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Court of Justice of the European Union

PRESS RELEASE No 111/20

Luxembourg, 22 September 2020
Judgment in Joined Cases C-724/18  Cali Apartments v Procureur général près la cour d’appel de Paris et ville de Paris and C-727/18 HX v Procureur général près la cour d’appel de Paris et ville de Paris
 
National legislation making the repeated short-term letting of accommodation to a transient clientele which does not take up residence there subject to authorisation is consistent with EU law

Combating the long-term rental housing shortage constitutes an overriding reason relating to the public interest justifying such legislation

Cali Apartments SCI and HX each own a studio apartment located in Paris (France). Those studio apartments, which had been offered for rent on a website, had, repeatedly and without prior authorisation from the local authorities, been let for short periods to a transient clientele.

The tribunal de grande instance de Paris (Regional Court, Paris, France), hearing an application for interim relief, then, subsequently, the cour d’appel de Paris (Court of Appeal, Paris, France), on the basis of the French Construction and Housing Code, ordered the two owners to pay a fine and ordered that the use of the properties in question be changed back to residential. That code provides, inter alia, that, in municipalities with more than 200 000 inhabitants and in the municipalities in Paris’ three neighbouring departments, change of use of residential premises is subject to prior authorisation and the repeated short-term letting of furnished accommodation to a transient clientele which does not take up residence there constitutes such change of use. That code also provides that that authorisation, granted by the mayor of the municipality in which the property is located, may be subject to an offset requirement in the form of the concurrent conversion of non-residential premises into housing. Again according to that code, a decision adopted by the municipal council sets the conditions for granting authorisations and determining the offset requirements by quartier (neighbourhood) and, where appropriate, by arrondissement (district), in the light of social diversity objectives, according to, inter alia, the characteristics of the markets for residential premises and the need to avoid exacerbating the housing shortage.

(...)

Living in some of the richest countries in the world, a quarter of Roma and Travellers in Western Europe cannot afford basic items such as heating or healthy food, and up to a fifth of their children go to bed hungry, reveal the results of the EU Fundamental Rights Agency’s (FRA) new survey. Rampant discrimination coupled with early school leaving also leads to lack of job opportunities and widespread poverty for many. As a result, the life expectancy of Roma and Travellers is 10 years below the expectancy of the general population. These findings should drive policy responses at EU and national level and support policymakers to work with Roma and Travellers to tackle exclusion and poverty.

• Un minuto de silencio desde la Institución en homenaje y reconocimiento a su labor construyendo los primeros pasos hacia la consolidación de la figura del Defensor del Pueblo Andaluz como garante de los derechos y libertades de nuestra ciudadanía 

Como Defensor del Pueblo andaluz, quiero transmitir mis condolencias y mi pesar a la familia y amigos de Manuel Conde-Pumpido (Caldas de Reyes, Pontevedra 1927), con quien tuve la suerte de trabajar en esta Institución en la década de los 90 tras ser nombrado su adjunto primero. La vida me ofreció la oportunidad de colaborar con él desde las instalaciones del Patio de Banderas y sustituirle en funciones en 1995 para volver a ser el titular de la Defensoría desde 2013, en sustitución de José Chamizo, hasta hoy. Las personas que hemos tenido el honor de representar esta figura hemos trabajado con un fin compartido: cumplir el mandato estatutario que nos obliga a defender los derechos de los andaluces y de los andaluzas, y ayudarles a resolver sus problemas y conflictos en sus relaciones con las administraciones públicas.

Manolo, como se le recuerda en la oficina, fue una referencia en cuanto a la interpretación jurídica de los problemas que nos trasladaba la ciudadanía. Su experiencia como jurista, tras obtener la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, acreditó su valía para el desempeño de este comisionado parlamentario, en quien los andaluces confían como herramienta de diálogo, transparencia y cercanía. Tras una década como Defensor del Pueblo andaluz, dos mandatos desde 1984 a 1995, Conde-Pumpido se reincorporó a la carrera judicial. Finalizó su compromiso tras presentar un último informe en el Parlamento, sobre las barreras arquitectónicas, un nuevo ejemplo de meticulosidad, rigor y pedagogía, un sello en la manera de entender la función de esta institución que hemos tratado de conservar. Su sentido común a la hora de interpretar las inquietudes de la ciudadanía y su preocupación por cumplir con las expectativas de quienes se dirigen a nosotros en la búsqueda de una solución a sus problemas han sido su legado.

Hoy, rememoran conmigo muchos trabajadores que aún continúan en la Institución ese legado y su mérito construyendo los primeros pasos hacia la consolidación de esta figura como garante de los derechos y libertades de nuestra ciudadanía.

Gracias, Don Manuel por dejarnos una Institución que entronca con las aspiraciones y reivindicaciones de los andaluces y andaluzas, con honestidad, ejemplaridad y compromiso. Los comienzos siempre son difíciles y al recibir tu herencia y el trabajo posterior de José Chamizo, podemos hoy seguir cumpliendo con imparcialidad, compromiso y cercanía, tu esfuerzo y lucha por la igualdad, la justicia y la paz en conviviencia con toda la ciudadanía.

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz.

