Según las informaciones publicadas, desde hace meses se está sufriendo un desabastecimiento de los medicamentos necesarios para el tratamiento hormonal

La Ley 11/2014 establece que se deben garantizar los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas o la salud sexual y reproductiva de las personas trans

La Resolución 269/XII del Parlamento de Cataluña prevé reforzar los presupuestos de la Generalitat para asegurar los recursos necesarios a fin de garantizar el acceso de las personas transgénero a una cartera de servicios
 

El Síndic ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de la denuncia que han realizado personas transgénero en relación con las dificultades que sufren para obtener los medicamentos a fin de continuar con los tratamientos de reemplazo hormonal. Según las informaciones publicadas, desde hace casi 8 meses se viene sufriendo un desabastecimiento de los medicamentos necesarios para su tratamiento.

De acuerdo con la Ley, el Síndic de Greuges tiene el mandato de supervisar a la Administración en cuanto al cumplimiento del derecho de las personas LGTBI y de luchar contra la LGTBI-fobia. En base a esta habilitación se ha abierto una actuación de oficio para pedir información al Servicio Catalán de la Salud acerca de las actuaciones que se están llevando a cabo a fin de poder asegurar una provisión suficiente de los medicamentos que necesitan tomar las personas transgénero para continuar con el tratamiento hormonal. También ha preguntado sobre cuáles son los medicamentos financiados por el sistema público y de estos, si existe alguna marca o fármaco en concreto que haya sufrido un mayor desabastecimiento, así como los motivos para ello. Finalmente, ha solicitado información para saber si en el sistema de provisión se tiene en cuenta la realidad y las necesidades de las mujeres trans con respecto al incremento de suplemento farmacológico que necesitan.

En este contexto, el Síndic recuerda que la Ley 11/2014, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trangéneros e intersexuales y para la erradicación de la homofobia, la bifobia y la transfobia, relativo a la salud, establece entre otros, que el sistema sanitario de Cataluña debe incorporar la perspectiva de género y debe tener en cuenta las necesidades específicas de las personas LGBTI, con el fin de garantizarles su derecho a recibir la atención sanitaria y a disfrutar de los servicios de salud en condiciones objetivas de igualdad. Más concretamente, el artículo 23 de esta Ley establece que se debe garantizar, en cualquier caso, los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas o la salud sexual y reproductiva.

Además, el Síndic recuerda que la Cartera de servicios de la atención a la salud de las personas trans en el ámbito del CatSalut tiene como principales líneas de actuación, entre otros, el acompañamiento y la atención. 

Paralelamente, también destaca que la Resolución 269/XII del Parlamento de Cataluña, prevé llevar a cabo el despliegue efectivo de los artículos 16.3 y 23.3 de la Ley 11/2014, relativos al derecho de consulta, a la información específica y a la atención integral para personas transgénero e intersexuales, que debe ofrecer a las personas transgénero suficiente información sociosanitaria, incluida la pedagogía sexual, antes y después del tránsito.

En la misma línea, esta Resolución también prevé hacer efectiva la totalidad del despliegue territorial del nuevo modelo de atención a las personas transgénero, y reforzar los presupuestos de la Generalitat para el 2021, mediante los que se aseguren los recursos necesarios para garantizar el acceso de las personas transgénero a una cartera de servicios específica e incrementar la actividad que está relacionada.

​Vitoria-Gasteiz

Varias asociaciones de Araba y Bizkaia informaron al Ararteko de que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo está denegando o extinguiendo el derecho a la renta de garantía de ingresos (RGI) al existir en un mismo domicilio dos unidades de convivencia que tienen reconocida la RGI a la fecha de solicitud, con base en lo establecido en el artículo 10.2 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, regulador de la Renta de Garantía de Ingresos

El Ararteko pidió información a Lanbide sobre los motivos por los que había acordado la denegación de la RGI.

Lanbide considera que la vivienda en la que residen no tiene la consideración de vivienda colectiva porque no cumple ninguna de las condiciones que establece dicho decreto y la autorización para que sea considerada como tal, como vivienda colectiva, corresponde otorgarla a las diputaciones forales y debe solicitarla cada centro.

Tras informar de dicha respuesta, una de las asociaciones promotora de la queja solicitó la autorización a la Diputación Foral de Álava para la inscripción de sus centros en el Registro Foral de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava.

La Diputación alavesa desestimó la solicitud de inscripción, ya que no es posible la autorización, ante la ausencia de un marco normativo.

Según el ente foral, ni los centros privados de salud mental ni los de acogida para personas en riesgo o en situación de exclusión cuentan con normativa sectorial que los regule. Por tanto, al no estar establecidos en la normativa los requisitos materiales, funcionales y de personal que les corresponde cumplir en función de su tipología no fueron objeto de autorización administrativa.

