Así se lo recomendó el Ararteko después de analizar la queja de una ciudadana que planteó su disconformidad con la decisión del Ayuntamiento de Leioa de no permitir el acceso a las piscinas municipales de verano a quien no tenga la condición de abonado de las instalaciones deportivas municipales.
Vitoria-Gasteiz

Señalaba que, por segundo año consecutivo, los vecinos de Leioa no abonados a esas instalaciones, no han podido acceder a las piscinas de verano, a la que los abonados acceden con cita previa, ni aunque hubiera sitio disponible. La reclamante no quería el abono, porque su coste le resulta excesivo para el uso que le pudiera dar.

El ayuntamiento justificó la medida esgrimiendo criterios sanitarios: "Debido a la situación sanitaria existente nos hemos visto en la obligación de mantener una serie de normas y controles con el objetivo del correcto funcionamiento de la instalación, además de resguardar la salud de todas nuestras y nuestros usuarios".

El Reglamento de utilización de las instalaciones deportivas municipales reconoce el derecho a utilizar las instalaciones deportivas municipales, tanto en calidad de abonado como de usuario (no abonado).

Si bien ese reglamento se ha visto afectado por normas de rango superior que regulan las medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el COVID, esas normas no establecen ningún tipo de limitación con relación al tipo de personas usuarias de las instalaciones.

Transcurrido más de un año desde el comienzo de la pandemia el Ayuntamiento de Leioa, tal y como lo hizo en 2020, no ha previsto otra alternativa menos restrictiva para los derechos de las personas usuarias.

El Ararteko considera que existen otras alternativas menos restrictivas, como es la cita previa, que permite un adecuado control de accesos e identificación de las personas usuarias.

Por ello, el Ararteko sugirió al Ayuntamiento de Leioa que articule un procedimiento de acceso a las piscinas, tanto en calidad de persona abonada como de usuaria, que con garantía para la salud de todas las personas, proporcione un ambiente seguro en dichas instalaciones y pueda dar cumplimiento también al reglamento que regula la utilización de dichas instalaciones.

El Ayuntamiento ha comunicado al Ararteko que está trabajando en la renovación del reglamento de instalaciones deportivas y que cuestiones como la oferta deportiva para abonados y no abonados es un tema que se tendrá en cuenta en dicha renovación.

Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 2021

Bckering Birmingham bin workers have left residents in one city street having to return their heavy communal bins to the right place, the Local Government and Social Care Ombudsman has said.

Until last summer residents in the block of flats had their bins emptied and returned to their storage area but since then, collection crews have left the bins blocking the footpath and obstructing a bus stop.

Although the bins are heavy, one resident has struggled to return them to the storage area so they are not a hazard – even in the ice and snow, and complained to the council she has had to do so.

The council responded to the woman, and said it would put steps in place to solve the problem. It said the issue was caused because of a disagreement between its waste management and housing teams, each stating it was not responsible for putting the bins back, but the situation has not improved.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“Bin collection is one of the most frequent and obvious interactions residents have with their councils, and every day thousands of bins are collected across the country without a hitch.

“I am disappointed that a squabble between departments has led to these consequences for residents, and the council has not yet sought to solve the issue despite it having gone on for more than a year.

“We do not usually report on cases such as these, but Birmingham’s failure to resolve the issue, even when we confirmed we were investigating, left us with little choice. It belatedly confirmed it accepted our recommendations but in the interim failed to address the problem, leaving the resident continuing to struggle.

“I would urge the council to take a long look at its waste service and the way it handles complaints to identify just why I am receiving and upholding such a significant number, and take steps to ensure this is improved.”

The Local Government and Social Care Ombudsman’s role is to remedy injustice and share learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council has agreed to apologise to the woman and pay her £150 to recognise the frustration and difficulties the failure to return the communal bins has caused. It will also contact the woman to explain what it will do to ensure the bins are returned properly.

Article date: 11 November 2021

Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210201en.pdf

Languages available: bg es cs da de et el en fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Court of Justice of the European Union

PRESS RELEASE No 201/21

Luxembourg, 11 November 2021

Judgment in Case C-214/20 Dublin City Council

The Court defines the scope of the concept of ‘working time’ for a period of stand-by time according to a stand-by system

MG, a retained firefighter employed on a part-time basis by Dublin City Council (Ireland), is, by virtue of a system of stand-by time according to a stand-by system, retained by the brigade of the fire station by which he was trained. He is required to participate in 75% of that brigade’s interventions and has the option of refraining from the remaining interventions. Without being obliged, during his periods of stand-by time, to be present at a specific place, MG must, when he receives an emergency call to participate in an intervention, arrive at the fire station within a maximum period of 10 minutes. The period of stand-by time according to a stand-by system is, in principle, 7 days per week and 24 hours per day and is interrupted only by leave periods and periods of unavailability notified in advance.