Los autónomos se encuentran en una situación más vulnerable y comprometida, ya que muchas veces no disponen de ningún otro recurso que el propio patrimonio         

La flexibilización en materia de aplazamiento de deudas tributarias pierde sus efectos cuando los autónomos tienen derecho a la devolución en la declaración de la renta         

Se solicitan nuevas medidas en caso de cese de la actividad o disminución de la facturación de estos trabajadores
 

El Síndic de Greuges de Cataluña ha dirigido una recomendación al Defensor del Pueblo para que se flexibilicen las moratorias en los pagos de cotizaciones de los trabajadores autónomos. La institución presentó este mes de junio un informe llamado Salud y derechos en la crisis de la Covid-19, en el que se exponía, entre otros temas, la difícil situación de la ciudadanía a consecuencia del cierre de las empresas, la situación de los trabajadores autónomos, y la de las personas paradas y de las empresas.

En torno a este colectivo de trabajadores autónomos - que se está configurando como uno de los sectores más castigados por la incidencia de la pandemia, y a la vez como uno de los más desatendidos por las administraciones-, el Gobierno estatal, más allá de las medidas específicas de ayuda a los ciudadanos y familias afectadas por esta situación excepcional, decidió de forma inmediata la adopción de otras alternativas que debían proporcionar la flexibilidad necesaria para mantener el empleo y reforzar la protección de los trabajadores directamente afectados. En consecuencia, estableció una prestación extraordinaria, con carácter excepcional y vigencia limitada hasta el último día del mes en que finalizase el estado de alarma.

La prestación tenía una duración de un mes, y se ampliaba, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalizase el estado de alarma. El tiempo de su percepción se entendería como cotizado, sin obligación de cotizar y con independencia de los períodos de prestación por cese de actividad a los que los beneficiarios pudieran tener derecho en el futuro. Además, también se concedía a los autónomos cuya facturación durante el mes natural anterior al que se solicitara la prestación se viera reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior. Sin embargo, se observaban dificultades a la hora de percibir las dichas ayudas, debido al difícil cumplimiento de los requisitos. 

Una vez finalizado el estado de alarma, la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia exigía  mantener las medidas extraordinarias previstas en el Real Decreto de medidas sociales en defensa del trabajo, ya que las causas referidas en dichas disposiciones impedían la recuperación íntegra de la actividad y las medidas excepcionales que estaban vinculadas en materia de protección por desempleo y cotizaciones a la Seguridad Social.

Por este motivo, el pasado mes de junio se establecieron unas medidas sociales de reactivación laboral y protección de trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial para garantizar la protección de los trabajadores autónomos. Se establecía una exención progresivamente descendente en la obligación de cotizar durante los tres meses siguientes al levantamiento del estado de alarma para los trabajadores que estuvieran percibiendo a fecha 30 de junio la prestación por cese de actividad a la que se ha hecho referencia, la cual se puede percibir hasta el 30 de septiembre de 2020.

Para ser beneficiario de esta medida se exigía, además de haber cobrado la prestación extraordinaria ya mencionada, acreditar una reducción en la facturación del tercer trimestre del año 2020 como mínimo de un 75% en comparación con el mismo periodo del año 2019. Además, si bien para acceder a la prestación era suficiente presentar una declaración responsable sobre la reducción en la facturación, también era necesario acreditarla efectivamente, y en caso contrario se devolvería la prestación recibida, aunque sin recargo ni interés.

De acuerdo con la información anterior y con varias noticias que han aparecido en la prensa que califican de fracaso la prestación debido a las condiciones impuestas para tener derecho a ella, se observa que los autónomos se encuentran en una situación más vulnerable y comprometida, ya que muchas veces no disponen de ningún otro recurso que su patrimonio, a la vez que deben hacer frente a deudas para poder poner en funcionamiento sus negocios. Igualmente, se constata la existencia de una pluralidad de situaciones diferentes dentro del colectivo.

También cabe señalar que el hecho de que la medida adoptada en marzo de 2020, mediante la cual se establecía una flexibilización en materia de aplazamiento de deudas tributarias, pierda los efectos cuando los autónomos tienen derecho a una devolución en la su declaración de la renta no contribuye a paliar el impacto de la Covid-19 y, en consecuencia, se desvirtúa la finalidad que se perseguía con la medida establecida. Por ello, sería conveniente valorar la adopción de medidas para que sea exigible la devolución de las declaraciones negativas de la renta de 2019, sin que se compense con los aplazamientos que habían sido concedidos de acuerdo con la medida extraordinaria establecida, o de valorar líneas de financiación pública a los autónomos afectados por esta compensación.

Además, ante la previsión de los rebrotes de la enfermedad y de una caída de la actividad económica, esta institución somete a la consideración del Defensor del Pueblo que, de acuerdo con las consideraciones anteriores, y en el ejercicio de sus competencias, estudie y recomiende que, en caso de que se detecten nuevas medidas por cese de la actividad o disminución de la facturación de la actividad, se tenga en cuenta, a modo de ejemplo, y entre otros, el establecimiento de unos requisitos más flexibles en cuanto al porcentaje de reducción de la misma, la combinación de la prestación con moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social o el establecimiento de créditos blandos en función de las diferentes situaciones.