Angesichts der aktuellen Berichterstattung des MDR (ThüringenJournal vom 12. März 2022) darüber, dass in Thüringen ausgebildete HeilpraktikerInnen keine Termine für ihre Abschlussprüfungen erhalten, bekräftigt der Thüringer Bürgerbeauftragte seine Kritik an der aktuellen Situation. Herzberg wörtlich: „Ich sehe hier für die Betroffenen eine massive Einschränkung des Grundrechts auf freie Berufsausübung. Dass dieser Zustand seit über zwei Jahren andauert, ist inakzeptabel und auch nicht mehr mit Corona zu entschuldigen.“

Zum Hintergrund: Nach dem Heilpraktikergesetz bedürfen Heilpraktiker zur Ausübung ihrer Tätigkeit einer Erlaubnis. Diese erhalten sie nach Ablegung der hierfür erforderlichen Prüfungen, für deren Durchführung in Thüringen allein und zentral das Gesundheitsamt der Stadt Erfurt zuständig ist. Die deutschlandweit einheitlichen Prüfungstermine für den schriftlichen Teil wurden in Thüringen mehrfach nicht angeboten. Inzwischen klagen diejenigen, die nach langem Warten die schriftliche Prüfung abgelegt haben, darüber, dass sie keine Termine für den mündlichen Prüfungsteil erhalten. Nach unbestätigten Schätzungen sind in Thüringen ca. 300 Frauen und Männer betroffen.

Herzberg weiter: „Diese für die Betroffenen sehr prekäre Situation halte ich in Anbetracht des staatlichen Prüfungsmonopols sowohl im Hinblick auf die persönliche Situation der Betroffenen und deren berufliches Fortkommen als auch im Blick auf die grundrechtlich geschützte Berufsfreiheit für hochgradig problematisch und dringend änderungsbedürftig. Dieser praktische Stillstand rechtsstaatlicher Verwaltungstätigkeit ist auch mit Hinweis auf die besondere Corona-Situation und Personalmangel nicht zu rechtfertigen. Die Verwaltung hat in Ausgestaltung ihrer Organisations- und Personalhoheit dafür zu sorgen, dass sie die ihr obliegenden Aufgaben mit den ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen ordentlich erledigt.“

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado por los dos adjuntos, Jaume Saura, y M. Jesús Larios, ha comparecido ante la Comisión del Síndic para debatir el Informe en el Parlamento 2021 y el Informe sobre el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar.

Informe en el Parlamento

El informe en el Parlament, que fue presentado el pasado 11 de febrero a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y que es el documento que recoge las actuaciones más relevantes llevadas a cabo y las cifras más destacadas durante el año, ha sido marcado por la crisis de la COVID-19, con las consiguientes afectaciones no sólo al sistema de salud, sino a un amplio conjunto de derechos en la actividad económica del país.
 

El síndic ha querido destacar que durante 2021 se ha vuelto a superar el récord de quejas presentadas a la institución, cerca de 12.000, y se han tramitado más de 18.000. También ha habido más de 12.700 consultas y un elevado número de actuaciones de oficio (264).

Una vez más, las actuaciones vinculadas a las políticas sociales son las que tienen mayor protagonismo en la institución del Síndic, con más del 40% de nuevas quejas y cerca del 60% de nuevas actuaciones de oficio. En cuanto al derecho a la salud, el mayor impacto de la Covid está en las afectaciones que ha tenido en la atención primaria y en las listas de espera. En este ámbito, el Síndic pide desplegar con determinación y firmeza el Plan de fortalecimiento y transformación de la atención primaria y comunitaria que se ha puesto en marcha.

En cuanto a la pobreza, el Síndic denuncia que la pandemia ha aumentado la tasa de pobreza en Cataluña y reivindica que es necesario avanzar en la redefinición de las prestaciones existentes y en la configuración de un nuevo sistema de protección más ajustado a las necesidades de personas más vulnerables. También ha denunciado que con la pandemia se han incrementado las dificultades en el acceso y en el mantenimiento de la vivienda habitual, lo que hace más evidente la insuficiencia del parque de vivienda social existente, y el número de personas en situación de pobreza energética.

