El síndic de greuges, junto con representantes de algunas de las principales entidades de atención social de Cataluña, ha presentado esta mañana una declaración al presidente de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña ante la crisis de la Covid-19.

El pasado 11 de junio se constituyó la Mesa de Emergencia Social, de la que también forman parte representantes de la Mesa del Tercer Sector, Cáritas Cataluña, Cruz Roja, Amics de la Gent Gran, Banco de Alimentos y Comunidad de Sant'Egidio. La Mesa nació para abordar la urgencia asistencial y la detección de necesidades y prioridades a fin de formular las recomendaciones de cambio y mejora a las administraciones afectadas y al Parlamento de Cataluña en el marco del contexto actual.

En la declaración se recogen una serie de medidas urgentes e inmediatas, entre las que destacan:

1. Para asegurar un nivel adecuado y unas condiciones de vida con dignidad

- Garantizar la cobertura de los fondos alimentarios, financiados y con instalaciones y medios para distribuirlos.

- Fomentar los programas ocupacionales para los colectivos más vulnerables.

- Efectuar modificaciones normativas en la renta garantizada de ciudadanía, con el objetivo de coordinar con el ingreso mínimo vital y revisar las incompatibilidades previstas en este instrumento.         

2. Medidas para garantizar una vivienda digna

- Es necesario fortalecer las políticas de vivienda de emergencia y hacer frente a los efectos sociales de los desahucios, así como las medidas de apoyo al alquiler, la ampliación del parque de vivienda pública y social, y un pacto nacional para la vivienda de emergencia.         

3. Medidas relativas a las personas mayores

- Poner fin a la opacidad informativa sobre la gestión de las residencias en la crisis de la Covid-19 y conocer el número exacto de personas mayores muertas en las residencias y en sus domicilios en Cataluña.

- Continuar desarrollando el modelo de atención centrado en la persona, fortaleciendo la conexión entre salud y residencias para que todas las personas residentes tengan pleno derecho a la atención sanitaria.  

4. Medidas relativas a los derechos de los niños

- Crear fondos extraordinarios para políticas de infancia y de atención social para los colectivos más vulnerables y promover medidas para una intervención integral en el núcleo familiar de los niños.         

- Analizar la reducción de denuncias con relación al maltrato infantil y de apertura de expedientes de riesgo para determinar si durante la pandemia se ha invisibilizado aún más el maltrato infantil y adoptar medidas para hacerles frente.         

- Establecer medidas para garantizar la compensación del efecto confinamiento en las trayectorias educativas de los niños, especialmente en niños con necesidades específicas, así como medidas de ocio educativo.         

- Fomentar los permisos retribuidos para las familias que tienen que ocuparse de los niños en casa.

5. Medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria

- Dotar de manera inmediata al sistema sanitario de medios suficientes.

- Mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de atención.

- Mejorar su financiación.

La declaración presentada también pretende fijar las bases sobre las que deberían girar el conjunto de medidas que deberían implementarse para hacer frente a la situación sanitaria, social y económica, que se ha visto muy agravada por la pandemia del Covid-19. La idea es que las iniciativas, preocupaciones y demandas que se recogen se tengan en cuenta en el debate parlamentario sobre la Covid-19 que tendrá lugar el próximo 1 de julio, así como en las reelaboraciones del presupuesto de la Generalitat para 2020, o en las decisiones de inversiones y de prioridades de las diversas administraciones locales en el año en curso.

La declaración parte de la base que la crisis sanitaria ha supuesto una sacudida extraordinaria para todo el sistema sanitario, pero también ha comportado inmensas consecuencias sociales y económicas, con millones de pérdidas de puestos de trabajo que han afectado de manera muy intensa situaciones precarizadas en el trabajo por parte de colectivos desprotegidos que se han convertido situaciones de gran emergencia social. Las personas mayores, las personas sin hogar y la población inmigrante han sido colectivos especialmente afectados.

La crisis provocada por la Covid-19 recae en un sistema de protección social que sufre déficits estructurales derivados de la baja inversión en Cataluña y en el Estado, situación que también ha supuesto más dificultades para afrontar la crisis sanitaria y social derivada de la emergencia.

