Nachdem der Verfassungsgerichtshof einige Punkte der Corona-Verordnungen aufgehoben hat, wird deutlicher, was sich ohnehin bereits abgezeichnet hat: „Viele Menschen haben Strafen bezahlt, obwohl sie sich nicht rechtswidrig verhalten haben“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz, und er wiederholt seine Empfehlung, die er bereits in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ gegeben hatte: „Ersuchen Sie um die Aufhebung Ihrer Strafe! Die Volksanwaltschaft unterstützt dabei gerne.“ Aufgehoben können nur Strafbescheide (Strafverfügung, Straferkenntnis) werden, nicht aber Organstrafmandate, die gleich ohne Verfahren bezahlt wurden.

Die Volksanwaltschaft steht natürlich auch für Beschwerden bei anderen Problemen mit Behörden zur Verfügung, egal ob es um den Familienhärtefonds, Quarantäne oder Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen geht.

Wie man sich mit einer Beschwerde an die Volksanwaltschaft richtet

Die Volksanwaltschaft ist telefonisch, schriftlich und persönlich erreichbar:

• Telefonisch über die kostenlose Service-Nummer 0800 / 223 223 oder unter der Telefonnummer (01) 515 05 - 0
• Per Fax unter der Nummer (01) 515 05-150
• E-Mail: post@volksanwaltschaft.gv.at (Maximalgröße des Anhangs von 5 MB)
• Postanschrift: Volksanwaltschaft, Singerstraße 17, Postfach 20, 1015 Wien
• Elektronisches Beschwerdeformular (Login mittels Bürgerkarte/Handy-Signatur erforderlich)

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El Síndic de Greuges de Cataluña ha publicado una resolución en la que valora el tratamiento dado por los centros universitarios a las afectaciones causadas por la pandemia de la COVID-19. Debido a la pandemia, el funcionamiento habitual de la universidad se ha visto directamente afectado por la suspensión de la actividad presencial, hecho que ha repercutido en la efectividad de los derechos reconocidos en la comunidad universitaria y también en las pruebas de acceso a la universidad.

Algunas de estas dificultades han llegado en forma de queja a la institución y a través de diversas noticias publicadas en los medios de comunicación, motivo por el que el Síndic decidió iniciar una actuación de oficio para dirigirse a los agentes que forman parte del entorno universitario a fin de solicitarles información más extensa y significativa.

El Síndic valora positivamente el esfuerzo de adaptación a las nuevas necesidades derivadas de la contención de la pandemia del conjunto de la comunidad universitaria. A pesar de ello, la institución ha elaborado un conjunto de recomendaciones que ponen el acento en las prácticas que han podido suponer vulneraciones de derechos y formula sugerencias para encarar el curso 2020/2021.

Debido a la suspensión de la actividad presencial en la universidad, y aunque detecta una gran heterogeneidad de respuestas por parte del profesorado, se pide, en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, favorecer la actividad universitaria y la impartición del curso de manera presencial, buscando los espacios, los materiales y la docencia necesarios.

La fuerte inequidad histórica existente en el acceso y la continuidad en la universidad se ha visto incrementada durante la crisis generada por la Covid-19 y, en consecuencia, por la necesidad de efectuar un seguimiento telemático del curso. En este sentido, se ha pedido y exigido que, aunque el curso académico 2019/2020 haya intentado continuar con la máxima normalidad a pesar de la situación de confinamiento, se facilitaran las posibilidades de seguimiento de los estudios a los estudiantes con más dificultades, y se garantizaran la equidad y la igualdad de oportunidades por razones socioeconómicas.

En consecuencia, debe garantizarse que la continuidad no sea obstaculizada por las consecuencias de la crisis, que se facilite a todos los estudiantes, especialmente a aquellos que han podido justificar dificultades, la exención de precios en segundas matrículas y convocatorias, y que se flexibilice la aplicación de recargos, entre otros. El Síndic sugiere una evaluación de las afectaciones en cuanto al seguimiento académico y que se valore, en algunos casos, la posibilidad de acogerse a la evaluación única fuera del plazo previsto.

