Este pacto ha de permitir cambios radicales y el incremento de las inversiones en salud, servicios sociales, derechos de la infancia y economía

Lo ha recordado en la sesión de la comisión del Síndic, durante el debate de los informes Salud y derechos en la crisis de la COVID-19 y La fiscalidad municipal en Cataluña.

Por otra parte, el informe sobre La fiscalidad municipal en Cataluña recomienda a las administraciones que a la hora de imponer y exigir tributos tengan en consideración la carga tributaria que soportan las personas en el conjunto de todo el sistema fiscal
 

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, acompañado por el adjunto general, Jaume Saura y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, Maria Jesús Larios, comparecen este lunes, 27 de julio, en la Comisión del Síndic de Greuges por videoconferencia para debatir los informes Salud y derechos en la crisis de la COVID-19 y La fiscalidad municipal en Cataluña.

Salud y derechos en la crisis de la Covid-19 

El pasado mes de junio, el Síndic presentó el informe Salud y derechos en la crisis de la Covid-19. Este informe tiene por objeto ofrecer una visión global de la crisis de la Covid-19, desde la perspectiva de los derechos, y detalla las conclusiones y las recomendaciones sectoriales específicas de cada ámbito de la actividad administrativa y social afectada por la pandemia. La situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia ha supuesto una sacudida extraordinaria para todo el sistema sanitario y ha tenido unas consecuencias económicas y sociales inmensas. En este contexto, la institución ha abierto más de 40 actuaciones de oficio y ha canalizado más de un millar de quejas y consultas.

Concretamente, en el informe se trata la afectación de la pandemia mundial en el ámbito de la salud, el núcleo duro de la pandemia donde, a pesar del esfuerzo de los profesionales es necesario disponer de más recursos humanos y materiales, con un aumento del presupuesto. También se necesitan cambios dentro de los servicios residenciales, donde es imprescindible la revisión del modelo residencial actual y su capacidad de afrontar la pandemia con las medidas de precaución y prevención necesarias. En materia de niños y educación, es preciso seguir actuando en ámbitos como la salud - incluida la mental - y el bienestar social y económico, velar por la equidad en el acceso a la educación así como fomentar la igualdad de oportunidades.

En el ámbito territorio, medio ambiente y lucha contra el cambio climático, es necesario reforzar y profundizar en medidas para paliar los efectos de la crisis climática vigente. Por otra parte, dentro del área de economía al servicio de las personas, es urgente un plan de choque con implicación y coordinación de todas las administraciones y que apoye a las entidades del tercer sector. Finalmente, en el marco de los derechos, libertades y autogobierno, existe un gran pacto, tanto a escala española como catalana, por parte de todas las fuerzas políticas democráticas para abrir al máximo la participación social.

La fiscalidad municipal en Cataluña 

El 4 de octubre de 2019, el Síndic de Greuges de Cataluña, publicó su informe monográfico La fiscalidad municipal en Cataluña. Este se circunscribe al sistema fiscal local, desde la vertiente del ingreso, y pretende analizar la diversa problemática en torno a la tributación local, puesta de manifiesto por medio de las quejas presentadas a la institución por las personas contribuyentes, con el fin de proteger y defender sus derechos y contribuir a la consecución de una fiscalidad más justa. En líneas generales, el Síndic pide a las administraciones que a la hora de imponer y exigir tributos tengan en consideración la carga tributaria que soportan las personas en el conjunto de todo el sistema fiscal, a fin de reducir la presión fiscal. Del total de las 2.656 quejas presentadas en el Síndic en materia de tributos entre los años 2011 y 2018, 1.530 se corresponden a impuestos; 950 a tasas, y 176, a contribuciones especiales. 

El informe concluye que cabe revisar, mejorar o reformar el sistema de financiación de las haciendas locales dotando a las corporaciones locales de más capacidad para generar ingresos, de una potestad tributaria coherente con los principios de autonomía y suficiencia financiera, y estableciendo más herramientas de política fiscal para poder tomar decisiones fiscales en el ámbito municipal. En este sentido, es necesario que el Estado modifique la normativa sobre la plusvalía, la cual debe incorporar el pronunciamiento de la sentencia y adaptar el impuesto, de modo que se restablezca la seguridad jurídica. También es necesario realizar modificaciones en los criterios de la configuración del IBI. 

