El Procurador del Común ha participado esta tarde en la inauguración de estas jornadas organizadas por el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, bajo la dirección de Susana Rodríguez Escanciano, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la ULE y coordinadas por Mª de los Reyes Martínez Barroso y Henar Álvarez Cuesta, Catedrática y Profesora Titular, respectivamente, del mismo área de conocimiento.

Tomás Quintana ha destacado el interés de estas jornadas, en la medida en que tienen como objeto analizar desde la perspectiva de las relaciones laborales el importante trabajo que realizan las personas –normalmente mujeres- que se ocupan de cuidar a los mayores y personas con discapacidad, bien se hallen institucionalizadas en residencias o en sus propios domicilios; un colectivo de trabajadoras que atiende a personas especialmente vulnerables y que, por ello, realiza una gran labor social como se ha demostrado con ocasión de la crisis sanitaria que vivimos, pese a lo cual “en muchas ocasiones no tiene ni el reconocimiento social, ni laboral que merecen”. El defensor del pueblo de Castilla y León ha hecho hincapié en la idea de que mejorar las condiciones laborales del colectivo de trabajadoras también ha de repercutir positivamente en los cuidados que reciben los mayores y personas con alguna dependencia.

La inauguración en modalidad on line ha participado también  Isidoro Martínez, Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, Ruth Pindado, Directora General de la Mujer de Castilla y León, Salvador Tarodo, Decano de la Facultad de Derecho y José Gustavo Quirós, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

Vitoria-Gasteiz

El Ararteko inició, hace unas semanas, un expediente de oficio al conocer la aprobación por parte de Lanbide de la Instrucción JAR-DBE-023, sobre la "fecha en la que da comienzo el cómputo máximo de tiempo que establece el artículo 5.2 del Decreto 147/2010, para las unidades de convivencia con menores a cargo", y cuya entrada en vigor, según establece la propia Instrucción, se produjo el pasado 14 de diciembre de 2020.

Con el fin de aclarar su aplicación ante ulteriores consultas o quejas, el día 4 de febrero el Ararteko cursó una petición de información a Lanbide, solicitando una explicación detallada de los supuestos a los que va afectar la Instrucción, la copia de las sentencias judiciales en que se fundamenta y las dudas que se plantean con relación a la naturaleza jurídica de la instrucción y su alcance.

La normativa prevé que las unidades de convivencia con menores a cargo que se integren en el domicilio de otros familiares (padres, abuelos, hermanos, etc.) constituyen una unidad de convivencia (UC) independiente de éstos, a efectos del reconocimiento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), sin establecer un límite de duración a esta previsión.

Esta condición de UC independiente del resto de convivientes se reconoce por la especial vulnerabilidad de las unidades de convivencia con menores a cargo, y persigue garantizar su autonomía incluso cuando, por diversas razones de índole socioeconómica, se ven obligadas a integrarse en el domicilio de otros familiares.

Hasta el momento esta previsión beneficiaba, fundamentalmente, a familias monomarentales, con menores de edad a su cargo.

El decreto de desarrollo de la Ley limitó temporalmente a dos años la duración de estas UC especiales.

Esta limitación ya fue objeto de atención por parte de esta Institución en el Informe-Diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda por Lanbide, elaborado el año 2017.

Entonces se llamó la atención sobre el hecho de que el desarrollo normativo de la ley había limitado la duración de las UC especiales, por lo que el Ararteko planteó la necesidad de reflexionar sobre la posibilidad de que, al menos, en algunos supuestos excepcionales, este plazo pudiera prorrogarse, en coordinación con los servicios sociales, para facilitar el cambio de domicilio con anterioridad al transcurso del plazo concedido.

Lejos de ampliarla, la instrucción actual parece que limita aún más la duración de la UC especial de personas con menores a cargo, y amparándose en diversas sentencias de los tribunales contencioso-administrativos, precisa que "la duración de la UC especial con menor a cargo no podrá ser superior a 24 meses contados desde el nacimiento o adopción."

Puede entenderse que solo es aplicable a personas con menores a cargo que ya vivían en el domicilio de un familiar antes de nacer los hijos y que dispondrían de 24 meses desde el nacimiento o la adopción para ser consideradas UC independientes.

Pero al Ararteko le preocupa que, tal y como está redactada la Instrucción, se aplique a todas las UC con menores a cargo, de forma que, por ejemplo, una persona con dos hijos de 7 y 9 años que vivía de manera independiente y que por razón de la crisis vuelve al hogar paterno y solicita la RGI, vea denegada su solicitud.

Al mismo tiempo, el Ararteko cuestiona, con base en el principio de jerarquía normativa, que se pueda limitar el reconocimiento de las UC especiales mediante una instrucción interna de Lanbide, teniendo en cuenta el contenido del artículo 9 de la Ley de Garantía de Ingresos y su desarrollo reglamentario.

Vitoria-Gasteiz 11 de marzo de 2021

Lettera di Giulianelli al direttore della casa circondariale pesarese, al coordinatore regionale della sanità penitenziaria, al dirigente di settore dell’Av1 ed ai sanitari che operano direttamente nel carcere

Una fotografia precisa di quanto sta accadendo presso l’istituto penitenziario di Villa Fastiggi in relazione al diffondersi del Coronavirus. La chiede il Garante dei diritti Giancarlo Giulianelli attraverso una lettera inviata al direttore della casa circondariale pesarese, al coordinatore regionale della sanità penitenziaria, al dirigente di settore dell’Av1 ed ai sanitari che operano direttamente nel carcere. Inoltre, al fine di garantire nel miglior modo possibile il contenimento della pandemia, viene chiesto quali procedure siano state attivate e quali misure alternative siano state eventualmente concesse ad alcuni detenuti.

Giulianelli intende avere un quadro specifico della situazione anche per quanto riguarda le vaccinazioni del personale di Polizia penitenziaria e della stessa popolazione detentiva, al fine di poter sollecitare, per quanto di competenza dell’Autorità di garanzia, lo sfoltimento delle procedure per la stessa somministrazione vaccinale.

“Già da questa settimana – evidenzia il Garante – sarebbe dovuta partire l’azione di monitoraggio riguardante tutti gli istituti penitenziari marchigiani, con particolare riferimento a quanto sta accadendo sul versante sanitario. Purtroppo per problemi di salute, ho riscontrato la positività al Covid, questo non è stato possibile. In attesa di poter tornare in piena attività, conto comunque di attivare tutti i canali possibili per avere informazioni precise anche da parte degli altri istituti penitenziari marchigiani, al fine di mettere in campo tutti gli interventi che si renderanno necessari”.

A.Is

Volksanwalt Amon, der auch Generalsekretär des International Ombudsman Institutes (IOI) ist, empfing Professor Michael O´Flaherty, den Direktor der Agentur für Grundrechte der Europäischen Union, in der Volksanwaltschaft zu einem Gespräch.

Die FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) ist das Menschenrechtsberatungsgremium der EU. Die Agentur wurde 2007 gegründet und hat ihren Sitz in Wien. Die FRA nimmt ihre Aufgaben unabhängig wahr und arbeitet mit anderen nationalen und internationalen Stellen und Organisationen zusammen, insbesondere mit dem Europarat.

Die Volksanwaltschaft, die sich als das Menschenrechtshaus der Republik versteht, setzt alles daran, potentielle Menschenrechtsverletzungen bereits im Kern zu erkennen und diese zu unterbinden. Aus diesem Grund ist es Volksanwalt Amon ein großes Anliegen, einen intensiven Austausch mit anderen Organisationen zu pflegen, die sich ebenfalls um den Schutz der Menschenrechte kümmern.