreso y de supervisión en la intervención de los recursos residenciales, que a menudo se realiza en centros privados sin la supervisión ni el control de la Administración. Además, a menudo implican restricciones importantes de libertades y derechos y no siempre toman como punto de partida y final el interés superior de cada niño o adolescente y el respeto a las necesidades específicas y concretas que presenta, así como la salvaguarda de sus derechos fundamentales.

En último lugar, el Síndic ha querido hablar sobre el uso disfuncional de los recursos especializados del sistema de protección. Por un lado, el sistema de protección a la infancia y la adolescencia actualmente tiene dificultades para proveer recursos adecuados a las necesidades que presentan los adolescentes tutelados. Esto hace que algunos de estos adolescentes sean atendidos en centros no adecuados a sus necesidades, como los niños residentes en CREI con patologías mentales. Y, por otro, las familias que no pueden sufragar el elevado coste que suponen estos recursos intentan acceder por medio de la financiación que les aporta la cobertura del seguro escolar obligatorio, lo que implica una limitación en la duración del tratamiento. Otras familias recurren a la cesión de la guarda o tutela de su hijo o hija a la Administración para que ésta cubra el coste económico del recurso.

Por todo lo anterior, el Síndic ha recomendado promover programas de prevención y promoción de la salud mental, mejorar la accesibilidad de los servicios actualmente existentes, realizar un análisis de la cobertura de los recursos públicos, y regular y supervisar que todo internamiento en centro residencial especializado de un niño y adolescente cumpla los requisitos.

Principios sobre la protección y la promoción de la institución del ombudsman

En otro debate, el síndic, Rafael Ribó, acompañado del adjunto general, Jaume Saura, informó a la Comisión acerca de los Principios sobre la protección y la promoción de la institución del ombudsman.

Se trata de un documento aprobado por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa, más conocida como Comisión de Venecia del Consejo de Europa que el Síndic de Greuges ya trasladó al Parlamento de Cataluña y diferentes defensorías, y que quiere ser un referente internacional en cuanto a las directrices que los estados deben seguir para proteger las instituciones de ombudsman. Algunas de estas instituciones en los últimos años han visto amenazada su independencia, e incluso su misma existencia.

Elaborados a partir del amplio abanico de modelos de ombudsman que hay en todo el mundo, estos 25 principios abarcan exhaustivamente todas las situaciones y los elementos relacionados con los ombudsman, desde la elección, el despido o los mandatos hasta a las garantías financieras y recursos necesarios para el correcto funcionamiento e independencia de las instituciones del defensor del pueblo. El objetivo es consolidar y potenciar los ombudsman, que ostentan un papel crucial en el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, el buen gobierno y la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En nombre del Instituto Internacional del Ombudsman, como presidente europeo, el defensor del pueblo no solo lideró la consulta que se hizo a todos los defensores de Europa sobre el documento aprobado sino que también participó en los debates y trabajos previos a su aprobación.

Luna exige que se facilite la tramitación de ayudas a las personas

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha detectado que buena parte de los problemas que denuncia la ciudadanía tienen que ver con las graves dificultades que surgen para obtener documentos que les exige una administración para tramitar un servicio, ayuda o prestación, cuando es una obligación legal que las administraciones actúen de forma coordinada aprovechando la información de la que disponen y así evitar que las personas tengan que aportar documentación que ya está disponible en el sistema.

La actual situación socio-sanitaria provocada por la Covid-19 ha complicado más la obtención de documentos a causa de la reducción de los servicios ofrecidos presencialmente. Así, en muchas ocasiones ha de obtenerse cita previa que puede llegar a concederse con bastante retraso. Todo ello empeora aún más la situación de quienes son más vulnerable y necesitan de mayor ayuda. Por si fuera poco, no parece procedente en estos momentos de pandemia exponerse a guardar cola ni tensar la atención en persona para hacer trámites innecesarios.

Asimismo, son muchas las personas que no pueden o no saben utilizar internet para relacionarse con la administración cuando precisan tramitar la renta valenciana de inclusión, una vivienda, o una ayuda de emergencia, por ejemplo. De hecho, a menudo una administración requiere el certificado de empadronamiento cuando es un documento que puede conseguir a través de otra administración.

