En el marco de una reunión con la Mesa de Consenso se abordan soluciones a la fragilidad actual del Delta del Ebro

La Comisión Europea manifiesta que el Delta es una zona de especial protección de la biodiversidad y que este hecho conlleva una serie de obligaciones para los Estados miembros

Las observaciones de la Mesa de Consenso al Plan ministerial y a las actuaciones que se decida poner en marcha también serán trasladadas a Europa

El Síndic instará al Ministerio, al Departamento de Territorio y a la Comisión Europea a implementar las directivas europeas, las cuales deben estar dotadas de presupuesto suficiente
 

El temporal Gloria de enero de 2020 supuso unas afectaciones importantes en el Delta del Ebro que evidenciaron su fragilidad ante unos fenómenos meteorológicos, desgraciadamente cada día más frecuentes. El temporal marítimo hizo que el agua del mar llegara a entrar hasta tres kilómetros río Ebro arriba, inundando miles de hectáreas de arrozales, haciendo desaparecer la zona del Trabucador, destruyendo viveros de mejillones y dañando cosechas e infraestructuras agrarias, entre otros efectos.

En ese contexto, el Síndic abrió una actuación de oficio para analizar las actuaciones de las administraciones públicas en la protección del Delta del Ebro frente a la emergencia climática. En este sentido, se dirigió al Departamento de Territorio y Sostenibilidad y también puso el caso en conocimiento del Defensor del Pueblo y le pidió que se dirigiera al Ministerio. Paralelamente, también se dirigió a la Defensora del Pueblo Europeo, quien confirmó que se había dirigido a la Comisión Europea para conocer su opinión sobre si en el Delta del Ebro se están respetando las directivas sobre protección de hábitats naturales y de prevención y gestión del riesgo de inundaciones.

Paralelamente, como consecuencia de los daños causados, varios actores del Delta constituyeron la llamada Mesa de Consenso, formada por siete municipios y las dos comunidades de regantes que, entre otras cosas, pedían el reconocimiento del delta del Ebro como uno de los espacios europeos más amenazados por el cambio climático, la aprobación de un plan director de las medidas a adoptar en línea con las propuestas de dicho Plan Delta y la movilización de los recursos necesarios de las administraciones para llevar a cabo dicho plan.

El pasado 3 de febrero el Ministerio publicó el Plan para la protección de la fachada litoral del Delta del Ebro y se ha abierto un período de consulta pública. El Síndic también ha vuelto a dirigir al Departamento de Territorio y Sostenibilidad para pedir información sobre las observaciones que presentará al Plan.

Esta misma semana la defensora del pueblo europeo ha remitido al Síndic la respuesta de la Comisión Europea sobre el asunto y le solicita que presente las alegaciones que considere. En esencia, en el documento se destaca que la Comisión Europea tiene en trámite un procedimiento de infracción contra España (ref. 2015/2003) por la falta de cumplimiento de las directivas en lo que afecta a las zonas de especial protección de la biodiversidad (entre las que está el Delta) y que todavía está valorando la respuesta que el estado español ha dado al asunto. En el escrito también se menciona que el Delta es una zona de especial protección de la biodiversidad y que esto conlleva una serie de obligaciones para los Estados miembros. Finalmente también destaca que en aplicación de la directiva de evaluación y gestión de los riesgos de inundaciones, España incluyó el Delta en las zonas de riesgo de inundación y que ya se ha recomendado a España que desarrolle indicadores de progreso de las medidas adoptadas así como que priorice la introducción de soluciones sostenibles con el medio.

Este jueves, el Síndic se ha reunido telemáticamente con miembros de la Mesa de Consenso para escuchar sus observaciones al Plan ministerial, que está en fase de información pública, y poner en marcha las actuaciones que corresponda. El conjunto de estas observaciones también serán enviadas a la Defensora del Pueblo Europeo para que sean trasladadas a la Comisión Europea a fin de que puedan ser tomadas en consideración en el estudio que está haciendo sobre el caso del delta.

En varias ocasiones el Síndic ya se había reunido con la Mesa para valorar la situación posterior al temporal Gloria y recibir información acerca del llamado Plan Delta que había elaborado la Mesa, así como las visitas in situ que se han realizado al territorio para analizar de primera mano las consecuencias para el delta.