En cuanto a la brecha digital, la cual debe salvarse garantizando los recursos tecnológicos y la conectividad a toda la comunidad universitaria que permitan seguir la docencia en línea, es necesario convocar ayudas extraordinarias específicas para cubrir las necesidades que hayan podido surgir durante la crisis y que se pueden mantener el curso próximo. En este sentido, se valora muy positivamente la reforma del sistema de becas y ayudas anunciado por el Gobierno estatal, así como el aumento en la dotación presupuestaria, pero debe replantearse el sistema de becas de acuerdo con el concepto de las becas salario, con una cantidad fija y estable.

Además, es importante mantener los horarios para permitir la conciliación laboral y familiar, y velar por que la flexibilidad derivada de la docencia en línea no vaya en detrimento del bienestar y la conciliación, y que se respeten los horarios establecidos previamente para la docencia presencial.

Es preciso incrementar la posibilidad de acceder a la educación de forma inclusiva en los estudios universitarios, en los que aún se detectan grandes carencias. Debido a la pandemia, estas carencias se han visto agravadas en los casos en que no se ha realizado una adaptación muy personalizada y ajustada a las necesidades del alumnado con necesidades especiales, sobre todo en casos en que haya habido dificultades en la organización y estructuración de las tareas y de autonomía en la gestión del estudio o de disponibilidad de medios adecuados para el seguimiento telemático.

Por lo tanto, es necesaria una evaluación y adaptación individualizada a la nueva situación de cada alumno con discapacidad. Es necesario valorar a cada estudiante y observar sus necesidades de adaptación para poder efectuar un seguimiento académico adecuado a las nuevas circunstancias de presencialidad adaptada del próximo curso. Es necesario disponer de las herramientas y las facilidades materiales adecuadas para poder hacer efectiva esta adaptación individualizada de los estudios a la nueva presencialidad.

La resolución también subraya la calidad y la excelencia que se debe predicar necesariamente de la actividad universitaria. Los déficits de financiación y la precarización del personal docente son dos cuestiones estructurales que deben solventarse para atender a las nuevas exigencias y la pérdida de ingresos derivados de la Covid-19. Es preciso también establecer medidas de medio- largo plazo para mejorar la estabilidad y reducir la precariedad del personal docente, trabajando de manera conjunta con el Ministerio, Generalitat y universidades. En este sentido, también existe una formación intensiva de todo el profesorado universitario para adaptarse a las nuevas exigencias de docencia.

Dos elementos importantes en la calidad de la actividad universitaria son la realización de las prácticas externas y la internacionalización de los miembros de la comunidad universitaria. El Síndic considera que, en la medida en que lo permita la situación, es necesario que se puedan realizar las actividades previstas y canceladas a causa de la crisis.

Además, aunque la docencia no presencial no implica que no se garantice el servicio, en casos de imposibilidad de prestación o deficiencias en la calidad, especialmente de masters y postgrados, se considera oportuno valorar alguna compensación por servicios no prestados. Así mismo, es preciso dedicar esfuerzos a garantizar una evaluación realmente competencial y continuada, aprovechando las dificultades de comprobación de autenticidad y autoría, así como por la disponibilidad de recursos de consulta externa por parte del estudiante mientras se realizan les pruebas. Es necesaria la elaboración de un sistema de seguimiento continuado y detallado de las modificaciones de las agencias de calidad y evaluación en línea, así como poner de relieve la realización de las prácticas externas i combatir, en el momento en que sea posible, la imposibilidad de realizar intercambios, congresos y seminarios internacionales. 

El Síndic considera necesario remarcar y valorar la labor que han llevado a cabo las universidades, los síndicos y los consejos de estudiantes, quienes han recogido las preocupaciones, malestares y dificultades individuales de las personas que forman parte del mundo universitario. Por ello, es imprescindible mantener los canales permanentes de comunicación y participación con los órganos de representación y captar las opiniones, propuestas, valoraciones, sugerencias y quejas de la comunidad universitaria.

