La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a las comarcas de Guadix y Baza los próximos 20 y 21 de octubre para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía en Guadix el miércoles 20 de octubre y, en Baza, el jueves 21 de octubre.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

En estos dos días, la Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos de Albuñán, Aldeire, Alquife, Beas de Guadix, Benalúa de Guadix, Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, Darro, Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Gobernador, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Huéneja, Jérez del Marquesado, La Calahorra, La Peza, Lanteira, Lugros, Marchal, Polícar, Purullena y Valle del Zalabí; todos ellos de la comarca de Guadix; así como Baza, Benamaurel, Caniles, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila y Zújar, de la comarca de Baza.

El miércoles 20 de octubre los técnicos de la Oficina atenderán en Guadix, en el patio del Ayuntamiento. Al día siguiente, jueves 21 de octubre, la Oficina del Defensor se desplazará a Baza, donse se instalarán en el Centro Municipal de Bienestar Social, en la calle Cava Alta s/n. El horario en ambas jornadas será de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, y ante las medidas sanitarias recomendadas con motivo de la pandemia por COVID-19, es necesario concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

The high number of families trying to join councils’ housing lists is being highlighted by the Local Government and Social Care Ombudsman following one family’s complaint about their situation.

The family told the Ombudsman that Birmingham City Council took too long to assess their circumstances. During the Ombudsman’s investigation the council – the biggest in Europe – explained it was receiving 500 applications a week to join its housing register. Of those applications nearly half would be eligible to join, meaning 225 families are added to its list every week.

The Ombudsman’s investigation into the family’s complaint found the council struggling to process applications quickly enough – it took six months for it to look at the family’s situation. Ideally, councils should consider applications within six weeks. However, the council currently takes an average of 22 weeks to do this.

Because of the delay, the council should have backdated the family’s position on the waiting list to the day they applied, meaning they would have been higher up the priority list, but it did not do this.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“We understand that many council housing departments are under a lot of pressure as demand is outstripping availability of social housing, and we are aware that in certain areas this unprecedented demand is creating a backlog.

“Councils need to ensure they are providing the right advice at the right time to families to try to either prevent families becoming homeless, or give advice and support with other housing solutions that may be available to them.

“While we can’t say this family has been disadvantaged by the council’s delay in dealing with applications, we are concerned potentially thousands of other families in the city might have been.

“I welcome the steps the council has already taken to address these issues, and its ready agreement to our recommendations to improve its services further.”

The Local Government and Social Care Ombudsman’s role is to remedy injustice and share learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council has agreed to apologise to the family and backdate their priority to the date they first applied.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case the council has agreed to produce an action plan setting out how it will get processing of applications down to four to six weeks, with target dates. It will also review its Housing Allocations Policy to ensure any delay does not impact on an applicant’s priority band date. It has also agreed to address any complaints it receives from other applicants about the impact of this delay in line with the recommendations in the report.

Article date: 13 October 2021

Pide que las prestaciones de los jóvenes extutelados tengan efecto desde el momento de la solicitud o desde el cumplimiento de los 18 años

Actualmente, las prestaciones tienen efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la resolución

Los jóvenes extutelados, al cumplir los 18 años, se encuentran en una delicada y compleja situación

El Síndic recibió una queja de una familia acogedora de un joven extutelado por la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), en desacuerdo con el tiempo de tramitación de la solicitud de prestación económica como joven extutelado y con el momento del inicio de los efectos tras su reconocimiento.

Las personas jóvenes que han sido tuteladas tienen derecho a pedir apoyo económico para facilitar el paso hacia su autonomía. Los programas de autonomía personal tienen como objetivo ofrecer a los jóvenes extutelados los recursos de apoyo personal, de vivienda, formativos y laborales necesarios para asesorarles y acompañarles en el ejercicio de la plena ciudadanía en condiciones de igualdad, con responsabilidad y con el máximo grado de integración en la sociedad donde viven.

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, en su redacción a partir de la modificación por la Ley 4/2019, de 24 de julio, la prestación para jóvenes extutelados es de derecho subjetivo, de carácter temporal, para atender situaciones de necesidad de los jóvenes que han sido tutelados por el organismo público competente en materia de protección de menores de la Generalitat. Esta prestación es aplicable a los jóvenes extutelados desde los dieciocho años y hasta que cumplan veintitrés. La cuantía de la prestación para jóvenes extutelados es el equivalente al indicador de renta de suficiencia y se percibe en pagos mensuales. La prestación para jóvenes extutelados puede incrementarse con otras prestaciones económicas o complementar con prestaciones de servicios de la Administración de la Generalitat cuya finalidad sea la formación, la integración social y la plena inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo.

En el caso concreto, el joven solicitó la prestación poco antes de cumplir los 18 años pero cuatro meses después aún no tenía respuesta por parte de la Administración.