Link: Public-sector workers placed, in certain circumstances, under the labour reserve system: the Greek legislation is not contrary to EU law (europa.eu)

Langugages available: es de el en fr it pt

Court of Justice of the European Union

PRESS RELEASE No 58/21

Luxembourg, 15 April 2021

Judgment in Case C-511/19 AB v Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis

Public-sector workers placed, in certain circumstances, under the labour reserve system: the Greek legislation is not contrary to EU law

The difference in treatment on grounds of age established by that system pursues a legitimate labour-policy objective and the means of achieving that objective are appropriate and necessary

In 1982, AB was recruited by the Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis (Athens Olympic Athletic Centre – Spyros Louis, Greece; ‘OAKA’), a legal person governed by private law within the Greek public sector, under a contract of indefinite duration. In 1998, he was assigned the duties of technical adviser. On 1 January 2012, pursuant to Law 4024/2011, 1 ΑΒ was placed under the labour reserve system prior to his retirement, which resulted in his pay being reduced to 60% of his basic salary. 2 On 30 April 2013, OAKA terminated AB’s contract without giving him the severance pay provided for in the event of termination. That refusal was based on the legislation referred to above, which provides that the severance pay which is payable may be offset against the remuneration paid to the employee during his or her assignment to the labour reserve.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, han mantenido hoy la primera de las sesiones de trabajo acordadas para la coordinación y el seguimiento de los asuntos competencia de ambas instituciones, con el fin de avanzar en mecanismos de colaboración y coordinación, así como para el intercambio de información.

Estas reuniones periódicas, tres al año, fueron acordadas el pasado noviembre entre Jesús Maeztu y Juan Marín con el objetivo de mantener líneas de colaboración que deriven en una correcta labor de supervisión en defensa de los derechos de la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo andaluz ha informado al vicepresidente de la Junta del balance y principales conclusiones del Informe Anual 2020 de la Institución, presentado en el Parlamento de Andalucía la pasada semana, y en el que se recogen 30.000 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría. Fueron más de 35.000 personas las que requirieron el pasado año la intervención de este comisionado parlamentario.

Entre otros asuntos a tratar, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado al vicepresidente andaluz los trabajos que viene realizando para garantizar el derecho a unos suministros básicos en Andalucía. La Defensoría está interviniendo ante las distintas partes implicadas para afrontar el problema social de los cortes de luz en distintos barrios andaluces. Maeztu ha propuesto a las distintas administraciones y a la compañía suministradora, Endesa, una serie de medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar este problema que afecta a miles de familias, entre ellas, la inmediata puesta en marcha de un Plan de choque que ofrezca resultados en poco tiempo.

Asimismo, Jesús Maeztu ha informado al vicepresidente de la Junta de Andalucía de la aprobación de un nuevo procedimiento en la Institución que persigue la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con esta Defensoría, con el fin de evitar declaraciones de actitud entorpecedora o la remisión de expedientes a Fiscalía por parte de este organismo supervisor. Maeztu también ha expuesto la oportunidad de una coordinación con la Consejería de Justicia en los procesos de mediación que está desarrollando la Institución, un procedimiento para la resolución de conflictos pionero en el conjunto de la Defensorías.

En estos despachos entre el Defensor del Pueblo andaluz y su interlocutor directo en la Junta de Andalucía se abordan asimismo posibles anomalías en el funcionamiento de organismos públicos, desde el análisis de quejas o consultas recibidas por el Defensor del Pueblo andaluz; cuestiones de carácter general que reclamen la intervención o interés del Defensor del Pueblo andaluz, o casos concretos de intervención en defensa de derechos humanos vulnerados o en riesgo grave.

The Ombudsman consulted the Secretary of State for Finance, in order to ascertain the Secretary of State for Finance's interpretation of the current version of Decree-Law no. 10-J/2020, of 26.03, and received a clarification from him, in line with the Ombudsman's interpretation, that bank loans to higher education students are included within the scope of the public moratorium.

