Summary

The social services received a report due to concern from the employer of two parents. The couple had recently become parents and the board initiated a so-called child investigation due to the report. Thereafter two administrative officers conducted an unannounced visit to the couple.

Each individual is, pursuant to chapter 2, section 6 of the Instrument of Government, protected against, among other things, house searches or similar intrusion by the public sector. The protection against infringement may only be limited by legislation. The social services are a part of the public sector and are thus covered by the provisions in the Instrument of Government. There is no provision that gives the social services the right to enter an individual’s home, regardless of what the purpose of this would be.

In order for the social services to carry out a visit to a home, within the framework of a so-called child investigation, it is required that an individual gives their consent to the visit. The consent must be substantial, and it cannot be a question of the individual agreeing to a home visit because he or she feels compelled to do so. The scope for carrying out an unannounced home visit is very limited and such visits should only occur in exceptional cases, e.g. if the social services fear that there is an emergency. According to the Parliamentary Ombudsman, there was no reason, in the current case, to fear an emergency situation, and the administrative officers should therefore have consulted the couple in advance, before the home visit was carried out.

In the board’s referral response to the Parliamentary Ombudsman the board emphasized that it did not want to give the couple an opportunity to prepare for the visit. In the decision, the Parliamentary Ombudsman emphasizes that the activities of the social services must be based on respect for the integrity of individuals, and that the principles of autonomy and integrity are fundamental to the activities of the social services. The Parliamentary Ombudsman holds that there is a risk that it may damage the trust of the general public if the authority carries out unannounced home visits and directs criticism towards the board for carrying out an unannounced visit.

El Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, y el director general de Save the Children, Andrés Conde, han inaugurado hoy en Córdoba una Jornada sobre la Protección integral a la infancia víctima de violencia sexual, bajo el lema #InfanciaProtegida. Ambos han alertado sobre la necesidad de una actuación coordinada y urgente en la lucha contra este tipo de violencia que supone una de las realidades más desconocidas e invisibilizadas dentro del complejo mundo del maltrato.

Este encuentro pretende sensibilizar a la sociedad frente a esta realidad con el propósito de unificar esfuerzos que permitan seguir avanzando en la erradicación de este tipo de maltrato. Además, nace con la vocación de ser un espacio de intercambio de experiencias entre administraciones públicas en la que se puedan detectar procesos comunes que nos dirijan hacia la construcción de sistemas y procesos lo más garantistas posibles con los derechos de la infancia, especialmente tras la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia contra la violencia. En la inauguración han intervenido la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz, anfitrión del encuentro.

En la inauguración de la jornada, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha alertado sobre las graves repercusiones que este tipo de violencia tiene en los menores mientras son niños (fracaso escolar, aislamiento social, miedos, depresión, ideas de suicidio, fatiga, conductas antisociales…) y también durante su etapa adulta, caso de problemas sexuales a diversos niveles, mayor tendencia al uso del alcohol y drogas, mayor probabilidad de prostitución que la población general, o la aparición de trastornos de la personalidad y conductas antisociales.

Para Jesús Maeztu, este tipo de violencia se da de forma aún más execrable y despreciable en entornos cercanos a los niños, especialmente en el ámbito familiar, “que pasan a convertirse en lugares de agresión y de vulneración de derechos”. Entre el 70 y 85 por 100 de los casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima y solo entre un 15 y un 20 por 100 de los abusos sexuales son denunciados.

Por ello el Defensor de la Infancia y Adolescencia ha advertido sobre la necesidad de sacar estos casos a la luz “porque todavía estamos ante una realidad oculta que no se denuncia”, aunque los datos sean “aterradores”. Jesús Maeztu ha reclamado, además, medidas para evitar la revictimización del niño o la niña, ya que “los resultados de la burocracia administrativa y judicial a las que se someten los menores víctimas suelen ser desalentadores”.

Por su parte el director general de Save the Children, Andrés Conde, ha lamentado que la violencia sexual es un problema muy frecuente que tiene un impacto directo en la infancia: una de cada dos víctimas de violencia sexual son niños, niñas o adolescentes. Además, ha reconocido el avance que ha supuesto la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, ya que “refuerza e incluye medidas en todas las fases necesarias en la lucha contra las diferentes formas de violencia, protegiendo a la infancia y garantizando sus derechos”. Por ello, recalca que las Comunidades Autónomas tienen ahora un papel fundamental para impulsar la aplicación de dicha Ley desarrollando estrategias que aterricen las medidas previstas en sus diferentes fases, y poniendo los recursos necesarios para que la Ley se pueda aplicar con eficacia en todo el territorio.

Desde Save the Children también impulsan la promoción del modelo islandés Barnahus para garantizar la máxima protección a los niños y niñas víctimas de violencia sexual. Se trata de un modelo de atención integral coordinada entre departamentos (sistema judicial, sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales) cuya misión es evitar la victimización secundaria del niño o niña víctima de abuso sexual, agilizar el proceso judicial y facilitar su recuperación.

Tras la inauguración, comenzará la ponencia de Bragui Gudbrandsson, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ex director general de la Agencia del Gobierno de Islandia para la Protección de la Infancia y fundador del modelo Barnahus, sobre la “Perspectiva internacional de la protección a la infancia víctima de violencia sexual”, presentada por Emilie Rivas, responsable de incidencia social y política de Save the Children en Catalunya.