Finalmente, también es importante recordar que se debe tener cuidado y garantizar los derechos a la comunidad universitaria en la situación de crisis, asegurando las medidas de seguridad e higiene; fomentar el seguimiento individualizado del alumnado, y acompañarlo emocional y psicológicamente. Además, es preciso velar por que la necesidad de comprobación de autoría no vaya en detrimento del derecho a la intimidad, y preservar horarios de descanso para evitar una sobreexigencia derivada de la no presencialidad.

El Síndic recuerda el Pacto nacional para la sociedad del conocimiento, que prevé un aumento en el gasto global I+D+I y en el crecimiento del número de investigadores con un horizonte 2024.

Los efectos de la crisis de la COVID 19 en la investigación han sido relevantes, y en este sentido cabe reconocer la labor de investigación efectiva llevada a cabo por todo el personal investigador predoctoral en formación, y extender la prórroga, los aumentos salariales y prever las posibles prórrogas y la dotación de material y recursos.

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictado una resolución recordando a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública su deber legal, como empleador, de proteger al personal laboral a su servicio. Además, insta a Sanidad a garantizar el derecho a la salud de los trabajadores de  todos  los  centros  sanitarios, socio-sanitarios  o  sociales  -públicos  y  concertados- dotándoles de los  equipos  de  protección  individual adecuados por la exposición al  virus  y el riesgo de contagio de la Covid-19.

Así se ha pronunciado el Síndic tras cerrar la investigación de una queja presentada a finales de marzo por el presidente autonómico del Sector Sanidad de la Comunidad Valenciana del sindicato CSIF, quien denunciaba que desde el pasado 31 de enero había dirigido varios escritos a la Conselleria de Sanidad en los que  solicitaba  medidas  de  protección  a  los  trabajadores de instituciones sanitarias en relación a la pandemia Covid-19 como mamparas acristaladas separadoras y EPIs, al igual que información de los pasos a seguir y protocolos. El sindicato también manifestaba que había informado de la carencia de guantes, mascarillas quirúrgicas, FPP2 y FPP3 y desinfectante, sin haber recibido respuesta expresa de la administración sanitaria a ninguno de sus escritos.

El Síndic concluye que es un hecho notorio que existió una situación de desabastecimiento desde los primeros instantes de la pandemia, pero  lo  cierto  es  en el informe remitido a la institución la Administración no acredita haber respondido, no ya con la información reclamada directamente por el autor de la presente queja, sino tampoco con la identificación de  las  medidas  concretas  y  el  suministro  de  los  EPIs  destinados  a  proteger  a  los profesionales  del  ámbito  sanitario  denunciado por este colectivo. De hecho, el  personal  sanitario  ha  desarrollado  su  trabajo  bajo  la  existencia  de  un  riesgo  grave para la salud, por su exposición al agente biológico Covid-19, propiciado por la escasez de EPIS. Dicho riesgo se ha materializado en un alto índice contagios entre el personal sanitario, con mayor incidencia que el resto de la población.

Sin poner en duda los esfuerzos de la Conselleria,  así  como las dificilísimas circunstancias del  aprovisionamiento  de  material  que  se  ha  ido  llevando  a  efecto,  el Síndic echa en falta  que  Sanidad  hubieran  hecho constar en su informe  los concretos suministros de EPIs, tal y como reclamaba el autor de esta queja.

Asimismo,  Luna, destaca    el  hecho  de  que  seguimos  en  una situación  delicada  desde  el  punto  de  vista  de  salud  pública,  con  nuevos  rebrotes  en  la Comunidad  Valenciana,  a  nivel  nacional  e  internacional,  lo  que  obliga  a  extremar  los riesgos probables que se deriven de esta situación. “La  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  impone  la  obligación  legal  a  la Administración,  como  empleadora,  de  proteger a  los  trabajadores,  lo  que  conlleva necesariamente también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo con las mínimas e imprescindibles condiciones de seguridad para  su  salud. De no hacerlo ,  sin  que  resulte justificada  tal  conducta,  infringe  la normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales,  pero  además  ello  conlleva  poner  en peligro  a  los  trabajadores,  que  quedan  expuestos  a  un  riesgo  grave  para  su  salud previsible, evitable o minimizable, pudiendo incluso lesionarse la vida”, señala el síndic.