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El defensor del pueblo de Castilla y León instó en mayo a realizar un control y vigilar el mantenimiento de las líneas de autobuses tras una queja de un particular quien manifestó el permanente deterioro y la falta de rampas de acceso en el transporte público.

 El pasado mes de mayo el Procurador del Común resolvió la queja de una persona que ponía de manifiesto el mal funcionamiento de la rampa para uso de personas en silla de ruedas en un autobús interurbano. En esta ocasión se dictó una resolución para que, por parte de esa Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se exigiera a la empresa adjudicataria del servicio en la línea de transporte, en el supuesto de que se produzca una avería en la rampa de acceso al vehículo que presta el servicio, la sustitución inmediata de ese autobús por otro con idénticas condiciones durante el periodo de tiempo que dure su reparación con el fin de que se mantenga el trasporte en condiciones de accesibilidad; que se exigiera a la empresa adjudicataria de la línea de transporte la realización de un mantenimiento preventivo de todos sus vehículos con el fin de que no se produzcan situaciones como la descrita y que extremara las inspecciones y controles en el transporte público de viajeros en nuestra Comunidad para así cumplir con la normativa de accesibilidad vigente en beneficio no solo de las personas con discapacidad o con dificultades de movilidad sino de toda la ciudadanía.

Cabe recordar que en varias ocasiones, con motivo de quejas semejantes, se ha puesto de manifiesto que la  utilización  de  vehículos  destinados  al  transporte  público  de viajeros  es  un  instrumento  de  la  ciudadanía  destinado  a  facilitar  la participación  y  el disfrute de la vida social y cultural. Para el Procurador del Común resulta imprescindible que los poderes públicos y las empresas privadas realicen un esfuerzo destinado a adaptar la plantilla de autobuses a  las  normas  de  accesibilidad,  a  fin  de  generar  una  oferta  suficiente  de  transporte adaptado.  En el ámbito de Castilla y León, hay que tener presente que la Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras, en su artículo 22 establece que el material móvil de transporte interurbano de servicio regular y discrecional de viajeros deberá facilitará el acceso y descenso de las personas con movilidad reducida.

Por  su parte,  el  Decreto  217/2001,  de  30  de  agosto, por  el  que  se  aprueba  su Reglamento señala que el acceso a los vehículos de transporte público de viajeros que presten servicios interurbanos,  deberán permitir que el embarque y desembarque de las personas con movilidad reducida se realice de forma cómoda y autónoma.

En la resolución, aceptada por la Consejería, además de solucionar el problema puntual de la línea afectada, se instaba a que la Junta extremara las inspecciones y controles en el transporte público de viajeros en nuestra Comunidad para que cumpla con la normativa de accesibilidad vigente en beneficio no solo de las personas con discapacidad o con dificultades de movilidad sino de toda la ciudadanía, ya que es un queja que se reitera en cada ejercicio. Ahora, según ha comunicado la Administración competente se compromete a cumplir la resolución y a mejorar los controles e inspecciones de la totalidad de las rutas y autobuses que diariamente recorren la Comunidad a fin de garantizar la plena accesibilidad de los usuarios.

Al centro dell’attenzione anche i “Patti educativi di comunità” contemplati nelle linee guida nazionali e da porre in essere ferma restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Possono essere sottoscritti da enti locali, istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, realtà del Terzo settore e istituti scolastici

