The Ombudsperson, Ms. Sabina Aliyeva received the newly appointed Head of the International Committee of the Red Cross (ICRC) Delegation in Azerbaijan, Ms. Ariane Bauer and the former Head, Ms. Elena Ajmone Sessera.

During the meeting, the Ombudsperson has touched upon the situation of the citizens of Azerbaijan and their families, including women and children, who joined the various armed groups in Syria and are being held as hostages and captives in various refugee tent camps there at present. She asked the ICRC, within its mandate, to assist in ensuring of their rights, obtaining and verifying the information about those persons, preventing torture and inhumane treatment towards them and returning them to Azerbaijan.

Ms. Aliyeva also stressed her deep concern about the violation of the rights of Shahbaz Guliyev and Dilgam Askerov who were taken hostages by the armed forces of Armenia in 2014 while visiting the graves of their parents in the occupied territories of Azerbaijan. These persons are still held as hostages by Armenia and have undergone severe torture and degrading treatment.

During the meeting, the parties have also discussed the issues related to the situation in the borderline between Azerbaijan and Armenia, as well as the future perspectives of the mutual cooperation.

· Denuncia que personas carentes de recursos o ingresos se encuentran atrapadas en la maraña burocrática del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima andaluza, y lamenta la falta de información o el asesoramiento erróneo de las administraciones

· Solicita a la Consejería de Política Social que aclare cuál está siendo la práctica que se ha adoptado con los expedientes de renta mínima, en cualquiera de sus fases, tras la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, y el criterio adoptado para la suspensión del pago de la prestación que le trasladan las personas afectadas

· Se muestra convencido de la posibilidad de pervivencia de la prestación andaluza para dar amparo a todas las personas urgidas de protección social sin demora

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha vuelto a requerir a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales una respuesta ante su petición de que reconfigure la Renta Mínima de Andalucía para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital y que ponga fin a los procedimientos que continúen abiertos desde la entrada en vigor de la prestación autonómica en 2018.

El Defensor andaluz ha lamentado la falta de respuesta sobre su último llamamiento realizado el pasado junio y ha advertido de la necesidad de conocer los planes de la Consejería ante “un agravamiento de la situación de las personas carentes de recursos o ingresos, que se encuentran atrapadas en la maraña burocrática del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima andaluza”. Entre otras cuestiones, Jesús Maeztu ha citado en su petición casuísticas como aquellas personas que han solicitado el ingreso mínimo vital y, sin llegar a obtener una respuesta, han dejado de percibir la renta mínima de inserción social en Andalucía sin notificación previa, así como otros que han tramitado la renovación de la renta mínima y pedido el ingreso mínimo estatal, sin que la Administración resuelva.

Del mismo modo, el Defensor denuncia la falta de información o el asesoramiento erróneo que desde cualquiera de las Administraciones implicadas (autonómica o local) se ofrece a las personas interesadas, “que las lleva a solicitar el ingreso mínimo vital y a desistir de la renta autonómica, a pesar de que esta última está en vigor y tiene un claro ámbito de cobertura legal, llamado a dar respuesta a todos aquellos a quienes se deniegue el primero y, muy particularmente, puede proteger a aquellos cuya solicitud de ingreso mínimo vital se desestime por tomar en consideración una capacidad económica desajustada con la realidad actual (por ir referenciada a 2019), en vez de contemplar la situación a la fecha de solicitud, como adecuadamente establece la renta andaluza”.

En definitiva, el Defensor le recuerda a la Consejería que la desinformación de la población andaluza, la casuística compleja y variopinta, el surgimiento del ingreso mínimo vital, el carácter subsidiario de la renta mínima, el retraso en la resolución de expedientes con una importante demora y la pluralidad de situaciones derivadas de las medidas extraordinarias de la renta mínima autonómica (renovaciones automáticas, prestaciones extraordinarias, plazos diversos de solicitud y percepción, así como de vigencia), hacen imprescindible que esa Consejería dé cumplimiento a todas y cada una de las Recomendaciones que le dirigimos el pasado 22 de junio y, en todo caso, que dilucide las complejidades expresadas. La Consejería tenía un mes para responder.

El Defensor solicita que se aclare cuál está siendo la práctica que se ha adoptado en relación con los expedientes de renta mínima, en cualquiera de sus fases, tras la entrada en vigor del ingreso mínimo vital y el criterio adoptado para la suspensión del pago de la prestación que nos trasladan las personas afectadas. Por último, el Defensor manifiesta su convencimiento de la posibilidad de pervivencia de la renta mínima de inserción social en Andalucía, ya que en su actual regulación presenta un ámbito de cobertura compatible con el ingreso mínimo estatal, cuya subsistencia permitiría dar amparo a todas las personas urgidas de protección social sin demora.

Ante esta situación, el Síndic de Greuges de Cataluña manifiesta lo siguiente:

1. La exhibición de pancartas y símbolos de naturaleza política en edificios públicos, cuando está amparada por una decisión democrática y tiene como pretensión una reivindicación puntual vinculada a la defensa de derechos, debe considerarse amparada por el derecho a la libertad de expresión. En este sentido se pronunció el Síndic de Greuges en su resolución de 17 de septiembre de 2018.

2. No obstante, en periodo electoral resulta necesario extremar la neutralidad de este tipo de edificios institucionales y, por este motivo, el Síndic recomendó al presidente de la Generalitat en resolución de 15 de marzo de 2019 que retirara la pancarta que pedía la libertad de los presos políticos, en cumplimiento de la decisión adoptada por la Junta Electoral Central.

3. La inhabilitación de un presidente elegido democráticamente por haber demorado tres días la ejecución del mandato de la JEC resulta, sin embargo, completamente desproporcionada y, por tanto, es contraria a los principios elementales de derecho penal. El mantenimiento de la pancarta tenía un carácter reivindicativo, político, que debería ser irrelevante penalmente, como ocurre en la mayor parte de ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. No hay que olvidar que el presidente de la Generalitat ya fue sancionado administrativamente por estos hechos.

4. Prueba de esta desproporción es que esta inhabilitación supone una vulneración directa del derecho al sufragio pasivo del presidente Torra, quien era diputado en el Parlamento hasta su inhabilitación por el TSJC. La restricción de un derecho tan fundamental como el de ser elegido en elecciones competitivas sólo se puede entender en casos de los delitos de la mayor gravedad.

Indirectamente, la decisión también vulnera el derecho de sufragio activo de toda la ciudadanía de Cataluña que participó en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 17 de diciembre de 2017.

Por las razones anteriores, el Síndic de Greuges de Cataluña considera que esta sentencia vulnera derechos fundamentales del presidente de la Generalitat y menoscaba la democracia en nuestro país.

Este comunicado se traslada a instancias europeas de defensa de los derechos humanos para que sean conocedoras de su contenido y para cualquier eventual actuación.

https://www.youtube.com/watch?v=VRSunNFTZbg