El Departamento de Educación del Gobierno Vasco permitirá a un ciudadano optar entre las diferentes modalidades del permiso de lactancia

Date of article: 28/01/2022

Daily News of: 02/02/2022

Country:  Spain - Basque country

Author: Regional Ombudsman of the Basque Country

Article language: es

Un ciudadano solicitó la intervención del Ararteko en relación con la aplicación que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco hace de los permisos de parentalidad en el ámbito docente no universitario y, en concreto, de la opción por la lactancia acumulada.
 

El reclamante fue padre por adopción en marzo de 2021. Anteriormente ya había comunicado que este hecho se iba a producir al Servicio de Personal de Secundaria de la Delegación de Educación y mostró su intención de disfrutar el permiso por adopción en dos partes, siendo la segunda de ellas durante el curso 2021- 2022, así como de acogerse seguidamente al permiso retribuido por acumulación de las horas de lactancia.
 

Según señalaba, la persona encargada de la materia en ese servicio le aseguró que esa opción era posible, pero que, teniendo en cuenta que esta última parte del disfrute de los permisos iba a tener lugar una vez iniciado el siguiente curso, el acceso a la lactancia acumulada exigía que su puesto de trabajo estuviera asegurado hasta la fecha en que su hijo cumpliera un año (26 de febrero de 2022), por lo que debía estar cubriendo una vacante o una baja larga.
 

El 14 de septiembre tomó posesión de un puesto vacante por jubilación, por lo que su nombramiento para el curso 2021-2022 se extiende hasta el 31 de agosto de 2022, es decir, algunos meses más que hasta la fecha en la que el menor cumplirá un año de edad.
 

A continuación, el ciudadano se dirigió de nuevo al Servicio de Personal para indicar su intención de disfrutar la segunda parte del permiso entre el 10 de enero de 2022 y el 6 de febrero de 2022, y seguidamente, los días de lactancia acumulada. También pedía que se le notificara el número de días que le correspondían por esta última circunstancia.
 

Tras diversos intentos de comunicación por medio de teléfono y de correo electrónico, varios días después recibió un correo electrónico en el que se le decía que, aun ocupando un puesto de trabajo vacante, el hecho de que no hubiera sido nombrado con fecha de 1 de septiembre impedía que le fuera concedido el disfrute de la lactancia acumulada, dado que esta era una condición que debía cumplir.
 

Además, según comprobamos en la documentación aportada junto con la queja, cuando esta persona manifestó, por esa misma vía, que la nueva información contradecía la anteriormente facilitada por la propia administración educativa y que fue la que tuvo en cuenta para ejercer su derecho, la respuesta fue que la normativa había cambiado este curso.
 

Sin embargo, con carácter general, la normativa aplicable en el sector atribuye a las personas que tienen derecho al disfrute de un permiso por lactancia la facultad de optar por que su ejecución se produzca bien mediante la pausa o ausencia diaria de una hora de duración hasta que el o la menor cumpla un año, bien por ausencia total durante las jornadas completas que resulten de la acumulación de las horas que le habrían correspondido de haber elegido la primera fórmula.
 

Por ello, el Ararteko recomendó al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que permitiera a este ciudadano optar entre las diferentes modalidades del permiso de lactancia y, así lo hará.
 

 

 

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El Síndic eleva a la Comisión Europea y al Ombudsman de la UE las quejas sobre el incumplimiento de las normas para garantizar la protección del delta del Ebro

Date of article: 28/01/2022

Daily News of: 02/02/2022

Country:  Spain - Catalonia

Author: Regional Ombudsman of Catalonia

Article language: es

Desde el temporal Glòria se han recibido casi 800 quejas por la inacción de las administraciones en la protección del Delta

Queda pendiente la aprobación del Plan estatal para la protección del delta del Ebro

También se ha constatado que no se dispone de un plan específico de gestión y protección de los espacios naturales

Urge articular los mecanismos de colaboración entre las administraciones del Estado y de la Generalitat para proteger este espacio

 

Hasta finales de enero de 2022, el Síndic de Greuges de Cataluña ha recibido 770 quejas referidas al delta del Ebro y al proceso de regresión y de fuerte impacto de los temporales de mar debido, entre otros, al cambio de climático. En estas quejas las personas denuncian la inacción y la falta de respuesta de las administraciones públicas frente a estas amenazas y apuntan la posibilidad de una infracción de la normativa europea porque no se están adoptando las medidas necesarias para la protección efectiva del delta del Ebro y, en concreto, de sus espacios naturales protegidos.

