Los retrasos para obtener una resolución o el número excesivo de enmiendas son un problema que afecta a varios municipios de Cataluña

Desde el año 2011 que el Síndic vienen aletando de que estos problemas suponen graves perjuicios económicos para todos los agentes implicados
 

Desde el año 2020 hasta la actualidad, el Síndic ha recibido numerosas quejas relacionadas con la tramitación de licencias de obra, que exponen retrasos para obtener una resolución, dificultades para acceder a los técnicos municipales en algunos casos y un número excesivo de los requerimientos de enmiendas, no siempre suficientemente justificadas, a los proyectos por los que se pide el permiso municipal. Las quejas afectan a varios ayuntamientos de Cataluña.

En sus informes, el Síndic ya había dado cuenta al Parlamento sobre las recomendaciones que había dirigido a los ayuntamientos acerca de estas cuestiones en los casos concretos que se habían planteado. Se trata de problemas que, además de vulnerar los principios de celeridad y de impulso de oficio que deben regir la actividad administrativa en general, suponen serios perjuicios económicos para todos los agentes que intervienen en las obras, contratistas, propietarios y técnicos, que deben invertir tiempo y recursos en proyectos que se alargan injustificadamente en el tiempo. En concreto, en el Informe al Parlamento 2011, el Síndic ya destacaba la problemática debido a que la persona interesada reciba requerimientos de enmiendas cuando podía haber entendido concedida la licencia por silencio administrativo. El silencio administrativo en materia de licencias de obras tiene sentido positivo. Sin embargo, el ordenamiento urbanístico establece que no se pueden obtener por silencio facultades en contra de las prescripciones establecidas en la legislación urbanística y en el planeamiento vigente. Así pues, empezar las obras antes de disponer de la licencia puede dar lugar que, con las obras ya terminadas, la Administración resuelva denegar la licencia por considerar que el proyecto no se ajusta al planeamiento.

Hace unas semanas, el Síndic conoció por los medios de comunicación de la existencia de una encuesta realizada en 2020 por el Colegio de Arquitectos de Cataluña entre sus colegiados. Según la normativa aplicable, las licencias de obras para las que la normativa exige proyecto se deben resolver de forma motivada en el plazo de dos meses. Para el resto, el plazo es de un mes. El resultado de la encuesta muestra, sin embargo, que 39 municipios tienen una media de respuesta por encima de este plazo, que va de 2,9 meses hasta los 12,8.

La encuesta también evalúa el uso de las enmiendas y lista el conjunto de municipios que hacen uso excesivo de este instrumento. En este aspecto, en el Informe al Parlamento 2019, el Síndic constataba que algunas veces las enmiendas se utilizan con fines diferentes de la función prevista en la ley y esconden una valoración negativa del proyecto por parte de los técnicos municipales. Así, obligan a la persona interesada a ajustar la petición a sus directrices, con la advertencia de que si no lo hace en el plazo concedido, se entenderá que desiste de la solicitud. Cabe tener en cuenta que no es lo mismo una resolución por desistimiento que una resolución negativa, motivada y que puede ser objeto de recurso. Es preciso tener cuidado, pues, y evitar que las enmiendas no sean resoluciones denegatorias encubiertas. En ningún caso pueden privar a quien solicita una licencia de defender sus intereses si no está de acuerdo con las prescripciones de los técnicos municipales.

Otras veces los requerimientos de enmiendas sirven para suspender la tramitación de una licencia cuando los servicios municipales están a punto de agotar los plazos de resolución. Y, en este sentido, el Síndic recuerda que la Administración puede ampliar los plazos por causa justificada y notificarlo a los interesados.

