El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo a petición de varios grupos parlamentarios para hablar sobre la situación migratoria en Ceuta, las quejas recibidas relacionadas con el inicio del curso escolar y la constitucionalidad del estado de alarma.

Sobre la situación migratoria en Ceuta, Fernández Marugán ha explicado las actuaciones realizadas por la Institución tras la entrada de miles de personas provenientes de Marruecos los días 17 y 18 de mayo. Así, ha relatado que en la primera semana de junio se trasladó a Ceuta donde pudo comprobar los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para encauzar la situación provocada por la actuación del país vecino.

Durante varias semanas, Marruecos admitió la devolución de pequeños grupos de personas. Fernández Marugán ha detallado que algunas de estas han presentado quejas que continúan en trámite al no haber recibido respuesta de las administraciones competentes. En este sentido, se ha referido al caso de varias mujeres congoleñas y a un grupo de ciudadanos yemeníes que, en ambos casos, habían manifestado al ACNUR su voluntad de pedir asilo en Ceuta. Otras personas se dirigieron a la Institución exponiendo que fueron devueltos sin procedimiento alguno.

La situación de los más de 1.000 menores que en esos días de mayo entraron en Ceuta preocupó especialmente al Defensor que desde el primer momento estuvo pendiente de las condiciones en las que se realizaba la acogida de estos niños y niñas.

Durante su comparecencia, Fernández Marugán también ha relatado la rápida actuación de la Institución el 13 de agosto, cuando, tras tener conocimiento de la expulsión a Marruecos de más de 50 menores sin ser escuchados y en contra de su voluntad, no dudó en formular un recordatorio de deberes legales al Ministerio del Interior, ese mismo día, para que cesara en esa actuación, pues, a su juicio, contravenía el procedimiento previsto legalmente.

El Defensor ha concluido su intervención sobre este tema apuntando que tras la judicialización de este asunto y la paralización de las devoluciones tuvo que suspender actuaciones hasta que finalice el procedimiento judicial en curso.

Mejoras para los jóvenes ex tutelados

Fernández Marugán se ha mostrado confiado en que la anunciada aprobación hoy en el Consejo de Ministros de la reforma del reglamento de extranjería reclamada desde hace años por la Institución sirva para facilitar el tránsito de los menores tutelados a la edad adulta de forma adecuada. “Espero que, a partir de ahora, los niños y niñas tutelados por las administraciones, cuando cumplan los 18 años, puedan formarse y así integrase en la vida laboral con los mismos derechos y obligaciones que el resto de jóvenes. Así se evitará que se vean abocados a la exclusión social”.  

En marzo de 2020 el Defensor recomendó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la modificación de tres artículos del Reglamento de Extranjería que regulan el régimen jurídico de los menores extranjeros no acompañados para mejorar su documentación y garantizarles todos los derechos que les corresponden como niños y niñas.

Curso escolar

El Defensor también ha explicado que, desde el inicio de la pandemia, la Institución ha realizado actuaciones con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y con todas las consejerías autonómicas sobre su gestión y la puesta a disposición de recursos para hacer frente a la crisis sanitaria.

Fernández Marugán ha señalado que las quejas recibidas en estas primeras semanas de curso académico tienen que ver con la seguridad de las aulas, el uso de mascarillas y la suspensión de la actividad docente en el alumnado que no puede asistir a clases presenciales.

En este sentido, ha asegurado que para evitar que la crisis sanitaria tenga un impacto negativo en la educación, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables, es necesario un “extraordinario esfuerzo” por parte de las administraciones, profesionales de la educación, alumnos, alumnas y familias.

Por otra parte, el Defensor ha informado de la actuación de oficio iniciada por la Institución el pasado mes de septiembre con las consejerías de Educación de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Cataluña para obtener datos oficiales sobre el número de plazas ofertadas para cursar estudios de Formación Profesional y las previsiones para adecuar la actual oferta a la creciente demanda.

Estado de alarma

Por último, Fernández Marugán ha mostrado su sorpresa por la solicitud de comparecer para explicar los motivos por los que decidió no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Así, ha explicado que es un derecho del Defensor recurrir o no y que no lo consideró procedente en este caso. “Es extraño que se pregunte por qué no se ejercita un derecho, como si los derechos fuesen deberes. No lo son. Es algo elemental, se llama independencia”, ha destacado.

No obstante, el Defensor ha recordado que el 3 de septiembre de 2020 firmó una Resolución explicando por qué no recurría el estado de alarma que es pública y lleva publicada en su web desde entonces.

he Venice Commission has found that proposals in the Health and Care Bill could undermine public trust in the Parliamentary and Health Service Ombudsman (PHSO), and must be revised.

The Ombudsman wrote to the Venice Commission to ask it to look at proposals in the Health and Care Bill that will prohibit PHSO from accessing protected information held by the Health Service Safety Investigations Body (HSSIB) in its ‘safe space’. The Commission is the law body of the Council of Europe, of which the UK remains a member, and an advisory body on constitutional matters.    