 

En el mismo sentido, el Síndic ya abrió una actuación de oficio a raíz de los graves efectos que tuvo sobre el delta el temporal Glòria, de principios del año 2020, que hizo que el agua del mar llegara a entrar hasta tres kilómetros río Ebro arriba, que anegara miles de hectáreas de arrozales, hiciera desaparecer la barra del Trabucador, destruyera mejilloneras y se estropearan cosechas e infraestructuras agrarias. El estudio ha permitido constatar una serie de carencias por parte de las administraciones competentes. 

 

Por un lado, el Síndic denuncia que el Ministerio par la Transición Ecológica y el Reto Demográfico todavía no ha aprobado el Plan para la protección de la fachada litoral del delta del Ebro, aunque se presentó a información pública ya hace prácticamente un año. 

 

El Síndic también ha querido destacar la falta de ejecución de partidas presupuestarias destinadas a actuaciones de protección del litoral que deberían evitar o minimizar las inundaciones de la plana deltaica en caso de temporales marítimos.

 

Por otra parte, por parte de la Generalitat de Cataluña, con competencias sobre la protección de espacios naturales y la biodiversidad, se ha podido comprobar que los espacios naturales del delta del Ebro no disponen de un plan específico de gestión y protección, a pesar de haber sido designados por la Administración de la Generalitat como hábitats a proteger según las Directivas 92/43/CEE de hábitats naturales y 2009/147/CE de aves silvestres.

 

A pesar de que se valore a priori de forma positiva el anuncio realizado ayer por el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de reforzar las playas del frente deltaico, y el planteamiento de forma inminente de la aportación de 380.000 metros cúbicos repartidos en esta zona de playas, el Trabucador y la isla de Buda, el Síndic supervisará de acuerdo con sus competencias el procedimiento anunciado, dado que se pretende “trabajar de forma rápida para poder licitar las obras antes de que acabe el año e iniciarlas a finales de este 2022 o comienzos del próximo año”.

 

Por último, la actuación de oficio ha evidenciado que resulta del todo imprescindible la activación de mecanismos de colaboración entre las administraciones del Estado y de la Generalitat de Cataluña para poder actuar ambas de forma coordinada y colaborativa en la protección del delta del Ebro, especialmente si se tienen en cuenta los grandes retos que impone el cambio climático y sus impactos en el territorio deltaico.

 

Por todo lo expuesto, el Síndic ha querido trasladar la queja a la Comisión Europea con la voluntad de que puedan servir para fundamentar su actuación de exigencia del cumplimiento de las normas europeas y para garantizar la protección del delta del Ebro frente a las consecuencias del cambio climático. En el escrito trasladado a Virginijus Sinkeviòius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Comisión Europea, el Síndic también manifiesta la voluntad de organizar, con la mayor celeridad posible, una sesión de trabajo con él y su equipo, en la que también pueda participar la Mesa de Consenso por el Ebro, con el objetivo de que puedan exponer de manera directa cómo afecta la situación en la vía diaria y los derechos de las personas que viven en el delta del Ebro.

 

El pasado mes de septiembre, el Síndic ya se reunió con la Defensora del Pueblo Europeo para exponerle las carencias en las actuaciones de las administraciones que se habían detectado hasta el momento.

 

Para su información y para poder articular las medidas oportunas para realizar el correspondiente seguimiento, el Síndic ha dirigido las cartas enviadas a la consejera de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Comisión Europea, Teresa Jordà i Roura, y a la consejera de Asuntos Exteriores y Gobierno Abierto, Victoria Alsina Burgués.