A continuación, la segunda ponencia correrá a cargo de Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de los Derechos de Niño y vicerrectora de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, sobre las “Novedades de la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y adolescencia contra la violencia”.

La jornada continúa con el testimonio de Sara Berga Cabello, activista por la Protección Integral de la Infancia contra la violencia sexual y superviviente de violencia durante su infancia, presentada por Soledad Rosales, directora del Gabinete del Defensor del Pueblo Andaluz.

La primera de las mesas redonda abordará “La atención a las víctimas en los Sistemas Autonómicos: Retos y Buenas prácticas”, moderada por Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política y Social de Save The Children. Participarán en ella Violeta Assiego Cruz, directora general de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; Miren Irune Muguruza Mendarte, directora general de Familias e Infancia del Gobierno Vasco; Ester Sara Carboners i Vall, directora general de Infancia y Adolescencia de la Generalitat de Catalunya; Rosa Josefa Molero Mañes, directora general de Infancia y Adolescencia de la Generalitat Valenciana, y Antonia Rubio González, directora general de Infancia de la Junta de Andalucía.

La mesa redonda de tarde sobre “La experiencia de profesionales y entidades en la lucha y tratamiento contra la violencia sexual a la infancia”, moderada por María Teresa Salces, asesora responsable del área de Infancia y Adolescencia del Defensor del Pueblo Andaluz, contará con Marta Valcarcel, Fiscal Decana-Delegada de menores de Sevilla; Myriam Iglesias, periodista y mediadora en prevención de abuso sexual infantil en el ámbito educativo; María Carmen Heredia, letrada de la asociación Redime y mediadora en prevención de abusos sexual infantil en el ámbito judicial; Narcisa Palomino, pediatra de Atención Primaria; Justo Fernández, Jefe de promoción comunitaria e inclusión social de la Concejalía de Derechos sociales del Ayuntamiento de Granada; y Purificación Reyes Neira, presidenta de la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato (Adima).

El desarrollo de la jornada se retransmite en streaming por la página web del Defensor del Pueblo andaluz www.defensordelpuebloandaluz.es

The Ararteko is releasing a magazine, where the key points of its 2020 Annual Report are summarised, in English for the first time in order to contribute to the sharing of experiences and expertise with other similar institutions. The aim is to thus foster dialogue, solidarity and mutual support between organisations of different countries and regions, but linked by their common purpose.

Read the summary in English

Probleme bei Hartz IV, wie zum Beispiel mit der Übernahme der Kosten für Miete oder Heizung, mit der Hilfe zum Lebensunterhalt, dem Wohngeld oder auch mit Leistungen der Krankenkassen oder Schwierigkeiten beim Kindergeld - die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein, Samiah El Samadoni, hilft bei allen Fragen rund um das Sozialrecht. Darüber hinaus berät die Bürgerbeauftragte auch als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Landes und als Ombudsperson in der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen dieser Sprechstunde. Zudem ist die Bürgerbeauftragte auch Beauftragte für die Landespolizei und damit Ansprechpartnerin für Beschwerden von Bürger*innen und Eingaben von Polizist*innen.

Today the Commissioner published her written observations to the European Court of Human Rights as a third party in the cases of K.B. v. Poland and 3 other applications, K.C. v. Poland and 3 other applications and A.L. - B. v. Poland and 3 other applications concerning abortion rights in Poland.

The Commissioner notes that the October 2020 ruling of Poland’s Constitutional Tribunal, which resulted in a near-total ban on abortions by removing one of the three exceptions for accessing abortion care, namely in case of foetal impairment, represents the latest step in an already overwhelmingly prohibitive legal and procedural framework governing access to safe and legal abortion care, with a harmful impact on women’s human rights in Poland. The ruling should also be seen against the background of the worsening situation with regard to women’s access to sexual and reproductive health and rights in the country. The Commissioner concludes that the ruling has created a situation removing Poland even further from its obligations under international human rights law, particularly those stemming from Articles 3 (prohibition of torture and inhuman or degrading treatment) and Article 8 (right to private and family life) of the European Convention on Human Rights and 8 of the European Convention on Human Rights. This situation, she underlines, also runs counter to the principle of non-retrogression under international human rights law.

The Commissioner recalls that ensuring women’s effective access to safe and legal abortion care is a critical component of states’ obligations to respect and guarantee women’s human rights, and in particular the freedom from torture and inhuman or degrading treatment under Article 3 and the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. She stresses that making safe abortion care legal is not in itself sufficient to ensure compliance with human rights obligations and that states must also take concrete action to guarantee the quality of abortion care and ensure that it is available and accessible in practice.

The Commissioner notes that the worsening situation in Poland stands in stark contrast to legislation in the vast majority of Council of Europe member states that legalise access to abortion care. In this respect, the Commissioner highlights the firmly established European consensus in favour of access to safe and legal abortion and the general trend towards further removing remaining barriers in law and practice in this field.

She concludes that in order to ensure the effective protection of women’s human rights, Poland should urgently guarantee to all women and girls full and adequate access to safe and legal abortion care by bringing its law and practice into line with international human rights standards, including the Convention, and regional best practices.

Third party interventions to the European Court of Human Rights are among the tools at the Commissioner’s disposal to help promote and protect human rights. They are provided for by the European Convention on Human Rights and are based on the Commissioner’s country work and thematic activities.

• Read the Commissioner's written observations to the European Court of Human Rights