Por todo lo anterior, el Síndic ha considerado oportuno abrir una actuación de oficio para estudiar el origen de los problemas relacionados con las licencias de obras y las posibles medidas que se pueden tomar para solucionarlos.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ante algunas informaciones que apuntan que el precio de la electricidad va a mantenerse en niveles muy elevados durante cierto tiempo y pese a algunas medidas que se están barajando, ha mostrado su enorme preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para los hogares andaluces y, muy particularmente, para las familias mas modestas y las personas en situación de pobreza energética. Por ello, el Defensor ha considerado necesario y urgente aprobar medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida sobre las familias andaluzas, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables.

En este sentido, y asumiendo la dificultad que conlleva incidir sobre alguna de las causas que han provocado este incremento de precios al depender de factores como el funcionamiento del mercado de la energía o las políticas de lucha contra el cambio climático, esta Institución ha indicado que pueden y deben adoptarse otras medidas que minoren los efectos mas perjudiciales de esta excepcional subida de precios que afecta a un bien esencial como es la electricidad.

Así, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que debe ampliarse el ámbito de cobertura del bono social eléctrico considerando incluidas en el concepto de "consumidor vulnerable o en riesgo de exclusión" a aquellas familias que van a situarse en riesgo de pobreza energética al tener que destinar un porcentaje elevado de sus ingresos mensuales al pago del recibo de la luz. Asimismo, Jesús Maeztu ha añadido que deberían aprobarse nuevos tramos bonificados, a fin de incluir reducciones en la factura para ayudar a aquellas familias que, aun superando los umbrales de renta actualmente determinados, van a verse seriamente afectados en su economía mientras dure esta situación de elevados precios en este suministro básico.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado imprescindible como medida de ahorro energético que se aprueben con urgencia disposiciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de los hogares andaluces, especialmente de aquellas familias mas amenazadas por situaciones de probreza energética, incluyendo ayudas para mejorar el aislamiento térmico de los hogares, renovar las instalaciones eléctricas y facilitar la adquisición de electrodomésticos mas eficientes.

Esta Institución es consciente de la necesidad de adoptar medidas para propiciar una transición energética rápida que nos permita luchar con efectividad contra el cambio climático, favoreciendo la implantación de las energías renovables. No obstante, el Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que tiene igualmente la convicción de que ese proceso de transición tiene que incluir medidas que palien o limiten sus consecuencias desfavorables que inevitablemente van a derivarse del mismo para determinadas personas y colectivos. Asimismo, Jesús Maeztu ha señalado que mantiene las esperanzas y, así lo demanda, de que los gobernantes y responsables políticos puedan encontrar lo más pronto posible una solución justa y estable acerca del precio de este bien tan necesario y fundamental para una convivencia pacífica e igualitaria. “La transición energética debe ser una transición justa”, ha concluido.

Siena - La Nazione del 1 agosto 2021 informa degli sviluppi relativi all'inquinamento delle Fonti Di Pescaia, vicenda della quale è stato investito nei mesi scorsi anche il Difensore civico della Regione Toscana Sandro Vannini che ha sottoposto il problema ad Arpatoscana.
#conosciidifensorecivico #sportellisulterritorio #hubterritorialidifesacivica #inquinamentoidrico

La adjunta de Igualdad y la diputada, Jana González, se reúnen para establecer lazos de colaboración en aras de tratar las políticas de Igualdad de la isla de Fuerteventura

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, y la diputada, Jana González, se reunieron para establecer lazos de colaboración con la finalidad de tratar las políticas de Igualdad y Violencia de Género en la isla de Fuerteventura.

A este respecto, se destacó la importancia de que el Cabildo de Fuerteventura aborde planes más ambiciosos y efectivos en estas materias. Así, se puntualizó la necesidad de trabajar en los Puntos de Encuentro Familiar y en iniciativas de prevención que ayuden a combatir la violencia machista.

La adjunta aseguró que “existe una mayor coordinación interinstitucional en cuestión de Igualdad y Violencia de Género, sin embargo, aún se siguen detectando ciertas dificultades en la implantación del sistema, que no da alcance a todas las víctimas; y en la estricta aplicación de las leyes de Igualdad”.