La ausencia de esta normativa está causando perjuicios a estas asociaciones, por lo que el Ararteko recomienda al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que se elabore, con la mayor brevedad posible, la normativa prevista en la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2008, de Servicios Sociales reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de personal exigidos a los servicios y centros de servicios sociales en el ámbito de la exclusión social de naturaleza privada con objeto de su autorización y homologación.

Vitoria-Gasteiz, 22 de abril de 2021

A Kent teenager was left to sofa surf and live in a tent for almost two months by Medway Council during the COVID-19 pandemic after his family was left homeless, the Local Government and Social Care Ombudsman has found.

The Ombudsman found the council missed at least five opportunities to house the teenager and his mother during the summer of 2020, but instead they were left to sleep rough.

When the mother first approached the council, it decided it had no duty to house her and her 16-year-old son under its homelessness obligations. However, it did place the family in temporary accommodation because of its child protection duties.

The family became homeless in the middle of July 2020 when the children’s services department asked them to leave their temporary accommodation. In making the family homeless, the council failed to consider government guidance in force during the lockdown, which asked landlords to work with renters who may experience hardship as a result of the pandemic.

When they left the temporary accommodation, the family had nowhere to go. The teenager called the council saying he and his mother were sleeping in a tent. 

The mother continued to contact the council throughout July. She filled in a change of circumstances form at the beginning of August explaining she and her son had been on the streets for a few weeks. There is no record of the council taking any action upon receipt of the form.

At the beginning of September, the mother contacted the council with the help of Shelter to say she and her son had been street homeless since 13 July. The council told the mother it would not provide her with temporary accommodation, and she should find her own private rented accommodation.

The mother contacted the Ombudsman on 8 September. The investigator asked the council to make an urgent review of the case. The family were moved to bed and breakfast on 11 September. During the investigation, the council offered them a two-bedroomed property.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“Our investigations into issues occurring during the pandemic have to balance the difficult circumstances and the speed at which laws were changing, against what should have reasonably happened.

“Despite these challenging circumstances, the council in this case failed in its duties to a vulnerable teenager who was sleeping rough, and it missed numerous opportunities to ensure he was safe.

“I do, however, welcome the swift action the council took when we alerted it to the family’s situation, and hope the training it has agreed to provide to relevant staff should ensure cases such as this do not happen in future.

“From what we’ve seen so far, the issues in this case are not indicative of how councils generally responded to public concerns during COVID-19. But we decided this case contained sufficient learning that others could take on board. Some of the problems in the case mirror issues we were seeing before the pandemic, but which have been amplified by the impact of COVID-19.”

The Local Government and Social Care Ombudsman’s role is to remedy injustice and share learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council has agreed to apologise to the teenager and his mother, and pay them £1,500 each to reflect the distress and hardship they were caused. It will also pay the mother an additional £200 to reflect the fact she was not listened to when she reported being street homeless on a number of occasions.

The council has also agreed to decide whether the teenager is owed any duty or service under the Children Act and provide that service, and it should also consider if it owes him any duty under the Housing Act. It will also decide whether the mother is owed the full housing duty and issue her with a written decision on her homelessness application.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case the council has agreed to provide refresher training for staff in its housing department to ensure they understand their duties under the Housing Act.

Article date: 23 April 2021

 El Defensor citará a la administración que no colabore a comparecer en la Institución a partir del trámite de Advertencia

·Esta medida contribuye a consolidar otros derechos como la buena gobernanza, la transparencia, la participación, o el acceso a una información clara

El Defensor del Pueblo andaluz ha puesto en marcha una nueva medida en su proceso de tramitación de quejas para mejorar la colaboración con las Administraciones públicas en su deber de atender y responder las reclamaciones de la ciudadanía.

Se trata de un nuevo procedimiento en la Institución que persigue la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con esta Defensoría, con el fin de evitar declaraciones de actitud entorpecedora o la remisión de expedientes a Fiscalía por parte de este organismo supervisor. A juicio del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, “es inadmisible la no respuesta por parte de algunas administraciones. La falta de atención de los poderes públicos, al no contestarnos, o respondernos tarde, dificulta que podamos atender a las personas que acuden a nuestra Institución, lo que constituye una clara vulneración de sus derechos”.

