Responding to the Care Quality Commission's annual assessment of the state of health and social care in England, Local Government and Social Care Ombudsman  Michael King said:

“We welcome any spotlight being shone on the adult social care sector and the issues it faces.  In our own review of complaints brought to us as the Social Care Ombudsman, which we published last month, we identified a system that is increasingly failing those who need it most.

 “The faults we find are not usually one-off mistakes – they are more frequently being caused by measures taken to balance the books in a system under immense funding pressures. Our evidence shows the majority of care workers are doing an excellent job in spite of the pressures they are under. It is not the staff, but the pressure that is the problem.

 “All too often, people who use adult social care services don’t have the freedom to shop around for their care or change their circumstances once they are in the system. Without that choice, service failings have an impact on the health and wellbeing of people in care and their families.”

Article date: 22 October 2021

Summary

In connection to a visit by a public defence counsellor to a client at Göteborg remand prison the inmate made notes to prepare for the upcoming main hearing. After the visit, the lawyer handed in an envelope with the notes to the remand prison with the intention that this should be left to the client. Such a dispatch shall, according to the main rule, be forwarded to the inmate without being examined.

Despite this, the prison staff carried out an examination of the dispatched material. In addition, the remand prison handed over the dispatch to the Prosecution Authority for a review. The dispatch was examined by the prosecutor.

In his decision, the Parliamentary Ombudsman concludes that the prison’s measures are contrary to the provisions in chapter 3, section 6 of the Detention Act and directs criticism towards the detention for the incorrect management. The Parliamentary Ombudsman notes that the remand prison, in August 2019, received criticism for a similar management of a dispatch from a public defender. According to the Parliamentary Ombudsman, it is therefore important that the prison’s work to further clarify routines regarding the management of incoming mail is followed up upon. With regard to the prosecutor’s examination the Parliamentary Ombudsman states that there is no basis for criticism.

· Jesús Maeztu reclama una reordenación de los sistemas públicos y un Plan Integral de lucha contra la pobreza infantil

· Anuncia la celebración de una jornada, junto a Save the Children, sobre la protección a víctimas de violencia sexual el 10 de noviembre en Córdoba

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la pobreza infantil, la necesidad de garantizar el derecho a la educación ante fenómenos como la brecha digital, el agravamiento de casos de salud mental de los niños y jóvenes, y las distintas formas de violencia que se ejercen contra los mismos como los asuntos destacados del Informe Anual 2020 de la Institución que dirige.

Fueron un total de 6.663 actuaciones las acometidas por este comisionado parlamentario durante el año de referencia, de las cuales 2.941 se refirieron a quejas (2.228 iniciadas ese mismo año, 33 de las mismas de oficio, y el resto tramitadas de años anteriores) y 3.722 consultas. Las reclamaciones más cuantiosas afectaron a cuestiones de Educación, seguido de asuntos relativos a cuestiones de Familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos, protección o centros de internamiento, Servicios Sociales y Vivienda.

Durante su comparecencia ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía celebrada en el Parlamento andaluz, el Defensor de la Infancia se ha felicitado en primer lugar por la aprobación este pasado mes de julio de una ley de Infancia, “que actualiza y modifica la regulación que estaba vigente y pone a este colectivo en sintonía con las nuevas demandas y circunstancias sociales”, al tiempo que ha modificado no solo la denominación del Defensor del Menor, sino que ha otorgado una ampliación de las competencias de la Defensoría de la Infancia, “ya que, por ejemplo, amplía el ámbito de supervisión no solo a las entidades públicas, sino que incorpora a las entidades privadas que presten servicios a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma”.

El Defensor de la Infancia ha dedicado la cuestión relevante del Informe a la lucha contra la pobreza infantil como uno de los principales retos de nuestra sociedad. Jesús Maeztu ha considerado necesaria una reordenación de los sistemas públicos de ayudas y protección social a las familias y ha demandado la elaboración de un Plan integral de lucha contra la pobreza infantil en Andalucía -con acciones, financiación específica y un conocimiento previo de su coste- a causa del agravamiento de la pobreza y la desigualdad debido a la pandemia, en línea con el artículo 77 de la nueva ley de Infancia que recoge la obligación de la Administración de elaborar acciones y estrategias para reducir la pobreza infantil.

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El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha anunciado la apertura de una actuación de oficio para identificar el impacto económico que el incremento del precio de las tarifas eléctricas está teniendo en la ciudadanía de Barcelona, y en el consistorio y sus entidades municipales.

AUMENTO DEL PRECIO DE LA LUZ SIN PRECEDENTES

El coste de la electricidad es una variable económica que afecta directamente a las familias, empresas, personas autónomas y, también, al conjunto de la Administración. Desde el mes de febrero de este año se ha producido un aumento sostenido del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Durante septiembre de 2021, este precio marcó un máximo histórico y casi triplicó los precios del año anterior. Además, no parece que esta exorbitante escalada de precios tenga una mejor perspectiva en los próximos meses.

LA ELECTRICIDAD, UN SUMINISTRO BÁSICO

Los elevados precios derivados del consumo eléctrico generan un alto grado de preocupación e incertidumbre en la ciudadanía. Hablamos de un consumo básico de primera necesidad con una importancia muy destacada en las economías domésticas de nuestra ciudad, en la que impacta de manera negativa, con especial incidencia en los colectivos más vulnerabilizados.

Los principios de universalidad, igualdad de oportunidades y cohesión social exigen que los servicios básicos sean accesibles y asequibles para toda la ciudadanía. La privación de algunos de estos servicios esenciales para un sector de la población podría vulnerar la dignidad de las personas y su legítimo derecho al desarrollo social. Por estos motivos, desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona se ha iniciado un expediente de oficio que permita evaluar la situación actual y conocer qué acciones municipales se están llevando a cabo para paliar los efectos de este aumento del precio de la electricidad.

LA INTERVENCIÓN DE LA SINDICATURA

El nuevo síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha anticipado que el expediente de oficio pretende analizar si este aumento del importe de la tarifa eléctrica ha supuesto un incremento de ayudas económicas y si se están planteando medidas gubernamentales desde el consistorio para afrontar esta realidad. Bondia ha añadido que “es necesario saber cómo se está coordinando esta situación en el ámbito municipal y también investigar cuál ha sido el impacto para el Ayuntamiento y sus entidades municipales”.