MG is however permitted to carry out a professional activity, provided that that activity does not exceed 48 hours per week on average. Thus, he works as a taxi driver on his own account.

Los vecinos han denunciado una vez más los constantes cortes de suministro eléctrico que sufren muchas viviendas

Las administraciones públicas tienen la obligación de actuar contra las conductas delictivas y las empresas distribuidoras, de poner en conocimiento de las administraciones las irregularidades que detecten
 

Hoy, 11 de noviembre, asesores del Síndic de Greuges se desplazaron a Girona para recoger quejas y consultas de los vecinos. En concreto, la atención ha tenido lugar en el Centro Cívico Riu Onyar, ubicado en el barrio de la Font de la Pólvora.

Esta visita se enmarca en los desplazamientos del Servicio de Atención a las Personas itinerante, que se puso en marcha en 2013 con el objetivo de garantizar la atención territorial por toda Cataluña, con tres visitas semanales a distintos municipios.

Buena parte de las quejas recibidas han estado en relación con cortes de luz y la falta de calidad del servicio eléctrico que sufren muchas de las viviendas del barrio, que podrían tener su origen en instalaciones ilegales que se conectan de forma fraudulenta a la red de suministro eléctrico, lo que provoca sobrecargas o cortes de luz que afectan a muchas personas.

En 2014, el Síndic ya abrió una actuación de oficio para estudiar el caso, a raíz de las quejas que recogían la impotencia de muchas personas que, después de haber acudido a las administraciones competentes, veían cómo no se les garantizaba la continuidad de un suministro básico como es la electricidad, provocando molestias e incomodidades notables en el día a día.

En el informe El derecho al suministro de electricidad: obstáculos y soluciones en el precio, el acceso al servicio y la garantía de su calidad, de marzo 2019, también se incluía un capítulo sobre la calidad del servicio eléctrico en vecindarios con prevalencia de situaciones eléctricas irregulares, y ya se establecían una serie de recomendaciones que, desgraciadamente, siguen siendo vigentes.

Ante todo esto, el Síndic se ve obligado a recordar que la electricidad es un servicio básico y esencial para la vida cotidiana, cuya calidad y continuidad es necesario garantizar, y pide que todas las administraciones actúen conjunta y coordinada, cada una desde el su ámbito competencial, dado que se trata de un fenómeno con diversas caras.

También insiste en que habría que tomar en consideración las siguientes recomendaciones:

• Es necesario un seguimiento y un control de la calidad del suministro eléctrico en los municipios o barrios en los que es conocida la problemática de la falta de calidad del servicio.

• Es necesario ejercer la potestad inspectora en materia de garantía y calidad del suministro eléctrico e incoar los procedimientos sancionadores que sean pertinentes contra las personas que causan incidencias en la continuidad del suministro eléctrico.

• Es necesario sectorizar para aislar lo máximo posible las redes para poder acotar las incidencias y minimizar sus efectos en la garantía y la continuidad del servicio a las personas consumidoras.

• Es necesario revisar las instalaciones, las redes y los equipamientos de distribución para mantenerlos en buen estado.

• Hay que compensar a las personas consumidoras por la falta de calidad del suministro, sin perjuicio del correspondiente resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

• Es necesario analizar y mejorar la planificación de los dispositivos policiales para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y los bienes jurídicos que haya que proteger en los barrios o áreas que lo requieran.

• Es necesaria colaboración, cooperación y coordinación entre la policía local y los Mossos d'Esquadra y con las empresas distribuidoras de electricidad.

• Es necesario realizar un seguimiento de los inmuebles que han sido ocupados ilegalmente y de aquellos en los que existen indicios racionales, a partir de las denuncias de la comunidad, de comisión delictiva (especialmente, de delitos contra la salud pública).

En resumen, cabe recordar la obligación de las administraciones públicas de actuar contra las conductas delictivas y de las empresas distribuidoras de poner en conocimiento de las administraciones las irregularidades que detecten.

En el mismo informe, el Síndic también denunciaba que quedaba pendiente el despliegue de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que impone a las administraciones públicas y empresas privadas la obligación de establecer los acuerdos o convenios necesarios para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos. Pasados ​​cinco años, esto no se había hecho efectivo. El Síndic se muestra satisfecho con el anuncio que ha hecho recientemente el Govern de aprobar el gasto de 10,8 millones de euros, que sirvió para condonar la deuda de las familias vulnerables en el ámbito de la pobreza energética de los años 2019 y 2020, en despliegue del acuerdo que tenía con Endesa.