I problemi legati alla ripartenza della scuola sempre al centro dell’attenzione del Garante dei diritti. Già nei giorni scorsi aveva anticipato l’esigenza di un confronto diretto con l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ed ora scrive al Presidente regionale dell’associazione per chiedere un incontro in tempi celeri sulle azioni da mettere in campo da parte degli enti locali, anche in riferimento ai “Patti educativi di comunità”, ritenuto strumento primario per sostenere le scuole nella definizione di spazi e tempi della didattica e per la determinazione di percorsi educativi integrati curricolari ed extracurricolari.
Riferendosi alle linee guida ministeriali, nella lettera il Garante sottolinea che gli stessi “Patti”, ferma restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, possono essere sottoscritti da enti locali, istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, realtà del Terzo settore e istituti scolastici. Un coinvolgimento, secondo Nobili, va inquadrato in “una logica di adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità”.
Il Garante aveva già evidenziato l’importanza dei “Patti” durante l’incontro del Tavolo regionale di confronto per l’avvio dell’anno scolastico, di cui fa parte insieme all’Ufficio scolastico regionale, ai rappresentanti sindacali e di altri enti, alle associazioni dei genitori e degli studenti. Aveva ribadito, inoltre, la necessità di un piano straordinario e di investimenti mirati nelle infrastrutture sociali, sottolineando come senza tutto questo la ripartenza appaia difficile. Il timore espresso da Nobili è quello della mancanza di risorse che permettano lo sdoppiamento dei turni.
“Se non c’è la possibilità di mettere in atto il distanziamento di almeno un metro, per garantire la didattica in presenza – evidenzia – gli studenti saranno costretti a indossare la mascherina per tutto il tempo delle lezioni. Questa mi sembra un’ipotesi di difficile attuazione !”.
Ricordando il momento di grande incertezza sul versante della sicurezza sanitaria, con imposizioni molto severe in alcuni casi, come quelle che riguardano i minori, e meno stringenti per altri settori, il Garante fa presente che “da parte nostra continueremo a vigilare affinché siano messe in campo tutte le energie possibili per trovare soluzioni adeguate alla ripartenza delle lezioni in presenza nella massima sicurezza e nel pieno rispetto dei diritti all’istruzione e alla socialità che appartengono a tutti gli studenti”.
Prosegue anche il confronto dell’Autorità di garanzia con tutte le realtà che stanno lavorando per cercare adeguate soluzioni, a partire dai comitati “Priorità alla scuola”.

A.Is.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, quiere realizar un llamamiento a todas las administraciones, a los empresarios agrícolas y a las organizaciones agrarias para que busquen de “forma coordinada y con urgencia” una solución para acabar con la situación de degradación en la que viven las trabajadoras y los trabajadores temporeros agrícolas en diversas zonas de la geografía española.

Fernández Marugán ha pedido que se garanticen sus derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas. En este sentido, ha asegurado que la pandemia ha puesto de manifiesto “con toda su crudeza problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo haciendo saltar las costuras del sistema”.

El Defensor ha recordado que, durante semanas, mientras todo estaba parado por efecto de las medidas de confinamiento, los temporeros han salido al campo a cosechar los frutos que en cada momento se encontraban listos para ello. En su opinión, esto ha servido para visibilizar la situación de este colectivo, compuesto en su mayoría por migrantes de distinta procedencia y que, con frecuencia, se ve sometido a condiciones laborales y de vida deplorables.

Fernández Marugán ha citado como ejemplos de estas situaciones de degradación los asentamientos chabolistas cronificados de Huelva o Almería, o las condiciones en las que viven estas personas en Lleida, con muchas de ellas durmiendo en las calles, aunque ha recordado que esta realidad se repite en muchas otras provincias.

El Defensor ha denunciado que la mayoría de estos trabajadores carecen de un “adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riego que supone la transmisión del COVID 19; de una correcta protección y seguridad básicas en su trabajo y, además, se ven abocados a vivir en asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene”.

Fernández Marugán ha lamentado que ni las administraciones públicas ni los empresarios agrícolas ni las organizaciones agrarias hayan sido capaces hasta el momento de garantizar a este conjunto de trabajadores y trabajadoras unas condiciones de vida y laborales dignas.

El Defensor ha recordado que España es el mayor exportador de fruta y verdura de la Unión Europea y que, según datos extraídos de diferentes estudios elaborados por universidades, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, alrededor de 100.000 personas obtienen su sustento en este sector, muchas de ellas extranjeros extracomunitarios que se ven obligados a trabajar en la economía sumergida.

En este sentido, ha remarcado que “esta situación constituye un grave problema social ante el que ni las administraciones públicas ni el sector agrario han sido capaces de habilitar una respuesta adecuada”.

Fernández Marugán ha anunciado que, con independencia de las investigaciones que mantiene abiertas respecto de varios asentamientos y campañas agrícolas, algunas de las cuales llevan años tramitándose sin haber logrado hasta el momento los cambios sustanciales reclamados, la Institución ha asumido la tarea de llevar a cabo un proceso global de análisis, tanto desde el punto de vista territorial como en lo que atañe a los múltiples problemas que esta situación genera o favorece.  “Este análisis está cimentado en la convicción de que una democracia avanzada como la española no puede permitir situaciones de degradación como la que afecta, con notable extensión y frecuencia, a este colectivo de trabajadoras y trabajadores. Los derechos humanos y la dignidad de estas personas y, en estrecha unión con ello, el modelo de sociedad que nuestro país quiere ser, así lo exigen”, ha concluido.