Por su parte, la diputada, Jana González, quiso profundizar en ciertos aspectos del Informe Anual 2020 de la Diputación del Común. Para ello hablaron sobre la representatividad equilibrada o la maternidad subrogada, cuestiones por las que la Institución recibió varias quejas durante el ejercicio pasado y por las que se abrieron las investigaciones pertinentes.

Para tratar estos y otros asuntos, acordaron una futura reunión de trabajo interinstitucional en la que también participarán las asociaciones más representativas de la isla de Fuerteventura, con el fin de conseguir la máxima coordinación posible.

Barrera aclaró que “la Diputación del Común atiende siempre a toda la ciudadanía en las cuestiones que son de su competencia y, en aquellas que no lo son, procuramos asesorar, orientar o derivar al organismo competente”.

La complementariedad con el Ingreso Mínimo vital está generando inseguridad e indefensión, especialmente a las personas que ya perciben la RVI por falta de colaboración entre las administraciones  

Una persona de Petrer, que forma familia monoparental junto con su hijo de 9 años, presentó una queja ante el Síndic por la siguiente situación:  

El interesado percibía una prestación por hijo a cargo y, desde 2019, recibía también la ayuda de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Sin embargo, en junio de 2020 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones le concedió, de oficio, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Él lo rechazó para seguir manteniendo la prestación por hijo a cargo y la RVI pues, en aquel momento, eran incompatibles la RVI y el IMV. 

En febrero de 2021, la Renta Valenciana de Inclusión dejó de ser de 922’50 euros al mes y pasó a ser de 363’25 euros, sin explicación alguna. El interesado intuyó que debió ser para compensar una supuesta ayuda del IMV, pero a él nadie le había comunicado que se hubiera aprobado tal ayuda estatal ni la estaba percibiendo. No comprendía a qué se debía esa reducción y en base a qué se había producido, y la administración no le daba razones de ello. 

Para el Síndic, es evidente que la complementariedad con la prestación de IMV está generando inseguridad, incertidumbre e indefensión a las personas que ya percibían la RVI, especialmente cuando no existe un convenio de colaboración entre las administraciones que permita una gestión conjunta de ambas prestaciones.   

Si la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas decide “compensar” la prestación de RVI que percibe un ciudadano con la prestación del IMV, debe tener la certeza de que la Administración General del Estado ha dado traslado de la Resolución aprobatoria del IMV a la persona interesada pues en caso contrario se puede producir una minoración de la RVI sin haberse hecho efectivo el IMV, con los consiguientes perjuicios para la persona afectada.  

Por otra parte, el Síndic considera absolutamente necesaria la aprobación de una nueva Resolución, y su comunicación a la persona interesada, cuando se produzca la denominada “resta” de la cuantía a percibir. En su informe, la Conselleria intenta justificar la inexistencia de Resolución por que la “resta” se realiza de manera “automática”. El artículo 18.2 de la Ley 19/2017 habla de resta pero no excluye la aprobación de una nueva resolución, que aportaría mayores garantías a las personas perceptoras, en especial mayor seguridad jurídica y comprensión de los hechos, en especial, cuando dicha minoración no va acompañada por una resolución de IMV o, a veces, ni siquiera de dicho abono pues frecuentemente difieren en el tiempo.  

Por todo esto: 

1. RECOMENDAMOS que se dé traslado a las personas interesadas de cualquier variación que sufra su prestación de RVI a través de una Resolución, en la que se explique con claridad los motivos de dicha modificación, recursos, plazos, etc.
2. RECOMENDAMOS que desde la Generalitat se inste a la Administración General del Estado a la firma del Convenio pertinente para una mejor gestión conjunta de las prestaciones de RVI y de IMV, que evite situaciones de inseguridad, demoras y desconfianza en las personas perceptoras de estas ayudas. 
3. SUGERIMOS que, en el caso que nos ocupa y origen de esta queja, de al ciudadano respuesta razonada y justificada de las variaciones acometidas en sus prestaciones.