El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha informado hoy al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), de las actuaciones emprendidas por la Institución en estos tres meses de Estado de Alarma, que está afectando a la normalidad de miles de familias andaluzas.

El Defensor del Pueblo ha trasladado al presidente de la Junta que se ha incrementado la cantidad de personas que están reclamando que se garanticen sus derechos ante la Defensoría, en especial, los colectivos más vulnerables.

El Defensor del Pueblo ha enumerado las principales actuaciones desarrolladas por la Institución. Entre las mismas, se encuentran las personas solicitantes de rentas mínimas de inserción por falta de ingresos, aquellas sin acceso a los suministros básicos de energía y agua, las personas mayores, los dependientes, las solicitantes de ayudas para alquiler de vivienda, los trabajadores migrantes establecidos en los asentamientos de Huelva y Almería, las personas privadas de libertad en centros penitenciarios, los niños y niñas beneficiarios de programas de garantía alimentaria, los menores con alteraciones conductuales y el personal sanitario, en cuanto a la necesidad de que cuenten con los equipos y garantías de protección, entre otras cuestiones.

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que se ha acordado establecer líneas de colaboración para hacer llegar al presidente de la Junta de Andalucía las preocupaciones más acuciantes de la ciudadanía.

5/06/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este lunes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta de su gestión en 2018 y 2019.

Fernández Marugán, que no había tenido oportunidad de comparecer por las diferentes citas electorales de los últimos meses y la posterior crisis provocada por el COVID-19, ha desgranado ante los diputados y senadores que conforman la Comisión los principales datos estadísticos y actuaciones de la Institución a lo largo de estos dos años.

Según ha explicado, en 2018 se realizaron un total de 17.697 actuaciones, que incluyen las quejas recibidas, las investigaciones de oficio iniciadas y las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad. Esta cifra se incrementó un 16,5% en 2019, hasta alcanzar los 20.616 expedientes.

Por lo que respecta a las resoluciones dictadas por la Institución (recomendaciones, sugerencias y advertencias de deberes legales), se elevaron a 1.152 en 2018 y a 1.551 en 2019, lo que supone un incremento del 34,63%.

Violencia de género

Durante su intervención, Fernandez Marugán ha reiterado su apoyo incondicional a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y ha condenado el último asesinato de una mujer y sus dos hijos en Úbeda (Jaén).

El Defensor ha asegurado que “las quejas recibidas siguen poniendo de manifiesto la escasez de recursos, la poca formación especializada y la falta de instrumentos de coordinación entre los distintos niveles territoriales de intervención integral”. En este sentido, ha apuntado que la Institución ha realizado actuaciones de supervisión en todas las fases de atención a la víctima: desde la emergencia inicial, hasta la integración social y ha formulado nuevas recomendaciones para reforzar el sistema de protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos.

Fernández Marugán ha pedido que se mejoren las herramientas de detección del riesgo y la coordinación con los servicios sociales. También ha abogado por simplificar aún más los procedimientos y aumentar la coordinación con las asociaciones de mujeres que realizan el trabajo de campo para mejorar el acceso a los recursos y el 

tratamiento integral.

“Tenemos que trabajar todos mucho más para que las víctimas dejen de sentirse cuestionadas y perdidas en los procedimientos administrativos y judiciales”, ha concluido.

Rentas mínimas

Fernández Marugán ha defendido la necesidad de establecer un sistema estatal integrado de rentas mínimas, una posición que lleva tiempo defendiendo.

Esta postura fue ratificada en el informe Anual 2019, donde el Defensor del Pueblo aboga por  establecer y regular por ley dicho sistema en una prestación no contributiva en el Sistema de Seguridad Social.

Tal y como ha explicado a los diputados y senadores de la Comisión, en España la última red de garantía de ingresos está formada por prestaciones específicas a cargo de la Administración central, a la que se añaden otras más generales provenientes de las comunidades autónomas.

Estas últimas prestaciones son residuales e inferiores a las de otros países de nuestro entorno, están muy fragmentadas, tienen poca cobertura, son muy heterogéneas en función del territorio y su periodo de pago es breve lo que lleva a que su capacidad para reducir la pobreza sea “escasa”, especialmente en el caso de los menores de edad y los jóvenes.

Estas carencias han llevado a que sea “imprescindible definir una garantía de renta homogénea para el conjunto de la población que limite la actual fragmentación.

Además, ha apuntado que la conveniencia de esta iniciativa se ha visto acentuada con la emergencia sanitaria, “ya que lo previsible es que haya que llevar a cabo una ampliación de la protección social a personas en situación de pobreza”.

 Sanidad

A lo largo de su intervención, Fernández Marugán ha llamado de nuevo la atención sobre la compensación solo parcial en los últimos años de la reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, a causa de la crisis económica.