Así las cosas, en aras de una mejor gobernanza y mayor eficacia, el Síndic reclama a las administraciones que se coordinen y sólo requieran documentos y datos de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y garantizando el derecho de las personas a no aportar aquellos que:

1. a) ya se encuentren en poder de la administración que está tramitando la solicitud o

1. b) hayan sido elaborados por cualquier otra administración o
2. c) hayan sido previamente aportados ante cualquier administración. En este caso, si bien la persona debe indicar cuándo lo presentó y ante qué concreta administración, únicamente puede serle exigido que aporte documentos cuando se justifique que es imposible para la administración obtenerlos a través de sus propios medios.

Por otra parte, el Síndic también señala que la administración debe incluir en todos los procedimientos, modelos que faciliten a las personas el derecho citado.

Del mismo modo, para facilitar los trámites administrativos, la administración únicamente debe exigir a las personas que corrijan los defectos de sus solicitudes cuando sea realmente necesario, teniendo en cuenta que:

1. a) No todos los defectos tienen la misma importancia. Debe tenerse en cuenta la forma más fácil de corregirlos desde el punto de vista de la persona interesada, facilitándole esta labor.
2. b) Los defectos pueden ser corregidos mientras la administración no declare de forma expresa el desistimiento de la persona; esto es, que ya no muestra interés real en continuar con su petición.
3. c) Los escritos exigiendo a las personas que aporten datos o documentos deben ser puestos en su conocimiento de modo directo y resultar claros; no debe quedar duda de qué se pide, para qué se pide y en que normativa se apoya la administración. Esto es de especial importancia en los procedimientos cuyo fin es facilitar ayudas para atender a personas en situaciones de necesidad. Debe evitarse que se conviertan en sí mismo en obstáculos que eliminen su posibilidad de obtener dichas ayudas.

Incorrect and delayed decisions about NHS-funded care packages are having a devastating impact on people’s lives, leaving some without essential care, while some people are having to pay out hundreds of thousands of pounds in care costs while they wait for decisions.

Complaints to the Ombudsman about NHS continuing healthcare funding (CHC) have shown repeated failings in the way local Clinical Commissioning Groups (CCGs) assessed people’s care needs and funded their care packages.

Some complainants had made huge financial sacrifices to pay for a family member’s care. Others spent years without the care they needed because their local CCG assessed their needs incorrectly. Many have experienced stress, anxiety and ill-health as a result.

Mr V from London complained to the Ombudsman after his mother, who needed 24-hour care after having a stroke, was not provided with a care plan or sufficient funding to cover her care needs. This meant Mr V’s family had to take on some of the caring responsibilities themselves and fund an additional carer for 119 hours a week for more than two years.

The Ombudsman found the CCG’s failings placed a huge financial and emotional burden on Mr V and his family. Following intervention by the Ombudsman, the CCG refunded Mr V for the care it should have provided his mother, which totalled over £250,000.

(...)

Ein Wiener, dessen private Fahrzeuge sich für den Transport von Müll zu einem der Mistplätze nicht eigneten, borgte sich ein Firmenfahrzeug aus. Dieses hatte allerdings ein niederösterreichisches Kfz-Kennzeichen, darum wurde ihm die Müllentsorgung an verschiedenen Mistplätzen in Wien verwehrt. Er wandte sich an den zuständigen Volksanwalt Dr. Walter Rosenkranz, da ihm auch niemand mitteilen konnte, wie er sein altes Sofa doch noch kostenlos in Wien entsorgen könne.

In einer schriftlichen Antwort aus dem Büro der zuständigen Stadträtin hatte man nur erneut darauf verwiesen, dass Fahrzeuge mit einem anderen als Wiener Kfz-Kennzeichen nicht kostenlos Müll am Mistplatz entsorgen dürften, Härtefälle würde man aber bedauern.

In einer Stellungnahme der Stadt Wien an die Volksanwaltschaft konnte schließlich ein Lösungsweg aufgezeigt werden: Unter Nachweis des Wiener Wohnsitzes und der Privatnutzung des Firmenwagens kann via E-Mail an die Mailadresse post@ma48.wien.gv.at eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden, um so auch mit einem Gewerbefahrzeug ohne Wiener Kennzeichen den Mistplatz nutzen zu können.

„Aus Sicht der Volksanwaltschaft wurde mit dieser Möglichkeit der Ausnahmegenehmigung sichergestellt, dass alle Personen mit Wohnsitz in Wien die öffentlichen Sammelstellen nutzen können“, stellte Volksanwalt Rosenkranz abschließend fest. Die Volksanwaltschaft regte an, die Information, wie man eine Ausnahmegenehmigung erlangen kann, bei den Nutzungsbedingungen der Mistplätze zu ergänzen.