El Departamento ya ha comunicado al Ararteko que no comparte sus argumentos y, por tanto, no revisará la resolución.
Vitoria-Gasteiz

Una ciudadana mostró al Ararteko su desacuerdo con la extinción de la prestación accesoria unida al reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, y la decisión del delegado territorial de Vivienda de Bizkaia de exigir la devolución de una determinada cantidad de dinero en concepto de prestaciones económicas indebidamente percibidas.

La reclamante lleva inscrita en Etxebide desde 2014 y junto con su pareja tenían reconocido el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda desde mayo 2019. Ante la imposibilidad por parte de los poderes públicos de la puesta a disposición de una vivienda, se le reconoció, con carácter subsidiario, la denominada prestación económica de vivienda (PEV).

En 2020, el delegado territorial de Vivienda de Bizkaia resolvió extinguirle esta prestación por el "incumplimiento de la obligación de presentar los justificantes de abono de las rentas de los seis meses inmediatamente anteriores".

La reclamante expuso las dificultades para realizar ingresos bancarios de manera presencial en su banco habitual los meses de marzo, abril y mayo de 2020, debido a la pandemia, y justificó los pagos por medio de recibos privados en los que constaba de manera expresa la declaración de recepción y firma por parte de la arrendadora. Una documentación que, a juicio del Departamento de Vivienda, no era válida.

Tras solicitar información, la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia nos confirmó los hechos y reafirmó su decisión de extinguir la PEV. Sin embargo, no remitió información alguna acerca de la normativa concreta infringida que conllevara una decisión tan gravosa.

El Ararteko considera que no existe base jurídica suficiente para exigir la acreditación del pago de la renta mensual únicamente a través de justificantes bancarios. Recordamos que el Parlamento Vasco aprobó varias proposiciones no de ley (32/2016 y 12/2017) en las que, por un lado, instó al Gobierno Vasco a no introducir, ni en materia de requisitos ni en cuantías, recorte alguno en los derechos ya reconocidos hasta ese momento y, por otro, a desarrollar en el plazo de nueve meses el decreto regulador de acceso al derecho subjetivo a la vivienda.

A pesar del tiempo transcurrido del mandato trasladado, el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada no goza del necesario desarrollo reglamentario. Entre tanto, el Departamento viene aplicando de manera transitoria la instrucción 1/2016, de la Viceconsejería de Vivienda, sobre la gestión de la prestación económica de vivienda.

En consecuencia, ante la falta de ese desarrollo reglamentario, el Ararteko considera que, en este caso, no existe instrumento jurídico suficiente ni para extinguir la PEV, ni para reclamar la devolución de cantidades indebidamente percibidas.

Por ello, pidió al Departamento de Vivienda que revisara la resolución y reiteró la necesidad de que el Gobierno Vasco apruebe con la mayor brevedad posible el desarrollo reglamentario del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada y de la denominada prestación económica de vivienda.

El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco ha respondido que no comparte la apreciación de que, "en tanto no se desarrolle reglamentariamente el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada y de la denominada prestación económica de vivienda no sea adecuada la utilización de la instrucción 1/2016, de 4 de noviembre, de la Viceconsejería de Vivienda, sobre la gestión de la prestación económica de vivienda".

En cuanto al caso concreto, añade en su escrito que "las dificultades para efectuar el pago de las rentas por un procedimiento bancario durante algunos meses por la pandemia fueron vencidas por la inmensa mayoría de los/as perceptores/as de la prestación, que pudieron efectuar la justificación del pago mediante transferencia bancaria a pesar de la situación derivada del estado de alarma".

Vitoria-Gasteiz, 29 de junio de 2021

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy un encuentro con los 19 alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz para conocer la problemática de la zona, en el marco del desplazamiento a la comarca que durante dos días ha realizado la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía de la Institución.

En concreto, a la reunión de hoy en la localidad gaditana de Villamartín han asistido los representantes municipales de Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.

Los alcaldes de la zona han agradecido al Defensor el desplazamiento de la Oficina de Información para la atención personalizada a los vecinos y vecinas de la Sierra, al tiempo que le han trasladado diversas problemáticas.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, le ha indicado al Defensor el déficit en recursos sanitarios; la necesidad de mejoras en la red de transporte público; problemas de financiación de estas entidades locales, o la situación del medio ambiente. Asimismo, otros problemas que han destacado los alcaldes de la comarca han sido la necesidad de incrementar los recursos y los profesionales para atender a las personas mayores, así como el problema de la exclusión financiera con el cierre de entidades bancarias. En cuanto a la infancia y a la adolescencia, los alcaldes han demandado más recursos en educación y sanidad.