Según el artículo 16 del capítulo III de la Ley 13/2006, la concesión de esta prestación tiene efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la fecha de la resolución de reconocimiento del derecho a la prestación o de la fecha en que se produjo el silencio administrativo. Si una vez transcurrido el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la solicitud no se ha notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, el derecho de acceso a la prestación económica, en caso de que sea reconocida, se genera desde el primer día del mes siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado. 

En respuesta a las peticiones de información del Síndic, la DGAIA indica que, de acuerdo con esta normativa, no se pueden retrotraer los efectos de la prestación a la fecha de su solicitud o en la fecha de la mayoría de edad del joven (cuando ha presentado la solicitud antes de los 18 años) porque sería contrario a lo establecido legalmente.

Sin embargo, el Síndic insiste en la necesidad de que los efectos de la prestación económica para jóvenes extutelados genere efectos desde la fecha de la solicitud o desde la fecha de la mayoría de edad del joven (cuando ha presentado la solicitud licitud antes de los 18 años), sobre todo atendiendo a las especiales necesidades y a la alta vulnerabilidad social de este colectivo y las implicaciones que implica para un joven de 18 años el cese de las funciones tutelares de la DGAIA.

Además, el Síndic recuerda que existen normativas de otros ámbitos que sí permiten que los beneficios concedidos produzcan efectos desde la misma fecha de la solicitud de reconocimiento del derecho, como los beneficios concedidos a las familias numerosas y a las familias monoparentales.

Por todo lo anterior, el Síndic pide que el Departamento de Derechos Sociales estudie este asunto en el marco de una comisión específica creada a tal efecto, para instar la modificación parlamentaria de la normativa, con el objetivo de garantizar que los efectos de la prestación económica para jóvenes extutelados, una vez reconocida, se generen desde la fecha de su solicitud o desde la fecha de la mayoría de edad del joven, cuando la solicitud la ha presentado antes de cumplir los 18 años (dado que esta prestación se puede solicitar desde tres meses antes de la mayoría de edad).

Volksanwalt Werner Amon, der unter anderem für internationale Angelegenheiten zuständig ist, traf den litauischen Botschafter Donatas Kušlys im Rahmen eines Besuchs des Botschafters in der Volksanwaltschaft.

Amon berichtete über die internationalen Aktivitäten der Volksanwaltschaft und betonte, dass die Volksanwaltschaft ein verlässlicher Partner für den Schutz von Menschenrechten und den Ausbau der Rechtsstaatlichkeit ist. Sie arbeitet mit den EU-Institutionen, dem Europarat, den Vereinten Nationen und der OSZE zusammen. Er erläuterte weiters, dass der Jahresbericht an das Parlament, in dem die Volksanwaltschaft ihre Schwerpunkte der Prüftätigkeit darstellt und Mängel im Bereich des Schutzes der Grund- und Menschenrechte aufzeigt, für weltweite Partnerorganisationen in englischer Sprache publiziert wird.

Una ciudadana presentó una queja ante el Síndic, en abril de 2021, en la que manifestaba que vivía en un urbanización cercana al Parque Natural que rodea la Laguna Rosa de Torrevieja y se quejaba de la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento torrevejense a sus solicitudes tanto de señalización del parque natural como de mantenimiento regular de la zona en la que vive. La ciudadana calificaba de “muy deficiente” el mantenimiento, limpieza e iluminación de las calles de la zona y del perímetro del parque natural. También denunciaba la falta de mobiliario urbano y el mal estado de diversos solares limítrofes que se usaban como vertederos.

Tras varios requerimientos, el Ayuntamiento de Torrevieja contestó al defensor valenciano que «todas las vías públicas que limitan con el Paraje Natural de Torrevieja – La Mata son limpiadas con regularidad por el Ayuntamiento» y que la limpieza y conservación del paraje natural no eran de su competencia. Nada dijo sobre la falta de respuesta a las solicitudes de la interesada.

El Síndic destaca en su resolución el derecho que tiene la ciudadanía a una buena administración, así como el deber de la Administración de resolver expresamente las peticiones y reclamaciones que le presenten los particulares.

Igualmente, el defensor valenciano también señala que existe abundante normativa que atribuye a los municipios una amplia capacidad de actuación en materia de salubridad pública, medio ambiente y disciplina urbanística. En este sentido, es obligación de los ayuntamientos llevar a cabo la adecuada limpieza y mantenimiento de las vías públicas y del mobiliario urbano, así como la señalización que, en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad se considere adecuada en el entorno del parque natural.

Por todo ello, el Síndic insta al Ayuntamiento de Torrevieja a comprobar el estado de conservación de dichos solares y a dictar las órdenes de ejecución para la limpieza de los mismos en caso necesario. Asimismo, le recuerda que puede proceder a la ejecución subsidiaria de dichas actuaciones si los propietarios de los solares privados no lo hacen.

Ver https://www.elsindic.com/Resoluciones/11746414.pdf