En este cotexto, la Mesa de Emergencia Social considera que hay que salir de la emergencia estableciendo las bases de un sistema de protección que garantice los derechos sociales como medida de respeto de la dignidad y la igualdad de las personas en el marco de una sociedad justa, igualitaria y cohesionada.

Y para fortalecer el estado del bienestar y garantizar los derechos sociales como verdaderos derechos subjetivos, se necesitan reformas profundas mediante medidas normativas, estructurales y financieras que impliquen realmente cambios en la concepción y la garantía de los derechos sociales, así como el incremento de inversiones para financiar los servicios o las prestaciones económicas para garantizar estos derechos básicos.

En todo este contexto, el Síndic se ofrece como interlocutor para escuchar, recoger y dar atención prioritaria a las cuestiones que planteen las entidades que trabajan en primera línea social, así como para articular las propuestas que puedan surgir ante las instituciones, y también, en su caso, ante los sectores financieros y sociales más importantes de nuestro país.

Asimismo, se responsabiliza de la tarea de formulación y de exigencia de estas demandas, que serán, a su vez, objeto de trabajo y de seguimiento por parte de la Mesa.

• Acceso al documento en pdf

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados y en el Senado el Informe Anual 2019 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).

En 2019, el MNP ha inspeccionado 106 lugares de privación de libertad repartidos por 30 provincias de 15 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla. 47 de estas visitas fueron de seguimiento para comprobar si la aceptación de las resoluciones emitidas por la Institución suponen o no un cambio real de los problemas detectados en anteriores inspecciones. En total, se han formulado 48 recomendaciones, 813 sugerencias y 28 recordatorios de deberes legales.

El pasado año 82 autoridades o funcionarios públicos de centros de privación de libertad fueron objeto de condenas penales o sanciones administrativas frente a 12.252 ciudadanos particulares condenados por delito de atentado contra la autoridad y por resistencia o desobediencia.

Il difensore civico provinciale, Gianna Morandi e il garante provinciale dei minori, Fabio Biasi hanno presentato oggi alla stampa le relazioni sull’attività 2019, che il giorno 1 luglio verranno esaminate dal Consiglio provinciale. In particolare, Fabio Biasi ha assunto le funzioni nell'ottobre dello scorso anno, mentre nei mesi precedenti del 2019 la tutela dei diritti dei minorenni è stata svolta dal difensore civico provinciale, come disponeva la precedente normativa in materia.  Il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder ha introdotto la conferenza stampa evidenziando il ruolo strategico degli istituti incardinati presso il Consiglio provinciale che operano da tramite tra cittadini e pubblica amministrazione nella risoluzione di innumerevoli questioni, spesso estremamente delicate e ricordando che è recentissima la separazione dei ruoli della difesa civica e del garante dei minori e l’istituzione del ruolo del garante dei detenuti. Il presidente ha espresso anche l’auspicio che si completi al più presto il mosaico dei comuni che aderiscono alla convenzione con il difensore civico: ne mancano all’appello 32, più una comunità di valle.

Morandi: la complessità della consulenza nell’ambito del diritto “fluido”.

Un bilancio positivo sia per le interlocuzioni con i cittadini che con le amministrazioni, quello offerto dalla difensora civica Gianna Morandi che per la prima volta incontra la stampa per presentare la relazione sull’attività svolta. Le materie per le quali i cittadini si rivolgono all’istituzione del difensore, incardinata presso il Consiglio provinciale, ha detto, sono le più disparate: assistenza sanitaria, edilizia abitativa, urbanistica, fiscale, politiche socio assistenziali, con il procedimento amministrativo a fare la parte del leone. Il contesto normativo in cui operiamo, ha osservato Morandi, è assolutamente farraginoso, con incessanti rimandi a successive modifiche normative. Sul piano provinciale abbiamo un quadro organico di ...

The Annual Report of the Public Services Ombudsman for the year ending 31st December 2019 was laid in Parliament on Friday 26th June 2020.