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz ha expuesto a los alcaldes los retos a los que se enfrenta la sociedad en estos momentos de pandemia y las prioridades que deben acometer las administraciones públicas, como son el reforzamiento de los servicios públicos, la atención a una economía de cuidados, la agilidad en los servicios de atención e información ciudadana, y la necesidad de coordinar bien los recursos y prestaciones sociales para que lleguen a los colectivos y personas más necesitadas. Jesús Maeztu también ha advertido sobre su preocupación ante el repunte de casos de salud mental, especialmente entre los niños y niñas, y sobre el agravamiento de la pobreza infantil.

El Defensor ha recordado su papel como Institución garante de derechos y ha mostrado su disposición a fortalecer la colaboración y las relaciones con los ayuntamientos para la protección de los derechos de la ciudadania.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz se ha desplazado a la Sierra de Cádiz durante dos días -el lunes a Villamartin y el martes a Arcos- para atender las quejas y consultas de la ciudadanía. En concreto, el equipo del Defensor ha atendido individualmente a una veintena de vecinos de comarca, que le han trasladado, entre otros asuntos, problemas de contaminación acústica, de carencia de aparcamiento en el caso histórico, de deficiencias de las comunicaciones y de retrasos en las prestaciones de renta mínima y ayuda al alquiler de vivienda, entre otros. También han mantenido encuentros con asociaciones de vecinos y con asociaciones de salud mental, de memoria democrática y de atención a menores. Finalmente han mantenido sendos encuentros con los servicios sociales de la zona que atienden a la población de dicha comarca.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

Today the Commissioner published her written observations submitted to the European Court of Human Rights concerning the case of Clipea and Iapara v. the Republic of Moldova, which relates to alleged human rights violations committed in connection with the applicants’ stay in a psychiatric hospital.

The Commissioner draws the Court’s attention to a fundamental shift in attitudes against institution-based mental health services and the use of coercion in psychiatry which is taking place at the global level and in Europe since the entry into force of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. She considers that in the light of this shift, the traditional approach which takes coercion for granted for some persons with psychosocial disabilities as a “last resort” option, as long as certain procedural safeguards have been respected, is no longer tenable. Member states should instead strive to provide community-based, recovery-oriented mental health services based on consent. She also points to the often insurmountable barriers persons with psychosocial disabilities face in bringing human rights violations to light, owing to entrenched forms of discrimination by investigating authorities and courts.

 The Commissioner concludes that an evolution is necessary in the protection afforded by the European Convention on Human Rights to persons with psychosocial disabilities “in order to avoid a widening gap between this protection and that provided under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities”. She shares her reflections on how this evolution could take place, in keeping with the Court’s existing case-law.

• Read the Commissioner’s written observations to the European Court of Human Rights

Data: 

2021-06-28

National Mechanism for the Prevention of Torture, Inhuman, Degrading Treatment or Punishment of the Office of the Commissioner for Human Rights issued a report presenting results of monitoring in Guarded Centres for Foreigners in Poland.

Attachments:

1. Foreigners in Administrative Detention.pdf

Galeria

Según las informaciones publicadas, el fuegoe fue provocado por tres internos que se hallaban en el DERT

Se ha dirigido a la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima para esclarece los hechos ocurridos

El Síndic tuvo conocimiento por los medios de comunicación de la muerte de un interno en prisión Puig de les Basses tras provocar un incendio en su celda.

Según las informaciones publicadas, el fuego fue originado de manera voluntaria y simultánea en dos celdas contiguas por tres internos que se encontraban en el Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT), en una acción de protesta por su situación. Uno de los internos murió debido a la inhalación de humo y los otros dos resultaron heridos. En el intento de extinguir el incendio también resultaron heridos dos funcionarios.

Al parecer, a pesar de que los funcionarios intervinieron con celeridad para sofocar el incendio y rescatar a los internos de las llamas, no fue posible salvar la vida de uno de ellos.

Con el objetivo de analizar las circunstancias y los hechos ocurridos, el Síndic ha abierto una actuación de oficio. En concreto, se ha dirigido a la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima para pedir información sobre cuándo se produjo el incendio, y las medidas y actuaciones realizadas por el centro penitenciario para sofocarlo. También pidió información sobre el seguimiento psiquiátrico que se realizada al interno fallecido, sobre los programas de rehabilitación que seguía y sobre su evolución tratamental y regimental. Asimismo quiere conocer la relación que mantenía con los compañeros del DERT y si mantenía alguna incompatibilidad (por denuncias de presuntos malos tratos) con funcionarios de este departamento especial.

Para acabar de esclarecer los hechos, el Síndic también solicita tener acceso a las imágenes registradas del pasillo del DERT donde ocurrió el incidente.

El síndic ya ha contactado con la consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, para obtener una primera información sobre el caso, que se abordará con más profundidad cuando la institución reciba toda la información solicitada.