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(AOMF, Catalogne, Espagne) Le Síndic organise une réunion des Ombudsmans Autonomes afin d’analyser l’impact du Covid-19 sur les droits humains

Date of article: 27/01/2022

Daily News of: 02/02/2022

Country:  WORLD

Author: Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie

Article language: fr

– Síndic – Défenseur des Personnes (Catalogne) Espagne  –
 

Les défenseurs ont souligné la nécessité de s’attaquer à la crise sociale déclenchée par la pandémie.
 

La conférence a été inaugurée par Ángel Gabilondo, Médiateur de l’État d’Espagne.
 

Le Síndic –défenseur des personnes-, Rafael Ribó, a organisé une réunion avec les ombudsmans autonomes de Catalogne dans le but d’échanger sur leurs expériences et de résoudre les problèmes liés à la gestion de la pandémie du Covid-19. La pandémie a eu un impact particulièrement important sur les droits des personnes et a aggravé la crise économique et sociale, notamment pour les groupes les plus vulnérables.
 

La réunion, qui pouvait également être suivie en ligne, a commencé par un discours de bienvenue du Médiateur d’Espagne récemment nommé, Ángel Gabilondo, et s’est poursuivie par une table ronde sur la défense des droits pendant la pandémie du Covid-19, au cours de laquelle chacune des institutions a présenté les points les plus pertinents de la gestion de la pandémie dans leurs communautés autonomes respectives, ainsi que les défis auxquels elles devront faire face dans un avenir immédiat.
 

Enfin, une série de sujets proposés par les participants ont été discutés, notamment l’éruption du volcan à La Palma et les actions menées, ainsi que l’application des principes de Venise dans le cadre des bureaux des médiateurs respectifs.
 

Outre l’ombudsman d’Espagne et le síndic ,  le député (Canaries), le lieutenant (Aragon), l’ararteko (Navarre), le procurador del común (Castille et Léon), la valedora do pobo (Galice) et l’ombudsman andalou ont également participé à cette réunion.

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(CJEU) According to Advocate General Pitruzzella, the transfer and the generalised and undifferentiated automated processing of PNR data are compatible with the fundamental rights to respect for private life and to the protection of personal data

Date of article: 27/01/2022

Daily News of: 02/02/2022

Country:  EUROPE

Author: Court of Justice of the European Union

Article language: en

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By contrast, a generalised and undifferentiated retention of PNR data in a non-anonymised form can be justified only where there is a serious, actual and present or foreseeable threat to the security of the Member States, and only on condition that the duration of such retention is limited to what is strictly necessary.

Furthermore, the transfer of data appearing under the heading ‘General remarks’ laid down by the PNR Directive does not meet the requirements of clarity and precision required by the Charter.

The use of PNR data is an important element in the fight against terrorism and serious crime. To that end, the PNR Directive 1 requires the systematic processing of a significant amount of data relating to air passengers entering and leaving the European Union. In addition, Article 2 of this directive provides Member States with the possibility to apply the directive to intra-EU flights also. The ‘Ligue des droits humains’ (Human Rights League) (LDH) is a not-for-profit association which filed an action for annulment with the Cour constitutionnelle (Constitutional Court, Belgium) in July 2017 against the Law of 25 December 2016 which transposed the PNR Directive and the API Directive 2 into Belgian law. According to the LDH, this Law infringes the right to respect for private life and to the protection of personal data, guaranteed under Belgian and EU law. It criticises, first, the very broad nature of the PNR data and, second, the general nature of the collection, transfer and processing of those data. In its view, the Law also infringes the free movement of persons in that it indirectly re-establishes border controls by extending the PNR system to intra-EU flights. In October 2019, the Belgian Constitutional Court referred ten questions to the Court of Justice for a preliminary ruling on the validity and interpretation of the PNR Directive and the API Directive, but also on the interpretation of the GDPR. 3 In his Opinion delivered today, Advocate General Giovanni Pitruzzella states, first of all, that, where measures involving interferences with the fundamental rights established by the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’) originate in a legislative act of the European Union, the onus is on the EU legislature to set out the essential elements which define the scope of those interferences. He then points out that provisions requiring or permitting the communication of personal data of natural persons to a third party, such as a public authority, must be classified, in the absence of consent on the part of those natural persons, and irrespective of the subsequent use to which the data in question are put, as an interference with their private life and as an interference with the fundamental right to protection of personal data. 4 Such interferences can be justified only if they are provided for by law, if they respect the essential content of those rights and, in compliance with the principle of proportionality, if they are necessary and meet effectively objectives of general interest recognised by the European Union or the need to protect the rights and freedoms of others.