The Commission has looked at the proposals in relation to the Venice Principles for the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution. These are a set of best practice standards for ombuds practice, which were recently adopted by the UN General Assembly following a resolution co-sponsored and supported by the UK Government. PHSO is committed to embedding the Principles in its work through its 2022-25 corporate strategy.  

This aspect of the Bill, which is currently passing through Parliament, could have a significant impact on patients and families who complain to PHSO and for citizens who use the NHS.

PHSO supports the Opinion of the Commission which was adopted and published on 18 October 2021, and found that:

• the UK Government’s proposed approach is inconsistent with the Venice Principles and the position taken in relation to coroners
• safeguards to ensure that the aims of safe space are preserved are already available in the current legislative scheme of the Ombudsman
• the exclusion of PHSO from the safe space has the potential to undermine public trust in a key national institution articulating citizens rights.

Ombudsman Rob Behrens, said:

(...)

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia presenta este martes 19 de octubre a las 15:00 horas el Informe del Menor 2020 en la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia del Parlamento andaluz.

Date: 25 – 26 October, 2021

Time: 10:00-12:15 CET

Registrations open until 20/10/2021

About the conference

As public institutions concerned with promoting the fundamental value of equality and combating discrimination, equality bodies have been playing an increasingly important role in the implementation of equality legislation across Europe. So far, Equinet has not explored in depth how equality and non-discrimination are conceived and implemented at the local level, such as in municipalities and cities across Europe. Instead, Equinet’s focus has been on supporting and strengthening equality bodies’ standing and work at the national and international levels. As some equality issues may be better approached at the local level, it is important that equality bodies are supported to engage there if they are not doing so already. While some equality bodies already have regional or local offices, this is far from being the case in all countries, despite being an official Recommendation of the European Commission on standards for equality bodies.

Engaging with citizens is a crucial step in making equality and non-discrimination the norm. Nobody questions any longer the role of local governance as important actors at the forefront of citizens’ fundamental rights protection. Local authorities are closest to their citizens and as such are best positioned to understand their struggles, respond effectively to their needs, and empower them to know and claim their rights. Local authorities are also well equipped to invest resources directly into capacity-building workshops aimed at tackling discrimination and promoting equality, as they work together with public employment services, schools, and other training providers.

Developing cooperation with local authorities would increase the accessibility of equality bodies, extend the influence of their work, and increase the availability of equality data at the local level. Furthermore, it would provide local authorities with additional support to strengthen their work towards an equal and non-discriminatory society. Finally, a well-functioning equality approach is about involving relevant stakeholders. Bringing together local authorities, equality bodies, and Equinet would contribute to making European anti-discrimination policies a reality at the local level, highlighting local practices applicable on a higher level and helping to build synergies between local, national, and international institutions.

Join us to discuss how European institutions, NGOs, equality bodies and local authorities can work together to making the enjoyment of equality a reality in cities across Europe.

Objectives

The primary objective of this conference is to bring together equality bodies and relevant partners in order to develop cooperation and explore ways of joint action on promoting equality and tackling discrimination at the local level. In particular, the event aims to:

• Provide local actors and organisations with knowledge and new ways of practical engagement with national equality bodies;
• Tackle challenges and provide solutions that can lead to the successful creation of equal cities and municipalities;
• Share good practices of promoting equality at the local level to enhance collaboration and develop more effective non-discrimination policies.

Conference overview

Session 1: Building Equal Cities – Equality and Non-Discrimination at the Local Level

25/10/2021, 10:00-12:15 CET

The first session will provide and introduction to the work of equality bodies, promoting equality and addressing discrimination at the local level. Furthermore, it will provide an overview of the EU framework and the work of EU institutions addressing inequalities on the local level. Finally, a panel session will discuss the challenges and opportunities of local level work on equality.

Session 2: Exchanging best practices and building bridges

26/10/2021, 10:00-12:15 CET

The second session will focus on the exchange of best practices and explore the ways to cooperate in addressing discrimination at the local level. It will include a round of presentations on best practices, with a particular focus on what works best in promoting equality at the local level. Furthermore, this session will offer an interactive discussion through the opening of breakout rooms, where participants will have the opportunity to discuss ways forward to work together promoting equality and fighting against discrimination at the local level.

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Il difensore civico regionale dell’Umbria, Marcello Pecorari ha incontrato, questa mattina, a Palazzo Cesaroni, il suo omologo della Regione Toscana, Sandro Vannini. Nel corso del cordiale incontro sono state toccate soprattutto problematiche ed esigenze proprie dei cittadini residenti nei territori di confine e che riguardano principalmente i servizi legati alle infrastrutture viarie, scuola e sanità. Gli auspici condivisi guardano ad una sempre maggiore collaborazione, sinergia e dialogo tra i loro Uffici.

Al termine della riunione, a Pecorari e Vannini ha portato il saluto dell’Assemblea legislativa la vicepresidente Paola Fioroni che, dopo aver rimarcato l’importanza sociale del lavoro portato avanti giornalmente dall’Ufficio del Difensore civico ha auspicato la predisposizione di un documento che possa fotografare le problematiche e le istanze dei cittadini residenti in zone di confine, affinché le stesse Amministrazioni regionali possano intervenire a supporto del Difensore civico con risposte adeguate e puntuali.