En educación, el Síndic ha querido destacar que el Pacto contra la segregación escolar se está desplegando de forma más lenta de lo previsto y pide que se aborde de forma decidida y sin dilación la fase de la implementación de las actuaciones previstas, particularmente de los instrumentos previstos en el nuevo decreto de admisión de alumnado.

En materia medioambiental, el Síndic ha destacado los cientos de quejas recibidas por el desacuerdo con la configuración del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, por el sistema de recogida selectiva implantado en varios municipios o por el rechazo al modelo establecido en el Decreto de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. El Síndic ha recomendado mejoras a la Administración tanto en lo que se refiere a la configuración del impuesto del CO2 (como, por ejemplo, no tasar vehículos que están dados de baja), el reajuste de la gestión de residuos (adaptándola a las necesidades de cada barrio o municipio) y en la necesidad de elaborar un plan territorial sectorial de implantación de energías renovables y priorizar la implantación en suelos degradados o ya alterados.

El papel de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar
En la misma sesión de la Comisión se ha debatido el informe El papel de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar, que recoge propuestas relacionadas con los sistemas de información municipal, los pactos locales y la planificación educativa, que ya fue presentado el pasado 16 de marzo.

El informe analiza el papel clave que desempeñan los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar, de acuerdo con sus competencias en materia de educación, especialmente a cinco niveles básicos de intervención: la detección del alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas; la lucha contra los desequilibrios en la planificación y gestión del proceso de admisión de alumnado; la creación de equivalencias entre los proyectos educativos de centro; la vinculación de los centros con el entorno y con el resto de centros; y la construcción de discursos en el ámbito educativo y la implicación y empoderamiento de los actores en la gobernanza local del fenómeno.

Durante la comparecencia se ha destacado que el nuevo decreto prevé un papel más importante para la Administración local, puesto que todos los municipios de más de 10.000 habitantes constituirán mesas locales de planificación educativa, integradas por el Departamento de Educación y los ayuntamientos, con amplias funciones en aspectos tales como la programación anual de la oferta educativa.

También se ha manifestado que a pesar de la mayoría de los ayuntamientos elaboran diferentes instrumentos de publicidad activa para informar a las familias sobre la oferta educativa y el proceso de admisión del alumnado, a menudo éstos no son adecuados para combatir la segregación escolar. En este sentido, se considera que es necesario redefinirlos para que se conviertan en verdaderos instrumentos que ayuden a combatir la segregación.

Por último, el informe insiste en la necesidad de promover pactos locales contra la segregación escolar que definan criterios y medidas a desarrollar para combatir este fenómeno en el municipio, a partir de la participación y el trabajo compartido de los agentes de la comunidad educativa, y con el coliderazgo del Departamento de Educación. Los pactos locales permiten visibilizar el problema de la segregación escolar y situarlo en la agenda política, alinear a los actores claves en el abordaje del fenómeno, más allá de los intereses particulares de cada actor, y apoderar y legitimar a las administraciones a adoptar medidas decididas.

 

Martedì 22 Marzo 2022 a partire dalle 10.30 si terrà il quarto ed ultimo evento online dal titolo "Difensore Civico e Pubblica Amministrazione: il ruolo dei cittadini tra innovazione tecnologica e voglia di partecipazione" per raccontare il ruolo e le funzioni di una figura importante per la partecipazione dei cittadini alla vita democratica delle istituzioni: il Difensore Civico.   Sarà possibile...

Le Médiateur a rencontré le Ministre wallon des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives, Adrien DOLIMONT. 
 

En effet, suite sa nomination en raison du départ de son prédécesseur, Jean-Luc CRUCKE, le Médiateur, Marc BERTRAND, tenait à le féliciter mais aussi présenter l’institution de médiation.