Según ha explicado, “aunque el Gasto Sanitario Público en Sanidad se ha recuperado en los últimos ejercicios, el número de beneficiarios también se ha elevado mucho y muy rápidamente, mientras que los recursos han avanzado con bastante más lentitud”. En esta línea, ha asegurado que “España gasta un punto menos en sanidad que la media de la UE, alrededor de 12.000 millones de euros menos”.

La caída en los presupuestos sanitarios ha provocado carencias, en opinión del Defensor, que tienen su reflejo en “listas de espera demasiado largas y urgencias frecuentemente saturadas”.  Asimismo, Fernández Marugán, ha afirmado que “España tiene escasez de médicos en atención primaria, en sanidad rural y en especialidades y también escaso número de profesionales de enfermería, con una tendencia a utilizar crecientemente los contratos temporales y a tiempo parcial, lo que da lugar a una gran rotación de personal”. Por todo ello, “los profesionales sanitarios manifiestan su preocupación por las condiciones de precariedad laboral bajo las que trabajan”, ha añadido.

El Defensor cree que estas carencias exigen una reacción efectiva de todos los poderes públicos y ha pedido “un gran acuerdo político y social para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud”.

Por otra parte, Fernández Marugán también ha urgido a introducir un supuesto de exención del copago de medicamentos para las personas con ingresos por debajo de un determinado umbral mínimo de renta.

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El Síndic ha constatado nuevamente una gran disparidad de respuestas por parte de los propios centros a la hora de organizar su reapertura 

Numerosos centros han organizado tutorías y actividades presenciales para el conjunto del alumnado, en días diferentes, e incluso servicios para la acogida del alumnado con necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar

Algunos centros han enviado a las familias mensajes de disuasión del regreso del alumnado a los centros, sin aprovechar activamente la posibilidad de desarrollar un trabajo socioeducativo presencial con el alumnado que presenta más necesidades educativas

Las diferencias entre centros van más allá de la autonomía de cada centro cuando suponen o generan desigualdades educativas para los alumnos

El pasado 19 de mayo, el Síndic presentó el informe Los centros educativos con elevada complejidad ante la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, en el que ponía de manifiesto las limitaciones que suponía la reapertura de centros durante este curso 2019/2020, en términos académicos y por las medidas estrictas de distanciamiento social impuestas por las autoridades sanitarias, y solicitaba al Departamento de Educación que el regreso a la escuela estuviera muy orientado a responder a necesidades específicas, sean de conciliación de la vida laboral y familiar de las familias, sean de atención de situaciones de vulnerabilidad social y de déficits de acompañamiento familiar, que hagan necesaria la puesta a disposición de un espacio socioeducativo destinado a la atención de los niños. Dadas las dificultades constatadas con el desarrollo telemático del curso, especialmente entre el alumnado socialmente más desfavorecido, el Síndic pedía que este retorno se organizara como espacio socioeducativo de acompañamiento en el seguimiento de la actividad lectiva a distancia.

En esta línea, el Departamento de Educación anunció el pasado 20 de mayo de 2020 el Plan de apertura de centros educativos en fase 2 de desescalada en la finalización del curso 2019-2020. Estas instrucciones preven la continuidad del curso 2019/2020 telemáticamente, así como la apertura física de los centros en el curso actual en la fase 2 de desescalada para la acción educativa presencial voluntaria del alumnado que finaliza la etapa, para atenciones personalizadas con los tutores, o para alumnado de 3-6 años cuyas familias no puedan flexibilizar el trabajo presencial. En todo caso, cada centro, de acuerdo con la autonomía organizativa de qué dispone, debía presentar su plan de apertura con el acompañamiento de la Inspección educativa previo al inicio de las actividades presenciales con el alumnado.

A través de las quejas recibidas y de las actuaciones desarrolladas, el Síndic ha constatado nuevamente una gran disparidad de respuestas por parte de los propios centros a la hora de organizar la reapertura.

El Departamento de Educación ha informado esta institución que oficialmente todos los centros han abierto sus instalaciones (con alguna excepción justificada por la existencia de obras o de otros motivos), en algunos casos con la necesidad de la intervención de la Inspección de Educación para hacerlo posible, dadas las resistencias de algunos equipos directivos y claustros. Con todo, el Síndic ha constatado que numerosos centros han enviado a las familias mensajes de disuasión del regreso del alumnado a los centros, sin aprovechar activamente la posibilidad de desarrollar un trabajo socioeducativo presencial con el alumnado que presenta más necesidades educativas, tanto en primaria como en secundaria, antes de la finalización del curso.

Mientras numerosos centros han limitado la apertura sólo al alumnado que finaliza la etapa, para algún día concreto, o para hacer alguna tutoría con cita previa, a petición de los propios tutores, otros centros han organizado, además de las actividades de tutoría y para el alumnado que finaliza etapa, algunas actividades presenciales para el conjunto del alumnado, en días diferentes, e incluso servicios para la acogida del alumnado con necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar.