Además, se necesitan medidas de protección a las personas. La institución reclama que todas las personas tengan garantizado el acceso a los bienes y servicios públicos de carácter básico. Asimismo, establecer medidas para facilitar una segunda oportunidad a los deudores tributarios y garantizar una vida digna. Por otro lado, se necesitan impuestos sobre tracción mecánica desde la perspectiva ambiental. Y fomentar el acompañamiento de las administraciones a la ciudadanía y códigos de buenas prácticas que rijan la actuación de la Administración, tanto en la ordenación y aplicación de los tributos como en las relaciones con las personas contribuyentes.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con la presidenta y la tesorera de la Asociación Corazón y Vida de Canarias, María Pilar Domínguez y Haridian Pérez, respectivamente. Ambas mostraron su preocupación por el futuro económico de la organización al no saber con qué panorama se enfrentarán el próximo año, y si podrán acceder a las subvenciones que se ofrecen. De esta forma, Yanes se co...

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con representantes de la Plataforma de Furgos, Campers y Autocaravanas en Canarias (PLAFACAN) para pedir que las administraciones atiendan a este tipo de turismo y a la creciente demanda que está experimentando el sector. Para ello propusieron la regulación de este sector, así como la creación de un modelo de Área de Servicio estándar que cubra las...

Increasing systemic problems seen in people’s complaints has led to the Local Government and Social Care Ombudsman making more wider service improvement recommendations to councils in 2019-20 than ever before.

Detailed in its Annual Review of Local Government Complaints launched today, the Ombudsman has made more than 1,600 recommendations to improve services for the wider public – up 12% on the previous year. Service improvement recommendations are when councils agree to review policies, procedures and staff training, to avoid other people being affected by the same fault in a case.

Over the past year the Ombudsman has upheld a greater proportion of the complaints it investigates, from 58% last year to 61%. But on a positive note, this figure includes a higher number of cases where the Ombudsman agreed with the way the council had offered to put things right before the complaint got to the Ombudsman. This figure has increased from 11% to 13% – demonstrating the sector is increasingly learning from its own complaints.

The Ombudsman publishes information on the extent to which councils comply with its recommendations. Last year 99.4% of recommendations were agreed and carried out by councils.

The data, which includes specific information about complaints investigated for every local authority in England, is included on the Ombudsman’s interactive online map. This now includes two years’ of complaints and remedies data, so people can start to build a picture of performance over time. The map can be used by council officers to learn from complaints, councillors to scrutinise complaints and decisions about their authorities, and by residents to hold their local authorities to account.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“While we are seeing more and more complex cases beset by systemic problems, we are also increasingly working with councils to identify the root of those problems and making recommendations to improve the underlying policies and procedures causing them.

“These service improvements highlight the power one single complaint can have – when dealt with properly – to prevent problems reoccurring and improve services for others.

“The cases highlighted in my report reflect the reality of local authority life prior to the Covid-19 crisis, but I believe it is all the more important now to deal with complaints properly and to harness this free public feedback.

“Councils’ readiness on the whole to work with us to implement our practical recommendations to improve the services they provide, demonstrates the sector has a mature attitude to complaint handling - one which we have advocated throughout our work.”

The report also highlights:

• There were 2,039 cases in which the Ombudsman made recommendations to put things right (up 6% on 2018-19)
• 3,748 recommendations to remedy personal injustice (up 6% on 2018-19). In many cases, we will recommend more than one type of remedy. For example, we may recommend an authority makes an apology, pays a sum of money, and reviews a policy or procedure.
• Children and Education services make up the largest proportion of its workload (21%). The Ombudsman is now upholding 72% of those complaints it investigates in this area.
• Other areas with higher than average uphold rates include Adult care services (68%), Housing (66%) and Benefits and Tax (65%)

The Ombudsman issues a separate annual review for the Adult Social Care cases it investigates, covering both local councils and independent care providers. This report is published in the Autumn.

Article date: 29 July 2020