L’occasion aussi d’exprimer sa satisfaction quant aux bonnes relations de travail entre ses collaborateurs et le SPW Fiscalité, et d’évoquer les dossiers liés à la fiscalité wallonne et l’évolution en la matière.

Ainsi, il a pu être fait état de certaines questions autour de la perception du précompte immobilier ou encore de la question des droits de succession et d’enregistrements dont la gestion administrative devrait revenir dans l’escarcelle de la Région à moyen terme.

Enfin, le Médiateur a évoqué la question des dossiers au sein de la Direction du contentieux de la Trésorerie en constatant la volonté affichée d’une amélioration importante dans le suivi des réclamations et le souhait apprécié d’apurer le retard dans le traitement des dossiers.

Pronunciamiento FIO No 2/2022

Pronunciamiento del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que solicita el fin de la agresión rusa contra el pueblo de Ucrania, la paz y el respeto a los derechos humanos

El pasado 24 de febrero se inició la invasión por parte del ejército de la Federación Rusa a la vecina república de Ucrania. Dicha invasión, tal y como ha sido reconocida por diversas instancias de Naciones Unidas, o el Parlamento Europeo, constituye una flagrante e inaceptable violación de los principios del derecho internacional.

En efecto, tal y como ha recordado el Secretario General de las Naciones Unidas, esas medidas unilaterales entran en conflicto directo con la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2.4 reza: "Todos los miembros se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".

De acuerdo con las noticias publicadas en todos los medios internacionales, el conflicto ya ha provocado importantes víctimas entre la población civil, el desplazamiento de miles de personas, la destrucción grave de infraestructuras e instalaciones críticas, y el deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos en general en Ucrania.

Además, el 1 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en ejecución de medidas provisionales, ha ordenado al Gobierno de Rusia que se abstenga de realizar ataques militares contra civiles, incluidos locales residenciales, vehículos de emergencia y otros objetos civiles especialmente protegidos como escuelas y hospitales, dentro del territorio atacado o sitiado por tropas rusas.

Por todo ello,

El Consejo Rector de la FIO, en línea con lo solicitado por la ONU, la UE y otras organizaciones internacionales:

1. Condena en los términos más enérgicos la agresión militar ilegal, no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania y la invasión de este país, así como la participación de Bielorrusia en esta agresión;

2. hace un llamado vehemente a las autoridades rusas para que cesen en la agresión al pueblo de Ucrania y respeten su soberanía e integridad territorial. Es esencial que se proteja a los ciudadanos cuyos derechos humanos deben ser respetadossin fisuras.

3. Expresa su total solidaridad con la Comisionada de los Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania y con el pueblo ucraniano, y condena en los términos más enérgicos las acciones de Rusia contra su pueblo.

4. Expresa su indignación por que la agresión rusa sea la causa de sufrimiento humano y de la trágica pérdida de vidas humanas, y subraya que los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, así como los ataques indiscriminados, están prohibidos en virtud del Derecho internacional humanitario y, por lo tanto, constituyen crímenes de guerra.

5. Solicitan a la Comisionada de los Derechos Humanos de Rusia, Tatiana Moskalkova, que en cumplimiento de su mandato de protección de los derechos humanos, tanto como Ombudsperson como en su calidad de INDH acreditada con estatus A en GANHRI, haga todo lo que esté en su mano con las autoridades de su país para terminar con esta flagrante violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, y le insta a fomentar la paz por el bien de la democracia y la humanidad.

La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), congrega y representa a 103 Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de 22 países iberoamericanos.

El objetivo primordial de la Federación esser un foro de discusión para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman en las regiones geográficas de su jurisdicción. En concreto, entre otras finalidades específicas, pretende fomentar, ampliar y fortalecer la cultura de los Derechos Humanos en los países cuyos Ombudsman formen parte de la FIO; establecer y mantener relaciones de colaboración con organizaciones no gubernamentales que procuren el respeto, defensa y promoción de los Derechos Humanos, así como promover estudios e investigaciones sobre aspectos de su competencia, con la finalidad de apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho, el régimen democrático y la convivencia pacífica de los pueblos.