(CoE) The Russian authorities should end continuous judicial harassment of human rights defenders

Date of article: 30/09/2020

Daily News of: 30/09/2020

Country:  EUROPE

Author: Commissioner for Human Rights - Council of Europe

Article language: en

Yesterday’s judgment against Yuri Dmitriev, a Russian historian and human rights defender sentenced to 13 years’ imprisonment in a high-security prison having been acquitted earlier on the same charges, raises serious doubts as to the credibility of his prosecution.

Mr Dmitriev is widely known in Russia and beyond for his research and his work focusing on the commemoration of victims of past political repression. The harsh verdict delivered by the Karelian Supreme Court in the absence of the legal counsel chosen by Mr Dmitriev cannot be deemed to have complied with fair trial guarantees and is a further illustration of a broader pattern of judicial harassment against human rights defenders, journalists and other independent or critical voices, which has been growing in the Russian Federation in recent years.

Once again I urge the Russian authorities to reverse this alarming trend of targeting Russian civil society. As a matter of urgency the criminal prosecution of a number of human rights defenders, journalists and civil society activists, including those of Abdulmumin Gadzhiyev, Yulia Tsvetkova, Anastasia Shevchenko and Semyen Simonov for engaging in legitimate civil society activities, must stop. As a Council of Europe member state, Russia should also adopt structural measures at the political, legislative and practical level which genuinely create a safe and enabling environment for the work of human rights defenders, as required by European human rights standards. Instead of intimidating and harassing civil society, the Russian authorities at all levels should effectively co-operate with them and publicly acknowledge their essential role and invaluable contribution to society’s democratic development.

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El Síndic recomienda al Ayuntamiento de Premià de Mar cumplir la normativa sobre el empadronamiento

Date of article: 30/09/2020

Daily News of: 30/09/2020

Country:  Spain - Catalonia

Author:

Article language: es

Se debe empadronar a las personas a pesar de que no dispongan de la documentación requerida por la vía ordinaria

El padrón no se puede ver distorsionado por las cuestiones de naturaleza jurídico-privada que puedan derivarse de la titularidad de la vivienda

El Síndic vela por el cumplimiento de la normativa sobre el padrón en las administraciones locales
 

El Síndic ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la aprobación de una moción por parte del Pleno del Ayuntamiento de Premià de Mar cuyo objetivo es evitar el empadronamiento de los vecinos del municipio que no puedan acreditar la titularidad de un piso o un contrato de alquiler. La moción viene motivada por la finalidad del Ayuntamiento de poner freno al aumento de ocupaciones ilegales de pisos en el municipio, muchas de las cuales han provocado graves problemas a los vecinos afectados, violencia y robos, a pesar de que los ayuntamientos no pueden adoptar decisiones o criterios que impliquen utilizar el padrón para fines diferentes de las que le otorga el ordenamiento jurídico.

Desde el año 2010, el Síndic ha estudiado ampliamente, a partir de las diferentes quejas recibidas, la actuación de algunos ayuntamientos a la hora de tramitar las solicitudes de empadronamiento de personas que no pueden acreditar el título jurídico de ocupación de la vivienda en la que habitan.

En el caso de Premià, el Síndic ha comprobado que efectivamente toda la información sobre la tramitación de las altas en el padrón se articula a partir de lo que se puede denominar como vía ordinaria para acreditar la residencia, la cual comporta disponer de la original y la copia de la escritura o del contrato de compraventa, o bien la del contrato de alquiler. Sin embargo, no se puede olvidar que el alta en el padrón también se llevará a cabo a pesar de que la persona no disponga de la documentación requerida por la vía ordinaria, es decir cuando no disponga de la documentación relativa a la disponibilidad de la vivienda que ocupa: ya sea porque no puede entregar ningún título jurídico, o bien porque, en los casos de pisos compartidos, el titular o arrendatario de la vivienda no está dispuesto a emitir ninguna autorización por escrito a favor de la persona que lo ocupa.

Por todo ello, el Síndic considera que la sede electrónica municipal debería ampliar la información relativa al trámite de alta en el padrón para incluir en ella esta última " vía extraordinaria", e informar a las personas que en los casos en que no dispongan de la documentación relativa a la disponibilidad de la vivienda que ocupan, o si viven en un espacio no apto como vivienda o viven en la calle, también pueden instar la solicitud de inscripción en el padrón, para cuya tramitación deberán facilitar los datos del domicilio de residencia y los medios de contacto, con el fin de que el Ayuntamiento pueda realizar las comprobaciones que estime necesarias.

Según el ordenamiento jurídico aplicable la función del padrón municipal es la de ser un registro administrativo que debe dejar constancia de los vecinos de los municipio (art. 16.1 Ley 7/1985). El registro debe ser lo más exacto posible, puesto que debe reflejar la realidad del territorio, es decir, las personas que viven habitualmente en el municipio y, por tanto, no se puede ver distorsionado por las cuestiones de naturaleza jurídico-privada que puedan existir acerca de la titularidad de la vivienda. La normativa, además, no obliga, como requisito para la inscripción en el padrón, tener que acreditar el domicilio de residencia habitual mediante la exhibición del título posesorio sobre la vivienda; al contrario, este título es sólo un documento que el ayuntamiento puede solicitar para verificar que la persona reside efectivamente en el domicilio que quiere hacer constar en el padrón y puede ser sustituido por otros documentos o por una actuación de comprobación del mismo ayuntamiento. En definitiva, el título posesorio no es un requisito para la inscripción en el padrón, sino sólo la vía ordinaria para acreditar la residencia, que también puede ser comprobada por otras vías.