Ante esta realidad, el Síndic recuerda que la educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado y protegido por los poderes públicos y también, de manera preferente, por el profesorado ypor los equipos directivos de los centros, de acuerdo con el interés superior del niño. La Ley de educación de Cataluña (LEC) establece el compromiso de las direcciones de los centros, en el ejercicio de sus funciones, con la defensa de el interés superior del niño.

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Seit April besteht wegen der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein die Pflicht, eine Mund-
Nasen-Bedeckung z. B. im Einzelhandel oder im öffentlichen Nahverkehr zu tragen. Von
dieser Pflicht gibt es aber auch notwendige Ausnahmen, die in der aktuell geltenden
„Corona-Bekämpfungsverordnung“ geregelt sind: Danach sind Menschen, die aufgrund
von körperlichen, geistigen oder psychischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung
tragen können, von der Pflicht befreit. „Wir erhalten dennoch zahlreiche Anfragen von
Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen von dieser Pflicht befreit sind, jedoch nicht in
Geschäfte gelassen werden“, sagte Samiah El Samadoni, Leiterin der
Antidiskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein, dazu heute (Montag) in Kiel.
Häufig fehle es noch an Verständnis und Akzeptanz für die Ausnahmeregelung.
Die „Corona-Bekämpfungsverordnung“ des Landes Schleswig-Holstein stellt auch klar, dass an
den Nachweis zur Befreiung von der Bedeckungspflicht keine hohen Anforderungen gestellt
werden dürfen. „Ein solcher Nachweis kann zum Beispiel ein Schwerbehindertenausweis oder ein
Allergikerausweis sein“, erklärte El Samadoni. Es müsse lediglich glaubhaft gemacht werden, dass
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer körperlichen, geistigen oder
psychischen Beeinträchtigung nicht möglich sei. Trotz dieser klaren Regelung berichten zahlreiche
Betroffene von Problemen in Bereich des Einzelhandels oder im öffentlichen Personen-
Nahverkehr. „In der Beratungsarbeit haben wir oft die Begründung gehört, dass andere
Kund*innen und Mitarbeitende geschützt werden müssten.“ Die Leiterin der
Antidiskriminierungsstelle hob hervor, dass aber immer auch geprüft werden müsse, ob bestimmte
Gruppen von Menschen durch diese Maßnahmen benachteiligt oder ausgeschlossen werden. „Der
Schutz vor Diskriminierungen ist auch und gerade während der Corona-Pandemie essenziell“,
betonte El Samadoni. Nach ihren Erfahrungen in der Beratungspraxis reiche ein Gespräch in den
Filialen vor Ort häufig nicht aus, vielmehr bedürfe es einer grundlegenden Sensibilisierung und
Schulung aller Mitarbeiter*innen durch die Geschäftsleitungen. „Wenn Menschen mit einer
Behinderung trotz eines geeigneten Nachweises ohne Mund-Nasen-Bedeckung Geschäfte oder
Busse nicht betreten dürfen, ist dies diskriminierend und stellt einen Verstoß gegen das AGG

(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) dar“, betonte die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle. Diese Verstöße lösten gegebenenfalls auch entsprechende Rechtsansprüche der Betroffenen auf Unterlassung oder Schadenersatz/Entschädigung aus. Betroffene von Diskriminierungen erhalten bei der Antidiskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein Beratung und Unterstützung.
Auch der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Prof. Dr. Ulrich Hase, hatte bereits an die Öffentlichkeit appelliert, rücksichtsvoll und sensibel mit Situationen umzugehen, in denen Menschen mitteilen, dass sie keine Maske tragen können. In diesem Zusammenhang hat der Landesbeauftragte zahlreiche Informationen und Dokumente zum Thema auf seiner Internetseite zusammengestellt, die z. B. auch Möglichkeiten für einen Nachweis der Befreiung von der Bedeckungspflicht aufzeigen.

In the frame of the May 18 and June 18 Human Rights Month-Long Campaign, which was announced by the Ombudsperson of Azerbaijan, regional centers of the Ombudsperson in coordination with relevant national stakeholders held online public awareness meetings in the regions of the country. The members of civil society were also involved in this process. It should be noted that each year, 18 June is celebrated as the Human Rights Day in the country according to the relevant Presidential Order of 18 June, 2007. Due to the outbreak of COVID-19 infection, the representatives of the regional centers informed the participants of the online meeting about recent activities of the Ombudsperson in protection of the rights of the vulnerable groups of the population during the special quarantine regime. It was mentioned that during the quarantine regime the Ombudsperson has been in close cooperation with relevant governmental bodies to ensure the rights of people. Strict quarantine regime has been gradually softened in the country. However, some restrictions are still in force. Although the reception of appeals in presence has been suspended in the Office of the Ombudsperson the reception of the appeals via online, hotline, post, e-mail as well as the social media accounts of the Office continues. Also during the online meetings the representatives of the Ombudsperson informed the participants about the statements of the special rapporteurs of UN as well as the “Aide Memoire” that has been developed by the UN High Commissioner for Human Rights to provide guidence to NHRI interventions based on human rights standarts.
Press Service