L'avvocato Giandonato Morra è stato nominato Difensore Civico Regionale.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha participado, como miembro de pleno derecho, en la Asamblea Mundial del Instituto Internacional del Ombudsman, organización internacional que aglutina a los defensores del pueblo de todos los continentes. La Asamblea se ha celebrado el 25 de mayo de 2021 mediante videoconferencia, al no poderse realizar en el lugar previsto (Irlanda), debido a la pandemia.

En la referida Asamblea se ha aprobado la Declaración de Dublín en la que se señala que el Instituto Internacional del Ombudsman entiende que la pandemia no ha respetado la igualdad de oportunidades y ha afectado de forma desproporcionada a los grupos vulnerables, especialmente a los residentes de instituciones residenciales, como los pacientes de las residencias de ancianos o de instalaciones psiquiátricas, las personas detenidas en cárceles o instituciones correccionales, las personas con discapacidad, los menores y adolescentes, los solicitantes de asilo y refugiados, las personas sin hogar, etc.

En la Declaración de Dublín las defensorías del pueblo se comprometen a trabajar para conseguir la igualdad en el acceso a las vacunas, urgiendo a que las vacunas sean consideradas como un bien de interés público global y puestas a disposición de todo el mundo de forma equitativa, en particular en el contexto de la actual crisis sanitaria de la COVID-19 y ante las aparentes desigualdades en las estrategias de vacunación frente a la COVID-19 y a apoyar el trabajo de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud para que las vacunas estén ampliamente disponibles.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha enviado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación siete sugerencias para mejorar el control y la aplicación de los permisos excepcionales para el uso y comercialización de pesticidas no autorizados por la Unión Europea.

Los conocidos como productos fitosanitarios, son sustancias que se utilizan para prevenir y combatir las plagas de los cultivos. Los más utilizados son insecticidas, fungicidas y herbicidas. Algunos de ellos han resultado ser perjudiciales para la salud humana, para otros animales como las abejas, o para el medioambiente y por eso su uso ha sido prohibido o no autorizado en la UE.

Sin embargo, tanto la legislación europea como la nacional posibilitan autorizaciones excepcionales en situaciones de “emergencia fitosanitaria” que requieran controlar un peligro que no pueda gestionarse por otros medios razonables. Estos permisos especiales tienen que estar científicamente justificados y se tienen que destinar a usos concretos durante un máximo de 120 días.  

En España, se han autorizado en los últimos años de manera excepcional sustancias como la Clotianidina, el Diclorvos, el Extracto de Camelia, el Propanil o el Tidiazuron.

En este contexto, una asociación ecologista acudió al Defensor del Pueblo a principios de año alegando que este tipo de concesiones excepcionales se estarían realizando en nuestro país de “manera rutinaria”, sin los debidos controles y sin los estudios científicos y técnicos necesarios.

Petición de información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tras admitir a trámite la queja, la Institución pidió un informe al Ministerio que acreditara el cumplimiento de la normativa vigente en la autorización excepcional de la comercialización en 2020 y 2021 de estas cinco sustancias activas no autorizadas y el número de permisos otorgados.

Además, el Defensor también preguntó por las comunidades autónomas que habían solicitado la autorización, por los trámites concretos del procedimiento y quiso saber también si se había cumplido con el deber de difundir activamente la información ambiental sobre las autorizaciones excepcionales concedidas sobre dichas sustancias.

Tras analizar la información recibida, el Defensor del Pueblo considera que existe una irregularidad en la emisión repetida durante años de las autorizaciones excepcionales de uso de productos fitosanitarios prohibidos o no autorizados y que por tanto es necesario que exista un mayor control respecto del uso de los productos autorizados excepcionalmente.

A juicio de la Institución, el procedimiento administrativo que se sigue a la hora de otorgar las autorizaciones excepcionales no es transparente y las resoluciones no están suficientemente motivadas en la justificación de la excepcionalidad, lo que le lleva a pensar que no existe una situación de emergencia o un riesgo imprevisible que justifiquen dichas autorizaciones.

Siete sugerencias

Es por eso que el Defensor ha instado a modificar la normativa que regula el procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios, para que se incluya una referencia específica a la evaluación de las solicitudes de autorización excepcional o, en su defecto, que se sometan dichas solicitudes a la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios, con intervención de las organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos de los consumidores.