En vista de todo lo anterior, el Síndic  quiere poner de relieve las consideraciones siguientes:

  • Que el hecho de no empadronar las personas que no disponen de un título de ocupación conlleva impedirles que, ante una situación de emergencia económica y social y de acreditación de la vulnerabilidad de la unidad de convivencia, como puede ser un desahucio, puedan cumplir uno de los requisitos exigidos para concurrir en los procesos de valoración de solicitudes de vivienda por parte de la Mesa de valoraciones de situaciones de emergencias económicas y sociales de Cataluña, como es el hecho de estar empadronado en el domicilio afectado.
  • Que los ayuntamientos no pueden adoptar decisiones o criterios que impliquen utilizar el padrón para fines diferentes de los que le otorga el ordenamiento jurídico, como ocurre en las ocupaciones de las viviendas vacías al denegar la inscripción a la persona que vive realmente. El ejercicio de la potestad de inscripción o de denegación se efectuará de acuerdo con el principio de legalidad, sin que sea posible hacer un uso para fines distintos de los establecidos en la norma.

En enero de 2008 el Síndic presentó en el Parlamento un informe monográfico sobre La gestión municipal del empadronamiento de los inmigrantes, en el que ya se recogían diversas recomendaciones relacionadas con el padrón municipal, con el objetivo de ofrecer un amplio estado de la cuestión en Cataluña a la vez que se ofrecía a los ayuntamientos como herramienta de trabajo, de ayuda y de mejora.

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Volksanwalt Amon heißt die neue Botschafterin Taiwans herzlich willkommen

Date of article: 30/09/2020

Daily News of: 30/09/2020

Country:  Austria

Author:

Article language: de

Katherine Chang, die neue Botschafterin Taiwans, stattete der Volksanwaltschaft  einen Antrittsbesuch ab und wurde von Volksanwalt Werner Amon herzlich willkommen geheißen. Volksanwalt Amon, der auch Generalsekretär des International Ombudsman Institute, kurz IOI, ist, freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit und eine Fortsetzung der bisherigen guten Beziehungen zu Taiwan.

Das IOI als eine unpolitische internationale Organisation für unabhängige Verwaltungskontrollorgane auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sieht seine Hauptaufgabe in der weltweiten Förderung und Entwicklung des Ombudsman Konzeptes sowie in der Unterstützung und Vernetzung von Ombudsman Einrichtungen weltweit. „Das IOI dient als Plattform zum Erfahrungsaustausch für gute Verwaltung und Menschenrechte“, betont Amon die Bedeutung des International Ombudsman Institute.

Weiterführende Informationen zum International Ombudsman Institute finden Sie hier.

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Integration and Digitalization are the drivers of the economy of wellbeing and the essential elements of a fair balance of rights in the future of health and social services

Date of article: 26/09/2020

Daily News of: 30/09/2020

Country:  Finland

Author:

Article language: en

he Chancellor of Justice of the Government of Finland, Dr. Tuomas Pöysti delivered a speech at the joint meeting of the EU Chief Medical ad Dental Officers and Directors of Pharmaceutic Policy, Helsinki 26 September 2019. The Chancellor addressed the service integration and digitalization as fundamental drivers of change in social and health care and, also as solutions to the challenge of ensuring equal access to high standard of health and social protection.

Service integration is one of the most promising ways to improve client & patient service, improve equality in health and the cost-effectiveness of social and health services. The service integration is practically realised on the digital platforms and in a service network and ecosystem based on them. Platform and ecosystem model seem to be also the foundation for the economy of wellbeing. To achieve that on a fair bases some common principles of data centred platforms and ecosystems should be followed.

Speech of the Chancellor of Justice of the Government of Finland, Dr. Tuomas Pöysti on 26 September at the Joint Meeting of the European Union Chief Medical, Dental and Pharmaceutic Officers

Integration and Digitalization Drivers of the Economy of Wellbeing and a Fair Balance of Rights (PowerPoint slides)

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(Court) Judgment of the Court of Justice in Case PPU Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principe de spécialité)

Date of article: 24/09/2020

Daily News of: 30/09/2020

Country:  EUROPE

Author:

Article language: en

Languages available: bg es cs da de et el en fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200117en.pdf

Court of Justice of the European Union

PRESS RELEASE No 117/20

Luxembourg, 24 September 2020

Judgment in Case C-195/20 PPU Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof v XC

A measure involving deprivation of liberty taken against a person referred to in a first European Arrest Warrant (EAW) on the basis of a prior offence different from the one which justified his surrender under a second EAW is not contrary to EU law if that person’s departure from the Member State that issued the first EAW was voluntary

In that context, consent must be given by the executing authorities of the Member State which surrendered the prosecuted person on the basis of the second EAW

XC was prosecuted in Germany in three separate sets of criminal proceedings. First, on 6 October 2011, he was sentenced by a local court to a combined custodial sentence of one year and nine months. That sentence was suspended on probation.

Second, in 2016, criminal proceedings were instituted in Germany against XC for an offence committed in Portugal. Since XC was in Portugal, the Staatsanwaltschaft Hannover (Public Prosecutor’s Office, Hanover, Germany) issued a European Arrest Warrant (‘EAW’) in order to prosecute XC for that offence. The Portuguese executing authority authorised XC’s surrender to the German judicial authorities. XC received a custodial sentence of one year and three months. During the execution of that sentence, the suspension on probation of the sentence imposed in 2011 was revoked. 

(...)

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