Es necesario un plan de choque para dar respuesta efectiva a las situaciones de emergencia residencial

Es imprescindible incrementar el parque de viviendas con destino a políticas sociales hasta alcanzar 15% del parque total de viviendas construido
 

El Síndic ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación del suicidio de un hombre poco antes de ser desahuciado en Barcelona, después de que el juzgado que conoce el caso hubiera desestimado el informe de vulnerabilidad redactado por los servicios sociales del Ayuntamiento, en el que se pedía suspender el desahucio al entender que no cumplía con los requisitos necesarios.

Durante los últimos años el Síndic se ha pronunciado en relación con la dramática situación en la que, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible, se encuentran muchas personas que malviven en espacios y/o en condiciones inadecuadas (infraviviendas, habitaciones realquiladas, situaciones de sobreocupación...) así como también respecto al impacto sobre la salud física y psíquica que conlleva la pérdida o el riesgo de pérdida de la vivienda habitual.

Dada la grave situación en que actualmente se encuentran muchas personas, que no ven garantizado su derecho a la vivienda en Cataluña, el Síndic reclama la adopción de las medidas necesarias para revertir esta situación y reitera las siguientes sugerencias:

- Son necesarias medidas y ayudas públicas para evitar que las dificultades en el pago del alquiler deriven en situaciones de emergencia económica y social.        

- Es imprescindible un plan de choque para dar respuesta efectiva a las situaciones de emergencia residencial que prevea, al menos, un sistema ágil de valoración de las situaciones de emergencia, recursos residenciales temporales adecuados para garantizar el realojo de urgencia cuando sea necesario, la revisión de los protocolos existentes entre los Juzgados y la Administración, de forma que se garantice el realojamiento de las personas afectadas antes de que se produzca la situación de lanzamiento y la disposición de un número suficiente de viviendas sociales para garantizar el realojo de las personas afectadas.

- Es imprescindible incrementar el parque de viviendas con destino a políticas sociales hasta alcanzar, al menos, el mandato de solidaridad urbana que estableció la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda (15% del parque total de viviendas construido), haciendo uso de todas las vías e instrumentos posibles (promoción de viviendas de protección oficial, ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, acuerdos de cesión de viviendas con grandes tenedores, la movilización del parque de viviendas desocupado...) 

- Es preciso consensuar entre las diferentes administraciones y agentes que intervienen en materia de vivienda un pacto nacional que permita sentar las bases de unas políticas públicas que, a medio y largo plazo, permitan incrementar la oferta de vivienda asequible para favorecer la acceso a la vivienda de la ciudadanía en general y el de aquellas personas y colectivos más vulnerables en particular.        

La llegada de la COVID-19 ha agravado las dificultades con que muchas personas ya se encontraban a la hora de hacer frente al coste económico del mantenimiento de la vivienda habitual, al tiempo que ha llevado a que muchas personas que, hasta ahora, habían podido pagar el alquiler o el préstamo hipotecario de su vivienda habitual hayan pasado a no poder hacerlo.

he Local Government and Social Care Ombudsman is this week issuing two separate reports into the way London Borough of Redbridge has failed the family of a 20 year old man with Special Educational Needs.

In a rare move, the Ombudsman is publishing the two reports on the same day to highlight the repeated problems the family has faced.

In the first case, the Ombudsman has criticised the council for not carrying out an agreed remedy following an earlier complaint in October 2019.

The council had agreed to carry out an annual review of the man’s Education, Health and Care (EHC) Plan by the end of January 2020. Despite investigators chasing, the council did not provide the Ombudsman with the evidence it needed to close the case until it was threatened with a High Court witness summons.

The evidence it finally provided in October 2020 showed that instead of carrying out a fresh review, the council relied on one it carried out in July 2019. The annual review meeting eventually took place in July 2020.

In the second complaint, the council failed to conduct a proper review of the man’s EHC Plan in July 2018 and delayed issuing the plan. Some aspects of the man’s health provision, including immunisations, updating orthopaedic boots and dental treatment, were wrongly removed from his draft plan. When the family objected, the council issued a final plan identical to the draft.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“These are not the first cases involving the family that I have upheld. We have been investigating problems the family has faced since as early as 2010.

“The council has had plenty of time to get things right for the family. That it is still failing them is incredibly disappointing and I call on it to review why this is and apologise.

“It is also disappointing the council has not yet agreed to my recommendations. I urge it to accept the improvements I have recommended to the services it provides to families of children and young adults with Special Educational Needs in the borough.”

The Local Government and Social Care Ombudsman’s role is to remedy injustice and share learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In these cases, the council should apologise to the family and pay them £200 to recognise the further frustration and uncertainty caused by its failure to comply with the previously agreed action. It should also pay £750 to the man for the lost opportunity to have his health needs considered properly and a further £750 for the father’s avoidable distress and time and trouble. It should also arrange a meeting between the council, the parents and the Designated Clinical Officer.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In these cases, the council should review its processes to ensure it is carrying out annual reviews in line with statutory guidance, ensure it has suitable processes in place to monitor and act promptly where an educational establishment fails to carry out annual reviews in line with statutory guidance, and have a suitable corporate process to ensure all recommendations are fully and promptly implemented.