Asimismo, la Institución ha enviado dos sugerencias al Ministerio para que las decisiones de concesión de permisos estén adecuadamente motivadas.

Además, y en aras de fomentar la transparencia, el Defensor también cree oportuno que se informe al público de las autorizaciones excepcionales que se emitan y que se informe sobre los estudios técnicos y el análisis de los mismos por parte de la Administración.

Por lo que respecta al caso concreto de la clotianidina, un insecticida prohibido en la UE desde 2013 por estar relacionado con la desaparición de las abejas, la Institución apunta que la información remitida por el Ministerio no aporta estudios científicos concluyentes sobre la falta de alternativas posibles.  Así, ha solicitado que se revoque la autorización excepcional del uso de esta sustancia en el año 2021.

Asimismo, ha sugerido que se sometan los borradores de los acuerdos con las comunidades autónomas y los operadores del sector al dictamen de la Abogacía del Estado.  

Por último, ha instado a que las administraciones autonómicas refuercen los mecanismos de inspección, vigilancia, control y sanción para asegurar que, cuando un agricultor use una sustancia prohibida o no autorizada, se reduzcan al mínimo los riesgos, se cumplan todas las condiciones de uso y se detecten con prontitud efectos adversos para la salud o el medio ambiente.

27 May 2021

HS2 Ltd (HS2) failed to properly engage and communicate with a member of the public over the sale of their family home to make way for the line and repeatedly mismanaged the case, according to a Parliamentary and Health Service Ombudsman (PHSO) report published today.

This follows a 2015 report by the Ombudsman that also found HS2 failed to engage appropriately with a community near Lichfield when consulting about the proposals for the route which now runs through their village.

The Ombudsman’s latest investigation found HS2 was dishonest, misleading and inconsistent, and the organisation failed to follow its own processes when negotiating compensation claims with the complainant for their family home. This meant there was a breakdown of trust and it undermined the complainant’s faith that they would be treated fairly.

The complainant had already suffered from HS2’s delays to their community’s response to the original HS2 public consultation. HS2 should have been repairing an already fractured relationship but when the complainant asked questions, HS2 failed to respond fully and promptly, sometimes giving false information. This exacerbated an already difficult situation and caused them and their family severe worry over a number of years.

Rob Behrens, Parliamentary and Health Service Ombudsman, said:

HS2’s repeated maladministration had a devastating impact on the complainant and their family.

‘It is unacceptable that communication problems remain at HS2 despite our 2015 report which highlighted their failings in engagement with a community on the HS2 route.

‘HS2 must properly engage with those affected by the new line, be open and transparent and follow the proper process to make sure this never happens again.’

The failings identified in this investigation had a significant impact on the complainant, and their health and family life suffered for four years as a result.

PHSO’s 2015 report recommended improvements to ensure HS2 would be customer focused, open and accountable when engaging with complaints from members of the public. The 2015 investigation found that continuous delays in engagement by HS2 led to the community feeling they had no option but to accept compensation for their homes and abandon any hope of staying together.

In the report published today, the Ombudsman also upheld one aspect of the complaint about the Independent Complaints Assessors (ICAs) as they had not directly addressed one of the key concerns about HS2’s complaint handling. 

While improvements were made following PHSO’s 2015 report, it has recommended that HS2 and the ICAs should formally apologise to the complainant, publish the learning from this case, and consider whether this learning has wider implications for improving its complaint handling approach. HS2 and ICA have accepted these recommendations.

PHSO has highlighted the case to Parliament so it can follow up with HS2 as part of its scrutiny work to review its progress.

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Am heutigen Donnerstag hat die Beauftragte für die Landespolizei, Samiah El Samadoni, ihren zweiten Tätigkeitsbericht für den Zeitraum Oktober 2018 bis September 2020 auf der Landespressekonferenz vorgestellt. Von den 504 bearbeiteten Vorgängen kamen 308 Eingaben aus der Polizei und 190 Beschwerden von Bürger*innen. Ferner gab es sechs Initiativangelegenheiten. Im Vergleich zum ersten Berichtszeitraum gab es somit eine Steigerung um 108 Vorgänge. ,,Seit 2016 wurden bis September 2020 genau 900 Petitionen bearbeitet. Die Zahlen machen deutlich, dass die Polizeibeauftragte als Ansprechpartner*in von Polizeibeamt*innen und Bürger*innen angenommen wird", so El Samadoni.

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