Der 2.000. Fall, der in der Sendung „Bürgeranwalt“ besprochen wurde, handelt von einem verfahrenen Nachbarschaftskonflikt mit unangenehmen Konsequenzen. In Heiligenbrunn im Südburgenland ist ein Kanal verstopft, an dem insgesamt vier Grundstücke hängen. Ursprünglich gehörten die vier betroffenen Häuser der Republik Österreich und lagen auf einem gemeinsamen Grundstück nahe der ungarischen Grenze. Dort wohnten einst Zollbeamte und deren Familien. 1998 wurde das Grundstück verkauft, in vier Teile geteilt, parifiziert und weiterverkauft. Auf einem der Grundstücke liegt der Zugang zu jenem Kanal, der nun verstopft ist. Frau T., in deren Garten sich der Zugang zu diesem Kanal befindet, verwehrt jedoch dem Räumungsunternehmen den Zutritt zu ihrem Grundstück. Die anderen drei Anrainerinnen und Anrainer sind wegen der in ihren Häusern aufgestauten Fäkalien verzweifelt. Volksanwalt Werner Amon sieht die Bezirkshauptmannschaft Güssing in der Pflicht, das Problem zu lösen.

Die Betroffenen verspüren einen starken Leidensdruck. An der Hauptleitung scheint ein Gebrechen vorzuliegen, das zu einer Verstopfung des Kanals führt. Die Fäkalien können daher nicht abfließen und überfluten regelmäßig die Keller der Anrainerschaft. Besonders betroffen sind die schwer herzkranke Frau S. und ihr fast 100-jähriger Lebensgefährte. An vielen Tagen kann das gehbehinderte Paar das eigene Klo nicht benutzen. Besuch schicken sie in den Wald. Frau S. hat mehrmals versucht das Problem zu lösen und ein Kanalreinigungsunternehmen beauftragt die Verstopfung zu beheben. Doch die Arbeiter mussten jedes Mal unverrichteter Dinge wieder abziehen, da die Nachbarin auf deren Grundstück der Kanalzugang liegt, den Zutritt zu ihrem Grundstück verwehrte. Dennoch musste Frau S. das Reinigungsunternehmen bezahlen. Auch dem Bürgermeister und der Polizei gewährte die Nachbarin keinen Zugang.

Verzweifelt wandten sich die betroffenen Anrainerinnen und Anrainer an die Volksanwaltschaft. Volksanwalt Werner Amon hat sich der Sache angenommen und stellte im Studio klar, dass hier eindeutig die Bezirkshauptmannschaft tätig werden müsse, da sie nach dem burgenländischen Kanalanschlussgesetz und dem Wasserrechtsgesetz für die Wartungsarbeiten zuständig sei und nicht die Gemeinde. „Es ist unverständlich, warum die Bezirkshauptmannschaft das hier nicht durchsetzen kann“, so Amon. In einer

schriftlichen Stellungnahme teilte die Bezirkshauptfrau mit, dass es nun eine Einwilligung der Nachbarin gäbe, diese Wartungsarbeiten durchzuführen. Erst bei Verweigerung kann die BH gegebenenfalls mit weiteren Zwangsmaßnahmen vorgehen. „Es besteht hier die Gefahr der Gewässerverunreinigung und deswegen muss die Bezirkshauptmannschaft von Amts wegen handeln“, unterstrich Volksanwalt Amon die Dringlichkeit der Situation.

Nachgefragt: Gibt es eine Lösung bei den beiden Helikopter Grundstücken am Irrsee und im Feistritztal?

Volksanwalt Amon berichtete im Studio, was sich bei sogenannten Helikopter-Grundstücken am Irrsee in Oberösterreich und im steirischen Feistritztal nach der Sendung getan hat. In beiden Fällen haben Hausbesitzerinnen und -besitzer beklagt, dass ihnen die Zufahrt zu ihren Häusern von den Nachbarinnen und Nachbarn oder wegen einer Widmungsproblematik verwehrt wird. Sie könnten nur mit einem Helikopter rechtlich korrekt zum Eigenheim gelangen. Nach einer Diskussion im „Bürgeranwalt“-Studio zeichnen sich in beiden Fällen nun konkrete Lösungen im Sinne der Betroffenen ab.