The council should also make a number of improvements to show how it now ensures it issues amended EHC Plans without delay.

Article date: 15 June 2021

Tras conocer el último dictamen del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas relativo a la escolarización de un menor de origen marroquí en Melilla, el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha reiterado que todos los niños y niñas que residen en la citada Ciudad Autónoma, independientemente de su origen, deben estar escolarizados. “Los niños y las niñas de Melilla, al igual que los del resto de España, donde tienen que estar es en el colegio”, ha remarcado Fernández Marugán.

En su dictamen, que recoge los pronunciamientos del Defensor del Pueblo en favor de este grupo de menores y sus familias, el Comité de la ONU considera que España ha violado los derechos de A.E.A. al no tomar medidas rápidas para verificar su residencia en Melilla y al no admitirlo en el sistema educativo público inmediatamente después de que se confirmara que vivía en la ciudad.

Fernández Marugán confía en que después de este último pronunciamiento de Naciones Unidas el Ministerio de Educación ponga los medios para que ningún niño ni niña se quede sin escolarizar en Melilla el próximo curso.

Hasta ahora, seis niños y niñas que han presentado quejas ante el Comité han sido admitidos en la escuela. Sin embargo, se calcula que más de 150 menores siguen excluidos del sistema educativo público, según se recoge en el dictamen de la ONU.

El Defensor del Pueblo lleva desde 2018 denunciando la situación de estos menores y sus familias. La Institución ha iniciado más de 50 expedientes y ha formulado una docena de resoluciones para intentar acabar con esta situación, algunas de ellas admitidas de forma favorable por la administración educativa.

En octubre de 2020, iniciado el nuevo curso escolar, el Defensor pudo constatar que los menores que se encontraban sin escolarizar en el curso escolar 2019-2020 continuaban en Melilla pese al cierre de la frontera con Marruecos, producido al inicio de la pandemia.

A juicio de la Institución, esto demuestra que estas familias residen de forma habitual en Melilla y que la sospecha generalizada y no documentada de la Dirección Provincial de Educación de esta Ciudad Autónoma de que son familias marroquíes que no residen allí y que pretenden escolarizar a sus hijos en fraude de ley no se ajusta a la realidad, tal y como ya hizo constar el Defensor en su último Informe Anual.

Por este motivo, Fernández Marugán reitera que se ha de velar para que se remuevan los obstáculos existentes que provocan que estas familias padezcan situaciones de grave discriminación, al sufrir de manera desproporcionada los obstáculos administrativos que les impiden empadronarse, obtener la tarjeta sanitaria o escolarizar a sus hijos e hijas.

El Defensor considera que, aunque esta realidad sea compleja, no puede en modo alguno solventarse a costa de los derechos de los más vulnerables.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión con los responsables de la Asociacion Española de Promotores Publicos de Vivienda y Suelo (AVS) en Andalucía, asociación que tiene entre sus fines la promoción de la vivienda pública.

Jesús Maeztu les ha traslado a los dirigentes de la AVS los problemas de la ciudadanía en materia de vivienda, entre los que se encuentran la insuficiencia del parque público residencial, la problemática de los desahucios sin alternativa residencial y la tramitación de las ayudas públicas al alquiler, entre otras cuestiones.

El Defensor, con el asesoramiento del área competente en materias de Vivienda y Urbanismo, ha acordado con la AVS el inicio de una colaboración técnica más continua que permita ofrecer una atención permanente y adecuada a la ciudadanía.

Schule (in) der Demokratie? – Die Verwirklichung von Rechten und Teilhabe in der Schule

Die Schule soll Lern- und Lebensort für Demokratie und Mitgestaltung sein. Dieser hohe Anspruch wird nicht immer eingelöst, wie Eingaben und Beschwerden an den Bürgerbeauftragten zeigen.

Über Grundlagen und Grundfragen der Teilhabe und Mitwirkung am Leben der Schule, aber auch der Rechte und Pflichten von Schülern, Lehrkräften, Schulleitungen und Eltern hat der Bürgerbeauftragte in einer Sitzung mit dem Landesschülerrat und dem Landeselternrat im Plenarsaal des Landtages beraten.

Neben dem Bürgerbeauftragten und Landesschülerrat sowie Landeselternrat habe die Landtagspräsidentin Birgit Hesse und die Bildungsministerin Bettina Martin zeitweise an der Sitzung teilgenommen. Darüber hinaus wirkten Dr. Gudrun Heinrich, Universität Rostock, Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften, und Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, an der Veranstaltung mit.

Am Ende der Diskussion musste übereinstimmend festgestellt werden, dass Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte zwar gesetztlich vorgesehen sind, aber man in der Praxis weit davon entfernt ist. Regelungen seien teilweise zu starr aber auch in Schulen - bei den Lehrkräften - oft nicht bekannt. Beispielsweise werde sehr häufig die paritätische Besetzung der Schulkonferenzen von vorherein nicht gewährleistet.

Die Sitzung soll ein Auftakt zu weiteren Veranstaltung sein, mit dem Ziel, eine bessere Verwirklichung der Rechte in der Schule zu ermöglichen.