El Diputado del Común comparece ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento de Canarias para exponer el Informe Anual 2020

El Diputado del Común, Rafael Yanes, compareció ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento de Canarias para exponer el Informe Anual 2020 de la Diputación del Común y dar cuenta del trabajo realizado por la Institución. Fue acompañado por los adjuntos Felipe Afonso, Milagros Fuentes y Beatriz Barrera.

Yanes aseguró que la pandemia del coronavirus afectó a todos los ámbitos de la sociedad y al trabajo en particular de la Diputación del Común “ya que no estábamos preparados para atender a la ciudadanía exclusivamente por teléfono o de forma telemática”. Para ello, la Institución reforzó la atención telefónica con un número gratuito y modernizó la página web para hacerla más interactiva y accesible de tal modo que, tras esta última actuación, “el 80% de los documentos tuvieron entrada por medios telemáticos, frente al 38% registrado en el año anterior”.

El Diputado del Común destacó que la ciudadanía “confía cada día más en la Diputación, por lo que, a fecha de hoy, ya tenemos más expedientes que en todo el año 2017. También resaltó que, de las quejas cerradasen 2020, más de un 70% tuvo resultado positivo para los reclamantes. Además, en este ejercicio, la Diputación del Común ha recuperado para los ciudadanos más de 122.000 euros de las distintas Administraciones Públicas”.

El Informe Anual 2020 presenta algunas novedades entre las que incluye un capítulo que estudia los 346 expedientes relacionados con la Covid-19 en cada una de las áreas de la Institución, y otro específico en el que se recogen las reclamaciones de cada una de las 8 islas del Archipiélago.

Durante su exposición, Yanes resaltó que las quejas registradas en los capítulos de “Ayudas al Alquiler” y de “Necesidad de Vivienda” incrementaron durante el año 2020. En este sentido, aseguró que “la única forma de garantizar el artículo 47 de la Constitución es teniendo un parque de viviendas público suficiente para alquiler social, que no se determine por el valor de la vivienda, sino por la renta familiar”.

Por su parte, las quejas en Discapacidad aumentaron en un 15% por la suspensión temporal de las valoraciones por la covid-19 y el cierre de los centros de residencia de menores. No obstante, la mayoría de las quejas en esta área vienen determinadas por no cumplir los plazos.

En esta línea, el Diputado del Común informó que la Institución continúa con dos actuaciones de oficio: por un lado, la de los Planes de Accesibilidad de los 88 Ayuntamientos de Canarias, de los que solo 24 han respondido disponer de este; y, por otro, con la sugerencia de creación de una Concejalía de Accesibilidad, con la que se ha conseguido ya la creación en 34 de los 88 ayuntamientos del Archipiélago.

“La pandemia cambió muchas cosas, pero hay una que sigue inalterable: Dependencia sigue siendo el principal motivo de queja ciudadana debido al incumplimiento de los plazos, teniendo los peores datos de España”. Así, Yanes afirmó que se debe dotar a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad de más personal y “vamos a iniciar una actuación de oficio para elaborar un informe extraordinario que analice los medios con los que cuenta Canarias en Dependencia, y los medios con los que cuentan las distintas Comunidades Autónomas de España para saber el motivo por el que aquí tardamos 927 días en resolver y, por ejemplo, en Castilla y León 187”.

De las 346 quejas relacionadas con la Covid-19, solo 10 son de Sanidad, por lo que Yanes aplaudió la profesionalidad de los sanitarios, las decisiones adoptadas y la responsabilidad mayoritaria de la ciudadanía. Asimismo, destacó que Servicios Sociales subió durante el ejercicio pasado un 70%, un porcentaje motivado, en gran medida, por la pandemia.

En cuanto al área de Menores, el Diputado del Común señaló distintos aspectos que no se han cumplido en la Comunidad Autónoma como la elaboración del segundo Plan de Infancia y Adolescencia, la no aprobación del reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar, la no reforma de la Ley Integral de Atención a los Menores y el no cumplimiento en materia de Atención Temprana para niños con problemas de desarrollo o con riesgo de padecerlo, para lo que añadió que “había una previsión de 11 centros y solo se han creado dos: uno en cada isla capitalina”.

También destacó lo sucedido en el año 2020 con la llegada irregular de menores extranjeros no acompañados, para lo que afirmó que “la protección de los derechos de estos niños y niñas es fundamental e irrenunciable para el Estado de Derecho y, por tanto, hay un movimiento que pretende llegar a un pacto de solidaridad obligada, es decir, que debe haber un reparto pactado para que a estos niños y niñas se les respeten los derechos de forma adecuada, independientemente del territorio al que lleguen”.

Para finalizar, señaló las actuaciones llevadas a cabo por la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género. De esta forma, hizo especial hincapié en las relacionadas con la recomendación de la aprobación de un decretode reconcomiendo de la condición de familia monoparental; las actuaciones de oficio de comprobación del principio de representatividad en organismos, órganos directivos y colegiados de la Comunidad Autónoma, Ayuntamientos y Cabildos; y sobre la exclusión en las subvenciones con cargo al IRPF de las entidades especializadas en Canarias de Atención a Mujeres en riesgo.

De igual forma, señaló tres iniciativas llevadas a cabo por la Diputación del Común contra la discriminación. La primera por razón de género en pruebas de acceso a la policía autonómica; una segunda dirigida al Servicio Canario de Salud para eliminar la discriminación de personas trans; una tercera sobre los retrasos en las listas de espera de genitoplastias feminizantes “que tardan hasta 6 años”; y, una cuarta, relacionada con la discriminación de niños nacidos por gestación subrogada.