La principal valoración es el normal desarrollo, en la mayoría de los casos, de los cauces de colaboración. En una media de los últimos años, en un 75% de los expedientes las Administraciones Públicas respondieron a las peticiones de informe del Defensor del Pueblo andaluz en la primera petición o al primer reitero. En concreto, en 2020, de 5.088 peticiones de informe, solo hubo que recurrir a un segundo reitero en 1.328 casos (26,1%) y en 61 (solo el 1,2%) ocasiones ha sido necesario dirigir escritos de Advertencia ante la persistencia en no enviar la información. En total, en 1.389 casos, el 26%, el retraso de las administraciones públicas en el cumplimiento de sus deberes de informar, retrasa o impide poder actuar ante el problema que nos hace llegar la ciudadanía.

El Defensor andaluz considera que los retrasos e incumplimientos de algunas administraciones ante los reiteros y petición de informes de la Institución suponen una vulneración del derecho de auxilio al Defensor para su labor de garante de derechos. Con esta nueva medida se quiere corregir esta falta de respuesta de las administraciones a la ciudadanía y evitar que cualquier autoridad o funcionariado obstaculice la investigación del Defensor.

De esta manera, se convocará una citación personal para comparecer en la Institución a partir del trámite de advertencia. Para el Defensor del Pueblo andaluz esta medida de persuasión supone una mejora del servicio que presta la Institución para la atención y protección de los derechos de la ciudadanía, además de favorecer y contribuir a la consolidación de derechos como la Buena gobernanza, la Transparencia, la participación, o el acceso a la información clara, entre otros.

Le Défenseur des droits publie une synthèse de la recherche sur la « Mobilisation collective des cheminots PS25 contre la SNCF ». Cette étude a été menée de 2018 à 2020, avec le soutien du Défenseur des droits, par Vincent-Arnaud Chappe, chargé de recherche CNRS, membre du laboratoire CEMS (EHESS), et Narguesse Keyhani, maitresse de conférences à l’Université Lyon 2, membre du laboratoire Triangle et de l'Institut Convergence Migrations.

Le 31 janvier 2018, la chambre sociale de la Cour d’appel de Paris a donné raison à 848 cheminots ou anciens cheminots immigrés, pour la très grande majorité du Maroc, dans un contentieux qui les opposait depuis une décennie à la SNCF. Cette décision a eu pour effet de faire reconnaitre le caractère discriminatoire des différences de traitement subies tout au long de leur carrière par rapport à leurs collègues français.

Cette étude, explore les conditions d’apparition et d’évolution de ce collectif à partir de l’analyse des épreuves qu’il a rencontrées au cours de son histoire et permet de faire émerger trois grands résultats :

• Cette mobilisation est d’abord une mobilisation de victimes qui portent publiquement une injustice qui les touchent, c’est-à-dire une mobilisation dans laquelle elles jouent un rôle central ;
• L’action judiciaire a impliqué un important travail visant à la fois à perpétuer le collectif au cours du temps, à le faire résister aux différentes épreuves externes ou internes qu’il a eu à affronter, et à faire exister ses revendications dans divers espaces sociaux ;
• La pluralité des acteurs engagés, des références qu’ils incarnent, des intérêts qu’ils portent, a eu pour conséquence l’apparition de frictions puis de conflits, qui ont à terme fragilisé les relations de solidarité qui unissent les acteurs entre eux.

L’enquête s’appuie sur un matériau riche d’observations ethnographiques, d’entretiens avec des requérants, des syndicalistes, des militants, des professionnels du droit.

Cette mobilisation collective des cheminots est riche d’enseignement dans la perspective des futures actions collectives ou de groupe en matière de discrimination au travail au sein des arènes judiciaires :

• Elle confirme l’importance de l’acteur syndical dans ces configurations d’action en sus des professionnels du droit, notamment parce qu’il dispose d’un regard panoramique sur l’entreprise, indispensable à la prise de conscience du caractère systémique de la discrimination. Mais cette importance pose également la question de leur volonté à s’engager pleinement dans les luttes contre les discriminations, notamment raciales.
• Enfin elle pose la question des tensions susceptibles d’émerger au sein de la configuration d’acteurs incluant victimes, syndicalistes et professionnels du droit. Si l’action de groupe peut simplifier l’équation en réduisant le collectif des victimes à quelques cas exemplaires susceptibles de porter le contentieux, elle risque de faire perdre une partie de la dimension politique de l’action.

Au final cette étude montre l’importance des différents « entrepreneurs de mobilisation » qui ont joué un rôle déterminant dans cette mobilisation et permet de réfléchir aux conditions de multiplication des mobilisations collectives dans la lutte contre les discriminations.

*La version accessible de l'Etudes et Résultats - La mobilisation collective des cheminots PS25 contre la SNCF est à venir.

 Etudes et Résultats - La mobilisation collective des cheminots PS25 contre la SNCF