Considera que la pandemia ha empeorado la situación, y que la finalización de las medidas de protección, como la suspensión de desahucios y lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad, puede tener graves consecuencias
Ha insistido en reclamar un pacto nacional que aborde la problemática actual de acceso a una vivienda asequible
También ha debatido el informe anual de prevención de la tortura, el cual, a pesar de las mejoras detectadas durante los últimos diez años, pone de manifiesto aún espacios de privación de libertad que siguen presentando carencias estructurales significativas
El síndic y el adjunto general han comparecido en la Comisión del Síndic de Greuges del Parlamento de Cataluña para los debates del Informe anual del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura, de diciembre de 2020, y del informe El retraso de la Administración en situaciones de emergencia residencial en Cataluña, de diciembre de 2019.
Informe El retraso de la Administración en situaciones de emergencia residencial en Cataluña
En la comparecencia se ha debatido el informe El retraso de la Administración en situaciones de emergencia residencial en Cataluña, que fue fruto de las quejas recibidas por el incremento del número de situaciones de emergencia en materia de vivienda y por el incremento del periodo de tiempo de espera que transcurre entre la valoración de la Mesa de emergencias y la asignación de una vivienda. El informe también recoge la creciente dificultad con que se encuentran los servicios sociales municipales a la hora de garantizar el realojo de urgencia de las personas afectadas que ya han perdido su vivienda habitual pero aún no han podido acceder a una vivienda social, y la inadecuación de los espacios en los que a menudo se garantiza el realojo de urgencia.
Aunque han transcurrido casi dos años desde la presentación de este informe en el Parlamento, el Síndic ha destacado que a fecha de hoy todavía es de actualidad, dado que esta problemática no sólo no se ha solucionado sino que se ha visto agravada por la pandemia de la COVID-19, que no ha hecho más que incrementar las dificultades con que muchas personas se encuentran a la hora de afrontar el coste de mantenimiento de la vivienda habitual. En la misma línea, el Síndic ha destacado que la finalización de las medidas de protección acordadas por el Gobierno del Estado, el próximo 31 de octubre, que, entre otros asuntos, prevén la suspensión de los desahucios y lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de otra alternativa residencial, puede tener graves consecuencias.
Para hacer frente a esta situación, el Síndic ha planteado una serie de recomendaciones. En primer lugar, reclama un pacto nacional en materia de vivienda que aborde la problemática actual de acceso a una vivienda asequible desde una vertiente supramunicipal. Según el Síndic, también sería preciso que el Parlamento de Cataluña tramitara una proposición de ley para dar solución a las situaciones de emergencia actuales y a las necesidades de vivienda futuras, mediante el establecimiento de políticas de vivienda cuya finalidad sea incrementar el parque de viviendas destinado a políticas sociales y, al mismo tiempo, incidir en los precios del mercado privado de viviendas.
En segundo lugar, el Síndic también ha manifestado que es imprescindible incrementar el gasto público en materia de vivienda y asegurar, desde un punto de vista legislativo, su disponibilidad con carácter obligatorio. Y en último lugar, ha hablado de la necesidad de establecer un plan de choque para dar respuesta a las situaciones de emergencia residencial, que prevea normativamente obligaciones de resultado para los poderes públicos en cuanto a la provisión de una solución residencial, las consecuencias legales del incumplimiento y la exigibilidad de los derechos por parte de las personas afectadas.
Informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura
El informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT) del año 2020 claramente estuvo condicionado por la pandemia de la COVID-19. Durante la presentación, el Síndic ha destacado que la Administración penitenciaria en poco tiempo adoptó medidas para facilitar los contactos exteriores de las personas internas, como un uso más extenso de las videoconferencias o la promoción de la progresión a tercer grado de tratamiento, que supusieron una mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y que el Síndic pide que puedan continuar después de la pandemia.
En cuanto a las visitas, el Síndic ha destacado que se reemprenderán en breve: cuatro en comisarías de la Policía de la Generalitat - Mossos, tres centros penitenciarios, una a un centro educativo de justicia juvenil y una a un centro para personas adultas con discapacidad intelectual.
De las visitas a las comisarías de los Mossos, el Síndic ha querido resaltar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en ejercicios anteriores sobre el protocolo de traslado de personas detenidas entre cuerpos policiales y la disposición judicial, y la efectividad de los derechos de la persona detenida. En este sentido, se constató que en todas las comisarías hay un teléfono en uno de los locutorios del área de custodia desde el que la persona detenida tiene derecho a comunicarse con una tercera persona de su elección con la presencia de un funcionario de la policía. Por el contrario, también ha manifestado que la asistencia letrada sigue sin personarse dentro del plazo de las tres primeras horas desde la detención. En esta línea, el MCPT ha dirigido a los colegios de abogados para pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de este derecho.
Y en cuanto al protocolo de asistencia médica a las personas detenidas, se constata que los agentes policiales continúan estando presentes y que tienen acceso al informe médico de la persona detenida, aduciendo que esto es necesario para conocer la pauta farmacológica que pueda necesitar.
En cuanto a los centros penitenciarios, durante el 2020 se prestó especial atención a los espacios y si cumplían las condiciones necesarias para favorecer y fortalecer los vínculos entre progenitores internos y niños, y con este objetivo se incorporó a las visitas una asesora del Área de Infancia. En otro sentido, el Síndic ha vuelto a insistir en que los precios de los economatos siguen siendo elevados.
De la visita al centro de internamiento de menores de edad, el Síndic ha querido destacar la necesidad de crear grupos de separación interiores que permitieran dar una respuesta diferenciada a las necesidades de los jóvenes en función de la medida impuesta, la edad y otras necesidades.
Para terminar este apartado, el Síndic ha explicado que durante los diez años de funcionamiento del MCPT se han llevado a cabo más de 400 visitas en un total de 265 centros diferentes. La experiencia de este primer decenio permite concluir que existen espacios de privación de libertad, como algunas comisarías de policía local o los centros penitenciarios más antiguos, que siguen presentando carencias estructurales significativas que los hacen propicios a un trato al menos degradante para las personas internas. Asimismo, había protocolos de funcionamiento, como en el ámbito de las contenciones mecánicas, que necesitaban una actualización urgente. En cuanto a las denuncias relativas a abusos verbales, o incluso malos tratos físicos, el Mecanismo realiza un balance globalmente positivo de la labor realizada, puesto que considera que ha habido mejoras evidentes.
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