 

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(CJEU) National legislation requiring Spanish tax residents to declare their overseas assets or rights is contrary to EU law

Date of article: 27/01/2022

Daily News of: 02/02/2022

Country:  EUROPE

Author: Court of Justice of the European Union

Article language: en

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The restrictions on the free movement of capital imposed by that legislation are disproportionate

On the 15 February 2017, the Commission issued a reasoned opinion in which it found that certain aspects of the requirement for Spanish tax residents to declare overseas assets or rights 1 by means of a form entitled ‘Form 720’ were incompatible with EU law. According to the Commission, the consequences of failure to comply with that obligation are disproportionate in the light of the objectives pursued by the Spanish legislation, namely to guarantee the effectiveness of fiscal supervision and to prevent tax evasion and avoidance. Under the national legislation at issue, Spanish residents who fail to declare or who make a partial or late declaration of assets and rights that they hold abroad are liable for additional assessment of the tax due on the amounts corresponding to the value of those assets or of those rights, including where they have been acquired during a period that is already time-barred, and to the imposition of a proportional fine and specific flat-rate fines. In today’s judgment, the Court declares that Spain has failed to fulfil its obligations under the principle of free movement of capital. The obligation to submit ‘Form 720’ and the penalties for failure to comply with or for partial or late compliance with that obligation, which do not have an equivalent in respect of assets or rights located in Spain, establish a difference in treatment between Spanish residents according to the location of their assets. As that obligation is likely to deter, prevent or restrict the opportunities for residents of that Member State to invest in other Member States, it constitutes a restriction on the free movement of capital. The Court notes that the legislation at issue appears appropriate for ensuring the attainment of the objectives referred to above because, despite the existence of mechanisms for the exchange of information or administrative assistance between the Member States, the level of information available to them concerning assets held by their tax residents abroad is, overall, lower than that available to them concerning assets located on their territory. However, in the Court’s assessment that legislation goes beyond what is necessary to achieve those objectives in three respects: In the first place, the Court considers that Spain has failed to fulfil its obligations under the free movement of capital by providing that the failure to comply with or the partial or late compliance with the obligation to provide information concerning assets and rights located abroad entails the taxation of undeclared income corresponding to the value of those assets as ‘unjustified capital gains’, with no possibility, in practice, of benefiting from limitation. According to the Court, the presumption of acquisition of ‘unjustified capital gains’ established by the Spanish legislature does not appear disproportionate in relation to the objectives of guaranteeing the effectiveness of fiscal supervision and the prevention of tax evasion and avoidance, since, in particular, that presumption can be rebutted by the tax payer. By contrast, the choices made with regard to limitation are disproportionate in the light of those objectives, in so far as they allow the tax authorities to make an additional assessment of the tax due without that assessment being subject to any time limit in respect of amounts corresponding to the value of assets or rights situated abroad and not declared, or declared partially or late, using ‘Form 720’. Thus, the Court notes that the measure adopted by the Spanish legislature, in addition to including an effect of non-applicability of any limitation period, also allows the tax authorities to call into question a limitation period which had already expired vis-à-vis the taxpayer, which undermines the fundamental requirement of legal certainty. By attaching such serious consequences to the failure to comply with a declaratory obligation, the Spanish legislature went beyond what is necessary to guarantee the effectiveness of fiscal supervision and to prevent tax evasion and avoidance.

 

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